Estructura represora en Nicaragua liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
ACNUD/ONU, 29-2-2024, Ginebra
Correspondencia de Prensa, 1-3-2024
El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas, declara el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. La situación ha empeorado en 2023.
“El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El informe señala que la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social.
En la actualidad, al estar cada vez más cerca del objetivo de la destrucción total de las voces críticas en Nicaragua, los patrones de violaciones al derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona son actualmente menos prevalentes. Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.
«Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Además, el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», afirmó el experto independiente Jan Simon.
Además, “la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, mencionó la experta Ángela Buitrago.
Las personas que fueron nacionales nicaragüenses son apátridas sin derecho a recursos jurídicos; otras tantas padecen condiciones similares causadas por la apatridia. A su vez, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del Gobierno sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas.
Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero.
El informe también destaca la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado en manos del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, destacando particularmente el control total ejercido sobre el poder judicial. “La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El Gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, afirmó la experta independiente Ariela Peralta.
El Grupo de Expertos señala que la Ley de Amnistía promulgada refuerza aún más la impunidad al proteger del procesamiento las violaciones graves de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura. El Grupo de Expertos enfatiza que tales disposiciones de amnistía son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el derecho internacional de derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Grupo insta al Gobierno a que ponga en libertad de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, ponga fin a las violaciones, los abusos y los delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprenda investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, los abusos y los delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El Grupo insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. Las sanciones son una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla.
Otras recomendaciones incluyen garantizar un acceso justo a los procedimientos de identificación y determinación de estatus para los nicaragüenses privados de su nacionalidad, obligados a salir del país o a quienes se les niega la entrada al territorio de Nicaragua.
El Grupo llama a la Comunidad Internacional a hacer uso de sus conclusiones en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, ya sea en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, o cuando condicione el acceso preferencial de Nicaragua a mercados sobre el cumplimiento de objetivos de política no comercial, entre otras cosas.
“El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el gobierno del presidente Ortega y el vicepresidente Murillo”, dijo Jan-Michael Simon.
Antecedentes: El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Establecido en marzo de 2022, tiene la tarea de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.