Unión Europea – Política migratoria europea: victoria de la extrema derecha. [Orient XXI]

_{Vista parcial del parlamento europeo.}

Política migratoria europea: victoria de la extrema derecha

Chloé Fraisse-Bonnaud* y Tania Racho**

Orient XXI, 10-7-2026

Correspondencia de Prensa, 13-7-2026

Además de representar una victoria política para la extrema derecha, la creación programada de “hubs de retorno” es una nueva fórmula que continúa con décadas de racismo estructural y de deshumanización de los exiliados. En este marco, y lejos de los principios de derechos humanos de los que hace alarde, la Unión Europea ya no oculta su complacencia con regímenes autoritarios, siempre y cuando demuestren ser socios confiables.

El 1º de junio de 2026, los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre el llamado “reglamento del retorno”. El mismo representa sin duda la señal más impactante de una deriva que ya lleva treinta años, y marca una etapa adicional hacia la invisibilización de las personas extranjeras en el territorio europeo. Adoptado el 17 de junio por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, el reglamento autoriza a los Estados miembros a crear “hubs de retorno” o, en otras palabras, centros de privación de la libertad instalados fuera del territorio europeo adonde podrán ser enviadas las personas extranjeras expulsadas de Europa, por una duración que se podría extender hasta dos años. Entre los países mencionados para instalar esos centros figuran Ruanda, Uganda e incluso Uzbekistán.

Los exiliados tratados como mercancías

La tercerización o subcontratación –“outsourcing” en inglés– designa la transferencia total o parcial de una función de una organización hacia un asociado externo. En el mundo de las empresas, se terceriza la producción, la logística, etc. En el mundo de la política migratoria europea, se terceriza la gestión de los seres humanos. La semántica no es insignificante: las personas exiliadas son tratadas no como sujetos de derecho, sino como un flujo a administrar, un problema a deslocalizar, una mercancía a tercerizar.

La idea de desplazar e incluso ocultar a los extranjeros no es ninguna novedad. Desde la década de 1990, a medida que se consolidó el espacio Schengen, que permite la libre circulación de las personas, la Unión Europea recurrió cada vez más a países exteriores para la gestión de los flujos migratorios; primero, de Europa del Este, y luego de África del Norte y África Occidental. La gestión de las políticas migratorias se volvió central para todos los sectores de la diplomacia europea. El comercio, la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria ahora están condicionadas a la buena voluntad de los países terceros para jugar el papel de guardia fronteriza de Europa.

Décadas de tercerización

Los primeros acuerdos se remontan a comienzos de la década de 1990, cuando Rabat y Madrid dispusieron utilizar los enclaves españoles en Marruecos de Ceuta y Melilla, vestigios del colonialismo, como frontera exterior para evitar los cruces. A cambio de 6.000 millones de euros, el acuerdo UE-Turquía de 2016 inauguró la tercerización del control de los refugiados, principalmente sirios.

En 2017, se renovó un acuerdo con Libia para que sus guardacostas interceptaran las embarcaciones en el Mediterráneo central y realizaran los bien llamados “push backs” (conocidos como “devolución en caliente”). En 2023, se firmó con Túnez un memorándum de entendimiento que incluía el desembolso de 105 millones de euros. El mismo verano en que se firmó el documento, fueron expulsadas 1.200 personas hacia las fronteras de Libia y Argelia en condiciones inhumanas como, por ejemplo, privadas de agua bajo el sol ardiente del Sahara. En marzo de 2024, el presidente Abdelfatah el-Sisi de Egipto firmó una “asociación estratégica global” con la UE por 7.400 millones de euros.

En su informe de 2026 titulado “Delegar para controlar: costos y desafíos de la tercerización de la migración”, la ONG CCFD-Terre Solidaire, que sigue de cerca la cuestión de la tercerización, subrayó la alarmante opacidad de esos dispositivos. Circulan fondos, se firman acuerdos entre gobiernos sin intervención democrática de otros poderes, y los mecanismos de control del respeto de los derechos humanos son inexistentes o irrisorios. En ese marco, CCFD-Terre Solidaire denunció a Francia por su falta de transparencia en el marco del acuerdo firmado con Túnez, que se suma al de la Unión Europea y a otros acuerdos firmados por algunos países miembros como Italia.

Los propios actores humanitarios se encuentran cada vez más a disposición de las políticas de seguridad de Europa, mientras que la asociaciones de defensa de los derechos humanos son objeto de una represión cada vez más intensa. La próxima discusión europea versará sobre la modificación de la directiva llamada “facilitación”, lo que probablemente agravará las sanciones para las personas y las asociaciones que intervienen en apoyo de los exiliados.

Una zona fuera del alcance del derecho administrativo

En mayo de 2024, la Unión Europea adoptó el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio de 2026. Lejos de representar una ruptura con las lógicas anteriores, las consolida y las sistematiza, tal como hace el reglamento del “retorno”. Entre las medidas clave del pacto figura la generalización de los procesos en las fronteras, que permiten mantener a las personas en una especie de zona fuera del alcance del derecho administrativo mientras se examina su solicitud de ingreso al territorio. Para muchas personas que solicitan asilo, el proceso, en su integralidad, se hace entonces en la frontera. En caso de rechazo, se implementa un proceso de retorno al país de origen, de proveniencia o a un Estado tercero, sin que la persona haya entrado al territorio. En algunos casos, los menores también pueden permanecer en la frontera durante el proceso.

Si bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo estar orgulloso del Pacto sobre Migración y Asilo, el 19 de junio de 2026 declaró que no deseaba que Francia aplicara la expulsión de personas extranjeras a centros de retorno cerrados –los hubs¬– en territorio de países terceros. Justificó su postura por cuestiones de principios pero sobre todo por motivos funcionales, ya que apuntó contra la posible ineficacia de los centros en los países terceros. Sin embargo, fue por iniciativa de un eurodiputado francés, François-Xavier Bellamy, miembro del partido Los Republicanos, que el “reglamento de regreso” fue adoptado, gracias a la alianza de la derecha con la extrema derecha. La red Migreurop habla de “pena de muerte para el derecho internacional” y de una “aceleración de la Historia: en apenas un año, se impune un texto que cruza nuevas líneas rojas en materia de derechos de los extranjeros”. ¹ Los debates sobre el “reglamento de retorno” formalizaron, por ejemplo, la posibilidad de ir a buscar a las personas a su lugar de alojamiento para expulsarlas o de establecer un registro generalizado de las personas exiliadas a partir de la edad de 6 años.

Los partidarios del texto que crea los “hubs de regreso” basan su argumentación en la ineficacia del sistema actual. Según Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, solo cerca del 27% de los fallos de expulsión serían ejecutados efectivamente en la Unión. Los motivos por los cuales no se efectúa el resto son, sin embargo, múltiples: ausencia de documentos de identidad, negativa de los países de origen para recibir a sus nacionales, o incluso dificultades vinculadas a situaciones personales (personas menores de edad, problemas médicos, etc.). Al margen de estas dificultades, los hubs no podrían resolver otros obstáculos. Al contrario, plantean cuestiones vinculadas sobre todo a asuntos diplomáticos y al respeto de los derechos humanos. ¿Qué tiene Uzbekistán, por ejemplo, que lo haga más capaz que un país europeo de ejecutar una expulsión a Afganistán?

Una lógica estructuralmente racista

Detrás de esta obsesión con la gestión de la migración, la dinámica de fondo de estas políticas es estructuralmente racista, en el sentido de que el sistema produce, valida y reproduce discriminaciones en función de la nacionalidad, el origen o el color de piel.

Las fronteras de la UE no están cerradas para todos. Están cerradas para las personas que huyen las guerras de África y de Medio Oriente, como documentó Amnesty International en octubre de 2025. ² La mayoría de esas personas provienen del sur global y huyen de violaciones a los derechos humanos, de la falta de futuro o de la violencia climática. La tercerización es un dispositivo dirigido específicamente contra algunos cuerpos, algunos orígenes, algunas religiones, algunos colores.

La tercerización de las fronteras hacia países terceros presuntamente “seguros” contribuye además a fortalecer regímenes autoritarios cuyas violaciones graves de los derechos de las personas exiliadas, con frecuencia negras, han sido ampliamente documentadas. En Túnez, Libia y Turquía el dinero europeo financia aparatos represivos que tratan a los exiliados subsaharianos con una violencia particular, explícitamente racista.

Esta aceleración es particularmente alarmante porque ocurre en democracias que se jactan de ser garantes de los derechos fundamentales y de contar con instrumentos jurídicos que pretenden respetar esos derechos. Los acuerdos firmados con Turquía, Libia, Túnez y Egipto incluyen a veces una cláusula de respeto de los derechos humanos. Esa cláusula siempre termina siendo letra muerta. En julio de 2023, pocos días después de la firma del memorándum con Túnez, centenares de exiliados fueron abandonados en el deserto libio. En mayo de 2024, Light House Report demostró en su informe “Desert Dump” que algunos fondos de la Unión Europea estaban dedicados a financiar directamente la compra de vehículos para transportar –es decir, expulsar– en condiciones inhumanas a personas bloqueadas en la ruta migratoria en Marruecos, Túnez y en Mauritania, incluso en el desierto de Sahara. En 2025, según una resolución adoptada en Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional francesa, la UE se declaró explícitamente “cómplice de las violaciones a los derechos humanos en Túnez contra los solicitantes de asilo, los refugiados, los migrantes y las personas negras”.

Mientras se debaten y se sancionan estas políticas, los muertos continúan. Desde 2014, fallecieron más de 30.000 personas intentando cruzar el Mediterráneo. En el cementerio de Zarzis, en Túnez, los voluntarios entierran en el “Jardín de los africanos” los cuerpos de aquellos que no sobrevivieron a las políticas migratorias de la Unión Europea. Durante mucho tiempo, esos cuerpos fueron sepultados en fosas comunes excavadas en el basurero municipal.

Los “hubs de retorno” siguen la lógica iniciada por el Reino Unido, que quería enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda luego de firmar un acuerdo en 2022 que luego suspendido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En otra época, estos hubs eran considerados escandalosos. Ante la controversia y los fallos de la justicia, el gobierno británico dio marcha atrás.

La demostración de que la ventana de Overton, que permite que se impongan las ideas más extremas, no deja de ampliarse es que ahora esa estrategia se impuso en la Unión Europea. También guarda relación con el acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y Uganda para recibir a los solicitantes de asilo que los estadounidenses no quieren en su territorio. En última instancia, se intenta invisibilizar lo que no se quiere ver: los movimientos de población, resultado de las desigualdades mundiales y de los persistentes conflictos internos e internacionales. En definitiva, esta política de tercerización tiene por objetivo forzar los límites del derecho.

*Chloé Fraisse-Bonnaud es jurista autónoma, consultora y formadora en derecho de extranjería, derecho de asilo y cuestiones relacionadas con la migración internacional; además, colabora en proyectos solidarios con personas exiliadas.

**Tania Racho es doctora en Derecho Europeo (París II) y responsable de defensa de los derechos de los migrantes en el CCFD-Terre Solidaire.

Notas