Niños yanomamis desnutridos en el Hospital da Criança Santo Antônio, en Boa Vista, estado de Roraima, el 27 de enero. Foto: AFP, MICHAEL DANTAS
Retomar el exterminio
Afincado sobre tierras ricas en recursos minerales, el pueblo yanomami sufre un acoso histórico, inaugurado en su etapa actual por la dictadura militar y continuado con celo por el bolsonarismo. El modelo de «desarrollo» amazónico de los militares parió incluso la estrategia discursiva que hoy Bolsonaro usa para desestimar el genocidio.
Marcelo Aguilar, desde San Pablo
Brecha, 10-2-2023
Correspondencia de Prensa, 11-2-2023
Afincado sobre tierras ricas en recursos minerales, el pueblo yanomami sufre un acoso histórico, inaugurado en su etapa actual por la dictadura militar y continuado con celo por el bolsonarismo. El modelo de «desarrollo» amazónico de los militares parió incluso la estrategia discursiva que hoy Bolsonaro usa para desestimar el genocidio.
«El niño yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebe recién nacido. Tres años y 3,6 quilos», así comienza el reportaje «No conseguimos ni contar los cuerpos», publicado por Sumaúma el 20 de enero, un testimonio que impactó a Brasil y reveló al mundo la magnitud del horror vivido por el pueblo yanomami. Según datos citados en el texto y obtenidos del personal de salud de la zona, entre 2019 y 2022 murieron 570 niños por causas evitables, o sea, por falta de atención médica. La narración sigue: «Ese número traduce lo que muestra una serie de fotografías recibidas por Sumaúma: cuerpos de niños y ancianos con pieles que apenas cubren los huesos, tan fragilizados que apenas parecen poder mantenerse en pie. Costillas que parecen perforar los cuerpos minúsculos contrastan con barrigas enormes, pobladas por lombrices». El impacto de las fotos publicadas fue tal que al día siguiente el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó la tierra indígena yanomami, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela. Lo hizo acompañado de la ministra del flamante Ministerio de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, la nueva presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), Joênia Wapichana, y otros cuatro ministros de Estado.
En conversación con Brecha, Talita Bedinelli, una de las autoras del reportaje, analiza los motivos que llevaron a una reacción tan fuerte: «Es la primera vez que tenemos imágenes tan dramáticas. Pero además el ciclo de la noticia se expandió al haber una reacción política importante. Lo diferente ahora fue que el gobierno actuó, dándole al hecho la gravedad que tiene. Esto llevó la noticia más allá de los nichos que se preocupan por las cuestiones indígenas». Tras la visita gubernamental, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria y se inició un proceso inmediato de rescate de los casos más graves.
Desnutrición, malaria, neumonía, deshidratación, explotación sexual de mujeres y niños. El panorama es desolador. ¿Cómo llega a esta situación un pueblo que vive hace tantos años en la selva amazónica? No hay una única respuesta, pero no hay respuesta posible sin considerar un factor: la invasión garimpeira.
Invasión criminal
«Se escucha mucho eso de por qué ellos no están cazando y plantando para paliar el hambre si allá hay tierra de sobra. La gente tiene que entender que en esa región fue colocado un actor externo que destruyó el modo de vida de esas personas, que destruyó una cultura entera y que contaminó sus ríos», dice Bedinelli. Se refiere a la invasión de la minería ilegal en la tierra yanomami, factor determinante para entender las calamidades a las que este pueblo ha sido sometido. El mayor líder político y espiritual de la etnia, Davi Kopenawa, dijo a Folha de São Paulo el 27 de enero: «Los yanomamis nunca habían muerto de hambre. Tengo 66 años y cuando era pequeño nadie se moría de hambre. Pero ahora el garimpo está matando a mi pueblo».
La tierra indígena yanomami abarca 9,6 millones de hectáreas (un área equivalente al estado de Santa Catarina o a medio Uruguay), donde viven más de 28 mil indígenas, distribuidos en 371 comunidades. De acuerdo al jefe del departamento de recursos minerales del Servicio Geológico de Brasil, entrevistado por Folha, el subsuelo de la zona está formado «por tierras antiguas, de un tipo en el que acostumbra encontrarse oro, cobre, zinc, níquel, platino y otros metales importantes usados en la industria electrónica y de transición energética». Con la reciente valorización del oro en el mundo, explica el matutino brasileño, la apuesta a la minería ilegal puede resultar muy redituable para los inversionistas. Incluso si la búsqueda del mineral fracasa en repetidas ocasiones, un solo hallazgo significativo de oro puede terminar pagando todos los intentos fallidos.
En 2018, año en que Jair Bolsonaro ganó la elección, el área ocupada y deforestada por garimpeiros en la tierra indígena yanomami era de 1.200 hectáreas. En diciembre de 2021, ya se había duplicado: 3.272. En agosto de 2022, los últimos datos disponibles publicados por Sumaúma muestran la destrucción de 4.411 hectáreas. En 2020, en plena pandemia, los líderes yanomami advertían al mundo del avance descontrolado de la explotación minera, que los tenía cercados. Kopenawa dijo ese mismo año en las Naciones Unidas: «La ONU precisa hablar con las autoridades de Brasil para retirar inmediatamente a los garimpeiros que nos cercan en nuestra selva». Y destacó especialmente la situación de los indígenas no contactados: «Tal vez en breve sean exterminados […]. Sin dudas los garimpeiros los van a matar con sus rifles y sus enfermedades».
Nada se hizo en aquel momento. Bedinelli señala la inacción del gobierno de ultraderecha: «En marzo de 2022, una unidad de salud de la zona fue invadida por garimpeiros –que tomaron la pista de aterrizaje– para usarla como depósito de combustible. Expulsaron a los equipos de salud y durante nueve meses el gobierno no hizo nada».
«Una estructura pública ocupada por un grupo armado, funcionarios públicos acosados y retirados de la región, y el gobierno simplemente no hizo nada», afirma la periodista. Datos oficiales obtenidos por Sumaúma a través de la ley brasileña de acceso a la información muestran que desde julio de 2020, los casi 20 mil garimpeiros que han invadido el territorio yanomami han obligado a cerrar en 13 ocasiones los puestos de salud que atienden a los indígenas. En este momento, cinco de esos puestos no funcionan, uno desde hace ya un año y medio.
Combate político
En las últimas semanas, el presidente de la república prometió acabar con esta actividad. Este martes, Lula tuiteó: «No vamos a permitir el garimpo ilegal en tierras indígenas. Estamos en proceso de retirada de garimpeiros ilegales en Roraima. La situación en que se encuentran los yanomami cerca del garimpo es degradante. Precisamos investigar las responsabilidades. Quien permitió eso tiene que ser responsabilizado».
En línea con esa promesa, el gobierno ha iniciado algunas acciones concretas. Según explicó en conferencia de prensa este lunes el ministro de Justicia, Flávio Dino, el plan de remoción se dará en dos etapas. La primera, que ya fue implementada, es la suspensión del tráfico aéreo y fluvial en la región con el objetivo de interrumpir el abastecimiento de los campamentos y que los invasores salgan de forma pacífica. En esta primera etapa, el gobierno reforzó la presencia en Roraima de la Fuerza Nacional (una cooperación conjunta de las diversas policías militares y policías civiles brasileñas, bajo la égida del Ministerio de Justicia) para proteger las unidades de salud y las bases de la FUNAI. Según el ministro, están logrando ese primer objetivo: «El flujo de salida ya alcanza los miles y nuestra previsión es que aumente en los últimos días».
Cuando se inicie la segunda etapa, la de las acciones policiales coercitivas, prevén que 80 por ciento del contingente clandestino esté fuera de la tierra indígena. Esta segunda fase incluye la aprehensión y destrucción de equipamientos –con el fin de evitar que sean reutilizados en el futuro–, una medida de combate al garimpo que Bolsonaro siempre criticó.
Bedinelli, que acompaña estos asuntos de larga data, cree que el enfrentamiento con los mineros ilegales no será nada fácil: «El garimpo no es solamente el tipo que está ahí trabajando casi como esclavo, el garimpo es toda la fuerza social y política que tiene el dinero para poner el avión y llevar las maquinarias y a esas personas hasta ahí. Son operaciones carísimas, y quienes las coordinan y financian son gente muy bien relacionada, con gran capital político». Sin embargo, cree que no hay mejor momento que este para emprender esa batalla: «Cuando el gobierno recién asume, tiene un capital político fuerte que le permite hacer enfrentamientos importantes. Si se demora y se debilita políticamente, no se hace más».
Definir el horror
«En la tragedia yanomami hay un aspecto político determinante que son estos cuatro años de total abandono por el Estado, un abandono que no es casual, sino deliberado. Ha sido una verdadera política de Estado. Parece un intento de exterminio de un grupo entero de seres humanos», dice Bedinelli a Brecha. Una de las discusiones públicas de los últimos días, en medio a la emergencia humanitaria, ha sido cómo definir jurídicamente el horror que se vive en Roraima.
Según la legislación brasileña, comete crimen de genocidio quien «con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo étnico, racial o religioso» haga –entre otras– las siguientes cosas: «a) mate a miembros de este grupo; b) cause lesión grave a la integridad física o mental de sus miembros; c) someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia capaces de ocasionarle la destrucción física total o parcial». Todos estos factores están presentes en el caso yanomami. Para Bedinelli, es la Justicia la que tendrá la última palabra: «Esos crímenes se han llevado adelante y son innegables. La situación es dramática y los niños murieron por falta de atención médica provocada por el garimpo, que expulsó a los equipos de salud de esos territorios. Es al tratar de entender si podemos caracterizarlo como algo que se hizo de forma deliberada para exterminar una población, una cultura, que entramos en la discusión de si hubo o no genocidio. Para mí, los indicios son muy claros de que hubo una tentativa deliberada de exterminio, pero quien tiene que determinar eso son los tribunales».
En Brasil ya existe un antecedente histórico que terminó marcando el uso del término genocidio para referirse al proceso de persecución contra los yanomami. Se trata de la matanza de 12 indígenas a manos de garimpeiros en 1993 y recordada como la masacre de Haximu, por la que cinco personas fueron condenadas por el crimen de genocidio, condena ratificada en 2006 por el Supremo Tribunal Federal. El 30 de enero de este año, un ministro de ese órgano, Luís Roberto Barroso, abrió una investigación para determinar la posible comisión del crimen de genocidio por el gobierno de Bolsonaro.
Hijos de la dictadura
La tierra indígena yanomami fue demarcada en 1992 tras una amplia movilización y presión internacional. Por entonces, ese pueblo sufría una invasión garimpeira comenzada en la década del ochenta y facilitada, en gran medida, por las políticas de «desarrollo» impulsadas en la zona por la dictadura militar. En 1989, un juez determinó la expulsión de los mineros, que se dio con violencia y enfrentamientos, en medio de un pedido de prisión contra el entonces director de la Policía Federal, Romeu Tuma, por connivencia con los garimpeiros. Tuma, represor de la dictadura, había dirigido previamente el tristemente célebre Departamento de Orden Político y Social del régimen militar, donde se secuestraba y torturaba a opositores.
En referencia a aquella primera invasión del garimpo, los militares brasileños han mantenido a lo largo de los años un discurso que Bolsonaro repetiría durante su gobierno: el de la «farsa yanomami». A farsa ianomâmi es justamente el título de un libro escrito por el coronel Carlos Alberto Lima Menna Barreto, comandante de frontera entre 1969 y 1971, y luego secretario de Seguridad de Roraima. Publicado por la Editorial de la Biblioteca del Ejército en 1995 –tres años después de la creación de la reserva yanomami–, el libro reivindicaba el garimpo y clamaba por su regreso a la zona: «Primero que nada es preciso anular la creación de la reserva yanomami. Luego, se debe reglamentar la explotación de oro, diamantes y otros minerales por personas físicas y empresas, de modo de estimular esas actividades».
Esta semana, desde Estados Unidos, Bolsonaro ha dicho que las denuncias sobre la situación actual de los indígenas son otra «farsa de la izquierda» y ha defendido una vez más la explotación minera en tierras indígenas, reafirmando lo que dijo en una visita oficial a un área de garimpo ilegal en Roraima, en octubre de 2021, mientras se consumaban los crímenes contra los indígenas.
El libro del coronel Lima Menna Barreto también denunciaba el peligro de una «internacionalización de la Amazonia», una tesis luego usada por Bolsonaro durante todo su gobierno para combatir la reacción internacional frente al estrepitoso aumento de la destrucción amazónica. Según esta visión, las denuncias sobre la situación ecológica y humanitaria en la Amazonia son un invento de lo que hoy se llama globalismo, una retórica que solo disfraza un interés extranjero por apoderarse de los recursos de la zona. La publicación llegaba a insinuar que los yanomamis ni siquiera existen, sino que fueron inventados como etnia con el solo fin de ser colocados encima de tierras ricas en recursos, y defendía la idea, también repetida por Bolsonaro, de «integrar» a los indígenas a la «civilización».
Para Bedinelli, «Bolsonaro es un continuador de la dictadura, que convive permanentemente con un tipo de pensamiento conservador e ignorante –muy frecuente en círculos de extrema derecha–, que no respeta la diversidad cultural brasileña y que ve a la Amazonia como un gran depósito de recursos financieros». En la misma entrevista a Folha citada anteriormente, Kopenawa decía: «Ellos piensan: “Esta selva es nuestra, vamos a arrancar el oro del suelo, cortar los árboles e instalar aquí a otros blancos que precisen la tierra, criadores de ganado, colonos. Y vamos a acabar con los yanomami”».