Trabajo/Salud – “El trabajo y sus peligros se hacen invisibles”. [Annie Thébaud-Mony – Entrevista]

Guy Zurkinden

A l’encontre, 10-9-2021

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 12-9-2021

Gestión neoliberal de la pandemia, desprecio del personal de la salud, invisibilización de los cánceres profesionales… Socióloga en el ámbito de la salud y del trabajo, directora honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica [INSERM] de Francia, e incansable militante, Annie Thébaud-Mony denuncia los peligros generalizados a los que están expuestos los asalariados ¹ y señala las áreas de lucha.

-A la luz de su experiencia en la lucha contra las enfermedades infecciosas, usted critica la gestión de la pandemia de Covid-19 practicada en muchos países, entre ellos Francia. ¿Por qué?

En Argelia, en los años 70, participé en programas sanitarios de lucha contra la tuberculosis, una enfermedad infecciosa que se transmite de forma similar al Covid-19. Ahí aprendí que para detener las cadenas de contaminación y organizar una atención coherente a los enfermos, las estructuras sanitarias deben estar lo más cerca posible de la población y en primer lugar, de la población más vulnerable.

Cuanto más se desarrolle la atención de primera línea para satisfacer las necesidades sanitarias básicas, más pronto se podrá tratar la enfermedad, menos grave será. Además, eso ayuda a identificar y a aislar los clusters y a reducir la tensión en los hospitales.

Algunos países -Nueva Zelanda, Australia, Islandia y determinados países asiáticos- hicieron este esfuerzo para brindar a la población una atención más cercana. Tuvieron muchos menos casos graves y menos muertos.

Por otro lado, muchos gobiernos, sobre todo en Europa, ignoraron por completo esta experiencia.

En Francia, me sorprendió ver que la gestión del Covid-19 no se basaba en los médicos generalistas y en los centros de salud, que son, sin embargo, un eslabón central en la cadena de atención a las personas en situación precaria.

-¿No somos todos iguales ante el virus?

Frente al Covid-19, como frente a todas las enfermedades infecciosas, las desigualdades son flagrantes.

En Seine Saint-Denis [noreste de París, departamento más pobre en el territorio de Francia metropolitana, ndt], la tasa de mortalidad por Covid-19 es la más alta de Francia, sobre todo en los barrios carenciados. Esto está relacionado con varios factores: las malas condiciones de la vivienda; el hecho de que muchos trabajadores, a menudo con empleos precarios, trabajan en sectores “esenciales” y por lo tanto, están muy expuestos al virus y también está vinculado con las peores condiciones de salud de las clases más desfavorecidas. A menudo, las personas de alto riesgo son también las que viven más lejos de los centros de salud capaces de dispensar una atención a tiempo.

Estas desigualdades sociales juegan también un papel en la vacunación: las personas más alejadas de los sistemas informáticos, sin conexión a Internet ni teléfono móvil, y poco informadas, son las que quedan con mayor frecuencia por fuera de los circuitos de vacunación.

Millones de personas que viven en condiciones precarias se ven así doblemente afectadas por el virus. Aunque deberían ser el principal objetivo de la política sanitaria.

-¿La pandemia revela también los límites de nuestros sistemas de salud?

Para enfrentar una pandemia, los derechos de acceso a la asistencia médica deben primar sobre la lógica económica.

Sin embargo, en todos los países europeos, al igual que en Estados Unidos, los gobiernos tratan de gestionar la crisis sanitaria sin cambiar la lógica de reducción del gasto sanitario público, que corresponde a la privatización que se viene llevando a cabo desde hace treinta años.

En Francia, se siguieron cerrando hospitales y suprimiendo camas en medio de la pandemia. En París, la fusión prevista de los hospitales Bichat y Beaujon, por ejemplo, supone la eliminación de 300 camas en Seine Saint-Denis, ¡el departamento más afectado por la pandemia!

Al negarse a cuestionar la mercantilización de la salud, los gobiernos dejan que la epidemia se propague y provoque cada vez más víctimas.

Los efectos de esta política van mucho más allá del Covid-19. En Francia, los diferentes tipos de cáncer son la primera causa de muerte, con 157.000 fallecimientos al año. Sin embargo, durante la primera ola, las autoridades obligaron a los departamentos de oncología a reprogramar los tratamientos por falta de camas y de personal. Como resultado de esta decisión, en 2020, una cuarta parte de los casos de cáncer podrían haber sido diagnosticados desde los primeros síntomas, pero no lo fueron. Esto representa unos 100 000 pacientes de los 400 000 nuevos casos de cáncer que se registran cada año en Francia. Y sabemos que el diagnóstico precoz es un factor decisivo para evitar la muerte por cáncer.

-Sin embargo, los trabajadores de la salud llevan años pidiendo más recursos…

En Francia, la pandemia llegó en un momento de fuerte resistencia del personal sanitario contra el desmantelamiento del sistema de salud pública.

Al principio, las autoridades llenaron de elogios a los profesionales y nos incitaron a que los aplaudiéramos. Pero nunca se interesaron por la actividad real de los mismos ni por sus condiciones de trabajo. Eso sí, les suspendieron las vacaciones y los obligaron a trabajar en condiciones inadmisibles.

Luego de la primera ola, el gobierno de Macron ignoró las demandas del personal. En lugar de mejorar las condiciones de trabajo, en lugar de restablecer una verdadera red de asistencia sanitaria básica gratuita en los pueblos y barrios, eligió la peor política posible: “vigilar y castigar”, supuestamente en nombre de la salud. Los empleados pueden incluso ser despedidos si no tienen el pasaporte sanitario. Es todo lo contrario a una estrategia de salud pública, que debe ser democrática y contemplar todos los aspectos. La salud pública no se hace contra la gente, sino con ella.

-Usted denuncia también la puesta en peligro de ciertas categorías de trabajadores…

Desde el principio de la pandemia, tuvimos una política de “doble estándar”: mientras una parte de la población estaba confinada en nombre de la salud pública, la otra estaba obligada a ir a trabajar en condiciones sanitarias a veces deplorables. Como simple ciudadana, podía ser multada si salía sin mi certificado. En cambio, el empresario que no protegía a sus empleados no incurría en ninguna sanción. ¡Incluso algunos inspectores de trabajo fueron sancionados por querer reforzar las medidas preventivas en los lugares de trabajo!

-¿Cómo se explica la negativa a tomar en cuenta los riesgos laborales?

Todo trabajador debería tener derecho a no estar expuesto a riesgos en el lugar de trabajo. Ahora bien, este derecho es ampliamente violado, no sólo en el caso del Covid-19, sino también mucho más allá.

Esta situación es el resultado de las relaciones de dominación que atraviesan nuestra sociedad. En Francia, desde finales de los años 70, las empresas pueden despedir a su antojo. Esto condujo a un aumento espectacular del desempleo. Y eso fue utilizado como instrumento para ocultar el contenido del trabajo real: las condiciones de trabajo, los riesgos que pueden representar para la salud de los empleados, incluso riesgos vitales; pero todo esto fue ignorado ante el imperativo del empleo, el miedo a que se pierdan puestos de trabajo.

Así, el trabajo vivo se ha vuelto invisible… y también los trabajadores que lo realizan, empezando por los menos calificados: ¡la mayoría de la gente no sabe, por ejemplo, el nombre de la persona que limpia la entrada de su edificio, la escalera o la oficina en la que trabaja!

Esta invisibilización del trabajo ha sido interiorizada por los propios empleados: en muchas empresas, las encuestas revelan un nivel alarmante de exposición a productos tóxicos. Pero si hablamos de este tema con los empleados, dicen que por encima de todo tienen que alimentar a sus familias. En los sindicatos también, el tema de la salud laboral es poco tratado por temor a la “pérdida de puestos de trabajo”.

Es una tendencia que se observa también en la profesión médica: los médicos casi nunca se interesan por el trabajo de los pacientes. Muchas veces, para determinar la causa de una enfermedad, se limitan a hacer preguntas sobre los comportamientos individuales.

De esta manera, la salud y las enfermedades profesionales son completamente invisibilizadas como resultado de una voluntad política.

-¿Cuál es el costo de esta invisibilización?

Estamos realizando dos encuestas a pacientes con cáncer: una en Vaucluse (desde 2017) y otra en Seine-Saint-Denis (desde 2002). Los resultados son escalofriantes. El estudio realizado en Seine-Saint-Denis demostró que el 85% de los más de 1.200 pacientes controlados habían estado muy expuestos a diversas sustancias cancerígenas. La razón: en una serie de oficios expuestos al contacto con estas sustancias, como la construcción, la metalurgia, la reparación de automóviles y el mantenimiento industrial, la limpieza y la gestión de residuos, no existen medidas de protección de la salud dignas de ese nombre. Los empresarios no respetan la normativa referente a la exposición a agentes cancerígenos, pero nunca son sancionados por ese tipo de infracciones.

Y eso no es todo. En nuestras dos encuestas, ninguna de las víctimas de cáncer recurrió al dispositivo de control médico destinado a las personas expuestas a agentes cancerígenos en el trabajo. Sin embargo, si esos seguimientos existieran, podríamos prevenir los riesgos desde su origen. Al no existir, se pierde la memoria de los lugares de trabajo riesgosos.

Las consecuencias de esta negligencia son graves: no sólo los trabajadores siguen enfermándose y/o muriendo como consecuencia de sus condiciones de trabajo, sino que muchas instalaciones industriales abandonadas se transforman en lugares de exposición a sustancias cancerígenas para los habitantes de barrios enteros.

Encontramos una situación similar en el uso de plaguicidas en la agricultura.

-¿Cómo enfrentar esta realidad?

Vivimos una situación muy difícil de precarización del trabajo y del empleo. Sin embargo, es posible hacer evolucionar las cosas, incluso a nivel sindical, y plantear el problema de la salud con los propios trabajadores, a partir de situaciones muy concretas.

Podríamos citar muchos ejemplos. La fábrica Eternit de Albi, en el sur de Francia, produjo fibras de amianto entre 1973 y 1997. Cuando vieron que sus compañeros de trabajo morían de cáncer, los empleados se organizaron y participaron en los sindicatos para sensibilizar a los demás sobre los peligros del amianto y formularon reivindicaciones específicas. Por un lado, exigían que los cánceres provocados por este producto fueran reconocidos como enfermedad profesional. Por otro lado, insistieron en la necesidad de poner fin a la producción de amianto debido a su peligrosidad para la salud. En 2005, los asalariados y la asociación de familiares de víctimas [del amianto] presentaron de manera conjunta una denuncia penal contra la empresa por homicidio involuntario.

En abril de 2019, el incendio de la catedral de Notre-Dame provocó una enorme contaminación por plomo. El gobierno no trató el problema con seriedad, ya que quería reconstruirla rápidamente para preparar los Juegos Olímpicos de 2024. Los trabajadores encargados del mantenimiento y de la limpieza de la obra y sus alrededores no fueron informados del peligro ni tampoco debidamente protegidos. Ante este escándalo sanitario, se formó un colectivo. Desde hace dos años, el mismo agrupa a las asociaciones de protección de la salud, a los sindicatos de docentes, a los funcionarios del municipio parisino, del departamento de transportes y de la jefatura de policía, así como al colectivo de trabajadores de la limpieza del sindicato departamental de París. Gracias a su lucha, fue posible acceder a la información sobre el nivel de plomo en determinados lugares de trabajo, realizar la descontaminación, etc. En el mes de julio, la asociación Henri Pézerat [1928-2009, director de investigación del CNRS, químico, toxicólogo y denunciante] para la defensa de la salud, el trabajo y el medio ambiente, en la que milito, el sindicato CGT y dos familias de vecinos presentaron una denuncia penal por puesta en peligro de la vida de terceras personas. La denuncia establece el vínculo entre la contaminación laboral y la medioambiental.

-¿El mundo del trabajo conserva aún su potencial transformador?

Los verdaderos cambios sociales sólo pueden venir de abajo, de la acción de los trabajadores y trabajadoras militantes, aliados a veces con los científicos decididos también a actuar.

Durante la pandemia, me impresionó, por ejemplo, el modo en que algunos profesores consiguieron reformular y mantener su misión pedagógica con los alumnos. En el sector agrícola, es también impresionante ver las redes que se construyen durante la transición, con diferentes circuitos de distribución y nuevos vínculos entre productores.

Pienso también en los sindicalistas del sector petroquímico que, tras la explosión de la planta de fertilizantes AZF en Toulouse en 2001, denunciaron el papel nocivo para el medio ambiente que desempeñan las multinacionales, cuestiones que ahora salen a la luz con el movimiento por el clima.

Estas luchas y estas experiencias -junto con muchas otras- son el fruto de la toma de conciencia, en los sectores populares, de la necesidad de cambiar una sociedad insostenible. Implican que los propios trabajadores recuperen el control del trabajo y su organización, no sólo como trabajadores sino también como ciudadanos.

El camino es difícil en un momento en que el derecho laboral se ha debilitado mucho. Pero es algo inevitable. (Publicado en el periódico sindical “SSP Services publics”, n° 13, de septiembre de 2021, Lausana, Suiza)

Nota