Italia – La deriva «iliberal» impuesta por el gobierno de extrema derecha ya está en marcha. [Fabrizio Burattini]

_{Giorgia Meloni, a la derecha, habla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una mesa redonda en una cumbre de la UE en Bruselas, el miércoles 17-4-2024.}

Fabrizio Burattini*

A l’encontre, 1-5-2024

Correspondencia de Prensa, 4-5-2024

En Italia, hace ya dos años, cuando la victoria electoral del partido de Giorgia Meloni y la consiguiente conquista del gobierno parecían prácticamente un hecho, se abrió un debate en los medios de comunicación y en la izquierda liberal-democrática sobre la naturaleza fascista o no de ese partido y de su dirigente.

La crisis del antifascismo «retórico»

La advertencia de que «la democracia estaba en peligro» fue agitada de forma instrumental, en particular por el Partido Democrático (PD), dirigido entonces por el ex democratacristiano «de izquierda» Enrico Letta. Pero el electorado ignoró esta alarma y desertó de las urnas como nunca antes (se registró una abstención histórica del 36%), castigando a este partido con el peor resultado electoral de su historia (19,04%) ¹ y recompensando a Fratelli d’Italia con su «aplastante» crecimiento, del 4% en 2018 al 25,98% (ahora 28-29% en las encuestas), aunque en gran parte debido al «canibalismo» hacia sus aliados de centro-derecha. ²

Evidentemente, la impopularidad de las políticas tecnocráticas del anterior gobierno dirigido por el banquero Mario Draghi [13 de febrero de 2021-22 de octubre de 2022, jefe del BCE de noviembre de 2011 a noviembre de 2019] había operado con tanta fuerza que una gran parte del electorado se mostró insensible a las «alarmas antifascistas» que parecían (y eran) retóricas. Pero en la reacción del electorado también influyó el fuerte declive de la conciencia antifascista que había caracterizado a la política italiana durante décadas.

Por lo menos a partir de los años ochenta, las exhortaciones al antifascismo y los llamados al respeto de la Constitución se alejaron cada vez más de cualquier punto de referencia social y carecieron cada vez más de sentido. Las filas de las generaciones que habían experimentado los frutos políticos y sociales del «pacto antifascista» de posguerra y de las grandes luchas sindicales y democráticas de los años 60 y 70 eran cada vez más reducidas. Y la Constitución de 1948 – con su solemne compromiso (artículo 3) de «eliminar los obstáculos económicos y sociales que, limitando la libertad y la igualdad de los ciudadanos, se oponen al pleno desarrollo de la persona humana y a la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país» – parecía inexorablemente disolverse en la arena ante las consecuencias de las políticas neoliberales que han prevalecido desde los años noventa.

En el plano cultural, no debemos soslayar la sucesión de iniciativas encaminadas a proseguir un «apaciguamiento» irresponsable y unilateral con la derecha, la «historización» del fascismo como fenómeno definitivamente superado gracias al «fin del comunismo» y la «oposición frontal», para llegar al «país normal» imaginado por Massimo D’Alema [Presidente del Consejo de octubre de 1998 a diciembre de 1999 y de diciembre de 1999 a abril de 2000, Vicepresidente del Consejo de mayo de 2006 a mayo de 2008], entonces principal dirigente de los epígonos del PCI [D’Alema pasó del Partito democratico de la sinistra a la Sinistra democratica, y luego al Olivo en 2005]. Si bien hoy podemos lamentar legítimamente la pérdida masiva de los valores del antifascismo, no podemos ignorar todos estos elementos.

Mientras tanto, Silvio Berlusconi había constituido en 1994 su coalición de derecha con el partido heredero del fascismo de Gianfranco Fini, el Movimento Sociale Italiano (MSI) (más tarde llamado Alleanza Nazionale), Esto lo legitimó como fuerza de gobierno por primera vez y archivó definitivamente el mito togliattista [de Palmiro Togliatti, líder histórico del PCI, que lo siguió siendo hasta 1964] del arco constitucional, es decir, la legitimidad para gobernar limitada a los partidos «antifascistas».

El gobierno de derecha entre neoliberalismo y soberanismo

Después de su victoria electoral en septiembre de 2022 y su entrada en el Palazzo Chigi (la sede del Consejo de Ministros), Giorgia Meloni ha dado, en gran medida, pasos para ganarse el reconocimiento de las clases dirigentes -algo que ya está haciendo Marine Le Pen en Francia hacia un sector de la patronal- adoptando una política económica que coincide en líneas generales con la del gobierno de Draghi, aunque condimentada con una eficaz gestión demagógica de la que su predecesor era estructuralmente incapaz.

El gobierno de derechas ha profundizado incluso esta política económica neoliberal, por ejemplo, suprimiendo la Renta básica [Reddito di cittadinanza, introducida en marzo de 2019 y suprimida en enero de 2024], afectando a los sectores más pobres de la población ³, recortando selectivamente los impuestos en favor de los estratos sociales que pertenecen en gran medida a la base electoral de la derecha, y adoptando una línea cada vez más dura contra los inmigrantes.

Así, gracias a la gran coherencia neoliberal de su política económica, Giorgia Meloni disipó los temores que grandes sectores de las clases dirigentes tenían sobre la hipotética aplicación de las medidas demagógicas blandidas por el Fratelli d’Italia cuando estaba en la oposición y durante la campaña electoral.

En el plano internacional también, Giorgia Meloni silenció rápidamente a todos los representantes de la derecha fascinados por el modelo Putin (incluidos Berlusconi y Salvini) y adoptó una política intransigentemente atlantista tanto con respecto al conflicto en Ucrania como, más recientemente, a las represalias israelíes sobre Gaza, demostrando así ser «impecablemente» europea y atlantista, en total continuidad con Draghi y los gobiernos anteriores.

En el seno de la Unión Europea (UE), ha logrado validar su propia imagen de líder continental pragmático, sin abandonar por completo su línea «soberanista» original. En materia de política económica, colaboró activamente en la redacción del «nuevo pacto de estabilidad» (diciembre de 2023), adhiriéndose al compromiso alcanzado en el Consejo Europeo (aunque los eurodiputados del Fratelli d’Italia no lo aprobaran en el Parlamento Europeo de Bruselas-Estrasburgo).

Además, el gobierno italiano, con su ministro de Asuntos Europeos Raffaele Fitto [miembro de Fratelli d’Italia desde 2019], ha renegociado y renovado ventajosamente, desde su punto de vista, el uso de los considerables fondos asignados a Italia en el marco de Next Generation EU (más de 200.000 millones de euros entre financiación y préstamos). Y en lo que respecta a la «transición climática», el gobierno italiano, intrínsecamente negacionista de las cuestiones medioambientales urgentes, se alineó sin dificultades con los compromisos a la baja apoyados por los demás grandes socios de la UE y por la propia presidenta Ursula von der Leyen, gracias también a la presión ejercida por el movimiento de los grandes agricultores en los últimos meses.

En materia de inmigración, Giorgia Meloni se sumó al nuevo «Pacto Europeo sobre Migración y Asilo» que, en esencia, reúne las medidas más duras deseadas por todos los países miembros, aunque no resuelve la compleja cuestión de las responsabilidades de los países de primera entrada y el reparto de las llegadas. [Véase aquí artículo relacionado en francés].

No hay que olvidar que la mayoría de estas políticas, formalmente denunciadas como reaccionarias por el Partido Demócrata [dirigido por Elly Schlein], todo el mundo sabe que este último, si siguiera en el gobierno, las habría compartido tranquilamente, al igual que compartió siempre y totalmente todas las opciones neoliberales de las últimas décadas.

Así que incluso para la élite dirigente de la UE, Giorgia Meloni y su gobierno ya no representan el peligro para la unidad europea que se temía en la fase inicial. Los notables de la UE han aprendido a distinguir entre retórica y realidad. Giorgia Meloni, que se presentó a las elecciones con una plataforma de «defensa de los intereses nacionales», ahora ha comprendido definitivamente (si es que alguna vez lo dudó) que los «intereses italianos» (es decir, los de las clases dirigentes del país) coinciden con la capacidad de Italia para formar parte de la corriente dominante europea y con la perpetuación del «vínculo atlantista» que ha regido la política nacional desde la posguerra.

A este respecto, sin embargo, hay que subrayar que todas estas opciones, que -repetimos- están en continuidad sustancial con las políticas de Mario Draghi y de sus predecesores, fueron efectivamente presentadas a la opinión pública como los laboriosos resultados de la iniciativa combativa de la Primera ministra italiana, que rompió con las políticas «cobardes y derrotistas» de los gobiernos precedentes, designados, con una dimensión política de instrumentalización, como «de izquierda».

Las «relaciones peligrosas» de Giorgia Meloni

En resumen, Giorgia Meloni ha dejado de lado la crítica a la UE por lo que hace, mientras mantiene la crítica a lo que la UE sería, es decir, un coloso «tecnocrático y burocrático» que entorpece el proyecto de una mítica «Europa de las naciones», en otras palabras, un proyecto mitológico que, al menos en esta campaña de las elecciones europeas de junio, es útil para mantener una imagen «soberanista» capaz de tranquilizar a una parte de su base y contener la «competencia por la derecha» de Matteo Salvini y su Lega.

La Lega, por su parte, si bien registra la disidencia de una fracción del partido [en otoño de 2023, el ex ministro de Justicia Roberto Castelli lanzó el Partito Popolare del Nord], optó por presentar en las listas europeas al general Roberto Vannacci, un hombre que se ha hecho tristemente célebre en los últimos meses por sus reiteradas declaraciones misóginas, racistas, homófobas y explícitamente nostálgicas del fascismo. [Roberto Vannacci publicó un libro en marzo de 2024, titulado Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore (Ed. Piemme), de tipo autobiográfico.]

Sin embargo, paradójicamente, la posición contradictoria del Fratelli d’Italia sobre la Unión Europea también sirve para obligar a la oposición a preocuparse y negarse a sí misma criticando compromisos que no difieren de los que probablemente habría aceptado si hubiera estado en el poder.

Por supuesto, las incoherencias para Giorgia Meloni no terminan aquí: ha conseguido forjar una relación personal con varios dirigentes europeos y occidentales, desde Ursula von der Leyen a Joe Biden. Sin embargo, mantiene estrechas relaciones con el húngaro Viktor Orbán -que anunció que sus eurodiputados se unirían al grupo de Conservadores y Reformistas-ECR al que pertenece el FdI- y con Donald Trump. Como cada año, una delegación del partido de Giorgia Meloni asistió hace poco más de un mes, junto a Trump, Javier Milei y muchos otros ultrarreaccionarios, a la CPAC-Conservative Political Action Conference de Washington, la reunión de la derecha internacional organizada por los republicanos estadounidenses. (Véase «Extrema derecha – Una conferencia mundial reúne a Trump, Bukele y MIlei en Estados Unidos«)

Y, más allá incluso de Orban y Trump (este último podría ocupar el lugar de Biden dentro de ocho meses) y de la «competencia» de Salvini, está también el crecimiento del partido de Marine Le Pen, que podría convertirse en una tensión -aunque, a pesar de las relaciones con Salvini, Jordan Bardella (primer candidato de la extrema derecha francesa en la lista para las elecciones europeas) se ha interesado recientemente por la experiencia de Meloni- con respecto a la política europea de Giorgia Meloni, que zigzaguea entre el «realismo» y la retórica soberanista. Una tensión que podría emerger dentro de tres años, durante las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Las reglas estrictas del nuevo pacto europeo

Y no se trata sólo de relaciones «peligrosas» y contradictorias. El «realismo proeuropeo» de Giorgia Meloni no tardará en ser puesto a prueba por las estrictas normas del nuevo Pacto de estabilidad.

Como ya lo mencionamos, el Parlamento Europeo, poniendo fin a la «tregua pandémica», aprobó recientemente las nuevas normas presupuestarias para los Estados miembros, sobre la base de lo acordado a finales del año pasado entre los ministros de Economía de los distintos gobiernos. Con algunas excepciones, ninguno de los diputados italianos de todos los grupos políticos votó a favor, ni siquiera los representantes de las fuerzas de derecha que, junto con el ministro Giancarlo Giorgetti (Lega – ya ministro de febrero de 2021 a octubre de 2022 en el gobierno de Mario Draghi), habían participado en la redacción del texto. Todos los grupos italianos del Parlamento europeo se abstuvieron, a excepción del Movimiento 5 estrellas, que votó en contra.

El objetivo electoral de esta opción transversal de «desolidarización» es evidente: mantener las manos libres para hacer «nuevas» promesas sobre el gasto público y poder decir durante la campaña electoral que la Europa de los «burócratas» es la responsable de los futuros fuertes recortes presupuestarios impuestos por las nuevas normas.

En efecto, tras las elecciones de junio, el gobierno se enfrentará a la «cuadratura del círculo»: ¿cómo conciliar nuevas bajas demagógicas de impuestos (sobre todo para los sectores sociales electoralmente útiles a la derecha) con la reducción drástica de un déficit presupuestario que alcanza el 7,4% del PIB, es decir, 92.000 millones de euros más que el 3% que el Pacto exige alcanzar en un plazo máximo de cuatro años? Sobre todo, si tenemos en cuenta los intereses que el país tiene que pagar cada año por el servicio de su colosal deuda pública: 2.800.000 millones de euros, es decir, el 140% del PIB, o más de 1.500.000 millones respecto al 60% del PIB que exige el Pacto. En estas condiciones, incluso si fuera posible volver a situar el saldo presupuestario primario del país en terreno positivo (lo que no ha ocurrido desde mucho antes del estallido de la pandemia), la carga de los intereses de la deuda llevaría las cuentas inexorablemente de nuevo a números rojos.

Es cierto que estas cifras dramáticas -como Giorgia Meloni no se cansa de repetir- no son sólo el resultado de las políticas de su gobierno; son la consecuencia de décadas de políticas gubernamentales. Pero la solución de este problema es ahora asunto suyo. Por el momento, a medida que se acerca la fecha de la prueba electoral, el gobierno ha optado por no revelar sus intenciones, presentando machaconamente un «documento económico y financiero» (DEF) compuesto únicamente de datos tendenciales, que están, además edulcorados, sin ninguna perspectiva de solución.

Así pues, el gobierno de Meloni tendrá que encontrar (ya sea recortando el gasto, aumentando los ingresos o impulsando el crecimiento del PIB) al menos entre 15.000 y 18.000 millones al año para acercarse a los objetivos del Pacto, sabiendo perfectamente que el mantenimiento de los recortes fiscales adoptados el pasado otoño para dar un mínimo respiro a los asalariados y la necesidad de hacer frente al desastroso estado del sistema sanitario público exigirían, por sí solos, un fuerte aumento del gasto.

El riesgo de que se repita el escenario ya observado en 2011, cuando la Unión Europea obligó al entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano, a dimitir del Gobierno de Berlusconi e instaurar el Gobierno «técnico» de Mario Monti [noviembre de 2011-abril de 2013], es muy probable.

Por consiguiente, en términos de política económica y social, pronto podrían surgir ciertos problemas que obliguen a la Primera ministra a enfrentarse a las contradicciones de su política, que hasta ahora ha navegado entre el realismo oportunista y la retórica demagógica.

La necesidad de gestionar una posible caída del consenso

El riesgo creado por la necesidad de hacer una elección explícita en la dirección de una «austeridad» social y económica abierta, y con sus posibles consecuencias en la pérdida de consenso, es precisamente lo que está empujando al gobierno de Meloni a acelerar su deriva autoritaria para mantener y eventualmente consolidar su control sobre el país. Por consiguiente, Fratelli d’Italia opera en varios ámbitos.

Con una ley finalmente aprobada hace unos días, las asociaciones antiaborto, es decir, las organizaciones que trabajan para presionar moral y psicológicamente a las mujeres para que no aborten, organizaciones conocidas por su material destinado a culpabilizar con dureza a las mujeres que tienen la intención de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, se introducirán también en las consultas, es decir, en las instituciones encargadas de asistir a las mujeres embarazadas, aunque decidan no continuar con su embarazo.

Esta nueva disposición, combinada con el abrumador porcentaje de médicos y trabajadores sanitarios que se amparan en la «objeción de conciencia» (que en algunas regiones supera el 80%) y la imposibilidad de acceder al aborto farmacológico (mediante la utilización de la píldora RU486) -excepto en tres regiones de un total de veinte- constituye, según todos los grupos feministas, una nueva y grave transgresión de un derecho reconocido por la ley 194 desde 1978. Esta transgresión desmiente el compromiso de no modificar dicha ley que Giorgia Meloni asumió explícitamente en octubre de 2022, cuando llegó al gobierno.

Pero la nueva medida antiaborto tiene también otro objetivo, y no es casualidad que se haya adoptado en el marco de una ley destinada a gestionar los fondos europeos. También pretende financiar a las asociaciones «provida» que siempre han formado parte de la extrema derecha, consolidando de esta manera una importante clientela política y electoral.

Luego está toda la cuestión de la política de información y medios de comunicación, especialmente importante para controlar a una opinión pública desorientada y desilusionada. Incluso con los resultados de las últimas elecciones regionales -la participación superó el 60% en ninguna parte-, la opinión pública confirma su tendencia a la abstención y por eso la voluntad de controlar los medios de comunicación es tan importante.

La situación de los medios de comunicación en Italia ha estado en el centro de la confrontación política durante décadas, desde que el primer gobierno de Berlusconi demostró el impacto de su monopolio sobre la televisión privada combinado con su control sobre la televisión pública. Durante sus 18 meses en el gobierno, Giorgia Meloni se esforzó por ocupar el mayor número posible de puestos de poder en la RAI, es decir, la radiotelevisión pública, que es también la mayor industria cultural del país.

Para ello, no tuvo necesidad de aprobar ninguna ley nueva, ya que aprovecha plenamente las normas introducidas hace unos ocho años por el «centro-izquierda» de Matteo Renzi [febrero de 2014-diciembre de 2016], que ya subordinaba totalmente la RAI al gobierno. La política de la derecha ha provocado que muchas personalidades de los medios de comunicación abandonen la empresa estatal por otras cadenas, como la 7 y el canal estadounidense Discovery (Warner Bros. Discovery).

En los últimos días, la voluntad de dominar la televisión pública también dio lugar a verdaderos actos de censura en vísperas de las celebraciones del aniversario del 25 de abril -la caída del fascismo en 1945-, como la anulación en la programación de un monólogo sobre ese régimen de Antonio Scurati, escritor multipremiado y autor de una trilogía detallada y bien documentada sobre Mussolini [‘M. El hombre de la providencia’, Ed.Alfaguara]. Al mismo tiempo, el Parlamento modificó las normas que rigen las campañas electorales, duplicando el tiempo de antena disponible para la mayoría en el poder.

La derecha justifica estas acciones por la «necesidad de romper el monopolio de la izquierda» en la cultura, para darles la palabra a «los que siempre han sido condenados al ostracismo y censurados por el servicio público».

El sindicato de periodistas de la radiotelevisión pública criticó duramente esta injerencia, acusando a la dirección de la empresa de convertirla en un «asfixiante sistema de control que perjudica a la RAI, a sus empleados y a todos los ciudadanos». Obviamente, estos acontecimientos han reabierto el debate sobre la naturaleza política del partido Fratelli d’Italia, pero, al menos según los sondeos de opinión, no parecen afectar la orientación del electorado.

La Primera ministra y el antifascismo

Las preguntas formuladas constantemente a Giorgia Meloni sobre su relación con el fascismo y el antifascismo tampoco parecen tener ningún efecto significativo. Se trata claramente de una pregunta retórica, dado que hay que ser antifascista para llamarse antifascista. Giorgia Meloni suele eludir la pregunta, porque sabe que tiene que apoyarse política y electoralmente en una parte significativa del electorado nostálgico de Mussolini y de su régimen. Pero su argumento es más insidioso, y lo ha ilustrado en varias ocasiones, incluso en un mensaje del 25 de abril. Declara su «aversión a todos los regímenes totalitarios y autoritarios, pasados y presentes» y su compromiso «con la defensa de la democracia y con una Italia finalmente capaz de unirse en torno al valor de la libertad». Afirma que el antifascismo fue un «arma de exclusión»: hoy, antifascismo y fascismo no serían más que herencias del pasado.

De este modo, el falso silogismo según el cual el hecho de «ser demócrata» exime de ser «antifascista» ilustra el sustrato ideológico del partido de Giorgia Meloni, fundado sobre una supuesta «democracia antifascista», que sitúa a Fratelli d’Italia en una especie de neutralidad que pretende escapar a la ecuación fascismo-antifascismo, para ocultar lo que inspira su acción, la conquista del poder, con una forma de absolutismo y una vocación autoritaria y autocrática en nombre de la «gobernabilidad».

Giorgia Meloni es muy consciente de que así puede abrirse paso en una opinión pública que ve con malos ojos la retórica antifascista que ha cubierto las políticas antisociales de las últimas décadas.

Sobre la base de esta teoría instrumental, la derecha apoya la necesidad formal y de fondo de liberar a la democracia actual de los compromisos y legados del pasado mediante una reforma de la Constitución de 1948. Una reforma que busca desmantelar los equilibrios institucionales elegidos hace casi 80 años precisamente para evitar la repetición de aventuras trágicas como el fascismo y, al mismo tiempo, confiar el 100% del poder al Primer o Primeros ministros, vaciar de sus funciones tanto al Presidente de la República como al Parlamento y dejar completamente fuera de juego a cualquier oposición con una ley electoral constitucional hipermayoritaria. El resultado es que la extrema derecha, que obviamente quedó excluida del pacto de 1948, se ha convertido en la nueva «fuerza constituyente» de la Italia del siglo XXI.

La reforma para un «primer ministro fuerte», que vulnera la Constitución, requerirá un largo y complejo proceso de aprobación y, muy probablemente, un referéndum popular para confirmarla. Pero el riesgo de transformar estructuralmente el país en una «democracia iliberal» está lejos de ser descartado.

Además, la derecha explota hábilmente la confusión que la «izquierda institucional» introdujo durante décadas en torno a temas como el igualitarismo y, conjuntamente, la existencia de clases sociales, colocando en el centro de sus políticas, con un sentimiento de culpabilidad, la «estabilidad» y la supuesta «gobernabilidad».

Y la política del gobierno de Meloni no se queda ahí. La reforma de la llamada «autonomía regional diferenciada» está a punto de materializarse. En un principio, la Lega la quería para consolidar su dominio electoral en el norte. Sin embargo, esta autonomía recompensa a las regiones económicamente fuertes y penaliza drásticamente a las del sur. Esta reforma, que, salvo imprevistos, se aprobará definitivamente la semana que viene, anula, entre otras cosas, el valor nacional de los contratos colectivos de trabajo (que implican normas idénticas del norte al sur), lo que significa volver al periodo anterior a 1969.

También está el plan de expulsión de inmigrantes a Albania, copiado del plan británico en Ruanda y basado en la complicidad del «socialista» albanés Edi Rama [Primer ministro desde 2013 y perteneciente al Partido Socialista de Albania, ¡heredero del Partido del Trabajo de Albania!] También hay leyes para reformar el sistema judicial, con planes para que los fiscales estén subordinados al gobierno y para prohibir que los periodistas publiquen transcripciones de escuchas telefónicas embarazosas para los políticos corruptos, etc.

La burguesía italiana y europea frente a la derecha

Por supuesto, lo que facilita la tarea del gobierno de Meloni es la experiencia negativa de las políticas neoliberales aplicadas por todos los gobiernos de los últimos años, siempre con el apoyo del centro-izquierda y en particular del PD, una política que destruyó todo vínculo residual entre este partido y las clases populares. Estas últimas votan ahora mayoritariamente a la derecha o se abstienen, y sólo apoyan parcialmente al Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, sobre todo en el sur.

Pero, sobre todo,, hay una actitud cada vez más benevolente por parte de las clases dominantes hacia la extrema derecha. Una extrema derecha que ahora parece serles útil. Después de destruir gran parte del «Estado del bienestar» mediante las políticas neoliberales de los gobiernos de centro-derecha y de centro-izquierda, después de privatizar casi todo y de dejar mucho margen a la especulación financiera, las clases dominantes se fijan ahora otro objetivo: el que ya indicaba en mayo de 2013 JPMorgan en su famoso documento «Europe’s Adjustment Halfway», que afirmaba sin vergüenza alguna:

«Al principio de la crisis, se pensaba que los problemas preexistentes [de los países de la UE] eran principalmente de naturaleza económica: demasiada deuda pública, problemas hipotecarios y bancarios, tipos de cambio reales no convergentes, rigideces estructurales. Pero con el tiempo quedó claro que también había límites políticos. Los sistemas políticos de los países [europeos] del sur y sus constituciones, adoptadas tras la caída del fascismo, presentan una serie de características que parecen inadecuadas para una integración más profunda del espacio europeo… Las constituciones muestran una fuerte influencia de las ideas socialistas, y en ello reflejan la gran fuerza política alcanzada por los partidos de izquierda tras la derrota del fascismo: … ejecutivos débiles frente a los parlamentos; … protecciones constitucionales para los derechos de los trabajadores; técnicas de creación de consenso basadas en el bienestar; y libertad para protestar si se proponen cambios indeseables en el statu quo…»

Por consiguiente, deshacerse de las «constituciones antifascistas», marcadas precisamente por «valores», objetivos sociales y espacios democráticos que ahora se consideran en gran medida anacrónicos y en cualquier caso inadecuados, es una tarea que las clases dominantes no pueden confiar a partidos que, de forma más o menos lineal, están todavía vinculados a esos «valores». Así pues, existe una razón subyacente por la que el ascenso de las fuerzas políticas de la extrema derecha postfascista o neofascista, aunque sea con sus contradicciones, parece ser hoy útil a las clases dominantes.

«Vote a Giorgia», el plebiscito con el que sueña la Primera Ministra

En esta situación compleja pero preocupante, el país se dirige al test electoral europeo. Giorgia Meloni declaró definitivamente que quiere encabezar la lista de «su» partido en las cinco circunscripciones interregionales, optando incluso por presentarse simplemente con su nombre de pila, «Giorgia», omitiendo su apellido, para subrayar su popularidad personal. Espera que la votación sea una especie de plebiscito sobre su nombre y un voto de confianza en su gobierno. La lideresa del PD, Elly Schlein, también será una de las principales candidatas, pero sólo en dos circunscripciones. En las últimas semanas, Elly Schlein ha vuelto a suscitar el descontento de gran parte de «su» partido, que le sigue siendo esencialmente hostil, ya que no comparte su línea política «demasiado izquierdista» y se muestra más abierto a una alianza con el Movimiento 5 Estrellas. Este último espera aprovechar las debilidades del liderazgo de Elly Schlein para intentar disputar al PD la hegemonía de la oposición.

La izquierda del PD no se encuentra en mejor situación. La Alianza entre los Verdes y la Izquierda Italiana (AVS) sigue anclada en una política de colaboración y alianza con el PD, si bien logró presentar una candidata en sus listas, Ilaria Salis, la militante antifascista italiana encarcelada durante 14 meses [fue detenida en febrero de 2023] en prisiones húngaras por manifestar en Budapest contra la procesión neonazi del «Día de Honor» que se organiza cada año en memoria de las víctimas húngaras y alemanas del avance del Ejército rojo soviético en 1944-45.

En cuanto al Partito della Rifondazione comunista (PRC), tras un intenso debate interno, optó por participar en una lista promovida por la periodista Michele Santoro, que adoptó el nombre de «Paz Tierra Dignidad», una lista que se presenta como «pacifista», «ni de derecha ni de izquierda», Pero sobre todo, entre sus candidatos figuran algunas figuras impresentables y explícitamente pro-Putin, como el escritor Nicolai Lilin, conocido por su implicación en iniciativas neofascistas y por haber afirmado en uno de sus libros que: «la aparición de Ucrania como entidad geopolítica es el resultado de una desafortunada elección de Lenin… totalmente atribuible a los bolcheviques judíos… por sus intereses y su visión rusa antiimperial».

Así pues, mientras que la política de la extrema derecha italiana, con todas sus contradicciones, sigue su propio camino, no puede decirse lo mismo de la de la izquierda, en sus diversas variantes.

* Fabrizio Burattini, sindicalista, miembro de Sinistra anticapitalista y responsable del blog Refrattario e controcorrente

–Artículo original publicado en Refrattario e controcorrente, 2-5-2024

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