New Politics, julio 2021
Traducción de Viento Sur
Correspondencia de Prensa, 28-7-2021
Cuesta rememorar la euforia de los primeros días de la revuelta de 2011 en Siria contra el régimen de Bashar al Asad. Refiriéndose a aquellos tiempos, la gente habla de la superación de la “barrera del miedo”, del autoritarismo sofocante y de la represión que habían silenciado a la población durante décadas. En las manifestaciones por la libertad, que proliferaron en todo el país aquella primavera, reinaba una atmósfera festiva con bailes y canciones. Con el tiempo, a medida que se liberaban territorios del control del Estado, el pueblo sirio construyó colectivamente una cultura revolucionaria creativa y vibrante y sembró las semillas de una nueva sociedad democrática. La gente del interior y quienes se fueron al extranjero miraban al futuro con optimismo. Creíamos que el régimen caería. Pensamos que nuestra lucha justa vencería.
Una década después, el dolor, el trauma y la desesperación definen la experiencia siria. Gran parte del territorio vuelve a estar controlado por el régimen. El país está en ruinas. Más de la mitad de la población no reside en sus viviendas habituales y más de seis millones de habitantes han huido del país. Muchas de las personas que se han quedado viven en graves aprietos, sin vivienda, base de sustento ni acceso a servicios básicos. Se ha reinstaurado el reino del miedo, no solo en forma de continuidad de la represión estatal, y en algunas zonas de continuidad del conflicto, sino también a resultas de la lucha por el poder entre varios señores de la guerra. No obstante, mientras que el movimiento revolucionario parece haber sufrido una derrota total, no está claro, ni mucho menos, que Asad haya vencido.
El endeble poder de Asad se mantiene gracias a fuerzas extranjeras. Desde que comenzó el conflicto, Rusia ha prestado ayuda militar al régimen, y fue la implicación militar directa de este país en 2015 la que alteró profundamente la dinámica sobre el terreno, en un momento en que el régimen estaba a punto de colapsar. Aunque Moscú afirmó inicialmente que atacaba a grupos terroristas como el Estado Islámico, las incursiones aéreas rusas se centraron en zonas controladas por la oposición y atacaron repetidamente infraestructuras civiles, inclusive hospitales. Esta intervención, que convirtió los territorios liberados en zonas de muerte, hizo que amplias regiones del país volvieran a quedar bajo control del régimen.
Rusia también ha sido un aliado político fundamental de Asad, otorgándole el peso diplomático que necesita para proteger al régimen frente a las presiones internacionales. Actualmente, el poder ruso eclipsa en gran medida el de EE UU en relación con Siria, y Moscú se ha consolidado como uno de los actores dominantes en la región. El coste económico para Rusia ha sido enorme, pero a cambio ha obtenido lucrativos contratos de gas y petróleo. La empresa rusa Stroytransgaz, propiedad de un oligarca vinculado al Kremlin, se ha asegurado el 70 % de todos los ingresos generados por la producción de fosfato durante los próximos 50 años, una cantidad que probablemente ascenderá a cientos de millones de dólares o más. (Se calcula que Siria cuenta con una de las reservas de fosfatos más grandes del mundo, un producto que se emplea para la fabricación de fertilizantes.) La empresa ha obtenido asimismo el control del puerto comercial de Tartús, necesario para su exportación.
Sin embargo, es Irán el poder que supone la mayor amenaza para cualquier esperanza de autodeterminación del pueblo sirio. En partes del país, la población siria vive ahora efectivamente bajo ocupación iraní. Teherán, que apoyó desde el comienzo al régimen de Asad, considera a Siria una pieza clave del llamado eje de resistencia frente a EE UU e Israel y un eslabón estratégicamente importante del bloque chiíta que conecta Irán e Irak con Líbano y el Mediterráneo. Teherán ha apoyado a numerosos combatientes en Siria, organizando milicias chiítas de Irán, Líbano, Irak y Afganistán, y ha establecido numerosas bases militares en Siria (algunas de las cuales son objetivos preferentes de incursiones aéreas de Israel, que teme una consolidación de la presencia iraní junto a su frontera septentrional).
Irán ha sido el principal sostén financiero y económico del régimen. Desde 2013, Teherán ha proporcionado a Siria líneas de crédito para la importación de combustible y otros bienes y es un importante socio comercial de Siria. Se han creado foros empresariales para mejorar las relaciones económicas bilaterales y el comercio. Del mismo modo que el premio que recibe Rusia por su lealtad son los recursos naturales de Siria, el premio otorgado a Irán está en la propiedad inmobiliaria, con la adquisición de inmuebles en Damasco, Homs, Deir al Zour y Alepo. Empresas iraníes, en muchos casos vinculadas al cuerpo islámico de los Guardianes de la Revolución, han obtenido jugosos contratos para proyectos de reconstrucción y de infraestructura. Al fundamentar económicamente su presencia, Irán se asegura de que mantendrá su influencia en caso de que un acuerdo de paz implique la obligación de las milicias extranjeras de abandonar el país.
De esta manera, Irán extiende su presencia en Siria y trata de echar raíces en la sociedad siria de una manera que Rusia no practica. En un intento de buscar apoyos locales, compra lealtades pagando a jóvenes sirios unos salarios elevados (hasta 700 dólares al mes) para que se unan a milicias iraníes, y ha abierto centros culturales y educativos y mezquitas con el fin de difundir la cultura iraní y la fe chiíta. En Damasco se observa un cambio demográfico significativo en barrios como Bab Touma y Bab Sharqi, que antes albergaban a una amplia comunidad cristiana y ahora están poblados por miembros de las milicias apoyadas por Irán. Inmuebles que pertenecen a familias siras desplazadas por el conflicto albergan ahora a milicianos y sus familias.
En Hama y el sur de Idlib se han subastado a precios simbólicos tierras de cultivo incautadas por el régimen, y los compradores son principalmente miembros de las milicias. Muchos rótulos de las tiendas y anuncios están escritos en farsi. Mientras que muchas personas sirias no pueden volver a su país, el régimen ha acelerado la naturalización de extranjeros para asegurar que iraníes y otros puedan adquirir la ciudadanía. El desplazamiento forzoso de comunidades que apoyan a la oposición y la repoblación de los respectivos lugares con comunidades consideradas leales forma parte de una estrategia deliberada del régimen, encaminada a cambiar la demografía a fin de asegurarse una base popular obediente en las zonas que controla. Como dijo el propio Ásad en un discurso en 2015, “Siria no es de quienes tienen su pasaporte o residen en ella; Siria es de quienes la defienden”. Una razón de que todavía no se haya alcanzado una solución política puede estribar en que el régimen está ganando tiempo mientras crea hechos consumados sobre el terreno que refuercen su posición en las negociaciones.
A resultas de tales actos de flagrante expropiación y confabulación, el sentimiento antiiraní en Siria alcanza cotas nunca vistas. Tanto en Deir al Zour como en la campiña de Daraa se producen regularmente manifestaciones que reclaman el fin del predominio iraní y la expulsión de las milicias iraníes. La alianza entre el régimen nacionalista árabe de Asad, que es supuestamente laico, y la teocracia iraní siempre ha sido más pragmática que religiosa. Sin embargo, la creciente presencia de musulmanes chiítas vinculados a Irán (en un país de mayoría sunita) y sus políticas (tanto en Siria como en el conjunto de la región) han agudizado enormemente el sentimiento victimista en la población sunita, lo cual favorece el creciente sectarismo y el ascenso de grupos como el Estado Islámico.
La desesperada situación socioeconómica en el país es otro factor que genera actitudes críticas frente al gobierno en muchos lugares, incluso entre comunidades consideradas leales. Más del 80 % de la población vive en la pobreza, luchando por salir adelante, y el 60 % tiene inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas informa de que los precios de los alimentos han aumentado un 376 % entre octubre de 2019 y febrero de 2021. Hay escasez de alimentos básicos, medicamentos y combustible. Hay colas de horas delante de las panaderías y las gasolineras, y algunas veces la gente acaba yéndose con las manos vacías. Los cortes de luz son comunes y han llevado a cerrar a establecimientos locales, agravando los ya de por sí elevados niveles de desempleo.
El colapso de la moneda implica que el salario de una funcionaria o un funcionario sea ahora equivalente a unos 20 dólares al mes, frente a los 400 dólares de marzo de 2011. Muchas personas se ven abocadas al pluriempleo, si es que encuentran otras ofertas, tan solo para llevar comida a la mesa. Mientras, quienes mantienen relaciones con el régimen (y los señores de la guerra) no solo se benefician con la miseria popular, sino que hacen ostentación de su riqueza y su tren de vida privilegiado, mostrando sus coches de lujo y sus mansiones en las redes sociales.
La razón principal de esta miserable situación es, por supuesto, la total destrucción del país por el régimen y su aliado ruso, de su infraestructura física, del parque de viviendas, de las tierras de cultivo y las instalaciones de producción. La crisis económica y financiera en Líbano, del que depende la economía siria y su sistema bancario, se ha agravado drásticamente. La corrupción del régimen y un rampante capitalismo de amiguetes que llena los bolsillos de los enchufados exacerban todavía más la situación. En los escalones inferiores, funcionarios públicos exigen sobornos a cambio de servicios básicos y comerciantes inflan los precios de sus bienes. En los superiores, leales al régimen o miembros de la familia del presidente reciben contratos ventajosos para la construcción de residencias de alto standing y lujosos centros comerciales, cuando hay mucha gente que no tiene acceso a una simple vivienda. Por tanto, los planes de reconstrucción del régimen agravarán todavía más las desigualdades sociales e impedirán el retorno de las personas desplazadas de baja extracción social, o sea, de quienes formaban el núcleo de la oposición.
Un factor secundario ha sido la ampliación de las sanciones desde que Washington implementó la Caesar Syria Civilian Protection Act de 2019. A diferencia de sanciones anteriores, que se aplicaban a individuos adscritos al régimen ‒figuras políticas, militares o relacionadas con la seguridad‒, las sanciones actuales son más controvertidas en la medida en que se aplican asimismo a empresas y sectores relacionados con el petróleo, la electricidad y la reconstrucción de infraestructuras, contribuyendo así a una carestía de bienes y servicios y afectando negativamente a la población civil. Aunque la ayuda humanitaria está exenta de las sanciones, organizaciones no gubernamentales han informado de que notan efectos negativos, pues la gente está ahora ansiosa de hacer negocio en Siria. En marzo de 2021, catorce organizaciones sirias (radicadas tanto en Siria como en el extranjero) publicaron una declaración en que exigían al régimen sirio que acabara con las sanciones incorporándose al proceso político auspiciado por Naciones Unidas, poniendo fin a las violaciones de los derechos humanos y sometiéndose a mecanismos judiciales.
La gente está hambrienta y furiosa. Se han producido manifestaciones contra el deterioro de las condiciones de vida, el coste prohibitivo de los bienes básicos y la corrupción en zonas controladas por el régimen, como Sweida, Damasco e incluso Latakia (en el bastión del régimen). En las redes sociales, hasta personas leales al régimen han expresado quejas y algunas de ellas han sido detenidas al amparo de la Ley contra el delito cibernético de 2018, promulgada para restringir tales disensiones. Entre ellas figura la presentadora de la televisión pública, Hala al Jarf, quien publicó comentarios en Facebook en los que criticaba las condiciones de vida y la escasez de productos básicos. Tras su detención de enero de 2021, fue puesta en libertad al amparo de una amnistía destinada a apaciguar a la gente fiel al régimen justo antes de las elecciones presidenciales de mayo. Wissam al Tair, editor de una página de Facebook muy popular y favorable al régimen, Damascus Now, fue detenido en diciembre de 2018 ‒probablemente por su crítica a las condiciones que sufren los reclutas del ejército y a la crisis de los combustibles‒ y desde entonces no se sabe nada de él.
De hecho, mucha gente cree que el régimen de Asad es incapaz de manejar la crisis, incluso quienes no ven ninguna alternativa. Esta desconfianza generalizada se ha agravado con la gestión de la pandemia de covid-19 por parte del régimen, en particular su incapacidad (o negativa deliberada) para facilitar información fidedigna sobre el número de casos y la falta de abastecimientos de oxígeno, camas hospitalarias y vacunas. También escasea la esperanza de futuro.
El régimen convocó elecciones presidenciales el 26 de mayo, en plena crisis. Esta farsa, concebida para proporcionar el régimen un aura de legitimidad, en un intento de atraer fondos para los trabajos de reconstrucción, fue una burla de las demandas del pueblo sirio de una transición democrática. Los candidatos o candidatas debían llevar residiendo en Siria los últimos diez años, un requisito que descartaba de entrada a las personas refugiadas y a miembros destacados de la oposición que se hallan en el exilio. Asimismo debían presentar el aval de 35 diputados, lo que significa que debían contar con el visto bueno del régimen. Las y los residentes en el extranjero debían acudir a las embajadas para votar, cosa que mucha gente no hizo por miedo a las represalias, y además debían exhibir un pasaporte sirio vigente con el sello de salida, que muchas personas no tienen.
Quienes vivían en el 30 % del territorio que se halla fuera del control del régimen, incluidas Idlib y las zonas bajo control kurdo y turco, no participaron en la votación. La administración autónoma liderada por la comunidad kurda en el norte de Siria se negó a organizar elecciones debido a la negativa del régimen de reconocer su gobierno. En Deraa, controlada por el régimen, activistas y personajes públicos llamaron al boicot. No se establecieron mecanismos que garantizaran que la gente pudiera votar sin miedo ni intimidación por parte de los servicios de seguridad, y no hubo seguimiento por parte de observadores de Naciones Unidas. ¿Qué sentido tenía votar, de todos modos, si el resultado ya estaba decidido de antemano?
Este régimen nunca se considerará legítimo a ojos de los sirios y sirias libres. Asad ha recuperado una forma de poder en gran parte del país usando la fuerza bruta, el patrocinio extranjero y la ausencia de solidaridad internacional con las alternativas democráticas. El régimen no se autorreformará; sigue reprimiendo salvajemente toda disensión y perpetrando crímenes de guerra con total impunidad. Es incapaz de responder a problemas económicos o atraer fondos para la tan urgentemente necesaria reconstrucción. La mayoría de las personas sirias que viven fuera del país no retornarán voluntariamente mientras Asad se mantenga en el poder y desconfían de las garantías de seguridad que ofrece el régimen. Zonas de Siria que están fuera del control del régimen siguen asoladas por la crisis humanitaria, la inseguridad física y la presencia de milicias a las que se oponen amplios segmentos de la población. Lo que en su momento fue un movimiento revolucionario dinámico ha quedado destruido, fragmentado, exhausto. No hay a la vista ninguna solución política del conflicto, imprescindible para que haya elecciones libres y justas. El futuro, al igual que el presente, tiene un aspecto lúgubre.
* Leila al Shami es activista y escritora, coautora del libro Burning Country: Syrians in Revolution and War (Pluto Press: 2016).