Alerta feminista, en Montevideo (archivo, diciembre de 2019). Foto: Mariana Greif
Otro año marcado por la violencia femicida: ¿en qué estamos fallando y qué nuevas estrategias se pueden activar para paliar la situación?
Especialistas aseguran que Uruguay declaró la emergencia nacional en 2019 pero siguió abordando la situación como si se viviera en un “estado de normalidad” y coinciden en que no es sólo una cuestión de destinar más recursos.
La Diaria, 30-12-2023
Correspondencia de Prensa, 30-12-2023
Encontraron el cuerpo de una joven de 25 años que estaba desaparecida después de que su pareja la mató en el Cerro de Montevideo. Una mujer de 47 años fue asesinada por su hermano en la ciudad de Melo, Cerro Largo. En Rivera, un hombre hirió de siete puñaladas a su esposa, de 41, que sigue internada en estado grave desde Nochebuena. Todo esto pasó mientras escribía esta nota. Dos femicidios y una tentativa en una semana.
La reacción que muchas tenemos ante la noticia de un nuevo femicidio es, primero, de dolor e indignación, seguida de una fuerte sensación de desamparo, y una pregunta que resuena: ¿por qué nos siguen matando?
Por supuesto que hay razones estructurales que responden a esa pregunta y que tienen que ver con que vivimos en una cultura patriarcal, machista y misógina que naturaliza y habilita la violencia hacia las mujeres. Pero también existen motivos vinculados directamente con cómo el Estado concibe, en general, el fenómeno de la violencia basada en género, qué estrategias despliega para su prevención y atención, y cuánto prioriza –o no– ese combate.
Una violencia que no baja
Pese a tener una normativa ejemplar y una institucionalidad comprometida con la lucha contra la violencia de género, Uruguay sigue siendo uno de los países de la región con las tasas más altas de femicidio. Así lo revela el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en su actualización más reciente (https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio), basada en datos de 2022, donde asegura que Uruguay es el tercer país del continente con la tasa más alta, con 1,6 femicidios por cada 100.000 mujeres, un lugar que comparte con El Salvador y que sólo está precedido por República Dominicana (2,9) y Honduras (6,0).
Los datos oficiales del Ministerio del Interior (MI), a los que accedió la diaria a través de un pedido de acceso a la información pública, muestran que entre 2012 y 2022 –el último año cerrado, fueron asesinadas 273 mujeres por motivos de género en Uruguay. Son, en promedio, 25 femicidios por año durante esta década. De ese total, 79% fueron femicidios íntimos, es decir, cometidos por la pareja o expareja de la mujer.
A esto se suman las tentativas de femicidio, que también son parte del fenómeno de la violencia femicida, y que el MI empezó a sistematizar a partir de 2018. Desde ese año hasta 2022, hubo 99. Un promedio de 20 tentativas por año.
El Estado tiene la responsabilidad de prevenir los femicidios, como parte de su deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 19.580. El Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, espacio interinstitucional que creó esa misma ley, presenta todos los años las iniciativas que implementan los distintos organismos públicos con ese fin.
Pero los datos muestran que, si bien en algunos años hubo más de 25 femicidios y en otros hubo menos, no hay una tendencia a la baja. Lo mismo muestra la gráfica de las denuncias de violencia doméstica sistematizadas por el MI durante la última década: es una línea que apenas aumenta en 2017 (cuando hubo 35.672 denuncias) y permanece prácticamente estable hasta 2022 (con 38.463 denuncias).
Las expertas consultadas por La Diaria aclaran que –precisamente por el carácter estructural de la violencia de género– no existen “fórmulas mágicas” para erradicar los femicidios o disminuirlos de un día para el otro, pero aseguran que se pueden tomar algunas medidas para mitigar la situación.
“Son un tipo de homicidios difíciles de prevenir, en comparación con otros”, deslizó la socióloga Victoria Gambetta, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República), que dedicó su tesis de maestría a estudiar los femicidios íntimos.
“Si tengo una explosión de homicidios que tienen que ver con narcotráfico o bandas criminales que controlan ciertos territorios, por ejemplo, saturo de policías, hago trabajo de inteligencia, y eso disminuye muchísimo la incidencia de esos homicidios”, ilustró. “Pero los homicidios que ocurren de la puerta para adentro, como los femicidios, son difíciles de prevenir y requieren una combinación de apuestas en el corto, el mediano y el largo plazo”, explicó, sobre todo porque “no dependen únicamente de cuestiones situacionales o estacionales”, sino que tienen que ver con “mentalidades súper arraigadas en nuestra cultura, con desigualdades estructurales, y esos cambios son de largo aliento”.
Un primer paso, en todo caso, es identificar dónde están las debilidades para, a partir de ahí, analizar qué y cómo se puede mejorar.
¿En qué se está fallando?
El 30 de diciembre de 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez decretó la emergencia nacional por violencia de género, al firmar una resolución que, entre otras cosas, anunciaba que se diseñaría un Plan Nacional de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género “con acciones permanentes” y se crearía un Comité de Emergencia encargado de implementarlas. Cuatro años después, no hay rastros ni de las acciones ni del comité. Esta es una de las primeras “fallas” que señalan las especialistas: haber declarado una emergencia nacional que no estuvo acompañada por la toma de medidas a la altura de esa urgencia.
“En Uruguay existía una emergencia desde hace mucho tiempo. En diciembre de 2019, el Estado la reconoce, pero la desatiende, la encajona y no hace nada”, señaló la abogada Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora. A su entender, tras haber decretado la emergencia, “el Estado continuó actuando como si Uruguay estuviera en un estado de normalidad en materia de violencia hacia las mujeres, y eso hace que ninguna de las soluciones, servicios, programas o políticas que crea puedan impactar positivamente”, porque “parten de un diagnóstico equivocado”.
La profesional dijo que “las soluciones que tenés que buscar en una emergencia nacional son radicalmente distintas a las que tenés que buscar en un estado de normalidad”. Por ejemplo, “en un estado de normalidad, podés pensar en hacer licitaciones para comprar dispositivos electrónicos [tobilleras]”, pero “en un estado de emergencia, donde hay mujeres que están en riesgo de muerte, lo que necesitás es solucionar cómo las sacás de la casa, dónde duermen hoy, que los gurises se cambien de escuela”.
Morelli aseguró que “la violencia hacia las mujeres continúa siendo a nivel del Estado una cuestión de segunda categoría, que poco interesa, entonces tenés espacios formales que se abren en instituciones estatales y que, si rascás un poco, lo que encontrás es un cascarón, absolutamente vacío de contenido”.
Desde su perspectiva, eso “se traduce en la ausencia de una política de Estado en Uruguay respecto de la violencia hacia las mujeres”. “Si vos tuvieras una política de Estado, no solo no volverías a cero cuando cambian los gobiernos o cambia la gente en los cargos, sino que notarías avances notables a nivel de todas las políticas institucionales, ya sea del gobierno central o de los gobiernos departamentales, y eso no sucede”, apuntó.
Por su parte, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, recordó que pensar las respuestas a los femicidios implica “no separarlos del análisis de la violencia basada en género, porque tenemos que pensar la escalada de violencia que hubo antes de esa situación puntual”.
Para ella, “llegar antes” –de que se consumen los femicidios– requiere seguir trabajando en “el ámbito de la familia, del barrio, del trabajo, de la educación formal, sobre qué esperamos del ser varón, del ser mujer, de cómo relacionarnos, de qué es el amor, de qué es el consentimiento en una relación sexual, de qué tiene que ver con esto de tener o no tener pareja”, para “deconstruir las pautas culturales que sostienen determinadas formas estereotipadas de género, de familia y de relaciones que parecen ser de amor, cuidado y cariño, pero que claramente esconden una forma de dominación”.
La psicóloga y exdirectora de Políticas de Género del MI, July Zabaleta, consideró que “llegamos tarde” porque “no estamos teniendo una política profunda de prevención”. Esto, para empezar, implicaría “que cada vez más personas estén formadas y sepan qué significa la violencia basada en género, en qué cosas de nuestra vida cotidiana impactan y cuáles son las medidas que cada uno de nosotros podemos tomar para esa prevención”.
Otro elemento que podría mejorarse tiene que ver con el acceso a los datos. Gambetta, que está embarcada en una nueva investigación sobre femicidios íntimos en Uruguay junto con la también socióloga Sofía Vanoli, consideró que “la política pública tiene que estar orientada por investigación” pero que, en el caso de los femicidios, esa investigación a veces se dificulta porque es “muy difícil acceder a los datos” y “lo que termina pasando es que cuando conocés a alguien que trabaja en estas instituciones tenés más claro qué incluir en la solicitud”, mientras que, de lo contrario, “tenés que estar preparado para perseverar”. Por eso, sugirió que “debería haber una base de homicidios que cualquier persona la descargue, sin datos identificatorios de nadie, para poder generar más información y aportar a análisis nuevos”.
¿Qué se puede hacer?
Las especialistas plantearon algunas propuestas que podrían ser eficaces para paliar la situación de emergencia. Zabaleta puso sobre la mesa medidas muy concretas, que apuntan a “la respuesta rápida y sostenida para las personas que ya están en una situación de violencia y pudieron pedir ayuda”. Mencionó, como cuestiones básicas, que no haya personas en lista de espera para ingresar al programa de tobilleras electrónicas, que existan soluciones habitacionales para todas las mujeres que estén haciendo su proceso de salida de la situación de violencia, y “que haya más apoyos para la independencia económica de las víctimas que lo necesiten”.
Por su lado, Solari propuso crear un grupo que se reúna cada vez que ocurra un femicidio y “revise cómo fue la trayectoria de la muerte violenta de esa mujer”, como pasa “cuando hay una emergencia climática y se reúne un comité de emergencia”. La directora de la Unidad de Víctimas dijo que, “estadísticamente”, eso “permitiría poder hacer la ruta interinstitucional de cómo llegó ese caso y dónde se dieron las dificultades, para aprender. No sólo para decir quién tuvo la culpa, porque el daño ya está hecho, sino para poder aprender de lo que falló”. Destacó que es una medida que no implica más recursos, sino “sentarnos en una mesa a ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal”.
Solari reconoció que son necesarios más recursos, pero dijo que, “fundamentalmente, hay que revisar lo que ya tenemos, evaluar, pasar raya, saber que hay cosas que venimos haciendo que están muy bien hechas y ver cuáles hay que mejorar”.
En paralelo, propuso pensar en qué medida las instituciones deberían modificar sus modelos de respuesta “para adaptarlos a las características de las situaciones de violencia actual”. “Implica pensar, por ejemplo, que en los últimos femicidios aumentó la intensidad de la violencia y crueldad sobre los cuerpos de las mujeres (descuartizarlos, esconderlos, planificar su enterramiento y colaborar para su búsqueda), o en las características de los ofensores, que no estaban ‘totalmente’ aislados, sino integrados, con pareja, educación, trabajo. Eso hace que las respuestas para deconstruir las relaciones abusivas y visibilizar la violencia y necesidad de ayuda deban ‘colarse’ por donde transitan las personas, no sólo en un servicio. Por ejemplo, los lugares de trabajo (sindicatos y empresas), o de recreación y servicios (almacenes, supermercados, peluquerías, clubes deportivos)”, detalló.
Por otra parte, aseguró que “sigue habiendo un desafío gigante de cómo se está trabajando con los varones” y consideró que “hay que seguir insistiendo en que sea una prioridad, con servicio, con una oferta accesible, cercana” y, en particular, que no llegue cuando ya sea tarde.
La triple e: expertise, evaluación y especialización
Solari hizo hincapié en la importancia de tomar decisiones basadas en la evidencia. En ese sentido, recordó que, “durante los últimos años, se han hecho investigaciones a partir de casos, hay encuestas de prevalencia, hay datos que nos muestran cómo se comportan estos fenómenos, cómo son las características, qué consecuencias dejan”. “Cuando fue la epidemia de covid, como sociedad estuvimos de acuerdo en generar un grupo de expertos que nos dieran recomendaciones basadas en evidencia. Lo que pasa con el comportamiento humano y con las situaciones de violencia también requiere echar mano a la expertise”, enfatizó.
Gambetta también valoró que “estaría bueno que haya una evaluación de la política pública orientada a prevenir y erradicar la violencia de género, donde podamos ver cuáles son los lugares críticos, dónde están las buenas prácticas”, que esté “anclada en evidencia empírica”. En concreto, dijo que, “así como hay un diagnóstico de homicidios, se podría pensar en un diagnóstico que tenga que ver con la prevención, la atención y el combate de los femicidios o de la violencia de género hacia las mujeres”.
La socióloga dijo que se podría mirar a países “del norte global” que utilizan escalas para evaluar “qué tanto riesgo de sufrir un femicidio tiene una mujer que está en una situación de violencia doméstica”. “Esas escalas se crearon en sociedades diferentes a la nuestra pero, en un panorama donde no tenemos de qué agarrarnos, lo más inteligente es tomarlas y, después, si hay más recursos o más interés, empezar a investigar para ver si efectivamente tiene sentido toda esa batería de factores de riesgo o hay alguno nuevo en Uruguay que no estamos considerando porque nuestra cultura es diferente”, apuntó.
Hay otras dos cosas “que sumarían un montón y que no son tan difíciles de implementar”. Por un lado, “mejorar la colaboración entre los distintos actores que forman parte de una política, porque las políticas tienen que ser integrales”. Zabaleta fue otra de las que abogó por tener “verdaderas respuestas interinstitucionales a la hora de que la persona pide ayuda, que por supuesto las hay, pero que no son suficientes cuando estamos hablando de una emergencia nacional”.
A modo de ejemplo, Gambetta mencionó que durante la investigación vieron que el hecho de que “mujeres tengan a disposición recursos de cuidado o no los tengan es un factor que juega un rol importante para que no tengan que volver a entablar una relación con la persona que denunciaron porque no tienen quién les cuide a los hijos chicos. Y eso es algo de lo que no se encarga ni la Policía, ni el resto del sistema que interviene después de que las cosas suceden”.
El segundo elemento que aportó la socióloga es reforzar el nivel de especialización de las personas que trabajan en estos temas, que tiene que ir más allá de que “hiciste un curso de género”. Para complementar esto, es además importante “el reconocimiento de saberes de todo tipo”, sumó Vanoli, y dijo que, por ejemplo, es probable que “las personas que más estén dejando su vida y su energía en esto estén en la calle, en el territorio, entonces hay que ir a integrar, preguntar, armar órganos de asesoría, dialogar”.
Hace apenas unas semanas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer presentó nuevas recomendaciones de acciones para que el Estado uruguayo implemente de acá a 2030. En materia de violencia de género, sugirió reforzar las medidas de prevención; adoptar protocolos que tengan en cuenta la perspectiva de género para la investigación de los femicidios; aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros asignados a la aplicación de la Ley 19.580; ampliar los servicios de atención del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; e “intensificar la capacitación obligatoria y continua” del funcionariado que de alguna u otra forma atiende situaciones de violencia de género.
Resta ver si las autoridades responsables toman nota.