Ecuador – Del estado de emergencia a la consulta popular. [Mario Unda y Maritza Idrobo]

Mario Unda y Maritza Idrobo*, Quito, 19 de abril de 2024

Correspondencia de Prensa, 19-4-2024

Este domingo 21 de abril, los ecuatorianos acudiremos a las urnas para responder a 11 preguntas de una consulta popular y referéndum convocado por el presidente Noboa. Una consulta que se dará en un ambiente de incertidumbre ante el rebrote de la violencia desde la Semana Santa, de descontento, alimentado por el retorno de los cortes de energía eléctrica, pero, sobre todo, de polarización, agudizado por el asalto a la embajada mexicana en Quito y por las denuncias del presidente a su ministra de Energía, a quien acusó ante la fiscalía por “sabotaje”.

Pero lo que estará en juego en pocos días va más allá del texto y las temáticas de la consulta: apunta directo a las elecciones generales de febrero de 2025.

Del gobierno de corta duración al estado de emergencia

El de Noboa comenzó su recorrido con tres características: ser un gobierno de corta duración, ser un gobierno débil y ser el gobierno de uno de los jóvenes herederos de las clases dominantes.

Un gobierno de corta duración por imperativo constitucional. El mecanismo de la muerte cruzada, utilizado por Lasso para reconocer el fracaso de su gobierno, supone que cesa la Asamblea, el presidente gobierna unos pocos meses a través de leyes de emergencia (que tampoco logró hacer aprobar siempre por la Corte Constitucional) y que se adelantan las elecciones generales. Pero el gobierno surgido de las elecciones anticipadas dura solamente lo que le faltaba al gobierno saliente por cumplir su período: en este caso, más o menos un año y medio. La salida para un gobierno corto es su continuidad, y Noboa anunció el deseo de reelegirse durante la campaña electoral, y lo reafirmó durante sus reuniones en Estados Unidos con el FMI y la banca norteamericana.

Un gobierno débil por efectos del mandato electoral. Noboa ganó la segunda vuelta con algo más del 51% de los votos, pero su respaldo “duro” apenas supera el 23%, que es lo que obtuvo en la primera vuelta (las segundas vueltas se definen acá más bien por el voto “en contra de”).

En concordancia con su respaldo electoral de primera vuelta, la formación de Noboa, ADN, obtuvo solo 14 asambleístas sobre un total de 137. Se benefició, como ocurre en casi todos los gobiernos, con la aproximación de los asambleístas de pequeñas formaciones locales y con los desertores de otros partidos y movimientos: Construye, socialcristianismo y la correísta Revolución Ciudadana (estos últimos luego del affaire de la embajada de México). Pero aun contando con el concurso de estos asambleístas prestados, no le alcanza para controlar la Asamblea y tuvo que recurrir a alianzas: eligió al partido socialcristiano y al correísmo: alianza de conveniencias y sospechas e indirectas mutuas, pero que le sirvió para hacer aprobar sus primeras reformas, todas ellas bajo el espíritu neoliberal, en busca de allanar el camino a un acuerdo con el FMI, y siempre a través del mecanismo de proyectos económicos urgentes. Sigue sin resolver, en cambio, la dificultad política central: Noboa necesita un respaldo propio suficientemente amplio y masivo. Si la salida para el gobierno corto es la reelección, la salida para el gobierno débil es la consulta popular, anunciada por Noboa ya al inicio de su mandato.

Pero ambas salidas se hallaban en el reino de los ensueños hasta que el estado de ánimo de los ecuatorianos fue asaltado por los efectos psicosociales de una violencia desbocada emprendida por las mafias locales vinculadas a los carteles transnacionales de la droga y otros negocios ilícitos. Esa fue la ocasión para volver realizables los ensueños.

Del estado de emergencia al respaldo propio (pero inestable)

2023, dicen las estadísticas, fue el año más violento en el Ecuador. Los grupos delincuenciales disputaban entre sí rutas, corredores comerciales y giros del negocio para ellos y para los carteles transnacionales a los que se fueron vinculando y atando. La dolarización, que facilita el lavado de dinero “caliente”, volvió al país atractivo para los carteles transnacionales de la droga: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Clan del Golfo, Comando Vermelho, mafias albanesas e italianas… El resultado fue una violencia extendida y profunda. Las masacres en las cárceles, que se volvieron moneda corriente desde 2020, se trasladaron a las calles. Asesinatos individuales o masivos, ataques armados a restaurantes, comercios, parques y domicilios, sicariato, extorsiones y secuestros afectaban sobre todo ciudades y zonas próximas a rutas de tránsito, acopio y producción o a santuarios y mercados disputados.

No solo eso: indagaciones fiscales rebelaron (más bien, confirmaron) que las redes de las mafias y los carteles se adentran en las instituciones estatales, en la sociedad, en la política y en la economía: jueces, fiscales, abogados, oficiales militares y policiales, partidos políticos, funcionarios electos, empresas de la economía legal, personajes de la farándula. Parecía no haber nada que escapara a su influjo.

Desconcertada, la sociedad cayó en el miedo, la incertidumbre y la frustración. De allí transitó naturalmente a la demanda de un gobierno fuerte, de aumento de penas, de militarización: el discurso que se ha impuesto ya desde hace mucho gracias a la persistencia de sectores políticos, económicos y de opinión.

A inicios de enero un grupo armado y encapuchado realizó una toma débil de un canal de televisión en Guayaquil. Fue la última señal. El gobierno de Noboa decretó un estado de emergencia en todo el país por 60 días, y puso a los militares a patrullar las calles. Lo justificó en un estado de “conflicto armado interno” con “grupos terroristas”, membrete que colgó en mafias y grupos delictivos. Membrete con cola, habría que agregar, por la utilización que se ha hecho del término en contra de las protestas populares (así lo usaron las dictaduras, los gobiernos neoliberales, el correísmo)… y que el propio Noboa usó casi enseguida en contra de los campesinos y agricultores de Palo Quemado que luchan contra las mineras que pretenden asolar su territorio. Pasados esos primeros 60 días, Noboa extendió el estado de emergencia por 30 días más. Para recordar: cuando a inicios de abril terminó el estado de emergencia, se mantuvo no obstante la presencia de los militares en las calles y rutas.

El presidente había dado con un nuevo discurso, con una imagen nueva para presentarse frente a la población y por primera vez tenía una aprobación “propia”, aunque inestable. Resultado: la popularidad de Noboa superó el 83%.

Detrás de esto, que saltaba a la vista, dos procesos comenzaron a encontrarse. En una mirada de tiempo largo, El Ecuador ha vivido -como otros países de América Latina- una recurrencia de estados de emergencia por motivos distintos: guerras internacionales (Roldós, Durán Ballén), protestas sociales (Hurtado, Febres Cordero, Bucaram, Mahuad, Gutiérrez, Correa, Moreno, Lasso), crisis sectoriales o territoriales (Correa, Noboa), crisis carcelaria (Moreno, Lasso) y ahora conflicto armado interno (Noboa)… En fin, motivos -o pretextos- no han faltado. 

El estado de emergencia, o de excepción, es la suspensión temporal de la democracia, un reconocimiento tácito de que esta democracia no puede tramitar los conflictos por mecanismos democráticos. Pero la recurrencia y constancia de su aparición muestra que no se trata de desajustes coyunturales, sino de una tendencia que ya asume un carácter estructural: la democracia burguesa dependiente convertida en una democracia restringida.

En una mirada de tiempo corto, el estado de emergencia de Noboa ha convertido al ensamble Ejecutivo-Fuerzas Armadas en el eje del gobierno, desplazando y subordinando a otras instancias estatales, como la Asamblea, ya desde un inicio reducida a la aprobación de proyectos económicos emergentes. Eso, la adquisición de reservas políticas más propias y la conversión del conflicto armado interno en el núcleo central de la política le otorgan elementos de bonapartismo al régimen de Noboa.

Al mismo tiempo, Noboa ha cultivado su relación con las masas a través de dispositivos populistas y clientelares. Ya lo hizo durante la campaña: el muñeco de cartón, las visitas de las fundaciones de la mamá y la tía con obsequios a sectores pobres, práctica con la que recoge y reproduce una sabiduría política de la oligarquía guayaquileña en su relación con los necesitados: la beneficencia asistencialista. Y lo ha reforzado en el ejercicio del mandato: las burlas a Correa desde el discurso, la imitación y la sorna, disputándole espacios y mecanismos comunicativos que el expresidente había desarrollado con éxito en su gobierno; la utilización del TikTok y de exdirigentes sociales como mecanismos de intermediación para el contacto directo de la persona del presidente con las bases sociales; el trasvase de intermediarios y electores del correísmo hacia el gobierno -y, últimamente, también de asambleístas-. Quizás estamos ante el intento, aún inicial, de construir un respaldo de masas más o menos organizado. Un populismo oligárquico en marcha.

Del respaldo propio pero inestable al asalto a la embajada mexicana

Respaldo propio, pero inestable, dijimos más arriba. El estado de emergencia, el ambiente de guerra interna y la presencia de los militares en las calles dispararon hacia arriba la popularidad y la aceptación de Noboa. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a presentarse signos distintos.

En un primer momento, la prensa y la población se alinearon casi por completo al discurso del gobierno, resaltando el mítico “plan Fénix” contra la violencia y la inseguridad (que casi nadie sabe de qué se trata), las acciones emprendidas, los aforismos de Noboa, la presencia militar en las calles y en la custodia de las cárceles, el toque de queda, los operativos conjuntos de policía y fuerzas armadas. Pero poco a poco algunos medios y la gente en las calles comenzaron a manifestar dudas y preguntas.

Según los datos oficiales, a fines de febrero los operativos habían arrojado la cifra de más de 11.000 detenidos, 494 de los cuales habían sido procesados, 280 de ellos por “terrorismo”. ¿Qué había ocurrido con los otros 10.600, por qué motivos fueron detenidos? Al mismo tiempo, grupos de estudiantes reclamaban por los maltratos que los jóvenes estaban recibiendo por parte de las fuerzas de seguridad durante esos operativos. (A inicios de abril, un nuevo informe oficial contabilizaba ya casi 19.000 detenidos y 20 “terroristas” muertos.)

Comenzaron a conocerse también cifras oficiales sobre la violencia. Todo parecía indicar que, si bien habían bajado inicialmente las muertes violentas, especialmente las víctimas de sicariato, en cambio fueron reemplazadas por el crecimiento acelerado de otros delitos: robo de vehículos, “vacunas” (extorsiones) y secuestros. Por ejemplo, en 2020 la policía registró 1.200 casos de extorsiones, que subieron en 2023 a 8.300. A nivel nacional hubo un ligero descenso en los 3 primeros meses de 2024, con 1.700 denuncias, pero se incrementaron 35% en Guayaquil, Durán y Samborondón. En Guayaquil, las denuncias se quintuplicaron respecto al año anterior.

Las perspectivas económicas se convirtieron en otro tema de preocupación. El gobierno se vanagloriaba de que en enero y febrero de 2024 se registraron 64.000 nuevos empleos; sin embargo, las propias cifras oficiales mostraban que, en ese mismo período, 80.000 personas se habían quedado sin trabajo. Por otra parte, la gente temía una escalada de precios como resultado del incremento del IVA del 12 al 15%, que Noboa logró hacer probar en la Asamblea en marzo para que rija desde el primero de abril, con el argumento de que los recursos obtenidos se utilizarían para financiar la lucha contra el narcotráfico.

Tantas preocupaciones minaron una porción del respaldo al presidente. Las encuestas mostraron que su aprobación se redujo más de 11 puntos y -lo que debe haber sido más preocupante- que la propensión a votar Sí en la consulta popular cayó fuertemente, incluso haciendo peligrar la aprobación de algunas preguntas.

Con ese ánimo andaba la población cuando el 5 de abril, Noboa ordenó que fuerzas de seguridad asalten la embajada de México para capturar a Jorge Glas, que se encontraba refugiado allí, y a quien apenas unas horas antes el gobierno de López Obrador le había otorgado asilo. Glas se encuentra enjuiciado por casos de corrupción. La toma de la embajada reactivó la polarización, encontró el respaldo entusiasta de casi toda la derecha, con muy pocas excepciones, y la condena del correísmo y de las izquierdas políticas y sociales. Pero recuperó la imagen positiva del mandatario. También estabilizó las intenciones de voto para la asamblea, deteniendo la caída que se había observado hasta el día anterior.

Con este acto quedó abruptamente rota la alianza parlamentaria del gobierno con el correísmo lo que, en el presente contexto, le libera a Noboa de una alianza problemática, y lo sitúa por encima de la función legislativa y más allá, en apariencia, de los intereses inmediatos de los diferentes grupos políticos, acentuando los rasgos bonapartistas. De esta manera, la imagen de un gobierno fuerte y de un presidente de mano dura “con los pantalones bien puestos” refuerza la tendencia que se ha ido configurando en el vaivén de estos cambiantes episodios: el populismo oligárquico y la democracia restringida como los dos pilares del gobierno de Daniel Noboa.

Del asalto a la embajada mexicana a la crisis eléctrica y a la consulta popular

Por si sobresaltos no faltaran, desde fines de marzo comenzaron a producirse cortes de luz sorpresivos y extendidos en varias ciudades del país. Al principio, el gobierno se negó a hablar de cortes programados: después de todo, el 23 de febrero, tras la aprobación en la Asamblea de la reforma energética, había declarado “el fin de los apagones”. Pero eso no podría sostenerse. La sequía bajó a los mínimos la capacidad operativa de las presas hidroeléctricas situadas en el sur del país, que producen más de un tercio de la energía eléctrica que consume el Ecuador.

No obstante, el gobierno se mantuvo en una obstinada negativa, a pesar de que la prensa ya daba a conocer informes de los organismos estatales energéticos sobre la gravedad de la situación. Descartó que en marzo se hubieran producido apagones y prefirió llamarlos “desconexiones puntuales”. Entre el 9 y el 15 de abril se produjeron nuevos apagones, siempre sorpresivos y por períodos de tiempo que pasaron de 2 a 3 y a 5 horas por día en diferentes provincias. Por fin, el 16 el gobierno tuvo que reconocer la gravedad del problema. Se oficializaron los cortes programados, que llegaron a ser de hasta 8 horas diarias. Noboa declaró en emergencia el sector eléctrico y acusó de sabotaje a su ministra por “ocultar información”.

Y así llegamos a las vísperas de la consulta. Se plantean 11 preguntas. ¹ Claramente 9 de ellas son “preguntas anzuelo”, diseñadas para atraer una respuesta mayoritaria por el Sí en medio de los sobresaltos que vive la población: son aquellas referidas a la presencia de las fuerzas armadas como apoyo complementario a la policía para combatir el crimen organizado, y para el control de armas, la tipificación de delitos y el incremento de penas, la extinción de dominio de los bienes incautados por esas causas, y el establecimiento de judicaturas especializadas en temas constitucionales para impedir -se dice- el abuso de las garantías constitucionales. Según varios analistas, se trata de preguntas innecesarias porque constan en la legislación vigente y porque varias de ella se encuentran ya en trámite en la Asamblea Nacional, aunque la mayoría oficialista haya pausado su trámite.

Sólo dos de las 11 preguntas son de fondo, y constituyen el verdadero corazón de la consulta: una, la pregunta 3 (casillero D), que pide que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias con los capitales transnacionales. Como la historia nos muestra que en dichas controversias el arbitraje internacional falla mayormente a favor de las empresas contra los Estados, sobre todo contra los Estados dependientes, ya sabemos quiénes saldrán beneficiados.

Y la pregunta 4 (casillero E) para reformar el código del trabajo en cuanto al trabajo fijo y por horas. Esta pregunta guarda una sorpresa: en realidad, la población votará ignorando qué es lo que aprueba; el anexo dice claramente que recién “en el plazo de 30 días el Ministerio del Trabajo emitirá los Acuerdos Ministeriales que regularán los contratos a plazo fijo y por horas”. De aprobarse, se ampliará la precarización del trabajo, un sueño largamente acariciado por los empresarios y políticos neoliberales, pero que no han podido concretar plenamente hasta ahora.

De la consulta ¿a la reelección?

El ánimo de los votantes estará marcado por los escándalos de corrupción y las revelaciones de los fuertes nexos que el narcotráfico y la lumpenburguesía mantienen con la economía y con la política y, a la larga, con las tribulaciones de la gente; y por el recrudecimiento de la violencia criminal. Pero también estará marcado por el impacto contradictorio del asalto a la embajada de México, por el descontento causado por los apagones y por el poco claro manejo que el gobierno ha tenido con la crisis energética. Y por el escándalo causado por las denuncias de Noboa de que su propia ministra de Energía y otros altos funcionarios del área eléctrica habrían orquestado un “sabotaje” para provocar los apagones y perjudicar el triunfo del Sí en la consulta. Muchas emociones apenas a dos días de enfrentarnos con las papeletas ante las urnas.

¿Tendrá tiempo la población para procesar todas estas vicisitudes? ¿Cuál de todos los estados de ánimo en disputa terminará imperando?

De todos modos, no es tanto ni solo los textos de las preguntas lo que va a estar juego. Se juega la salud política del último tramo del gobierno de Noboa y la libertad que está alcanzando en estos meses respecto a la Asamblea Nacional y a sus aliados de ayer, de hoy y de mañana. Pero hay más: los resultados de la consulta determinarán las posibilidades que tendrá Noboa de lograr la reelección en los comicios generales de febrero de 2025: serán prometedoras si logra un triunfo, sobre todo un triunfo abultado. Serán precarias si sufre una derrota. Pero puede quedar en la indefinición si gana en unas y pierde en otras, aunque obviamente sufrirá un revés político si no logra hacer aprobar aquellas dos preguntas que constituyen el núcleo político-programático de la consulta. En fin, estará en juego un naciente populismo oligárquico.

* Mario Unda es sociólogo, docente universitario y activista político de izquierda. Maritza Idrobo es socióloga, activista de izquierda y de colectivos sociales.

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