Quito, 1° de mayo 2025, Foto: Andrés Salazar/PRIMICIAS
Juan Carlos Rojas*
Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, julio 2025
Correspondencia de Prensa, 23-7-2025
Ecuador pasa por un momento histórico caótico, de crisis económica, de seguridad y de la resistencia social organizada. Las elecciones de 2025 pusieron sobre la mesa todas estas condiciones, configurando un panorama de enorme polarización entre dos campos: correísmo y anti-correísmo, que ya venía sentando las bases para la contienda electoral desde hace ocho años, pero que ahora llegaba a su punto más alto.
En general, el correísmo es un populismo de izquierda que, después de estar 10 años en el poder, tiene una importante base social en las provincias más grandes en términos poblacionales del país. Desde 2017, con el viraje de Lenín Moreno que rompe con el movimiento después de ganar la presidencia, se convierte en la fuerza de oposición a los partidos de derecha que le seguirán. De esta manera logra agrupar y abanderar las posiciones de la izquierda durante la campaña.
En julio de 2024 medio centenar de grupos sociales, muchos de ellos de la órbita correísta, organizaron un encuentro buscando la unidad de la izquierda y la centroizquierda. Invitaron a RC, RETO (Renovación Total), Pachakutik, Centro Democrático, Partido Socialista (PSE), Unidad Popular (UP), Izquierda Democrática (ID) y a la CONAIE. La ID no participó en la reunión, mientras que la UP (un partido ex maoísta) y el PSE (que lanza su propia candidatura de derecha) asistieron, pero anotaron la necesidad de que el correísmo haga una revisión crítica de sus 10 años de gobierno. La reunión terminó con un llamamiento a la unidad y el acuerdo de conformar una comisión para elaborar un programa conjunto.
Pero el líder de RC, Rafael Correa, ya se había manifestado contrario a la iniciativa desde un inicio: “Participar con cualquiera, por ser de izquierda, es un grave error. Ahí hay gente sana, pero también otra muy dañada, cómplice de la destrucción de la Patria y que ve la política como un negocio, no como una misión”. Y mostró unas preferencias políticas diferentes: “¿Por qué no hacer una convocatoria a todos los sectores honestos y patriotas, sean de izquierda o de derecha?” .
Entonces se provoca una desconexión entre el liderazgo de facto de la Revolución Ciudadana, el expresidente exiliado en Bélgica, y los candidatos y líderes nacionales de este mismo movimiento, que buscan una consolidación de una coalición que les permita ganar las elecciones. Si bien una buena parte de la izquierda se niega a apoyar al correísmo, tanto por los errores actuales como por la persecución que sufrieron a manos de este durante su década de gobierno, uno de los sectores más importantes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), entra en una alianza explícita.
El 20 de febrero, pocos días después de realizada la primera vuelta, Leonidas Iza (presidente de la CONAIE) y Andrés Tapia (uno de sus asesores más cercanos) publicaron en Jacobin un artículo titulado “La izquierda entre la socialdemocracia y el neofascismo”. El título anuncia ya el tenor de la argumentación. El Ecuador atraviesa “un momento de degradación histórica” y el riesgo de que el neofascismo coopte el poder. Para la izquierda y los sectores populares se trata de “definir el marco de disputa de los próximos cuatro años” y lograr “un contexto lo menos hostil posible”. Si en un lado está el neofascismo y en el otro la socialdemocracia, la conclusión es el respaldo a Luisa González en el balotaje.
En su sencillez, este artículo incluye casi todos los argumentos de quienes optaron por el respaldo a Luisa González (candidata por la RC en 2025). Pero esa sencillez cae, por otra parte, en una argumentación circular, cuyos fundamentos teóricos no quedan claros. En efecto, Noboa y su gobierno son calificados, sucesivamente, como “neofascismo criollo”, “afianza(miento de) una República bananera neocolonial”, “derecha radicalizada”, “proyecto oligárquico”, “populismo oligárquico” …
El proyecto político de la derecha, Daniel Noboa, ya había ganado las elecciones extraordinarias de noviembre de 2023, después de que Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional a través de la figura legal de la “muerte cruzada” y llamara a nuevas elecciones. Después de un periodo corto de cerca de dos años, Noboa buscaba reelegirse en medio de creciente inseguridad y la peor crisis energética que el país ha vivido.
Desde fines de 2023, el estiaje hacía prever una crisis energética que el gobierno negó tozuda y tajantemente durante algunos meses. Al principio, no se pronunció sobre una serie de cortes sorpresivos, que luego pretendió encubrir bajo la forma de “cortes programados” por razones técnicas. El silencio denotaba la esperanza en que el clima cambie, vuelvan las lluvias y se solucione el problema.
Buena parte de la imagen favorable de Noboa está asociado a su discurso “duro” para enfrentar la violencia del narcotráfico a través de una “guerra interna”. Mucha gente no solo que demanda y aplaude la presencia de militares y policías en las calles, sino que tiende a silenciar e incluso a justificar las violaciones de derechos humanos producidas en el camino: ese fue lo que aconteció alrededor del asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil (tres adolescentes y un niño afrodescendientes) después de haber sido aprehendidos por una patrulla de la marina, conducidos a la base de Taura y -dicen los militares- abandonados en horas de la madrugada a las afueras de la base; aparecieron más tarde asesinados y sus cadáveres incinerados.
Pero la violencia no ha podido ser controlada por la militarización, ni por el “Plan Fénix”, un plan que sigue siendo un misterio para la ciudadanía, ni por los recientes “acuerdos de seguridad” con Eric Prince, fundador del grupo mercenario Blackwater, conocido por su participación en la guerra de Irak, donde fue denunciado por una matanza de civiles en 2007.
Prince llegó al Ecuador el 5 de abril y participó, junto con los ministros de Gobierno y del Interior, en operativos, allanamientos y detenciones y hasta tuvo tiempo de hacer proselitismo político a pocos días de realizarse las elecciones: “El pueblo de Ecuador”, dijo, “puede elegir la ley y el orden (…) o puede elegir hacer que Ecuador se parezca a Venezuela, un narcoestado con un procesamiento masivo de drogas, con toda la criminalidad, el socialismo y la desesperación que eso conlleva», y luego abandonó el país. Sus declaraciones fueron reproducidas masivamente por la prensa.
A pesar de las múltiples crisis de las que su gobierno es innegablemente responsable, el 13 de abril, Daniel Noboa (ADN, Acción Democrática Nacional) fue reelegido como presidente de la república tras vencer holgadamente en la segunda vuelta a Luisa González. Según datos del CNE, Noboa obtuvo 55,63% (5.870.618 votos), mientras que González llegó a 44,37% (4.683.260 votos). Quizás lo que mayor asombro causó no haya sido el triunfo de Noboa, que se veía como previsible debido a los enormes errores de la RC, sino la diferencia registrada entre las dos candidaturas.
Su discurso se centró en señalar que con este gobierno, el Ecuador entra en una Nueva Era. Una vez más estamos ante un gobierno autoritario que pretende refundar el país, convertirlo en algo nunca visto, hacer las cosas como nunca se han hecho. Noboa se coloca a sí mismo la vestidura de héroe y salvador; así, con su sola presencia bastaría para demostrar que una nueva época ha comenzado.
Como ya hemos visto durante su período de gobierno anterior, asignarse este rol mesiánico lleva a que jamás se reconozcan los errores que se cometen. Todas las fallas se deben a que hay boicot o la oposición le impide trabajar. Además, detrás de este tipo de discurso está el espíritu conspirativo que le anima y al cual recurre de manera constante.
Pero el discurso choca con la realidad. Días antes de la posesión, envió a la Asamblea Nacional el proyecto económico urgente, Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.
De manera opuesta a lo que dijo al asumir el cargo de presidente, allí se arrasa con los derechos más elementales de la gente; y, de aprobarse, quedaremos expuestos a la completa arbitrariedad del gobierno. Palabrería aparentemente democrática, con una práctica represiva que no se detiene ante ninguna consideración, llegando a atropellar la Constitución cuando se le antoja.
Los ataques a la democracia y a la libertad continúan con la Ley Orgánica de Inteligencia, un atentado contra las libertades básicas de los ecuatorianos y, en realidad, está pensada en controlar a los movimientos sociales y a la posibilidad de levantamientos populares contra el gobierno de Noboa, que tendrá las manos libres para perseguir, con total impunidad, a los líderes populares.
Todos los derechos a la comunicación, información e intimidad quedan en manos del gobierno, que no tiene que dar cuenta a nadie, ni necesita autorización judicial; más aún, el registro de las actividades amparadas por esta ley desaparecerá sin dejar rastro ni constancia.
Por el momento, el gobierno no anunció la realización de una nueva constituyente, que reformaría la Constitución y adecuarla a las necesidades del neoliberalismo y del control autoritario del estado y la sociedad, quebrando la orientación garantista de la Constitución actual. Pero la vía de las reformas constitucionales está abierta en la Asamblea, en donde vemos que prácticamente no hay oposición y que incluso el correísmo terminará por pactar con ADN.
En el combate a la delincuencia organizada no se ha aprendido nada de lo sucedido en otros países, como México y Colombia, en donde las medidas puramente militares o represivas, junto con el aumento de penas de prisión, no resolvió el problema, sino que lo agravó. Sin tocar los problemas de fondo, no hay solución. Por el contrario, los tres primeros meses de 2025 ha sido el primer trimestre más violento desde que se llevan registros, según datos hechos públicos por el ministerio del Interior. Entre enero y marzo de este año se cometieron 2361 muertes violentas, un 65% más que el primer trimestre de 2024 y 39% más que los tres primeros meses de 2023.
En la base de todo está el consumo desenfrenado de drogas en Estados Unidos y Europa, la pobreza que crece cada día en nuestro país, desempleo, subempleo e informalidad galopantes.
La economía ecuatoriana no parece levantar cabeza luego de la fuerte caída experimentada en la época de la pandemia: en 2020 la variación del PIB registró -9,2%; el rebote del año siguiente se ubicó en 9,4%, para bajar a 5,9% en 2022 y a 2,0% en 2023. En 2024 cayó a -2,0%. Así que caídas de esta magnitud solo se habían vivido con el terremoto que en 2016 asoló Manta y otras zonas de la provincia de Manabí y de la Costa ecuatoriana; y -como acabamos de ver- en 2020 con la pandemia.
En 2024 solo 5 de las 20 ramas de la economía mostraron una evolución positiva, destacando agricultura, ganadería y silvicultura con 3,1%. Las otras cuatro (actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros, manufacturas de alimentos, y salud y servicios sociales) crecieron apenas entre 1,3% y 0,2%.
En cambio, al revisar las de peor desempeño puede hacerse una idea de la profundidad de la crisis: construcción (-7,8%), actividades profesionales técnicas (-6,8%), manufacturas no alimenticias (-5,7%), información y comunicación (-5,1%), refinados de petróleo (-4,3%), electricidad y agua (-4,3%), arte y entretenimiento (-3,9%), minas y canteras (-3,2%), transporte y almacenamiento (-2,5%) y administración pública (-2,5%). A diciembre de 2024, la pobreza nacional se ubicó en 28% y la pobreza extrema en 12.7%. En el área urbana la pobreza llegó al 20.9%, y la pobreza extrema al 6%. Finalmente, en el área rural alcanzó el 43.4% y la pobreza extrema el 27%.
La pobreza extrema multidimensional fue de 19% a nivel nacional: 6.2% en el área urbana, y 46.4% en el sector rural. Esta tasa consiste en indicadores de educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación social; y hábitat, vivienda y ambiente sano.
Algunos de los indicadores más importantes son la inasistencia a educación básica y secundaria; no acceso a la educación superior; no contribución al sistema de pensiones; empleo infantil y adolescente; sin servicio de agua por red pública; sin servicio de saneamiento de excretas o sin servicio de recolección de basura.
Ante este panorama la situación del campo popular encara serias dificultades para organizar la resistencia. De una parte, tenemos al movimiento indígena organizado mayoritariamente en la CONAIE, que es una confederación de confederaciones, con la participación de la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, ECUARUNARI, Ecuador Runakunapak Rikcharimu, que representa a las organizaciones indígenas de la sierra, y un conjunto de comunidades campesinas e indígenas de la costa. Esta es el movimiento social mejor organizado y con capacidad de movilización a nivel nacional. Hay que tomar en cuenta que los indígenas representan alrededor del 8% de la población ecuatoriana.
De otra parte, tenemos al Frente Unitario de Trabajadores, que reúne a las principales organizaciones sindicales; debido a los ataques sistemáticos que sufre y a las condiciones precarias del trabajo en Ecuador, así como a las bajas tasas de sindicalización, ha tenido dificultades en agrupar a los y las trabajadores; a pesar de esto, mantiene su capacidad de movilización aun en las coyunturas más difíciles.
Sin embargo, la formación de un frente único que una a estos movimientos más las otras organizaciones, como ecologistas o de derechos humanos, ha sido por muchos años una tarea inalcanzable. En los últimos años la dirección de la CONAIE se ha negado sistemáticamente a cualquier unidad con el movimiento obrero; en el último período electoral prefirieron impulsar un frente amplio con sectores de la burguesía y el correísmo, dejando de lado a los trabajadores. Esta situación ha llevado a que los trabajadores del campo y la ciudad carezcan de representación política, ya que Pachakutik mayoritariamente solo está representado por sectores indígenas y campesinos.
La formación del frente único es la tarea central del campo popular, incluso en la perspectiva de conformar alianzas y movilizaciones más amplias en contra del gobierno autoritario; solo esto garantizará que las luchas populares tengan una clara conducción anticapitalista.
*Juan Carlos Rojas, miembro del MRT, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores.
-Artículo publicado también en francés por A l’encontre, 22-7-2025