Efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado 15 durante Curso de Operación y Mantenimiento de Transporte Blindado de Personal «Cóndor», abril de 2026. Ejército del Uruguay.
Un nuevo paso en la militarización de la seguridad pública.
No…, pero sí
Brecha, 3-7-2026
Correspondencia de Prensa, 4-7-2026
Al ritmo del aumento de la violencia y la demanda de mayor seguridad, el gobierno anunció que tanquetas militares patrullarán distintos barrios de Montevideo. La medida busca demostrar firmeza en el combate al delito, aunque reabre un viejo debate de larga y dolorosa historia en América Latina sobre el que distintos académicos han puesto el foco: ¿qué ocurre cuando las políticas de seguridad se tiñen de lógicas de guerra? ¿A quiénes apuntan? ¿Qué marcas imprimen en los territorios?
El 11 de setiembre de 2001 (11S), después de la caída de la segunda torre del World Trade Center, más de 1.500 soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York se desplegaron en el Bajo Manhattan. En una ciudad paralizada por el miedo y cubierta por una espesa nube de polvo y ceniza, los militares ayudaron a la policía y al cuerpo de bomberos en tareas de rescate en las zonas cercanas a la zona cero. Al finalizar el día, eran más de 8 mil efectivos.
La presencia de soldados era una imagen inusual para los neoyorquinos. Pero, en los meses siguientes, los uniformes camuflados pasaron a ser parte de la rutina en las calles, junto con los puntos de control en puentes y túneles y las cámaras de vigilancia. Con la ciudad aún en shock, emergía una nueva amenaza que sumiría a Estados Unidos y al mundo en un exceso de control y de hipervigilancia. Con una nueva excusa para armar a los Estados: el terrorismo.
Ese cambio en la perspectiva securitaria se plasmó en la doctrina de las nuevas amenazas, que, además del terrorismo, incluye el crimen organizado, el narcotráfico, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y las pandemias, entre otras. Se trata de una mirada que redefine el concepto de enemigo: ya no basta solo con mirar hacia afuera, porque el enemigo también está en casa.
En América Latina, donde desde hace décadas no hay guerras entre Estados, la idea del enemigo interno se acopló fácilmente a la política de guerra contra las drogas, en especial en países como Colombia y México, donde cárteles y grupos paramilitares disputan desde hace años el control del territorio al Estado.
Por aquellos años, en Uruguay, la «guerra contra el narcotráfico» estaba lejos del discurso político. En 2005, el Frente Amplio (FA) llegaba al poder con el propósito de construir una política de Estado en materia de defensa nacional –inexistente hasta entonces– que dejara atrás los resabios de la doctrina de la seguridad nacional y fortaleciera el control civil sobre las Fuerzas Armadas, que desde la dictadura habían conservado una fuerte influencia en esa área.
El reto era también qué hacer con un cuerpo militar en desuso. Hasta ese momento, los militares participaban, sobre todo, en misiones de paz de Naciones Unidas. Y en materia de seguridad pública, aunque otros gobiernos habían intentado involucrarlos, sus tareas se limitaban a la Prefectura en el mar, la custodia perimetral de las cárceles y la colaboración ante emergencias como las inundaciones. A partir del 11S, también comenzaron a cumplir tareas de seguridad en aeropuertos.
La noticia de las tanquetas militares en la calle reaviva el debate sobre la militarización en el país, en especial porque cruza un límite en la narrativa del FA. La salida de la dictadura implicó el retiro inmediato de los militares de las tareas de seguridad interna, y su reincorporación adquiere otro sentido para quienes levantan la bandera del «Nunca más». Sin embargo, fue durante los gobiernos del FA que el concepto de nuevas amenazas, surgido después del 11S, abrió el camino a la incorporación de nuevas tareas para los militares, plasmadas en normativas aprobadas durante sus gobiernos.
Por llevarlo a un dato concreto: en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, modificada en 2019, se establece un listado de tareas (artículo 21) y tareas subsidiarias (artículo 22) que exceden la defensa nacional: vigilancia en zonas de frontera, apoyo a otros organismos del Estado, prevención de ataques terroristas y contribución a la formación e infraestructura educativa, entre otras.
Un caso ilustrativo es el convenio entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Ministerio de Defensa Nacional, firmado en enero de 2026, que habilita la participación de jóvenes privados de libertad en instancias de formación con el Ejército. La iniciativa fue cuestionada por la Federación Uruguaya de Magisterio, que advirtió sobre la falta de idoneidad de las Fuerzas Armadas para intervenir en procesos educativos.
El presidente Yamandú Orsi argumentó a favor del uso de las tanquetas y señaló que «los recursos que Uruguay tiene no los podemos tener parados». El convenio entre los ministerios de Interior (MI) y Defensa Nacional (MDN) aprobado por Orsi y su Consejo de Ministros el viernes 26 de junio dispone que el MDN capacite a funcionarios policiales para la conducción de los vehículos, pero también autoriza a que sean los propios militares quienes los manejen si el MI lo solicita.
En un país sin guerras, quizás la pregunta sea por qué sostener un cuerpo que ya no cumple su función o por qué destinarlo a tareas para las que no fue entrenado. Esta discusión ha sido compleja en el Uruguay postdictadura, en especial cuando la corporación militar ha seguido mostrando su poder, ya sea a través de tareas de espionaje ilegal en democracia o de su intransigencia en debates políticos como la reestructuración de la caja militar.
SIN MILITARES
Desde hace años, existen nuevas miradas sobre el proceso de militarización que no se reducen a la presencia de militares en la calle. El politólogo argentino Facundo Salles plantea la idea de una «militarización sin militares», en la que la policía adopta doctrinas, tácticas, armamento y equipamiento de estilo militar para el control del orden público.
En Uruguay, en 2010, durante el gobierno de José Mujica, se creó la Guardia Republicana, que comenzó a cumplir tareas de seguridad pública con modalidades militarizadas de policiamiento urbano. Es común verla en operativos de saturación, pero también en plazas o patrullando a caballo los fines de semana en distintas zonas de la ciudad. La Guardia Republicana actúa como unidad de apoyo del Programa de Alta Dedicación Operativa, creado en 2015 como un dispositivo de patrullaje preventivo y disuasivo en «puntos calientes», con armamento pesado y vehículos blindados, diferente al de la policía convencional.
La socióloga chilena Lucía Dammert, una de las especialistas que más ha estudiado el proceso de militarización de las policías en la región, sostiene que estos cuerpos no deberían adoptar estructuras militares ni alejarse de su rol más cercano a la sociedad. A su vez, plantea que el Estado debe establecer mecanismos de balances y controles mutuos para limitar el uso de la fuerza y la violación de derechos humanos.
En esta línea, Dammert argumenta que, en la premura de las campañas electorales y las ansias de rédito político, la mano dura se convirtió en la respuesta privilegiada para abordar los problemas de inseguridad, independientemente de la orientación ideológica. «La realidad es que los gobiernos de izquierda en América Latina han hecho cosas muy parecidas a los gobiernos de derecha» (Nueva Sociedad, octubre 2019). Una encuesta encargada por el Ministerio del Interior a la Usina de Percepción Ciudadana arrojó que el 74 por ciento de la población apoya la utilización de vehículos militares en operativos de seguridad interna (La Diaria, 1-VII-26).
A QUIÉN APUNTA
Uruguay también produce sus propios insumos académicos en la materia. En un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República publicado a fines de junio, titulado «Percepciones sobre la violencia, el delito y el accionar policial en el territorio bajo la jurisdicción de la Seccional de Policía 17», en la zona de Casavalle y aledaños, se consultó: «¿Usted fue o ha sido víctima de alguna situación de violencia policial en este barrio?». Ante esta pregunta, el 11,7 por ciento de los consultados dijo haber experimentado al menos una situación de violencia policial en el territorio. Los niveles más altos se dan en los grupos más jóvenes.
Consultada por Brecha sobre la medida del gobierno uruguayo, la socióloga canadiense Dawn Marie Paley, que ha estudiado el proceso de militarización en México, donde está radicada, advierte que lo más grave de estas políticas es lo que legitiman. «Lo primero que se me ocurre es qué tiene que ver una tanqueta con el trabajo policial. Porque una tanqueta es un instrumento de guerra que sugiere un combate abierto», señala.
Según Paley, otro problema es la construcción de ciertos territorios y poblaciones como enemigas, más que como sujetos de derechos: «Sin que me lo digas, yo puedo ubicar esos barrios: seguro son barrios pobres, racializados, porque esa guerra ocurre siempre contra las mismas personas.»
En México, la guerra contra las drogas fue una estrategia de seguridad militarizada iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón. Paley dice que, en ese momento, los niveles de violencia venían en descenso y fue la militarización la que provocó su aumento. Dos décadas después, esa estrategia ha dejado alrededor de medio millón de víctimas entre homicidios y desapariciones. «Tenemos estudios empíricos que demuestran que donde se militariza, donde mandan soldados junto con la Policía Federal, ocurren más homicidios», señala la especialista.
Un poco más al norte, la geógrafa estadounidense Cindi Katz analizó el uso de la policía militarizada tras el 11S en el artículo «Banal Terrorism. Spatial Fetishism and Everyday Insecurity» («Terrorismo banal, fetichismo espacial e inseguridad cotidiana»), de 2007. Allí se preguntó por qué la estética militar en ciudades como Nueva York podría transmitir seguridad a la población. Desde una mirada crítica sobre la militarización social, Katz sostiene que estas prácticas violentas marcan la vida cotidiana de las personas y ocultan las verdaderas dinámicas sociales y políticas que producen esa violencia.
LOS TENTÁCULOS
Para Paley, el uso del término narcoterrorismo por parte de Estados Unidos opera también como una ampliación del control social. En ese sentido, sostiene que bajo esta categoría se esconden otros intereses. Lo ejemplifica con la detención de Nicolás Maduro, en la que, según señala, «Trump ni siquiera intentó mantener una fachada de defensa de la democracia, sino que dijo abiertamente: “Queremos el petróleo”».
En ese sentido, la decisión de Estados Unidos de declarar como terroristas al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho en Brasil abre interrogantes sobre su impacto en Uruguay, donde se han constatado vínculos con estas redes criminales. En particular, frente a la posibilidad de una mayor intervención del país del norte en operaciones secretas, sin necesidad de coordinación con los países de la región, en un ámbito que hasta ahora se definía en marcos nacionales.
En Ecuador, el último ciclo de violencia criminal abrió una ventana de intervención para el gobierno de Estados Unidos. Según explica a Brechael politólogo ecuatoriano Luis Córdova-Alarcón, fue «una oportunidad para que el Comando Sur y el Pentágono restablezcan relaciones de cooperación militar», una puerta que se había cerrado durante el gobierno de Rafael Correa. Para Córdova-Alarcón, esto implicó un aumento del gasto en seguridad y una mayor opacidad en la gestión del sector. «Tanto el gobierno de Guillermo Lasso como el de Daniel Noboa declararon como información reservada toda la contratación en materia de seguridad y defensa para que no pueda ser sometida al escrutinio público de nadie», señaló el académico.
En abril de 2026, Uruguay fue sede de la Segunda Reunión de Coordinación Regional de la División Cono Sur de la DEA (Administración de Control de Drogas, por su sigla en inglés) en la lucha contra el narcotráfico, con la participación de ministros de seguridad de varios países de la región. El encuentro buscó fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado mediante el intercambio de información y buenas prácticas.
En ese mismo mes, el gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. El documento se basa en estudios y aportes de especialistas sobre violencias desde enfoques sustentados en evidencia. En varios de ellos se advierte que políticas como el patrullaje con vehículos blindados no tienen buenos resultados y ponen en riesgo a la población.
Hasta el momento, el Ejecutivo no termina de definir qué vehículos se utilizarán en el marco del convenio entre Interior y Defensa. Inicialmente se especuló con los Mamba MK7 donados por Estados Unidos para misiones de paz. Pero su uso requiere de una autorización de ese país, que el MI empezó a gestionar en los últimos días ante la embajada (Telemundo, 1-VII-26). A su vez, esta semana el MDN trasladó desde Florida cuatro vehículos RPZ Cóndor, cuyas características no conforman al MI, que señaló que esos tanques casi no permiten ver hacia el exterior (El Observador, 30-VI-26).
Otra de las políticas impulsadas por el gobierno es el programa Más Barrio, que, en cambio, promete mejoras en vivienda, infraestructura y políticas sociales, y genera otras expectativas. Pero en Las Higueras, Durazno (departamento del centro del país, CdP), una de las zonas donde se implementará, hace meses que esperan su inicio. Mientras tanto, los blindados se disponen a patrullar las calles angostas y poco iluminadas de barrios como el Marconi y el Cerro, en una política que, según las autoridades, no militariza la seguridad pública.