Marina Silva, Ministra de Medioambiente, principal figura del partido Red de Sostenibilidad. Foto: Sérgio Lima/AFP
Deforestación. Tala y quema. Ganadería depredadora. Y fertilizantes nitrogenados. Estas son las principales fuentes de gases de efecto invernadero en Brasil – y la agroindustria la agroindustria, el principal catalizador. Reducirlas exige una estrategia integrada y enfrentar el poder de la bancada rural.
Outras Palavras, 22-3-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 25-3-2023
Aunque el acuerdo entre Lula y Marina haya colocado la cuestión ambiental como «tema transversal» -que atraviesa todas las decisiones de gobierno-, tanto las convicciones de los líderes petistas como las del propio Lula, por no hablar de actores menores de otros partidos, apuntan a una repetición de los problemas del primer gobierno. Este principio de transversalidad ya había sido enunciado en 2003 por Marina y fue ignorado mientras estuvo en el gobierno y abandonado, sin remordimientos, por los ministros que la sucedieron. Decisiones que van desde la importación de neumáticos usados hasta la inversión en la presa de Belo Monte, el trasvase del río São Francisco y la liberación de productos transgénicos fueron adoptadas a rastras por la ministra, que tuvo que tragarse culebras cada vez más grandes y repugnantes. ¿Será diferente? ¿Y por qué debería serlo? Las convicciones de unos y otros son las mismas y las presiones económicas y políticas también. La excepción parece ser el tema de la deforestación y los incendios forestales, pero éste ya había sido el punto en el que Marina había cosnegudio más apoyos en su experiencia durante el gobierno anterior. Carlos Minc (Miembro del Partido Socialista Brasilero, diputado estadual por Río de Janeiro), geógrafo, ambientalista y economista fue Ministro del Ambiente del gobierno Lula: ndt) mantuvo la postura de Marina, pero en el gobierno de Dilma Rousseff el mismo se debilitó, dado el apoyo de la presidenta al nuevo Código Forestal.
La cuestión del calentamiento global está siendo tratada, en este gobierno, estrictamente en relación a la deforestación. Lula amplió el alcance de la cuestión cuando pronunció su discurso en Sharm-el-Sheik (Egipto), proponiendo la deforestación cero en todos los biomas. Creo que se dejó llevar por el ambiente triunfalista de su presencia en la conferencia, porque lo más probable es que todo gire en torno a la Amazonia. Es el centro de la atención internacional y los recursos del primer mundo para apoyar este objetivo sólo se destinan, hasta ahora, a este bioma.
La deforestación cero, aunque sólo fuera aplicada a la Amazonia, ya sería un gran avance, pero hay que tener en cuenta que existe una importante diferencia jurídica. El Código Forestal autoriza a los agricultores y ganaderos, desde los grandes empresarios del agronegocio hasta los pequeños agricultores familiares y asentados a través de la Reforma Agraria, deforestar áreas de su propiedad, dentro de ciertos parámetros. Las acciones contra la deforestación y las quemas ilegales tienen, obviamente, apoyo legal, pero se centran, sobre todo, en áreas no reclamadas, reservas indígenas o parques naturales.
Controlar la deforestación no será fácil, pero hay instrumentos legales disponibles. Será necesario reforzar el Ibama (Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) y garantizar el apoyo militar (Policía Federal, Fuerzas Armadas) para reprimir a quienes actúan ilegalmente. Por cierto, no va a haber colaboración significativa de las policías militares de los estados de la región. Los gobernantes bolsonaristas o los partidarios de la derecha no muestran ningún entusiasmo al respecto.
El mismo razonamiento se aplica al control del garimpo (minería ilegal: ndt). Será más fácil sofocar estas empresas asfixiando el mercado del oro que mediante la acción directa en las explotaciones mineras. La operación en curso en territorio yanomami muestra la dimensión del problema, con miles de mineros empleados por las empresas de los cárteles criminales de Río y São Paulo expulsados del área manu militari. En algunos casos, éstos resisten con armas de fuego. Lo que ocurre en este territorio es sólo la punta del iceberg de la minería y la táctica de los cabecillas del crimen consiste en retirarse para reanudar la explotación más tarde. La vigilancia tendrá que ser constante y, para asfixiar esas minas ilegales, el control de los ríos y del espacio aéreo será fundamental.
Si el gobierno se toma en serio la lucha contra la deforestación en la Amazonia, este tipo de operación aplicada en territorio yanomami tendrá que ser ampliada y adquirir carácter permanente. Y el precio político será alto. Como señalé en otro artículo, la minería ilegal cuenta ahora con una bancada en el Congreso y con la colaboración de los gobernadores implicados en esta economía depredadora. Es una bancada pequeña, debo reconocerlo, pero cuenta con importantes aliados entre los ruralistas. Estos últimos ven claramente que el golpe a los mineros apunta a controles sobre la deforestación ilegal que perjudican los intereses del agronegocio. La bancada ruralista tiene una agenda dirigida a aumentar el acceso del agronegocio a tierras que hoy, teóricamente, están preservadas, y están dispuestos a presentar proyectos de ley que los favorezcan aún más que en la actualidad. La alianza con la minería se basará en intereses comunes. La bancada ruralista incluye directamente a más de la mitad de la Cámara y puede crecer aún más con alianzas políticas con otros lobbies. La trampa del Congreso tiene múltiples intereses que pueden combinarse, como en el caso de la deforestación, o no, como en el caso de la legislación sobre armas.
La cuestión medioambiental otro choque con el agronegocio y su representación en el Congreso, la bancada ruralista. La reducción del uso de pesticidas y transgénicos es un punto de la agenda de los ecologistas y de los defensores de la salud pública. El agronegocio quiere acelerar la liberación de nuevos pesticidas y transgénicos, limitando el papel de la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) y cediendo los procesos al Mapa (Ministerio de la Agricultura y Pecuaria). Quieren más que los miles de agrotóxicos liberados bajo el gobierno del energúmeno, muchos de ellos prohibidos en los países donde se producen. Los proyectos de ley que están en la agenda van en la dirección de una «liberalización general», sin restricciones. Lo mismo ocurre en relación con los transgénicos. El agronegocio no parece darse cuenta de que la resistencia a las exportaciones de productos agrícolas brasileños en Europa es cada vez mayor. ¿Cómo reaccionarán los negociadores brasileños del acuerdo con la Unión Europea cuando se planteen estas cláusulas restrictivas? ¿Cuál será la posición del gobierno de Lula? ¿Defenderá las exportaciones de la agroindustria contaminante?
Incluso en el debate sobre la reforma fiscal hay una disputa con el agronegocio. Este sector se beneficia de todo tipo de subsidios, desde la eliminación de impuestos sobre los insumos hasta la reducción o eliminación de impuestos sobre los productos, pasando por la amnistía de deudas en Funrural (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural) nunca pagadas por las empresas y el pago de cantidades simbólicas en el Impuesto al Territorio Rural. Por no hablar de los tipos de interés favorables en los préstamos bancarios. Todo esto suma unas decenas de miles de millones al año y una reforma fiscal deberá eliminar este privilegio.
La cuestión medioambiental, más concretamente el calentamiento global, pasa por la reducción gradual hasta la eliminación del uso de combustibles fósiles. En los acuerdos de París, los gobiernos acordaron el objetivo de llegar a 2050 con un consumo de combustibles fósiles al nivel de, si no me equivoco, el año 2000. Este objetivo, considerado muy insuficiente por científicos y ecologistas, se considera ahora totalmente desfasado y se propone el año 2030 como inicio obligatorio de la era del carbono cero, en términos de balance de emisiones y absorciones. La presión para reducir el uso de combustibles fósiles crecerá mucho más cada año.
¿Y qué está discutiendo el gobierno de Lula? La propuesta que figura en la agenda es retomar el control de Petrobrás (parte positiva) para abandonar la paridad con los precios internacionales, con la clara intención de mantener bajos los precios de la gasolina y el diesel. Todo el mundo sabe que reducir el uso de cualquier producto tiene que ver con el aumento de los precios, pero el nuevo gobierno, tanto como el anterior, no quiere pagar el precio político de disuadir de la utilización de combustibles fósiles. Pero si por casualidad o por presiones internas y externas el gobierno tratara de elaborar una política de reducción de los derivados del petróleo (por no hablar del carbón, que sigue utilizándose en Brasil, incluso con proyectos de más centrales generadoras de energía) y su sustitución por energías limpias, el choque con el Congreso será, una vez más, muy fuerte. Y con los camioneros, sean o no bolsonaristas. Y con los taxistas, los conductores de aplicaciones, las empresas de autobuses y los propietarios de coches.
Abordar la cuestión de la eliminación del uso de combustibles fósiles es complejo y requiere la preparación de la opinión pública y políticas ambiciosas de promoción de otras formas de energía y estrategias de sustitución. No podemos detenernos en promover el uso de lámparas led o autos eléctricos o paneles solares en los techos de las casas de los más pudientes. O en regular la carburación de los motores de explosión para que no liberen tanto humo en el aire. Si queremos (y, queriendo o no, tendremos que hacerlo) controlar la emisión de gases de efecto invernadero tenemos que empezar por tratar el tema de forma integrada y proponer políticas que respondan a la complejidad económica y social del problema.
Otro punto sobre la contribución brasileña al calentamiento global: las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente por las operaciones del agronegocio son el segundo factor más importante en nuestro pasivo, después de la deforestación y la quema (también causadas por el agronegocio). Se trata de gases procedentes de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, de los arrozales, del ganado vacuno (eructos y flatulencias) y del estiércol producido por vacas, pollos y cerdos. También hay emisiones de CO2, no tan significativas como las anteriores, por el uso de maquinaria agrícola y el transporte de las cosechas en camiones.
No será fácil cambiar este modelo productivo. Sin embargo, existe, al menos, una oportunidad a corto plazo. El gobierno debería tener en cuenta las crecientes dificultades para comprar fertilizantes en el mercado internacional y proponer una política de sustitución de productos químicos por productos orgánicos. Éstos podrían producirse en masa con una política de compostaje de residuos orgánicos y de lodos de las depuradoras. Sería una política «win-win», es decir, ventajosa para todos, porque daría un salto en la cuestión sanitaria y resolvería buena parte del problema del costo de la fertilización, además de adoptar un proceso sostenible. Y, por supuesto, se reduciría la emisión de N2O.
Todo esto no se consigue sólo con una política de producción de abonos orgánicos. A la agroindustria no le gusta cambiar sus normas, ni siquiera las peores, anque seas más caras y riesgosas. Van a argumentar que el costo que implica el traslado de toneladas de abono orgánico es mucho mayor que el de esparcir cientos de kilos por hectárea. Pero eso no es algo que no pueda superarse con una buena subvención (en este caso, justificable).
Existe otra gran cantidad de problemas medioambientales, de menor impacto pero también importantes. Entre otros, el de la contaminación por plásticos y espuma de detergente que están asfixiando ríos, lagos y la orilla del mar. O la eliminación de neumáticos usados. O la existencia de vertederos de basura. Pero el espacio es reducido y me he ocupado de las cuestiones medioambientales más agudas y globales, centrándome en los problemas que el gobierno tendrá que afrontar en el Congreso y ante la sociedad.
* Jean Marc von der Weid, economista agrícola y ambientalista brasileño. Fue presidente de la UNE (Unión Nacional de Estudiantes), entre 1969/1971.Es fundador de la Ong Agricultura Familiar y Agroecologia (ASTA).