Presunción de legítima defensa: los argumentos altamente cuestionables de los impulsores de la ley
Ivan du Roy*, Ludovic Simbille
Basta!, 7-7-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 8-7-2026
Los diputados de centro, derecha y extrema derecha aprobaron la ley destinada a establecer una presunción de legítima defensa cuando los policías disparan contra alguien. Los defensores de la ley alegan un supuesto aumento de los actos de violencia grave contra las fuerzas del orden y una «inseguridad jurídica» para éstas.
La propuesta de ley destinada a establecer una «presunción de legítima defensa» para las fuerzas del orden fue aprobada este 7 de julio con el apoyo del Gobierno, del RN (Marine Le Pen), de «Ensemble pour la République» (Gabriel Attal, primer ministro de Macron en 2024, CdP), de «Horizons» (Édouard Philippe, Cdp), los Demócratas (Marc Fesneau), LR (Laurent Wauquiez, Los Republicanos, CdP) y la UDR (Éric Ciotti, Unión de la Derecha por la República, derecha, CdP). El conjunto de los partidos de izquierda votó en contra.
El texto es una iniciativa de los diputados de derecha de «Les Républicains» (LR) y cuenta con el respaldo del Gobierno de Lecornu (actual primer ministro, CdP). Además de retomar una demanda procedente de los sectores más radicales de la extrema derecha, la propuesta se basa en tres argumentos muy cuestionables, e incluso falaces, con el riesgo de otorgar una autorización casi ilimitada a los policías y gendarmes para hacer uso de sus armas, independientemente de las circunstancias y de la realidad de la amenaza a la que se vean enfrentados.
Un supuesto aumento de la violencia contra las fuerzas del orden
«Las fuerzas del orden se enfrentan a agresiones cada vez más frecuentes y graves, perpetradas en ocasiones con armas de guerra», señala el texto, haciendo hincapié en una «evolución preocupante». Por lo tanto, habría que dotar a las fuerzas del orden de más medios para defenderse. Los redactores del texto no aportan ningún ejemplo ni cifra que respalde sus afirmaciones. Y por una buena razón: las cifras no son tan claras. A largo plazo, la violencia de origen delictivo contra la policía nacional disminuyó considerablemente según los datos disponibles: «El número de policías fallecidos en acto de servicio es 2,5 veces menor que hace 40 años», recordaba el periódico Le Monde en 2021, basándose en las escasas estadísticas públicas y en las del «memorial de las víctimas en cumplimiento del deber», gestionado por agentes de policía que registran esas muertes por causa y contexto. Cerca de 90 agentes de policía fallecieron en acto de servicio durante la década de 1980-1990, frente a los 36 fallecidos entre 2010 y 2020.
Este recuento de fallecidos en acto de servicio abarca situaciones muy diversas, que van desde un accidente de tránsito —como es el caso, por ejemplo, de los cuatro agentes fallecidos desde principios de 2026— hasta un homicidio durante un tiroteo o un atentado terrorista. En estos últimos casos, el «memorial de las víctimas en cumplimiento del deber» contabiliza, desde 2017, ocho fallecidos en acto de servicio: dos agentes asesinados durante un incidente por desacato a la autoridad, un agente asesinado a tiros durante una intervención en un punto de tráfico de drogas (en 2021 en Aviñón) y cinco víctimas del terrorismo islamista, cuatro de ellas durante el ataque perpetrado en el interior de la Prefectura de Policía de París, el 3 de octubre de 2019, por un funcionario administrativo radicalizado, Mickaël Harpon. Que nosotros sepamos, no se han hecho públicos datos recientes sobre agentes de policía heridos por armas de fuego.
La causa más frecuente de mortalidad entre los agentes de policía sigue siendo el suicidio: cada año, en promedio, 44 agentes se quitan la vida, lo que ilustra de la peor manera posible la carga que suponen sus condiciones de trabajo o la falta de sentido de sus misiones.
Los datos relativos a los actos de violencia cometidos contra los gendarmes son ligeramente menos imprecisos, pero también carecen de detalles. El informe de la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN), que se publica cada año, recoge así 5.463 agresiones físicas contra gendarmes en 2024, de las cuales 2.428 se cometieron con armas, lo que supone algo menos de la mitad. Entre estas armas se incluyen las armas improvisadas —por ejemplo, un proyectil lanzado en una manifestación o un vehículo dirigido contra los gendarmes—, un arma contundente (por ejemplo, un palo), un arma blanca o un arma de fuego. El informe no da detalles sobre esas situaciones de agresión. Si bien las agresiones con armas disminuyeron ligeramente en términos generales desde 2023, las perpetradas con armas de fuego van en aumento: 63 gendarmes fueron blanco de disparos en 2024, según el director de la Gendarmería Nacional, Hubert Bonneau. Doce militares fallecieron en acto de servicio durante el año 2024: seis debido a problemas de salud, cuatro de forma accidental y dos en misión, uno de ellos cerca de Cannes como consecuencia de un acto de resistencia a la autoridad. Una cifra que cabe destacar, al igual que en el caso de los policías: 26 gendarmes se quitaron la vida en 2024.
Las fuerzas del orden se verían amenazadas por «individuos o grupos fuertemente armados»
Estas agresiones «cada vez más frecuentes y graves» constituirían, según los impulsores de la ley, «nuevas amenazas, perpetradas por individuos o grupos fuertemente armados» y «un auténtico desafío para la seguridad pública». Una vez más, esto requeriría que las fuerzas del orden pudieran responder con mayor eficacia. El problema es que, por lo general, la policía y la gendarmería no disparan contra personas «fuertemente armadas».
De las 182 personas fallecidas por disparos de las fuerzas del orden desde enero de 2017, al menos 56 —es decir, el 30 %— no portaban ningún arma. Entre las personas armadas (con armas blancas o de fuego, y en ocasiones con armas de imitación), unas treinta las utilizaron o intentaron utilizarlas contra las fuerzas del orden, que respondieron al ataque. Por lo tanto, solo el 16 % de las personas abatidas a tiros por la policía o la gendarmería lo fueron en situaciones de respuesta al ataque, en las que puede invocarse la legítima defensa.
En estos casos, la justicia no esperó a que se estableciera una presunción para reconocer la legítima defensa a favor de los funcionarios (véase nuestro artículo). La mayoría de las personas armadas esgrimían un arma blanca (cuchillo, machete o tijeras) antes de ser abatidas. Si bien varias de estas personas representaban una amenaza, los relatos y testimonios, incluidos los de los propios agentes, suelen describir a personas en una situación de gran angustia psíquica o social, y no a narcotraficantes ni a miembros de la delincuencia organizada «fuertemente armados».
Una «incertidumbre jurídica» impediría a los agentes estar en «condiciones de actuar ante el peligro»
Último argumento del proyecto de ley: «la judicialización» de los actos de los agentes de policía y de la Gendarmería, «que en ocasiones es interpretada como un cuestionamiento sistemático de su compromiso en el terreno», prosigue el texto. «Esta situación puede generar una inseguridad jurídica disuasoria y mermar su capacidad de actuar ante situaciones de peligro.» En definitiva, los agentes de policía y de la Gendarmería dudarían a la hora de hacer uso de su arma en caso de una amenaza grave y real, por temor a ser imputados y, posteriormente, a ser juzgados.
Contrariamente a lo que dan por sentado los impulsores de esta propuesta de ley, las condenas de agentes de policía o de la Gendarmería siguen siendo una excepción.
Según los datos de que disponemos, desde enero de 2000, 90 casos de disparos mortales han dado lugar a una resolución judicial: en tres cuartas partes de los casos, éstas consisten en el archivo del caso o en la desestimación de la causa. Se trata, por tanto, de investigaciones que a menudo concluyen sin aclarar las zonas de sombra ni disipar las dudas de los familiares sobre la legitimidad del uso de la fuerza.
En 26 años, quince procedimientos llevaron a un policía o a un gendarme ante un tribunal. Estos quince juicios concluyeron, por un lado, con cuatro absoluciones y, por otro, con once condenas a penas de prisión, de las cuales ocho fueron condicionales y tres efectivas. Por lo tanto, algo más del 10 % del total de estos casos de disparos mortales, cuando llegan a los tribunales, dan lugar a una condena. Según nuestros datos, ningún agente de policía ha sido condenado por responder a un disparo, ya fuera éste procedente de un atracador o de un atacante terrorista.
En los tres casos que dieron lugar a penas de prisión efectiva, el argumento de la legítima defensa esgrimido por los agentes implicados fue claramente refutado. En primer lugar, en el asesinato de Yannick Locatelli, ocurrido en 2018 en Guadalupe, al que dos gendarmes le dispararon siete balas. Según su versión inicial, se disponían a inspeccionar un vehículo parado en una gasolinera que, al arrancar, habría amenazado con embestirlos. Sin embargo, el video desmintió esta versión, al mostrar que el coche daba marcha atrás y, por lo tanto, se alejaba de los gendarmes.
El otro caso tuvo lugar en Nantes ese mismo año y tuvo como protagonista a un agente de la CRS (Compañías Republicanas de Seguridad, ndt) que disparó contra Aboubacar Fofana, el cual se encontraba al volante de un vehículo. Tras alegar inicialmente legítima defensa, el agente de la CRS declaró posteriormente que se trataba de un disparo accidental, mientras que sus compañeros describieron el hecho como un disparo deliberado. Condenado a siete años de prisión en primera instancia, el agente de la CRS quedó en libertad en marzo a la espera de su juicio de apelación
Por último, la última condena hasta la fecha: el autor del asesinato de Olivio Gomes en Poissy (Yvelines, oeste de París, ndt). Se trata de un agente de la BAC (Brigada Anti Criminal, ndt), que abrió fuego contra el joven, que se encontraba al volante de un vehículo al que se había estado siguiendo. El coche estaba estacionado. El informe balístico confirma que el agente, instructor de tiro en su tiempo libre, no se encontraba en peligro en el momento en que disparó, ya que se situaba en el lado del conductor. El expolicía quedó en libertad el 19 de mayo, a la espera de su juicio de apelación. Antes de ellos, para que un policía quedara tras las rejas, habría que remontar al asesinato de Fabrice Fernandez en 1997, quien murió de un disparo mientras se encontraba detenido en una comisaría de Lyon.
Paradójicamente, estas tres condenas fueron dictadas tras la aprobación de la ley en 2017 (la denominada «ley Cazeneuve», ministro del socialista François Hollande, ndt), que pretendía poner fin a la supuesta «inseguridad jurídica» de las fuerzas del orden cuando hacen uso de sus armas de fuego. De los 35 casos de disparos mortales tras un desacato a la autoridad que hemos registrado en los últimos diez años, al menos trece agentes fueron procesados, seis de ellos por «homicidio voluntario», un cargo que resultaba poco habitual antes de este cambio legislativo. La legítima defensa, que exige la simultaneidad del peligro y la proporcionalidad de la respuesta, sigue siendo el marco de referencia para varios magistrados, tal y como ha analizado la ONG Flagrant déni. Autorizar aún más a las fuerzas del orden a abrir fuego en circunstancias que no lo requieren, tal y como recomienda este proyecto de ley, no supone, por tanto, un servicio a las fuerzas del orden. Y mucho menos al Estado de derecho.
«Una de las obligaciones positivas constitucionales del Estado es prevenir los actos de violencia institucional mediante un mecanismo adecuado», recordó la magistrada Céline Roux (y adjunta a la Defensora del Pueblo) durante un coloquio sobre el tema, organizado por Amnistía Internacional en abril en la Asamblea Nacional. Representantes electos, ONG, sindicatos, abogados, magistrados, víctimas de violencia policial e incluso varios agentes de policía se oponen a esta presunción de legítima defensa, que, además, no respeta el derecho internacional. Una petición ciudadana en la que se insta a los diputados a rechazar la propuesta de ley lleva casi 300 000 firmas en la página web de la Asamblea Nacional. El 26 de junio, la defensora de los derechos Claire Hédon emitió un dictamen desfavorable sobre la medida.
En una carta dirigida a los diputados, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) señala, por su parte, que este proyecto de ley «pone seriamente en entredicho el Estado de derecho».
*Yvan du Roy, periodista y redactor en jefe de Basta!