Además de retomar una demanda procedente de los sectores más radicales de la extrema derecha, la propuesta se basa en tres argumentos muy cuestionables, e incluso falaces, con el riesgo de otorgar una autorización casi ilimitada a los policías y gendarmes para hacer uso de sus armas, independientemente de las circunstancias y de la realidad de la amenaza a la que se vean enfrentados.