Argentina – Atentado contra CFK: la invocación a la “paz social”, una extorsión a los trabajadores. [Jorge Altamira]

El atentado contra Cristina Kirchner (y dos notas previas sobre el «quilombo»)

Sitio de Jorge Altamira, 2-9-2022

Correspondencia de Prensa, 4-9-2022

Los magnicidios o tentativas de magnicidios ejecutados por supuestos “llaneros solitarios” deben ser tomados con pinzas y, todavía más, con enorme desconfianza. Los servicios de seguridad, tanto nacionales como extranjeros, han penetrado todos los poros de la vida ciudadana, en especial cuando, como ocurre en la actualidad, cuentan con herramientas tecnológicas impresionantes. Hasta el aparato de espionaje menos sofisticado puede ´guiar´ a un individuo a cometer un asesinato político. La primera cuestión que plantea el atentado contra la vida de Cristina Kirchner es determinar, precisamente, si fue o no parte de una conspiración política criminal. De un modo general, el llamado “estado profundo” es proclive a encubrir estos hechos y a sus protagonistas; sabe que sus ramificaciones hacia arriba pueden comprometer al Estado en su conjunto. Es lo que estamos viendo en estos días con la indulgencia del poder político y judicial norteamericano frente a Donald Trump, que comandó un golpe de estado en enero de 2021 y en su retiro de la presidencia se apropió de documentos secretos con el propósito de extorsionar eventualmente a sus rivales políticos.

Lo dicho hasta aquí es especialmente oportuno porque la tentativa de asesinato de ayer, jueves, contra Cristina Kirchner, no se produjo en el vacío. Fue precedida, en primer lugar, por un reclamo de condena de 12 años por parte de los fiscales de la causa Vialidad. También por una disputa política abierta entre los gobiernos nacional y porteño, y entre la policía de la Ciudad y la Federal, acerca de la romería que se había desarrollado en torno al domicilio de la Vice. Todo esto, en el marco de un renovado peligro de corrida cambiaria y estallido hiperinflacionario. El episodio criminal tuvo lugar luego de un acuerdo entre ambos gobiernos y ambas policías, más preocupadas por reglamentar la vigilia kirchnerista que por la custodia de la mandataria. El resultado fue que, a la hora de los hechos, la vulnerabilidad de la vicepresidente alcanzara ribetes de tragedia; la cosa incluso empeoró porque CFK siguió con la rutina de firmar dedicatorias por algunos minutos, cuidada por expertos.

El discurso en cadena que pronunció Alberto Fernández, un par de horas después de lo ocurrido, no hizo la menor alusión a estas circunstancias. Fue un discurso encubridor, mientras en los medios de comunicación se ventilaba que la custodia de Cristina Kirchner se había duplicado, y hasta para algunos cuadruplicado, sin que este celo se manifestara en el terreno. Como la Policía de la Ciudad responde al macrismo y la Federal al kirchnerismo, las responsabilidades se encuentran repartidas ´salomónicamente´. Obviarlas es simplemente encubrimiento. Con un enorme tendal de policías, el entorno del domicilio de CFK quedó convertido en “una zona liberada”. Antes de esto, los medios de comunicación del oficialismo denunciaban a los grupos de “escraches” que actuaron frente a la Rosada y el Congreso.

Lo ocurrido el jueves no fue tampoco una suma de hechos inconexos. El kirchnerismo llevó la disputa en torno a la vigilia en la Recoleta a un cuestionamiento de la autonomía constitucional de la Ciudad. Acusó a la Policía de la Ciudad de “política”, o sea, al servicio de la camarilla de Larreta. Ambas cosas, sin embargo, tanto la autonomía de la Ciudad como la instalación de una policía local, fueron pactadas por todos los protagonistas actuales. Luego, buscaron otorgar su propia policía a los intendentes. Menemistas y radicales, frepasistas y duhaldistas, kirchneristas y macristas – todos juntos – pactaron sacar a la capital de la tutela federal. ´Alberto´ y ´Cristina; Zaffaroni y Vilma Ibarra la votaron con ambas manos. La función económica de la autonomía porteña había sido resumida, sin medias palabras, por Domingo Cavallo, cuando señaló el propósito de convertir a la Ciudad en “la Capital financiera y turística” del Mercosur. La autonomía fue la expresión política de los intereses inmobiliarios y financieros que, desde Puerto Madero, pretenden cubrir toda la ribera del Plata y del Riachuelo. Es un plan de desalojo masivo, que sólo ha disminuido de velocidad por la terrible crisis social y habitacional de gran parte de la urbe, sin por eso detener el negocio, que ahora acaba de recibir la bendición ´nacional y popular´ de un blanqueo.

Alberto Fernández, luego de consultar por teléfono a Cristina Kirchner, adjudicó el atentado a ”los discursos de odio”. No hizo referencia a las enormes irregularidades de la custodia; ni a la disputa constitucional desatada entre el gobierno de la Nación, de un lado, y de la Ciudad, del otro; ni al proceso judicial por defraudación del estado; ni a los discursos de CFK para desmantelar el movimiento piquetero. Adjudicó al atentado criminal una “gravedad institucional”, lo que equivale a una tentativa de golpe, y dijo, para reforzar, que “afecta la democracia”. En este caso, Alberto Fernández sabe más de lo que se conoce acerca del atentado; de lo contrario ha recurrido al palabrerío para zafar de la responsabilidad del gobierno en la protección de la Vicepresidenta. Si detrás de lo ocurrido hay golpistas, hay que señalar que un par de horas antes, el kichnerismo había votado con los golpistas, en el Senado, el otorgamiento de un dólar de 200 pesos a la exportación adicional de la industria automotriz, y se apresta a hacerlo para favorecer a los exportadores de soja. Massa, la otra pata del trío, dijo lo mismo: “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre debate de ideas, destruyen las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio”. Pero él mismo ha incorporado al gobierno a un tuitero del odio, que tuvo que disculparse por sus dichos pasados para poder asumir como vice ministro de Economía. Las proclamas de “repudio” y las convocatorias a “la solidaridad”, luego del atentado, no bajan ni un milímetro la crisis política que se ha desatado luego de las Paso de 2021. Es una crisis que no tiene que ver con el odio sino con la bancarrota del Estado propiciada por el capital financiero, y con el hambreamiento de los trabajadores.

Tentativa de golpe fue la corrida contra el peso que llevó a la renuncia de Guzmán, y fue gestada desde el propio kirchnerismo. Un estallido del dólar había colocado al gobierno al borde del colapso. En lugar de denunciar el golpe, el gobierno de los Fernández les ofreció a los golpistas financieros dos cosas: el rescate de los bonos públicos en pesos que se habían desplomado en valor, y un “bono dual”, que se ajusta al mayor valor entre el dólar y la inflación. Alberto Fernández, en esa ocasión no convocó a cadena nacional, ni CFK usó las redes para denunciar el golpismo – nombraron a Massa para que arreglara con los golpistas.

La invocación a “la paz social”, otro plato del discurso, es una extorsión contra los trabajadores. El gobierno pretende usar el atentado para frenar los reclamos, las manifestaciones y las huelgas. Los punteros oficiales asumen que el atentado, la denuncia de un golpe y la defensa de la democracia son una buena platea para lanzar a la líder a la candidatura a la presidencia. El kichnerismo pretende contener con una operación “clamor” las luchas contra el ajuste, la precarización laboral, la recesión que levanta cabeza y la confiscación de los ingresos. Se trata de un ´operativo´ reaccionario – busca apoyo en el FMI contra los trabajadores.

La “paz social” que reclama AF se resentirá considerablemente con el tarifazo de los servicios, el aumento de la nafta y las devaluaciones a medida que diseña el gobierno con el Banco Central. De otro lado, con la crisis financiera se acentuará el conflicto entre los distintos sectores patronales en torno al carácter de la “estabilización” de la economía, por un lado, y el conflicto judicial, por el otro. Hay una lucha a muerte por imputar a CFK y su camarilla la asociación ilícita, como si no alcanzara la defraudación al estado y la cadena de estancias de Lázao Báez. En oposición a los republicanos vacilantes, como el ex K Pichetto o el periodista Carlos Pagni, el profesor ´garantista´ Roberto Gargarella refuerza hoy en Clarín la importancia de la asociación ilícita, o sea la condena a doce años contra CFK. No alude en ningún momento a un vicio fundamental del juicio oral, como lo es la colusión del fiscal Diego Luciani con el juez Giménez Uriburu y, adicionalmente, la que afectaría al juez Gorini. Y, sucesivamente, la que atañe a los jueces de Casación que juegan al paddle con Macri. Argentina asiste a una disolución espectacular de su régimen político en medio de un descomunal impasse financiero – en un mundo capitalista en guerra internacional sin fecha de vencimiento.

El atentado contra Cristina Kirchner no es la causa eficiente de esta crisis, sino el accidente criminal que expone un derrumbe histórico descomunal. Las exhortaciones a contener el ´sobregiro´ alcanzado por esta crisis están condenadas al fracaso.

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La noche de la Lealtad en Recoleta

Vayan a descansar – del trabajo a casa y de casa…

Las epopeyas en Argentina siguen la cotización del peso paralelo. Anoche, con la temperatura en descenso, nadie necesitó mojar los pies en una fuente, por otra parte inexistente. Rodríguez Larreta, el general Ávalos de los tiempos pos modernos, sólo necesito recurrir a la policía de la Ciudad para obtener del oficialismo la orden de desalojar las calles que circundan el domicilio de la Vicepresidenta de la Nación. Es cierto que el kirchnerismo promete llenar plazas hasta el aniversario del 17 de Octubre, pero esto no depende de él sino del podador del gasto social, el dúo Massa-Rubinstein. Cristina Kirchner reivindica un poder que ha dejado en manos de un señalado gestor de los fondos internacionales que quieren cobrar sus créditos y reclaman una devaluación. Antes que la Cámpora organice sus columnas, miles de trabajadores descenderán a las calles para reclamar por sus salarios, por trabajo y por asistencia social. “No es la hora de reclamar por los salarios”, dijo un entrevistado por el móvil de un canal de TV, “es la hora de apoyar a la jefa que defiende los salarios”. Este portavoz excelente de la política oficial, no necesitó recurrir al lenguaje inclusivo para enunciar esta falacia.

En un escenario más fiel a los trabajadores, como el que alberga a las industrias más poderosas de Argentina, se desarrollaba desde varios días antes un accionar verdadero de activistas y obreros, frente al que se protagonizaba en el distrito donde Juan Domingo Perón no pudo ganar una sola elección. Pero esta lucha fue olímpicamente ignorada en la noche de la Lealdad del barrio norte, donde la Vicepresidenta exhortaba a enfundar. Los obreros de Fate estaban luchando contra una patronal que, por esos días, había avanzado, sin eufemismos, en el propósito de proscribir la organización sindical en la fábrica. Con la intrepidez de un 17 de Octubre; de un 29 de Mayo (Cordobazo); de un 2 de Junio (la huelga general contra el rodrigazo, en 1975); de un 30 de Marzo (el combate de 50 mil obreros convocados por la CGT contra la dictadura de Galtieri); y de un 20 de diciembre (la pelea contra los grupos de tareas para llegar a Plaza de Mayo en el Argentinazo); con esa intrepidez bloqueaban las entradas y salidas del obsoleto pulpo de los Madanes, para aumentar la remuneración de las jornadas de fin de semana, defender el convenio colectivo de trabajo y dar la pelea contra los descuentos brutales de salarios por los días de huelga. En medio de un palabrerío vacío acerca de la Constitución y el estado de derecho, esos luchadores salieron a la defensa del derecho de huelga, la única sombra de derecho de una Constitución que pone el derecho del capital por encima del derecho a la vida. Los descamisados del 45 están de vigilia, pero en los portones de los monopolios del Neumático.

El recorrido de la pugna contra el reclamo de condena a Cristina Kirchner, no está trazado por el cronograma de actividad que diseña Máximo Kirchner, al cual la prensa le ha descubierto un sentido discutible del humor. La Lealtad no se cotiza en el mercado local sino en Wall Street y, según parece, en Houston, la capital de las petroleras y mineras norteamericanas. Massa pretende obtener un préstamo internacional que sostenga una estabilidad del peso, mediante una kermesse que subaste los recursos del subsuelo – en plena guerra imperialista por los yacimientos y ductos del petróleo y del gas. Estamos muy lejos de una confrontación Marc Stanley versus Cristina Kirchner, como la que sustentó la Lealtad hace 75 años. La expectativa de la Vice es, por el con-tra-rio, que los ajustes brutales de Massa tengan éxito; que el tarifazo quede indexado a la inflación; que el Presupuesto 2023 sea apoyado por el FMI y votado por los seguidores de Larreta y Bullrich; que Massa obtenga el deseado préstamo internacional, aun sabiendo que sus cláusulas de garantía consisten en una devaluación del 50% del peso. El dilema no es reservas versus devaluación sino financiamiento de una devaluación.

Otra analogía políticamente instructiva tiene que ver con la indumentaria – la de antaño vestía alpargatas. Los militantes y funcionarios que eligieron pasar un sábado a la noche en modo histórico declaran usar una ropa diferente, al menos en su interior. Se reivindican soldados de Perón, o sea que no han aprendido nada. El Oktubre que imaginaron en el 72 – el retorno de Perón al gobierno -, condujo a la mayor derrota de la clase obrera en el siglo pasado – primero la Triple A, la militarización del área del Paraná de San Nicolás a la santafesina San Lorenzo, pasando por Villa Constitución; el “aniquilamiento’ de la subversión, y finalmente el golpe militar. Calzar fajina de nuevo, esta vez inocua, por el gobierno que legitimó la deuda de Macri con el FMI; avanzó en la destrucción de las jubilaciones; declara la guerra al movimiento piquetero; se codea con Larry Fink (BlackRock) y el fondo Pimco; y ha largado un ajuste que supera al de Toto Caputo y Dujovne; es un despropósito. Es convertir la tragedia de muchos luchadores de aquellas épocas, en una farsa que no divierte.

La fiebre de este sábado a la noche ha tenido el efecto de proyectar a CFK a una candidatura a la Presidencia, cuando se había relegado hasta ahora a la gobernación de Buenos Aires, y Máximo K se estaba anotando para disputar en Santa Cruz. Es obvio que es más difícil ‘dar la vida’ por una eventual gobernadora. Pero la lógica de este proyecto conflictúa con la de la designación de Massa como “superministro”, que tiene por meta el mismo sillón. Si Massa acabara como Guzmán y Batakis, sería el fin de las candidaturas del FdT y del mismo Frente de Todos. Este impasse ‘electoral’ ha llevado a la superficie la anulación de las pasos, lo cual requiere una mayoría para que se convierta en ley. El desarrollo del juicio de Vialidad aportará un nuevo caudal a la crisis política, simplemente porque podría traer al conocimiento público mayores novedades acerca del mundo oscuro de los contratos de obras y servicios que han servido a la ‘prosperidad’ de la burguesía argentina y de sus gestores políticos.

No asistimos a ninguna epopeya. La épica de la burguesía nacional ha quedado enterrada en el pasado. Las irregularidades manifiestas que se evidencian en el juicio son asuntos secundarios con relación al conjunto de la situación nacional, donde sus protagonistas están unidos en una política de confiscación de la fuerza de trabajo, de la miseria social y de la entrega de la autonomía política. Una denuncia del fraude judicial debe consistir en el desenmascaramiento político, en primer lugar del estado capitalista y el régimen político, y en segundo lugar del rol reaccionario y antidemocático de acusadores y acusados en la crisis nacional. Debe ser una escuela política que muestre a los trabajadores los intereses de clase de jueces e imputados y el carácter corrupto de sus métodos de gobierno. Debe servir, por medio de esta política antagónica al capital y sus instituciones, para preparar a los trabajadores para la lucha por construir su propio gobierno.

La condena judicial a Cristina Kirchner

La atención política será acaparada, a partir de los primeros días de septiembre, por el desarrollo del juicio oral y público del caso Vialidad. La defensa de Cristina Kirchner y la del resto de los imputados se esmerará en refutar la acusación de los fiscales, que han pedido diversas penas por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. De acuerdo a lo que han ventilado voceros y periodistas del riñón oficialista, presentarán pruebas, testimonios y peritajes que invalidan que la obra pública realizada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, haya violado el sistema licitatorio, incumplido con los pliegos correspondientes o incurrido en sobreprecios. El debate acerca de la asociación ilícita para defraudar al erario público ocupará un lugar fundamental, tanto en cuanto a las pruebas que se exhiban como a la doctrina. Los defensores insistirán en que la equiparación de un gobierno constitucional con una banda para delinquir es un absurdo conceptual.

El debate no quedará circunscripto a la Acusación, por un lado, y a la Defensa, por el otro. El escenario será copado por los medios de comunicación y por las manifestaciones políticas de un lado y del otro, y también por terceros. Tres mandatarios latinoamericanos, de los más significativos, han tomado posición a favor de Cristina Fernández – el mexicano López Obrador, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Luis Arce de Bolivia. El ex gobernador republicano Ted Cruz, una de las principales espadas de Trump, salió en punta a una campaña continental a favor de la condena a la ex Presidenta. Se descuenta que el juicio ocupará un lugar relevante en la campaña presidencial en Brasil, en especial por parte de Bolsonaro, que no perderá ocasión para ligar a Lula con la delincuencia institucional.

Las posiciones están jugadas. El tratamiento que los medios han dado a la entrevista a Alberto Fernández en A Dos Voces es la señal inequívoca que agotarán todos los recursos para obtener la condena pedida por los fiscales. La Nación llevó su editorial condenatorio de Alberto Fernández a la tapa de la edición del viernes 26. El vocerío mediático atribuye al Presidente una analogía entre los fiscales de Vialidad y el fiscal Nisman, que tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia del Memorando de Entendimiento con Irán. La conexión entre la muerte de Nisman y las medidas de seguridad pedidas por la Corte para Luciani y Mola, fue introducida por los entrevistadores. Alberto Fernández advirtió que el asesinato de Nisman no ha sido probado, lo cual es cierto. JxC, con la excepción de los radicales Manes y Morales y del ex kirchnerista Pichetto, han presentado la iniciativa de un juicio político al Presidente, alegando una injerencia en el juicio en trámite, que violaría una norma constitucional. Alberto Fernández, sin embargo, no reclamó los expedientes del juicio ni interviene en su desarrollo, que es lo que prohíbe en forma taxativa la Constitución. Contrariamente a lo que dice el macrismo, si el Presidente omitiera su juicio sobre un pedido de condena de la Vicepresidente, podría ser cuestionado como cómplice de un golpe de estado. La ofensiva contra Alberto Fernández ha ido más lejos, porque se lo vuelve a identificar como un agente de la diplomacia de Rusia y de China. Para redondear el relato, sectores de JxC han reclamado la reapertura de dos juicios, el memorando con Irán y la causa Los Sauces, en los que la Vicepresidenta fue sobreseída. El kirchnerismo, por su lado, anuncia un “quilombo” en caso de condena y reclama la movilización del PJ para hacer frente a lo que llama un intento de destruir al peronismo.

Para el oficialismo, la condena “está escrita”. La intimidad entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, así como la filiación macrista de Gorini, otro de los jueces del tribunal, confirmaría aquella suposición. En la campaña anti-kirchnerista se advierte una intención de que una condena sirva para separar al ‘verdadero’ peronismo del destino de CFK. La Cámpora y sus aliados, del otro lado, prometen “armar”, en caso de un desarrollo desfavorable del juicio, un gran “quilombo”. El desarrollo del juicio no está condicionado, sin embargo, sólo por toda esta confrontación. En forma paralela, Sergio Massa necesita con urgencia obtener nuevo financiamiento internacional para evitar una nueva corrida cambiaria y una corrida bancaria. Ese financiamiento depende, eventualmente, de un compromiso de devaluar el peso, a 200 por dólar.

Massa intenta contemporizar mediante la oferta de tipos diferentes de cambio a cada sector de la economía; el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, aboga por un desdoblamiento cambiario – uno comercial, otro financiero. Dado el impacto que tendrá en la deuda pública y en el agrandamiento del déficit financiero del Tesoro y la inflación, cualquiera de estas variantes llevará a una mega devaluación del peso y a una conmoción social y política. El juicio de Vialidad está sentado sobre un volcán. Los grandes intereses capitalistas en juego no dejarán de incidir en su desenlace y, alternativamente, en una salida arbitrada. Argentina asiste a un delineamiento de fuerzas políticas como pocas veces antes. Tiene lugar un debate excepcional acerca del poder en todos los planos – no sólo ni principalmente desde Comodoro Py, sino por sobre todo en una lucha de clases creciente incentivada por el derrumbe de la economía y la política.

La mayor dificultad que tendrá el tribunal en imponer “la condena escrita” está referida a la acusación de asociación ilícita. La objetan personajes representativos del escenario político oficial como el macrista Pichetto, el periodista Carlos Pagni, el constitucionalista Gil Domínguez y una tanda de círculos jurídicos. Sería un hueso duro de tragar para la Corte cuando el expediente le llegue en la apelación. Se plantea entonces la variante de una condena por defraudación al Estado, y un desistimiento de la asociación ilícita. Sería, al menos en principio, una derrota para ambos lados de la ‘grieta’. Las posibilidades que ofrece el recurso apelatorio podría dilatar una sentencia definitiva, de un tipo u otro, hasta 2026. Lo que muchos denuncian como un reaseguro para la libertad de CFK, sería también un escenario de agitación permanente. El tránsito a las elecciones de agosto/octubre del año que viene se encuentra totalmente trastocado, en especial para las dos pseudo coaliciones mayoritarias.

Este panorama político deja en claro que en Argentina se desarrolla una crisis de poder y una lucha de poder. Que la crisis envuelve al gobierno, al régimen político y al Estado. Que la cuestión estratégica domina el escenario político. El patrón de Fate y de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el conflicto por el pago del 200% por la jornadas de fin de semana, “es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal de destruir la organización del sindicato en las fábricas es condensado como un conflicto de poder. El diario La Nación, que reproduce estas declaraciones, advierte además que la importación de neumáticos, para compensar las pérdidas que ocasiona el conflicto, llevaría el precio a las nubes, debido al mayor costo de la producción extranjera. “Los de arriba” ya no pueden gobernar ni producir como lo venían haciendo, y “los de abajo” tampoco toleran más la precariedad laboral y la miseria social que han venido sufriendo.

* Jorge Altamira, histórico militante trotskista, dirigente del Partido Obrero (Tendencia). .