¿Cómo parar la motosierra?
El movimiento obrero argentino frente al gobierno de Milei.
Fabián Kovacic desde Buenos Aires
Brecha, 3-5-2024
Correspondencia de Prensa, 3-5-2024
La media sanción de la ley de bases y la reforma laboral que encierra reforzaron el llamado al segundo paro nacional convocado por la CGT y parece haber unificado los reclamos de los sindicatos más allá de sus filiaciones políticas.
El Día de los Trabajadores estuvo marcado por dos actos en la capital argentina y el rechazo común al proyecto de ley ómnibus que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en la noche previa. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos organizaciones que comparten el nombre de Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) –la nacional y la autónoma– celebraron su acto frente al Monumento al Trabajo, detrás de la Casa Rosada, mientras que las corrientes sindicales que responden a los partidos del Frente de Izquierda y de Trabajadores se concentraron en la plaza de Mayo. En los dos actos primó el repudio a la aprobación de la norma introducida por el gobierno de Javier Milei, que cercena derechos laborales históricos, y en el organizado en la plaza de Mayo se sumaron a ese rechazo las acusaciones de la izquierda a la CGT: le reclama «mayor coherencia» y «un plan de lucha para enfrentar la entrega de los derechos y las riquezas del país».
Sin embargo, como a las centrales sindicales no las une el amor, sino el espanto al gobierno de la ultraderecha, marcharán todas juntas al acto y paro general convocado por la CGT para el jueves 9. La movilización apunta a ser el momento más alto del enfrentamiento del movimiento obrero con el Ejecutivo.
LO QUE VIENE
Con la media sanción en Diputados (142 votos a favor, 106 en contra) de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ahora será el turno del Senado, donde el proyecto comenzará a ser discutido en comisiones a inicios de la semana que viene. De los 600 artículos de la primera versión de ese proyecto de ley, ingresada al Parlamento en diciembre y que fracasó en febrero pasado, apenas quedan 232. La redacción actual, sin embargo, persiste en conceder al presidente poderes legislativos, flexibilizar las leyes laborales, permitir las privatizaciones totales y parciales, así como la concesión de grandes empresas estatales, y otorgar 30 años de beneficios impositivos a grandes capitales.
En el acto del 1 de mayo, uno de los secretarios de la CGT, Pablo Moyano, anunció que los 33 senadores del peronismo (la primera minoría en la Cámara Alta) votarán en contra de la ley y «será necesario ir a buscar los votos restantes para evitar este golpe a los derechos del pueblo». Faltan cuatro votos para evitar que el proyecto se convierta en ley, teniendo en cuenta que el Senado está compuesto por
72 legisladores.
En materia laboral, el proyecto de ley elimina las sanciones a las empresas que tengan en negro a sus trabajadores, amplía el período de prueba (el tiempo en que pueden ser despedidos sin indemnización) de tres a seis meses –y hasta a un año, según la cantidad de trabajadores que posea la empresa– y permite la creación de un «fondo de cese laboral», que implica habilitar que los trabajadores opten porque se les descuente hasta un 8 por ciento de su salario para constituir un fondo alternativo a la indemnización por despido.
También establece que solo podrán recibir una jubilación aquellos que hayan aportado a la seguridad social durante al menos 30 años. Quienes no cumplan ese requisito no accederán, como ahora, a una jubilación mínima, sino a una ayuda que el gobierno reglamentará.
El capítulo de las privatizaciones de empresas públicas dejaría otro tendal de despidos que se sumarían a los más de 15 mil efectuados por el gobierno hasta ahora. El proyecto de ley aprueba la venta a privados de nueve empresas, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Enarsa (la empresa de energía eléctrica), AYSA (de agua y saneamiento), Radio Nacional y Televisión Pública, dos empresas ferroviarias, Intercargo (encargada del transporte en los aeropuertos) y los corredores viales. El proyecto incluía originalmente 41 empresas públicas, pero se negoció con la Unión Cívica Radical y el macrismo el quite de la lista de 32 de ellas, como el Banco de la Nación y la petrolera YPF.
Los despidos en el Estado se ven reforzados también por la inclusión en el proyecto de ley de bases de una disposición que permite que aquellos funcionarios de organismos públicos que sean eliminados sean pasados a disponibilidad por hasta un año y luego despedidos si no consiguen otro puesto. En tanto, se aumentarán las sanciones sobre aquellos trabajadores públicos que participen de huelgas.
Además, el proyecto establece la restitución y la ampliación del impuesto a las ganancias sobre cientos de miles de trabajadores en relación de dependencia, muchos de los cuales habían quedado eximidos de ese gravamen a fines del año pasado a instancias del entonces ministro Sergio Massa (aquella exención había sido votada en el Congreso por el propio Milei). Al tiempo que se extiende ese tributo sobre los trabajadores, la ley de bases baja los impuestos a los grandes capitales, disminuyendo, entre otros, el alcance del impuesto a los bienes personales.
En este panorama resta saber cuáles serán los puntos centrales que la CGT decidirá enfrentar, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017, fueron los gremios de base los que la obligaron a decretar un paro general. Los capos de la central obrera histórica del peronismo, que concentra a los más poderosos gremios de la actividad privada y tiene cerca de 6 millones de afiliados, negociaron con el macrismo hasta último momento para evitar una medida de fuerza.
Pero el gobierno ultraliberal de Milei es otra cosa. Más radical en su acción y menos negociador en su discurso. En el nuevo escenario, no parece claro que la CGT, que en los últimos 40 años negoció con todos los gobiernos argentinos, tenga éxito en una defensa negociada de los derechos laborales. Está por verse si se impone una lucha más inflexible, como plantean las dos CTA (con 1 millón y medio de afiliados) y los sectores ligados a la izquierda. Por lo pronto, el concepto de derecho laboral tal como fue conocido durante buena parte del siglo XX argentino parece a punto de cambiar a manos de una derecha avasallante.
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Los sindicatos argentinos se quedan sin interlocutor
Conflicto forzoso
Protagonista inesperado de los primeros 100 días del gobierno de Milei, ¿cómo hará el movimiento obrero organizado argentino para torcer el destino de un proyecto político que necesita destruirlo?
Luis Campos
Revista Crisis, 7-3-2024
El triunfo de Javier Milei en las elecciones de 2023 encontró a los sindicatos sin mayores fisuras en el bando perdedor y sin ningún tipo de instancia de diálogo con la gestión entrante. La debilidad del movimiento obrero para canalizar y representar los intereses políticos de la clase trabajadora parece haber llegado a su punto más alto desde los orígenes del peronismo, a mediados de los años cuarenta.
Los desafíos que les plantea el gobierno de Javier Milei a las organizaciones sindicales se expresan en múltiples dimensiones. En pocas semanas, la nueva gestión envió señales inequívocas: eliminó derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, impuso restricciones al ejercicio de la huelga, a la realización de asambleas en los lugares de trabajo y al principio de ultractividad de los convenios colectivos de trabajo, y debilitó la capacidad de financiamiento de los sindicatos. Todo esto a la par de una intensificación de la criminalización y la represión de la protesta social que incluyó reformas legislativas y un aval explícito a la aplicación de violencia por parte de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones en la vía pública.
La huelga general con movilizaciones masivas en gran parte del país a apenas un mes y medio de asumido el nuevo gobierno solo puede explicarse como respuesta a estas medidas. Sin embargo, esta rápida reacción se da en un contexto extremadamente difícil para el movimiento obrero.
Por un lado, la consolidación de una estructura ocupacional que cuenta con un peso muy importante de los asalariados no registrados y los trabajadores por cuenta propia dificulta la articulación y el desarrollo de acciones conjuntas que vayan más allá de reacciones puntuales. Aun así, el espanto frente a la nueva gestión, muy superior al que había ocasionado el gobierno de Cambiemos en 2015, hizo una gran contribución a la unidad del movimiento obrero. La proliferación de multisectoriales en los primeros meses del año da cuenta de ello, en un escenario en el que persisten representaciones generales fragmentadas y en el que siempre está latente el riesgo de implementar estrategias de repliegues sectoriales.
Por el otro, los sindicatos también atraviesan un momento de debilidad en la relación de fuerzas políticas. Durante las últimas décadas, se habían acostumbrado a formar parte de un proyecto liderado por otros, en el que podían sostener sus demandas institucionales y obtener algunos triunfos económico-corporativos. En la actualidad, ese proyecto parece haberse desvanecido y las organizaciones sindicales todavía cuentan con una fortaleza para nada despreciable, pero que resulta insuficiente para dar batallas en el plano económico y que no encuentra cómo ser canalizada en el plano político.
El nuevo gobierno los expone a una situación inédita. Por primera vez en más de 80 años, la fuerza a cargo del Poder Ejecutivo ha decidido no tener ningún tipo de articulación con siquiera una fracción del movimiento obrero y, al mismo tiempo, promueve iniciativas que ponen en cuestión no solo los derechos individuales de los trabajadores, sino también los poderes institucionales de las organizaciones sindicales. Los fuerza al conflicto, aun contra su voluntad. Los sindicatos se encuentran con el desafío de enfrentar al gobierno sin que ello los exponga a derrotas similares a las que experimentaron a comienzos de los noventa, cuyos efectos se proyectaron en los años siguientes. Por cierto, Javier Milei no es Carlos Menem, La Libertad Avanza no es el Partido Justicialista, en la actualidad no existe un evento que haya provocado el disciplinamiento de la hiperinflación de 1989, y hace 30 años no existían las redes sociales. Pero la posibilidad de encontrarse con conflictos a todo o nada en un contexto adverso se encuentra latente.
La fortaleza del movimiento obrero argentino siempre estuvo basada en su capacidad de organizar al trabajo en su puja contra el capital, contando para ello con un mercado de fuerza de trabajo en el que el empleo formal supo ser la regla general y con una estructura organizativa caracterizada por ámbitos fuertemente centralizados y una presencia capilar en los establecimientos. Ello le permitió dar no solo disputas por reivindicaciones económico-corporativas, sino también conformar desde una posición de fuerza relativa una alianza política con las fracciones más débiles de la burguesía local que le sirvió para cristalizar triunfos institucionales y defenderse en momentos de baja.
Hoy las dos dimensiones están en crisis y se abren múltiples interrogantes. ¿Cómo se representan los intereses económicos de la clase trabajadora cuando una porción nada despreciable de ella está pendiente de la regulación del impuesto a las ganancias y otra, igualmente importante, pena por la falta de entrega de comida a los comedores o la falta de actualización del salario social complementario? ¿Cómo se da una disputa en el plano político cuando la fracción de la burguesía que históricamente fue aliada hoy está reducida a un peso casi insignificante? ¿Qué lugar les depara a las organizaciones sindicales, y a la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, la consolidación de un patrón de especialización productiva donde el sector más dinámico de la economía local está orientado a la exportación de bienes primarios sin requerir de grandes dotaciones de fuerza de trabajo? ¿Cuál es el proyecto político y económico en el que se insertarán los sindicatos en las próximas décadas? ¿Se puede seguir siendo la columna vertebral de un jinete sin cabeza?
Las respuestas que el movimiento obrero y la clase obrera, en términos más generales, encuentren para estos interrogantes marcarán gran parte de los límites y las oportunidades de su acción en el futuro, en un escenario que hoy luce muy amenazante.
(Publicado originalmente en la revista Crisis. Brecha reprodujo fragmentos de acuerdo a una licencia Creative Commons.)