Uruguay – Los dueños de todo. Extranjerización en las cadenas agrarias. [Nadia Amesti/Luciano Costabel]

Una superficie del suelo productivo uruguayo mayor que la del departamento de Tacuarembó está en manos extranjeras, incluyendo las de empresas pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más grave lo que sucede en la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce este país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas.

Brecha, 11-120-2020

Correspondencia de Prensa, 11-12-2020

En el marco de esta investigación, durante 2017 y 2018 se ingresaron dos solicitudes de acceso a la información pública ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pidiendo los datos de la cantidad total de tierras productivas pertenecientes a capitales extranjeros en nuestro país, pero en ambas ocasiones el ministerio se negó a entregar esta información. En su primera respuesta, la información solicitada fue catalogada como «confidencial». Tras la respuesta negativa, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo estatal encargado de velar por el derecho de acceso a los datos en manos del gobierno, instó a que se entregara «disociada o anonimizada» y calificó de «ilegítimo» el argumento empleado para definirla confidencial. Sin embargo, la cartera negó nuevamente la información «por no estar obligado a producirla», pese a que el contador Aldo García, en su comparecencia ante la UAIP como representante del ministerio, sostuvo que «la información […] se encontraba materialmente» en el organismo. En esa instancia, por toda respuesta, se entregaron los datos públicos del Censo General Agropecuario de 2011.

El camino para intentar completar la información se haría largo. Esta investigación tuvo que recurrir a infinidad de fuentes (institucionales, académicas, medios de comunicación y estados contables de las empresas, entre otras) para comprobar que hasta 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país, lo que equivale a una superficie mayor a la ocupada por el departamento de Tacuarembó.

Dentro de ese listado se destacan las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa instaladas en nuestro país. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (joint venture entre Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser).

Asimismo, se confirmó que de los 31 conglomerados relevados, 12 tienen su origen en Brasil, Argentina y Chile, y nueve en Europa (Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Finlandia y Suecia). Además, se observó una fuerte presencia de inversiones con origen en Estados Unidos, China, Singapur y Japón.

La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.

Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global, según se explica en un Informe de Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012. Como consecuencia, el informe sostiene que, además de los actores empresariales clásicos «fueron apareciendo [en Uruguay] nuevas formas de organización del capital, integrando diferentes rubros productivos y con nuevas estrategias de actuación».

Dentro de las nuevas formas de organización se encuentran los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.

Entre ellos se destaca el fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas en nuestro país dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.

Por su parte, el Forestal Atlántico Sur (FAS), asociación entre capitales chilenos y uruguayos, posee 41 mil hectáreas propias. Hasta 2018, FAS gestionaba además los predios de LMAT Uruguay Holdings SRL (14 mil hectáreas), empresa subsidiaria de Liberty Mutual, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, y los de Guanare SA (49 mil hectáreas), propiedad de la Universidad de Harvard, que invierte para financiar las becas de sus estudiantes.

Fuera del sector forestal, el caso más destacable es el del Union Agriculture Group (UAG), que fue presidido por el actual senador del Partido Nacional, Juan Sartori. UAG cotizó en la bolsa de valores de Montevideo hasta 2019 y posee más de 83 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la lechería y el cultivo de arroz. En este fondo participan inversores de origen canadiense, estadounidense, europeo y chino.

Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, en nuestro país también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública.

Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.

La administración de los proyectos, en nuestro país, se reparte entre cuatro empresas. TMF Uruguay –de origen holandés– administra dos FF, al igual que Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión, que forma parte de un grupo que tiene sede en Bahamas y oficinas en Hong Kong, Montevideo e Islas Caimán. En tanto, Trust AFISA (un FF) tiene sede en nuestro país, pero la mayoría de los accionistas son argentinos. Finalmente, EF Asset Management (cuatro FF) tiene origen en Uruguay.

Estas empresas delegan la producción en seis agentes operadores, de los cuales sólo dos son de origen uruguayo (Agroempresa Forestal SA y Okara Ltda.). Entre estos, se destaca Cambium Forestal Uruguay SA, empresa formada en 2007, que es subsidiaria de la chilena Cambium SA y en nuestro país administra unas 140 mil hectáreas, distribuidas en diez departamentos.

Las evaluaciones llevadas a cabo por la calificadora de riesgo CARE detallan que los inversores obtienen ganancias por el arrendamiento de los campos, la venta de producción y la liquidación de los terrenos al finalizar el proyecto, dependiendo del plan productivo establecido. Al respecto, se especula con un aumento en el precio de la tierra a futuro, ya sea por la tendencia de los últimos años o por las mejoras realizadas en los predios.

Si bien en nuestro país las inversiones en fideicomisos provienen, principalmente, de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP), según el excalificador de CARE y exanalista de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP, Juan Peyrou,la estructura da la posibilidad de conservar el anonimato a los inversores. 

Hecha la ley…

Los cambios en la propiedad de la tierra producidos en los últimos años son evidentes. Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.

Al mismo tiempo, buena parte de la tierra pasaba a ser poseída por sociedades, la mayoría de ellas anónimas, que pasaron de disponer del 1 por ciento del territorio a controlar el 43,1. Si bien no es posible establecer que todas las sociedades anónimas sean extranjeras, los investigadores Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo sostienen que, durante ese período, por lo menos el 20 por ciento de las tierras transadas en el mercado (más de 1,5 millones de hectáreas) fue a parar a manos de extranjeros por esta vía.

Frente a la profundización de ese fenómeno, durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes con el propósito de regularizar e identificar a los agentes que podían acceder a la compra de tierra en nuestro país. La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas».

El motivo de la ley era claro: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba prioritaria para el desarrollo productivo del país.

Si bien el exministro del MGAP Enzo Benech sostuvo que se revisaban las empresas para conceder las autorizaciones de tenencia de tierra porque se debía saber «quiénes son los dueños», el director de OPYPA, Adrián Tambler, reconoció que si cotizaban en la bolsa de valores, «automáticamente reciben autorización» para tener tierras.

La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero.

Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble.La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía.

El grupo Noble, ahora en propiedad de COFCO, estaba presente en Uruguay mediante la empresa Evera SAC y controlaba 24 mil hectáreas dedicadas a la agricultura. Además, en la actualidad, el grupo chino tiene centros de acopio y vende cereales y oleaginosos en nuestro país.

Cuatro años después, una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay daba cuenta de que la empresa UAG no había informado que «la empresa china Chengdong Investment Corporation poseía de forma indirecta más del 10 por ciento del capital con derecho a voto de Union Agriculture Group».

La omisión de informar fue debidamente multada, sin embargo, no parece haberse reparado en que, como esta investigación constató en diversas fuentes, la empresa Chengdong Investment Corporation es una subsidiaria del fondo soberano de inversión China Investment Corporation (CIC), responsable de administrar parte de la reserva internacional de ese país. Además, según informó Búsqueda (2018), en el UAG también participa la institución financiera de desarrollo Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, subsidiaria del banco KFW, del gobierno alemán.

La firma CIC habría sido modelada de acuerdo al fondo de inversión estatal Temasek de Singapur, que también está presente en Uruguay. En el caso de Temasek, controla el 58,4 por ciento de las acciones del grupo Olam, que en nuestro país cuenta con 66 mil vacas lecheras y 32 mil hectáreas dedicadas a esa actividad.

Las penas y las vaquitas

Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años se observó un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento.Uruguay1112 II

Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras. Dentro de esas empresas se da un caso particular con Uruply SA (responsable de un 9 por ciento del total exportado en 2018), ya que es subsidiaria de BTG Pactual TIG, grupo que, como se dijo, posee 120 mil hectáreas en nuestro país a través de la empresa LUMIN y además controla el 100 por ciento de SAMAN SA. En 2018 la empresa arrocera efectuó casi la mitad de las exportaciones del sector, siendo la principal industria de procesamiento de arroz en Uruguay.

Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. Tambler sostuvo que en esta cadena productiva se da un proceso de extranjerización, pero apreció que «no se han visto impactos negativos aunque la mitad del mercado la haya comprado un brasileño».

Por su parte, el sector agrícola presenta la particularidad de que los capitales transnacionales participan, mayormente, en las fases inicial y comercial. Es así que, el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos analizados.

A partir de la investigación llevada a cabo, fue posible confirmar que las cinco poseen tierras en nuestro país, aunque sólo se pudo acceder a información de dos de ellas. El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.

Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país. Según se explica en el documento elaborado por Uruguay XXI, en este rubro resulta más sencillo adquirir una empresa instalada que satisfacer los requerimientos necesarios para instalar una nueva planta, además de que existe poco margen para instalar nuevos establecimientos de gran porte.

Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.

La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.

«La tierra es de la nación», decía en 2009 José Mujica, quien sería electo presidente ese año. Sin embargo, una década después, el agro uruguayo se resume en la imagen de un campo cada vez más despoblado, de grandes superficies y actores fantasma, donde las decisiones sobre qué producir y cómo hacerlo son tomadas por grupos extranjeros que controlan los factores de toda la cadena productiva y la regulan según la infalible lógica del mercado internacional. Quienes invierten, también extranjeros, especulan con los resultados a futuro, algunos de ellos para pagar becas universitarias o pensiones, otros, directamente, para capitalizar sus reservas nacionales y, de paso, tener el poder para incidir en la soberanía de un país ajeno.