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Correo del Caroní, 24-1-2025
Correspondencia de Prensa, 26-1-2025
Estancamiento salarial y bonificación del ingreso: intervención de la OIT en Venezuela no arrojó resultados a casi tres años de diálogo
Como resultado del estancamiento salarial, los trabajadores han perdido interés en el trabajo formal mientras que los beneficios de seguridad social en el país quedaron reducidos a montos pírricos.
En abril del año 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsó el Foro de Diálogo Social en Venezuela para revisar el cumplimiento de los artículos 26, 87 y 144 de los convenios internacionales de trabajo. A pocos meses de cumplir tres años de esta iniciativa, dirigentes laborales afirman que la dinámica no arrojó ningún beneficio para los trabajadores venezolanos.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, en entrevista con Correo del Caroní ofreció un balance sobre lo que representó esta iniciativa en el país, la cual ha seguido de cerca a pesar de que la organización que representa fuera excluida de las discusiones por orden del Ministerio del Trabajo.
“Para empezar, las centrales participantes no realizaron un proceso de consulta con sus afiliados. Estaban comprometiendo los intereses de los trabajadores sin entrar en un proceso de consulta para que ellos supieran qué se estaba discutiendo allí. Desde nuestro punto de vista fue un proceso elitesco con características cupulares. Desde 2022, hasta ahora, ese foro no dejó nada. Allí se discutía un método para la fijación del salario mínimo, lo que era materia de trabajo era el convenio 26 de Organización Internacional del Trabajo sobre el método de fijación del salario mínimo. Sobre salario mínimo, lo único que se hizo con todas esas jornadas de trabajo, costosas y que crearon una gran expectativa en los trabajadores fue una propuesta de método para la fijación del salario mínimo. Al final, el gobierno no le paró a eso. No lo utilizó. Es decir, ustedes pueden discutir allí, pero el gobierno hace lo que le da la gana”, manifestó Eusse.
El Foro de Diálogo Social se instaló en el país como una iniciativa para rescatar los derechos laborales, esto a raíz de una comisión de encuesta realizada en Venezuela durante el año 2018, en la cual se evidenció el incumplimiento de convenciones internacionales del trabajo vinculadas al salario justo, la autonomía sindical y el diálogo tripartito.
Esta realidad es denunciada desde hace años por los trabajadores del país, quienes desde hace más de una década sostienen que el sueldo es insuficiente para subsistir. Asimismo declaran vivir en políticas de terrorismo laboral que favorecen la persecución y el encarcelamiento de los líderes sindicales.
200 dólares de sueldo: una propuesta ignorada por el Ejecutivo
Según las centrales que pudieron participar en las discusiones, de las cuales otras dos organizaciones Únete y Codesa fueron excluidas, la propuesta presentada por la dirigencia laboral fue un salario de 200 dólares.
Este cálculo se hizo tomando en cuenta el costo de alimentos, medicinas y recreación, lo cual arrojó un monto de al menos 400 dólares. Ante la respuesta del Estado en la que insistieron con falta de liquidez, se redujo el monto a la mitad. A pesar de que 200 dólares está por debajo de lo que requieren las familias, dicho monto tampoco fue tomado en cuenta para la política salarial.
“Es una propuesta que surgió de varias organizaciones sindicales presentes allí luego de un análisis que hicieron. Como el gobierno dice que no tiene recursos y hace falta establecer un monto, propusieron eso como una base de inicio para la recuperación del salario. Nosotros no creemos que sea lo mejor. El movimiento sindical venezolano no debería hacer una propuesta por debajo de la Constitución y la ley. Ese debe ser el referente principal. Ahora, ¿eso puede llevar a que al final el gobierno estableciera un salario de 200 dólares? Bueno, sería una conquista que no es mala, pero es insuficiente por el alto costo de la vida”, expresó el líder laboral.
El “ingreso mínimo” es un fraude a la ley
Las declaraciones de Eusse hacen referencia al artículo 91 de la Constitución nacional, el cual establece que el salario mínimo debe ser suficiente para el trabajador. En este sentido, siempre se tomó como referencia el precio de la canasta básica alimentaria para determinar el sueldo mínimo. Actualmente se necesitan más de 100 salarios mínimos para costear la canasta básica que supera los 500 dólares frente a un sueldo estancado desde 2022 en 130 bolívares (alrededor de 2,3 dólares).
Sin embargo, el secretario general de la CTUV manifestó que la problemática ha venido agudizándose, puesto que el Gobierno nacional ha buscado erradicar el término “salario”, sustituyéndolo por “ingreso mínimo”. Este ingreso que se compone de bono de alimentación y bono de guerra económica quedó fijado el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, en 130 dólares.
“El gobierno hace promesas, pero en las promesas que escuchamos no se menciona al salario, sino al ingreso mínimo integral. Ese concepto no está establecido en la Constitución ni en la ley. Es un concepto que de manera arbitraria el gobierno ha estado manejando y de esa manera vienen avanzando en una política de destrucción del salario. Ese ingreso lo constituyen los bonos. Ingresos que no tienen carácter salarial y no son usados como base de cálculo para indemnizaciones, prestaciones, vacaciones ni otros beneficios contractuales. Esa política es un fraude a la ley”, arguyó.
Actualmente el “ingreso mínimo” está compuesto por el salario de 130 bolívares, un bono de alimentación de 40 dólares y un bono de guerra económica de 90 dólares.
Para jubilados, el pago es de 91 dólares por bono de guerra y 130 bolívares en concepto de jubilación, puesto que no cobran bono de alimentación.
Por su parte, los pensionados perciben aproximadamente 32 dólares por concepto de bono de guerra y una pensión de 130 bolívares.
Hay que señalar que para el diálogo social no se incluyeron asociaciones ni representación de jubilados, los cuales, como población vulnerable, tienen necesidades y requerimientos distintos al trabajador promedio.
¿A qué se debe la política salarial venezolana?
Según un artículo escrito por el economista e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Demetrio Marotta, la intención del Gobierno venezolano al esquivar los incrementos salariales es evitar el impacto fiscal en pagos como prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios laborales.
Asimismo se aborda el control social a través de las bonificaciones, puesto que estas favorecen a solo algunos sectores de la población. En este caso, el sector privado no percibe el pago de bono de guerra económica y para cobrar este beneficio es indispensable utilizar la plataforma Patria.
“Además de que el monto de los bonos es insuficiente en términos de su capacidad de compra real, su aplicación tiene carácter discriminatorio porque margina a los ya precarizados pensionados y jubilados del IVSS, y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria a través del cual se tramita la entrega de estas bonificaciones. El gobierno desatiende los acuerdos de marzo de 2022, impulsados por la OIT, relativos a la fijación de salarios mínimos. Lo mismo sucede con las exigencias sindicales de ajuste de las escalas salariales, principalmente de la administración pública, quienes reciben montos cercanos al mínimo legal”, puntualiza el especialista.
En este sentido, el economista coincidió con Eusse en que el sector privado se mantiene excluido de estas políticas, teniendo que regularse por sí solo para conservar a su personal. Para junio de 2023, el trabajador promedio devengaba 146 dólares mensuales.
“La bonificación de las remuneraciones, tanto en el sector público como en el privado, está flexibilizando las relaciones laborales y eliminando el sistema venezolano de seguridad social, justo en tiempos de promoción mundial del trabajo decente como parte de las aspiraciones laborales contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esta tendencia se ve reforzada por el efecto de los elevados niveles de inflación de los últimos años sobre la capacidad de ahorro de las familias y sobre el propio sistema de prestaciones sociales. Así, los trabajadores han perdido interés en el trabajo formal y los beneficios establecidos en la normativa laboral, abandonando las conquistas alcanzadas en el campo de la seguridad social y el sistema de pensiones por considerarlas irrelevantes”, concluye el articulista.