De izquierda a derecha, Angelina Martínez, Gerónimo Sena y Antonella Larrosa, integrantes del centro de estudiantes del IAVA. Foto: HÉCTOR PIASTRI
Una rampa imposible
El conflicto entre los estudiantes de Secundaria y las autoridades trajo nuevamente al centro del debate el rol que deben tener los adolescentes en la toma de decisiones en los centros educativos y su capacidad para hacerlo de modo autónomo. Para intentar trascender el ruido mediático, Brecha conversó con los estudiantes movilizados y con investigadores sobre juventudes y movimientos sociales.
Brecha, 19-5-2023
Correspondencia de Prensa, 19-5-2023
Todo empezó hace más de un mes, aunque los reclamos y las diferencias entre estudiantes y autoridades se arrastraban al menos desde el año pasado. Desde hace mucho tiempo los adolescentes reclaman por mejoras en las condiciones edilicias y por la conformación de equipos multidisciplinarios para atender las distintas problemáticas estudiantiles en los liceos. Esta última semana estuvo marcada por manifestaciones y ocupaciones en distintos centros educativos. Desde el viernes pasado el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, el Zorrilla –donde se llevaron adelante ocupaciones que fueron desalojadas mediante operativos policiales que hacen recordar a viejas imágenes de la historia reciente– y el Miranda aparecieron en la escena mediática, luego de que, desde mediados de abril, los focos estuviesen puestos en los estudiantes del IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo), que también formaron parte de las manifestaciones del viernes pasado con una marcha desde 18 de Julio hasta el Consejo Directivo Central (Codicen).
Pero por su circulación en los medios, el conflicto que estuvo en boca de los comentaristas de ocasión fue el que se protagonizó en el IAVA. Allí, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) resolvió que un salón del Gremio Estudiantil del IAVA (GEI) debía reconvertirse en una puerta de ingreso al edificio. En principio, las autoridades aseguraron que se haría un «ingreso accesible» para personas con problemas de movilidad, pero luego salió a la luz que la propuesta de las autoridades era irrealizable –según un informe de arquitectura de Secundaria– y, de cualquier manera, el espacio se convertiría en una nueva salida de emergencia. La gestión no estuvo exenta de problemas y dificultades e incluyó el sumario al director del liceo, que se negó a obligar a los estudiantes a abandonar el salón gremial. La anotación fue por insubordinación, una norma aplicada en la época de la dictadura. Esta actitud fue considerada como un «atropello» en un contexto de imposibilidad de diálogo con las autoridades, por lo que, el 13 de abril, los estudiantes decidieron ocupar el centro educaivo –rápidamente desalojado por la Policía, con la presencia del exdirector de Convivencia Ciudadana Santiago González– y declararse en conflicto.
Este contexto hizo que aumentara la participación estudiantil en el IAVA, principalmente durante los primeros momentos del conflicto y durante la ocupación del liceo, con reuniones plenarias en las que participaron más de 70 estudiantes. Uno de ellos fue el que tomó mayor relevancia pública y mediática: Gerónimo Sena, vocero del GEI, que condensó las reivindicaciones gremiales y fue el foco de críticas y cuestionamientos desde las redes sociales y algunos actores políticos. Incluso recibió un ataque cibernético por el que le hackearon varias de sus cuentas en redes sociales. Él, al igual que sus compañeros, se define como un «independiente» que milita por las injusticias que se ven adentro del liceo. «Salgo del salón de clase y veo el liceo todo roto», apunta. Además de las razones estudiantiles, hay una especie de fuego interno que lo mueve. Las críticas, el hateo –como le llama– en Twitter y los cuestionamientos de quienes quieren «hacerte sentir menos porque sos un pibe de 16 años y creen que por eso no podés tener pensamiento propio ni ser crítico. Creen que te manijea un adulto. Eso me da muchísimas más ganas de militar».
A los ojos de los estudiantes, el conflicto está instalado por las autoridades de la educación, concentradas en la figura de Jenifer Cherro, directora de la DGES, y Robert Silva, presidente del Codicen. Incluso una figura impensada del oficialismo –el senador Sebastián da Silva– dijo que medidas como las tomadas por Cherro «son complejas, complicadas», porque muchos gurises no van a tener clases, «y van a aprovechar esto para hacer un reguero de pólvora».
«Si es por nosotros, preferimos estudiar y no ocupar el liceo en pleno abril», dijo Sena sobre la situación desatada el mes pasado, en la que quedó clara «la falta de voluntad de diálogo de las autoridades». Reconocer a los estudiantes como interlocutor válido es uno de los tantos problemas a los que se enfrentan los adolescentes. A su juicio, se los desvaloriza para la toma de decisiones porque los adultos son vistos como «más cultos» solo por tener más edad. El vínculo planteado desde el gobierno de la educación «es digno del autoritarismo». Si los estudiantes piden una reunión, la tienen, pero si en ese espacio quieren reclamar algo, no tienen chance: ya está decidido lo que se va a hacer.
Antonella Larrosa, militante del GEI, explicó que a las autoridades «no les importa la opinión de los estudiantes» y que el discurso de que el salón gremial es un pasillo no puede sostenerse porque desde 2009 «figura en los planos como un salón», a pesar de que originalmente tuvo otra concepción. Sena complementó que la DGES va a seguir con el plan de «abrir la puerta» que da a la calle Eduardo Acevedo y, aunque «no va a haber rampa porque es inviable», la puerta quedará para emergencias. El salón gremial guarda un peso simbólico importante para la colectividad del IAVA. Por esa puerta que hoy se quiere abrir «fue por donde entraron los milicos» a llevarse a estudiantes, funcionarios y docentes que fueron detenidos, algunos desaparecidos durante la dictadura. «Nosotros dimos otras opciones», reconoce. Una de ellas fue que la salida fuera por el Museo de Historia Natural que linda con el IAVA y no tiene escaleras –propuesta planteada antes por Arquitectura de Secundaria–, pero las autoridades hacen «oídos sordos y nosotros tenemos que visibilizarnos de alguna manera».
De todos modos, el eje del reclamo estudiantil, que trasciende la situación del IAVA, se centra en la necesidad de «participación real» de los estudiantes y la comunidad educativa del liceo en la toma de decisiones. No solo por el salón gremial, que parece ser la punta del iceberg, sino en temas que calan más hondo, como la transformación educativa, «en la que no escucharon ni consultaron lo que precisábamos los estudiantes», señala Larrosa, quien reconoce la necesidad de una reforma, «pero no así». En la vida del IAVA los reclamos pasaron por la reparación del ascensor que brinda accesibilidad a los distintos niveles del edificio –que se está iniciando luego del conflicto– y otras que se extienden a toda Secundaria, como la implementación de tutorías, más horas de intérpretes y de equipos multidisciplinarios. Estas luchas, recuerda Sena, son las que se iniciaron el año pasado y aún continúan en este y otros liceos. «Si las autoridades tienen las soluciones, perfecto. Nos quedamos quietos. Peleamos porque tenemos algo por lo que luchar, si no, no estaríamos en este conflicto. Es lo que queremos hacerles entender a las autoridades.»
La desconfianza adulta
En general, la participación activa de los jóvenes, y principalmente de los adolescentes, es vista con cautela e, incluso, con desconfianza desde el mundo adulto. A pesar de que este tipo de instancias pueden ser vistas como una etapa de la construcción de ciudadanía que los jóvenes comenzarán a ejercer plenamente en unos pocos años, las autoridades tienden a deslegitimar este tipo de acciones colectivas y particularmente las gremiales en los centros educativos. Suele primar una cierta mirada de corte paternalista que tiende a infantilizar y deslegitimar los argumentos de los adolescentes. Desde esta visión, los pensamientos que tienen nunca pueden ser propios, sino que son inoculados por agentes externos, vinculados a partidos políticos y movimientos sindicales o sociales. Un ejemplo de este posicionamiento pudo verse durante las movilizaciones docentes contra la Ley de Urgente Consideración. En ese momento, bajo el pretexto de la «laicidad» y la imposibilidad de llevar a cabo actos «proselitistas» –aunque estrictamente la campaña por la derogación no hacía referencia a la política partidaria–, las autoridades prohibieron el uso de distintivos relacionados con el referéndum. El argumento entonces era que el docente resultaba una figura de referencia que podía sugestionar o condicionar los posicionamientos estudiantiles. Ese criterio parece ser el que prima en cuanto a la visión de los estudiantes como sujetos de derecho.
A pesar de esta lectura promovida por diversos actores políticos y del gobierno, la participación estudiantil en la vida liceal es una parte importante del proceso de convivencia en los centros educativos. Este derecho de los adolescentes fue consagrado en 2006, luego de la derogación del Acta 14, una norma aprobada en dictadura, y es reconocido por la Ley General de Educación, aprobada en 2008, que promueve e institucionaliza la participación estudiantil. «Los jóvenes tienen un conjunto de necesidades, intereses y deseos relativos a su vida en la institución que quieren canalizar y que lo han hecho mediante los mecanismos institucionales previstos», explica Nilia Viscardi, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias Sociales, especializada en violencia, adolescencia y convivencia. Este amparo normativo se enfrenta a una lectura distinta por parte de las autoridades educativas que «recuperan una lectura parcial del lugar que deben ocupar los jóvenes en el sistema educativo».
En este cruce de visiones, la noción del adolescente como sujeto de derecho aparece amparada no solo por la legislación nacional, sino también por la Convención sobre los Derechos del Niño, «que tiene que ver con un avance cultural en el mundo occidental y moderno del siglo XXI». En la actualidad, apunta Viscardi, una autoridad vertical y sin diálogo se encuentra lejana a la sensibilidad cultural y política de la sociedad, por lo que se hace difícil «pensar que los jóvenes vayan a acatar una norma instalada por una autoridad que cuestiona sus derechos y los mandata porque sí». Esta relectura del autoritarismo deviene «del paradigma tutelar, donde los sujetos deben disciplinarse y seguir a la autoridad por la vía del castigo» y se opone al proceso de construcción de ciudadanía que, frente a los conflictos, busca motivar procesos de escucha y argumentación. La participación de los estudiantes en la convivencia no quiere decir que ellos decidan qué hace la institución, porque en parte existen restricciones normativas, «pero forma parte de un proceso en el que los estudiantes aprenden a escuchar y a entender, aunque tal vez sus reclamos no tengan lugar».
Uno de los focos de discrepancia es si existe diálogo o no. Las autoridades entienden que dialogan con el gremio estudiantil, pero esto no es visto de la misma forma por la contraparte. Lo que sucede se parece más a un traspaso de información, a un dar conocimiento de lo resuelto que a un intercambio dialógico. En este sentido, Viscardi tiene la convicción de que «las autoridades no están dialogando, aunque probablemente crean que lo hacen». En el caso del IAVA, hay una regla que se impone, y si los estudiantes quieren formar parte de la institución, no tienen otra opción que aceptarla. El rol de los estudiantes, en este caso, está en «defender su espacio en esta institución, lo que también es una tradición histórica. Es patrimonio. La historia no se hace solo por el respeto de las paredes. Atentar contra la participación de los estudiantes en el IAVA es también atentar contra un patrimonio histórico».
Una concepción vertical
Hay un discurso instalado en la sociedad que brega por la apatía política de los jóvenes y los ubica lejos de los intereses de los grandes temas políticos o de la política partidaria. Sin embargo, una lectura de estos movimientos gremiales de adolescentes da cuenta de un interés por la política del espacio inmediato. «La visión de que a los jóvenes no les interesa la política es un discurso conservador que ha tenido diferentes momentos de la historia del Uruguay y en el que permanentemente la historia nos demuestra que no es cierto», afirma Diego Sempol, historiador e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchos jóvenes participan dentro de los «movimientos estudiantiles, feministas, con cuestiones vinculadas a la sexualidad, la etnia, la raza», aunque estos temas no son vistos como «lo suficientemente maduros» por algunos sectores, ya que se enmarcan «fuera de la política partidaria».
Un punto importante en los conflictos que viven los distintos liceos está puesto en las condiciones de estudio y de contención para los estudiantes. En esta línea, Sempol, que se ha dedicado a estudiar los movimientos sociales, sostiene que «el movimiento estudiantil de Secundaria tiene una agenda de reivindicaciones sobre las condiciones locativas que está centrada en la vida cotidiana de las instituciones». Este tipo de instancias de participación aparece como un agente «democratizador» porque la militancia «es una escuela de ciudadanía clave donde se aprende a organizarse, a construir agendas de trabajo, a escuchar al otro, a negociar y a entender cómo funciona la institución educativa».
Los jóvenes muestran preocupación por lo que sucede en la institución educativa que habitan, explica Sempol, pero muchas veces «la acción colectiva juvenil es criminalizada y hay un discurso histórico que pone en duda la autonomía de acción de los jóvenes». En este contexto, para la formación democrática, la participación de los estudiantes «debe ser tenida en cuenta», afirma, al tiempo que advierte que las lógicas autoritarias que «desconocen la voz de los estudiantes sobre cómo se va a organizar el sistema educativo» son cercanas a la censura y a procesos que no son muy democráticos. Al igual que Viscardi, entiende que hay una visión autoritaria y «vertical» de las autoridades de Secundaria que no aparece dispuesta al diálogo. «La autoridad educativa dice dialogar», pero en realidad lo que hace es «reivindicar un principio tradicional de orden y autoridad».
Sempol explica que siempre existió «la sospecha social de que hay intervención» de actores políticos que «impulsan a los adolescentes como carne de cañón para generar acciones». En línea con lo que sostiene Sempol, cabe recordar que durante la ocupación estudiantil del Codicen en setiembre 2015, que fue desalojada por la Policía en una acción sumamente violenta, uno de los discursos que circulaban y deslegitimaban a los adolescentes era «la manija» de los grupos «radicales». Además de esta aparente dependencia adulta, en términos discursivos existe otra sospecha social, explica, sobre el comportamiento que tienen los adolescentes: «Hay discursos institucionales y mediáticos que tratan de deshabilitarlos y los presentan como grupos radicales y violentos que destruyen la propiedad privada».
En ese marco aparecen los discursos sobre el estado de las paredes del salón del GEI en el que se plasman grafitis, dibujos y otras formas de intervención que conforman vías de expresión de los estudiantes de distintas generaciones que han pasado por el liceo. Para Sempol, quienes sostienen que se ejerce una destrucción de la propiedad privada «no entienden la dinámica de instituciones educativas y tampoco entienden mucho en profundidad el perfil de un adolescente», por lo que la idea de que «el salón gremial estaba destruido ignora las formas de apropiación de los muros» y otros espacios.