Foto: Kaique Dalapola/Brasil de Fato
Una concentración en São Paulo conmemora los 22 años de la Masacre de la Sé y denuncia las violaciones de los derechos de las personas en situación de calle.
Kaique Dalapola, São Paulo
Brasil de Fato, 19-8-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 20-8-2026
Los manifestantes denunciaron abusos cometidos por la Policía Municipal de Nunes (MBD) y la existencia de edificios desocupados mientras hay personas que duermen en la calle
Cientos de manifestantes se reunieron en la mañana del miércoles (19) en el centro de São Paulo en un acto con motivo del Día Nacional de Lucha de las Personas en Situación de Calle. La movilización conmemoró además los 22 años de la Masacre de la Sé, ocurrida entre el 19 y el 22 de agosto de 2004, y denunció la persistencia de las violaciones de los derechos humanos y la falta de políticas públicas dirigidas a esta población en la capital paulista.
La concentración comenzó alrededor de las 9:00 h frente a la sede de la Prefectura (ayuntamiento) de São Paulo, en el Viaducto del Chá. A las 11:00 h, el grupo emprendió una marcha hasta la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía, donde los líderes y los parlamentarios exigieron respuestas a la administración de Ricardo Nunes (MDB, Movimiento Democrático Brasilero, con 3 ministros en el gobierno de Lula. CdP) sobre la falta de asistencia social y la violencia institucional ejercida por los agentes de seguridad.
João Batista, miembro del Movimiento Nacional de la Población en la Calle, explicó que la reunión anual, además de exigir una vivienda digna, sirve para reclamar justicia por las vidas arrebatadas «cobardemente». «Lamentablemente, el proceso ha quedado archivado y nunca nadie ha sido sancionado por ese delito», recordó.
La masacre de la Sé dejó siete muertos, seis personas con secuelas irreversibles tras sufrir golpes en la cabeza (en un total de 15 heridas. CdP). Las investigaciones de la época concluyeron que agentes de la policía militar y guardias de seguridad privados participaron en los ataques para silenciar a los testigos de las redes de tráfico de drogas en la zona céntrica.
Sin embargo, los acusados fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Solo hubo una persona condenada por un delito no relacionado directamente con la masacre. Según Alderon Costa, cofundador de Rede Rua y uno de los organizadores de la manifestación, «la impunidad hace que la violencia sea constante».
En la Secretaría de Derechos Humanos, la concejala Luna Zarattini (PT) criticó la represión del Ayuntamiento, citando la incautación de pertenencias y documentos de las personas sin hogar. «Queremos vivienda para las personas sin hogar ya», afirmó la parlamentaria, quien destacó la existencia de 133 edificios desocupados en el centro de São Paulo que podrían ser utilizados para vivienda social.
Luna también mencionó el proyecto de ley «La solidaridad no es delito», presentado para combatir los intentos de tipificar como delito la donación de alimentos y ropa en la ciudad. Según la concejala, la ciudad más rica del país debería servir de ejemplo y no permitir el cierre de servicios de asistencia como los Centros de Acogida.
Después de la protesta frente a la sede de la Prefectura, la manifestación se dirigió a la Plaza de la Sé, a la que llegó alrededor de las 11:30 horas. En el punto cero de la ciudad, se celebró una ceremonia interreligiosa con líderes cristianos y de tradiciones de origen africano, además de un turno de palabra abierto para que las personas sin hogar pudieran compartir sus testimonios.
Julia Lima, del Foro de la Ciudad de São Paulo en Defensa de las Personas sin Hogar, recordó los nombres de las víctimas de la masacre de 2004 y denunció el robo del monumento en homenaje a las personas sin hogar que se encontraba en la plaza. El monumento, inaugurado en 2016 con una obra del joven artista Deverson Max das Dores, fue retirado de su emplazamiento en 2021 y el Ayuntamiento aún no lo ha vuelto a instalar.
Entre los testimonios de quienes viven en la calle, Emerson Inácio, de 48 años, contó que lleva viviendo en esta situación desde hace 20 años, poco después de que se produjera la Masacre de la Sé. Destacó que «todo el mundo tiene una historia y una familia», y pidió respeto hacia las personas que viven en la calle y el fin de la opresión contra quienes duermen en las aceras de la ciudad.
Luciano de Souza, de 52 años y sin hogar desde 2024, también planteó el tema de la opresión y criticó la actuación de la Guardia Civil Metropolitana (GCM) en las operaciones de limpieza, conocidas como «rapa». «Ya no tenemos nada; los políticos y los poderosos nunca nos han ayudado dándonos una vivienda, pero, a la hora de quitarnos lo poco que tenemos, apoyan a la policía», afirmó al criticar a la administración municipal por retirarles elementos de trabajo, como los carritos.
El relato de Paulo Henrique, de 34 años, reforzó las denuncias de abuso de autoridad. Lleva ocho años viviendo en la calle y contó que, hace unos tres meses, fue agredido y detenido durante una semana tras ser acusado falsamente por una mujer de robar un móvil. «La GCM les cree a las personas que mienten. Creen cualquier cosa que digan en contra nuestra. Nuestra palabra nunca vale nada».
Además de la falta de vivienda y de seguridad, los manifestantes abordaron las deficiencias en los servicios de salud y la acogida de las personas sin hogar. Ananda Portaro, del Centro de Convivencia «É de Lei», defendió la reducción de daños 1 como una estrategia fundamental para garantizar estos derechos.
La activista afirmó que el consumo de sustancias es, a menudo, una cuestión de supervivencia y que las políticas públicas deben centrarse en la atención y en el recuerdo de luchadores como el activista Cleiton Conceição Ferreira, conocido como Dentinho, quien falleció a finales de junio de este año.
El acto fue organizado por una coalición de movimientos, entre los que se incluyen el Movimiento Nacional de Lucha en Defensa de la Población sin Hogar y el Movimiento Pop Rua de São Paulo. El manifiesto oficial de la manifestación presentó 13 reivindicaciones dirigidas a las autoridades públicas, como la identificación de los culpables de la Masacre de la Sé, la formación de los agentes de limpieza urbana y la puesta en marcha del Plan Calles Visibles, un programa del Gobierno Federal lanzado en diciembre de 2023 en São Paulo.
Los manifestantes exigieron el fin de los internamientos forzosos y el refuerzo de redes como el SUAS (Sistema Único de Asistencia Social) y la RAPS (Red de Atención Psicosocial). El documento, presentado en la Prefectura, también pide vivienda definitiva con carácter prioritario y el cumplimiento de la resolución de la ADPF 976, que prohíbe el desplazamiento forzoso de las personas sin hogar.
Los datos de 2024 del Observatorio Brasileño de Políticas Públicas indican que en Brasil hay más de 300 000 personas viviendo en la calle, de las cuales 81 000 se encuentran en la capital de São Paulo. La Prefectura de São Paulo refuta estas cifras, alegando que la población que se encuentra en esas condiciones en la ciudad es de unas 31 000 personas.
Nota de Correspondencia de Prensa
- Reducción de daños: política de salud pública y derechos humanos cuyo objetivo es reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, pero sin exigir como condición la abstinencia inmediata para poder recibir atención sanitaria. ↩