Indígenas mayangnas presentados junto a otras bandas delincuenciales, a finales de 2021. Foto: El 19 Digital
Confidencial, 9-08-2026
Correspondencia de Prensa, 13-8-2026
Guardianes del bosque en prisión: el precio por defender el territorio
Doce mayangnas han sido condenados para permitir la invasión impune de los colonos y la depredación en los territorios indígenas
Un cartel en redes sociales con fotografías de ocho guardabosques de la etnia mayagna es una de las manifestaciones más recientes de una tragedia expresada en diversos y graves abusos —en total impunidad— contra las poblaciones de la Costa Caribe de Nicaragua. En las fotos del cartel están: Tony Bruno Smith, Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Bruno Palacios, Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Arguello Celso Lino e Ignacio Celso Lino.
Los ocho son guardabosques originarios del territorio Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), encarcelados arbitrariamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre 2021 y 2023.
Estas detenciones se suman a la invasión en territorios indígenas, los ataques de colonos armados, las masacres de sus poblaciones, el desplazamiento forzado y los guardabosques condenados por crímenes horrendos. Estos hechos, según expertos y organismos defensores, esconden un proceso de colonización interna y un voraz interés en los recursos naturales de los territorios.
Otros indígenas mayangnas encarcelados por la dictadura, en circunstancias menos conocidas, son: Leonel Palacios Vanegas, Jonas Jeffry Miguel Juwith, Demetrio Miguel Juwith, y Valeriano Antolin Eheets Flores. A ellos los encarcelaron entre 2022 y 2024, según la lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua. De tal manera que existen 12 guardabosques mayangnas encarcelados arbitrariamente y reconocidos como presos políticos.
Además de estar encarcelados de forma arbitraria, ocho de los guardabosques fueron enjuiciados sin garantías procesales y condenados desde 25 años de cárcel a cadena perpetua revisable. De los otros cuatro: dos fueron sentenciados aunque se desconoce la pena específica; y dos permanecen detenidos sin información pública sobre su estatus judicial.
¿Por qué el régimen encarcela a los guardabosques?
El origen de los 12 guardabosques encarcelados por la dictadura no es una simple coincidencia. El territorio Mayangna Sauni As está enclavado en la Reserva de la Biosfera de Bosawas y es uno de los 23 territorios indígenas demarcados y titulados, aproximadamente entre 2005 y 2019, con base en la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los ríos Bocay, Indio y Maíz.
El territorio Mayangna Sauni As posee una gran cantidad de recursos naturales, entre ellos minas de oro que son explotadas artesanalmente por miembros de la comunidad indígena, que son los dueños de la tierra según la Ley 445.
Sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo no ha cumplido con la etapa del saneamiento del territorio establecido en la ley. En esta etapa “se tenía que definir si los colonos (personas no indígenas) que están dentro de los territorios ancestrales, están legales o no… quiénes pueden quedarse en los territorios y quiénes no”, explicó Diego, un especialista en pueblos indígenas consultado por CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato.
La falta de saneamiento genera “inseguridad jurídica” en los territorios indígenas, ataques “sistemáticos” por parte de colonos invasores, “impunidad” para quienes invaden territorios y, más recientemente, persecución contra los indígenas que defienden la tierra, como guardabosques y síndicos.
La invasión de colonos ya ha llegado hasta “la zona núcleo de la reserva de la biosfera de Bosawas”, advierte Diego. “También han llegado las mineras, porque (las autoridades) ya han entregado concesiones ahí”, añade. (Según informa Confidencia, las concesiones mineras en territorios indígenas pertenecen a empresas de capital chino, canadiense, colombiano y nicaragüense. CdP)
El especialista denuncia que el Gobierno protege a las empresas que invaden los territorios indígenas. “A ellos los protegen y a los indígenas los criminalizan, los tratan como si fueran criminales por defender sus propias tierras”, remarca.
Ante la permisividad del régimen frente a la invasión de colonos, Diego señala que existe un “no reconocimiento de facto” sobre la titularidad de las comunidades originarias.
En el papel, la Ley 445 y la Constitución Política —incluso en su reforma “Chamuca”— reconocen la propiedad comunal. Pero en la práctica —reclama el especialista— el régimen “incumple su propia Constitución, la normativa internacional de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT que ratificaron en 2010, y el Acuerdo de Escazú, que es del 2018”.
La masacre en la mina de oro Kiwakumbaih
Entre los recursos codiciados por colonos invasores se encuentra la mina de oro Kiwakumbaih, ubicada en el cerro Pukna, del Territorio Mayangna Sauni As. Este yacimiento era operado de forma artesanal por miembros de la comunidad indígena hasta el 23 de agosto de 2021, a las 3:00 de la tarde, cuando un grupo de aproximadamente 30 hombres atacaron el lugar con armas de fuego, incluidas armas de guerra.
Según testimonios locales, en el ataque fueron asesinadas 11 personas, entre ellos mujeres y menores de edad con señales de abuso sexual. Unos 22 indígenas que escaparon al escuchar los disparos señalaron reiteradamente que la masacre de Kiwakumbaih fue perpetrada por colonos, pero la Policía Nacional responsabilizó a los guardabosques indígenas.
Por ese hecho fueron aprehendidos los hermanos Celso Lino, el 28 de agosto de 2021, y Donald Bruno Arcángel, el 4 de septiembre del mismo año.
Los indígenas fueron detenidos sin orden judicial y trasladados a la delegación del Distrito 3, en Managua, donde permanecieron incomunicados durante semanas. El 8 de septiembre de 2021, la Policía los presentó públicamente como responsables de la masacre de Kiwakumbaih, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
El cuarto guardabosque detenido fue Dionisio Robins Zacarías, arrestado el 3 de diciembre de 2021, también sin orden judicial. Cinco días después, el 8 de diciembre, fue trasladado junto con los hermanos Celso Lino y Donald Bruno Arcángel al centro penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa. El Ministerio Público los acusó por los delitos de amenazas con armas, asesinato agravado y secuestro simple.
La acusación se basó principalmente en testimonios de funcionarios de la Policía y del Poder Judicial. No se presentaron testimonios de testigos oculares a pesar de haber más de veinte sobrevivientes. Los cuatro guardabosques fueron declarados culpables y condenados a prisión perpetua revisable por el delito de asesinato agravado en perjuicio de nueve personas, algunas de ellas familiares de los acusados, y a cuatro años de prisión por el delito de secuestro simple en perjuicio de una mujer y una niña.
El caso de la familia Bruno
Dos años después de la masacre de Kiwakumbaih, cuatro guardabosques miembros de una misma familia fueron detenidos. Durante el operativo, ejecutado en agosto de 2023, fuerzas policiales irrumpieron violentamente en su vivienda, con gases lacrimógenos y armamento de guerra, golpeando y amenazando a mujeres y niños.
Los detenidos fueron: Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios. Todos señalados por haber participado presuntamente en la masacre en la mina Kiwakumbaih.
Los cuatro miembros de la familia Bruno fueron trasladados a Managua y presentados públicamente el 15 de agosto, junto a supuestas agrupaciones criminales. Pero la narrativa oficial tuvo cambios y contradicciones.
Inicialmente, la Policía señaló a Rodrigo y a Tony Bruno, junto a otros supuestos integrantes no identificados de “una agrupación” criminal, por el asesinato de siete personas y la quema de doce viviendas, ocurrida el 26 de diciembre de 2019. Sin embargo, en etapas posteriores, las acusaciones se habrían dirigido hacia los cuatro integrantes de la familia, incluidos Ever y Oliver, ambos estudiantes de secundaria.
Los cuatro miembros de la familia Bruno fueron acusados por los delitos de crimen organizado y amenazas con armas, portación ilegal de armas de fuego, fabricación y uso de artefactos explosivos, coacción y desplazamiento forzado, presuntamente cometidos contra dos agentes de la Policía y en perjuicio del Estado. La acusación no mencionó los asesinatos de Kiwakumbaih.
A estas inconsistencias se sumó la presentación de un certificado, según el cual Rodrigo Bruno tenía autorización legal para portar armas, a pesar de haber sido acusado por su uso ilegal. Los Bruno fueron condenados a 25 años de prisión.
Guardabosques son la primera línea de contención
Los guardabosques voluntarios son miembros de las comunidades indígenas. Cumplen con la función de cuidar sus tierras y sus recursos naturales, frente a las agresiones que vulneran su integridad. Son hombres de entre 18 y 45 años que realizan patrullaje y vigilancia en el territorio, cuidando que personas no indígenas se asienten en las tierras de la comunidad.
Estos voluntarios se adentran a pie en el territorio, a veces por días, para hacer control del área y detectar riesgos. También son defensores de los derechos humanos y ambientales, protegiendo las tierras y los recursos naturales de sus territorios ancestrales. Por eso, explica Diego, para los colonos que toman tierras y las bandas criminales que se insertan en la zona, los guardabosques son “la primera línea de contención”.
Si hay personas no indígenas en los territorios, si están cortando árboles o haciendo cualquier cosa, “los guardabosques se dan cuenta y ahí es donde ocurren las confrontaciones”, comenta Diego.
Los guardabosques solo están “defendiendo sus tierras, sus territorios, su forma de vida, como todo el mundo tiene derecho a proteger su propiedad. Si se te mete un ladrón en la noche a tu casa, vos tenés derecho a defenderte”, ejemplifica el especialista en pueblos indígenas.
El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, recuerda que antes que el régimen se interesara en los recursos del Caribe, “muchos” de estos guardabosques voluntarios “fueron entrenados por la Policía Nacional”. Incluso, “sacaron portación de armas para hacer su labor”. Pero, agrega, “con la crisis política de 2018 se aplicó un decomiso de armas en la parte rural del país”.
La Policía Nacional y el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua también están presentes en la Reserva de la Biosfera de Bosawas desde hace años, pero su incumplimiento en el deber de sancionar a los colonos que invaden territorios indígenas ha propiciado un entorno de impunidad.
La situación ha escalado “por su actuación en la persecución de defensores indígenas que luchan por proteger sus tierras ancestrales”, advirtió el Comité Internacional contra la Tortura, en abril de 2025.
Al encarcelar guardabosques o síndicos locales, el régimen de Ortega y Murillo “criminaliza la labor de la defensa del medioambiente” y envía “un mensaje de miedo y terror a las comunidades”, valora Ruiz. “Quien se atreva a hablar y a defender su propio territorio puede ser encarcelado y declarado, incluso, a cadena perpetua”, remarca.
Colonización interna y asimilación forzada
La detención de líderes indígenas nicaragüenses se enmarca en “una política de colonización interna” impulsada desde el Estado, que favorece “el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y, más recientemente, la expansión de actividades extractivas como la minería, la explotación forestal, el monocultivo de palma africana y la siembra de pastizales para ganado bovino e incluso marihuana”, advirtió en 2025 la Relatoría Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU.
Todas estas actividades son implementadas “sin consulta previa, libre e informada” en las comunidades afectadas, degradan los bosques que son la principal fuente de alimento en los pueblos indígenas y obligan a los miembros de la comunidad a asimilar una cultura diferente.
“No son hechos aislados, es una forma sistemática de someter a los pueblos indígenas”, advierte Diego. “Es una política de Estado de colonización interna y de asimilación forzada. En el sentido de que se deja a los indígenas sin su cultura, por lo que se tienen que volver campesinos o güiriseros”, remarca.
La colonización interna es “una forma de lucrarse de los territorios indígenas y de los cuerpos (de los comunitarios), de manera colectiva y de manera individual”, explica el especialista. Mediante este proceso, “el Estado expande su poder económico, a través del extractivismo, y su acumulación de tierras”. “Para eso necesitan a estos colonos que hacen todo ese trabajo”, subraya.
En este proceso de colonización interna, además, hay “un mensaje de sometimiento y de racismo”, valora Ruiz. “El régimen ha sido racista con la gente de las comunidades indígenas” enfatiza. Hay “una relación utilitaria” que le sirve para mostrar las celebraciones del Palo de Mayo a nivel internacional, pero, remarca, “no está atendiendo los problemas principales de invasión, de colonización, de saqueo de todos sus bienes naturales”.
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