Según un nuevo informe publicado el 16 de enero por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, fueron China, Israel y Myanmar los principales encarceladores de reporteros, seguidos de Bielorrusia y Rusia.
«Quieren una población que produzca soldados, mujeres que produzcan soldados. El único objetivo de este régimen es producir el mayor número posible de soldados»
La desaparición de los cuatro niños en Guayaquil ha conmocionado al país entero. Este suceso no es casual, ocurre en el contexto de la declaración del conflicto armado interno dictada por el presidente Daniel Noboa hace un año.
“La reforma no solo blinda la sucesión familiar, sino que también otorga a los paramilitares un papel constitucional, lo que confirma el carácter represivo del régimen”, según Dora María Téllez.
Una nueva tragedia se cierne sobre el sistema carcelario. La última había ocurrido en diciembre del año pasado. En Uruguay, los derechos humanos en las cárceles se violan a cada instante.
Safeguard Defenders, con sede en Madrid, publicó una serie de informes que denuncian la presunta existencia de al menos 102 “centros de servicio policiales chinos” en 53 países, incluidos siete de América Latina, informó la BBC.
"En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas y sus familias vivieron varios incidentes de amenaza, intimidación, hostigamiento, vigilancia y agresiones."
Esta decisión del gobierno implica que 500 personas perderán su trabajo y que prácticamente no quedará ninguna instancia en el gobierno central dedicada a políticas de prevención de violencia de género.
El gobierno de Dina Boluarte, en el punto más bajo de su popularidad, se enfrenta a una nueva crisis por las investigaciones judiciales sobre los lujos no declarados de la mandataria. Pero el pacto con la igualmente impopular mayoría parlamentaria que la sostiene no parece aún dar muestras de ruptura.
Desde el gobierno defendieron la idea de una “memoria completa” y la vicepresidenta dijo que los desaparecidos “no fueron 30.000”.
El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas, declara el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. La situación ha empeorado en 2023.
La palabra "genocidio" se utiliza cada vez más para describir lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Este uso sigue siendo incierto desde el punto de vista jurídico, pero ya está teniendo repercusiones políticas.
Pese a los discursos de la presidenta Xiomara Castro sobre el respeto a los derechos de las mujeres, las defensoras de territorios y activistas por los derechos de los pueblos indígenas continúan sufriendo ataques por elementos del Estado y empresas privadas en total impunidad
El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional.
En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
En 2019, el movimiento popular, o Hirak, congregó a millones de manifestantes en las calles todos los viernes para exigir un régimen democrático y, por tanto, el fin del poder de los militares. 4 años después, el movimiento sufre una represión sin precedentes.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
Desde hace casi tres meses, proliferan las manifestaciones a raíz de la muerte en septiembre de Mahsa (Jina) Amini. Observadores y manifestantes piensan que el descontento económico también alimenta la movilización.
Un preso político en huelga de hambre y agua empaña el intento de lavado de imagen de Egipto en la COP27.
Tras el rechazo a la nueva constitución, el recuerdo de la crisis más profunda del país tras el retorno a la democracia tiene dividida a la sociedad trasandina.
Luego de que la policía de la moral matara a una joven de 22 años detenida por «mal uso del hiyab», el país volvió a ser sacudido por protestas masivas contra el régimen de los ayatolás.
Para favorecer a productores de soja, en los últimos meses se expulsó con violencia de sus tierras ancestrales a 725 familias de 12 comunidades indígenas. El sueño de la Tierra sin Mal es cada vez más inalcanzable.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
Los escuadrones antidisturbios violaron los Derechos Humanos de los manifestantes.
Con la llegada de Seyyed Ebrahim Raisi a la presidencia [a principios de agosto de 2021], se produjo un notable aumento de la represión contra militantes sindicales, escritores, abogados, militantes sociales y defensores de los derechos humanos.
La población carcelaria aumenta aceleradamente, en el marco de un impulso que se inició en 2018. En consonancia, los índices del sistema carcelario continúan el declive.
Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.