Como a un perro. El caso Brayan Leites, adolescente muerto a manos de la policía en el Borro
Brecha, 16-6-2026
Correspondencia de Prensa, 27-6-2026
En la mañana del jueves 18, durante un allanamiento, Brayan Leites recibió entre cinco y seis disparos por parte de un efectivo policial en el patio de su casa, en el Borro (barrio desfavorecido de la periferia montevideana, CdP). La versión oficial de respaldo al accionar policial por legítima defensa empezó a trastabillar este miércoles, cuando se conoció que en el video del operativo se ve que el joven no esgrimió su arma hacia la Policía, sino que intentó huir.
Desde hace una semana, los informativos de todos los canales de televisión muestran varias veces al día las imágenes de la misma noticia policial. Una mujer que llora en brazos de allegados, un hombre con una venda ensangrentada en la mano que grita que a su hijo lo acribillaron como a una rata, que lo mataron como a un perro, como si esperara que, con los sinónimos suficientes, se entienda lo que acaba de pasar, porque él no parece terminar de comprenderlo. Después, los «incidentes», porque a veces, cuando la Policía mata a un adolescente dentro de su casa, el barrio responde a las pedradas.
Brayan Leites tenía 16 años y estaba armado. No solo eso, sino que la pistola Glock 19 (Véase “Balas de nadie en la Policía. Las Glock que no dejan marcas”, CdP) que portaba tenía borrada la numeración identificatoria, señal contundente de su ilegalidad, aunque eso se fuera a corroborar recién después de su muerte. Precisamente, con el fin de investigar –y luego incautar– este tipo de armas portadas de manera ilegal fue que se allanó su casa en el Borro, en la mañana del 18 de junio, al igual que se hizo en otras tres viviendas de ese barrio. El contexto dio verosimilitud al relato policial: el adolescente habría amenazado con su pistola a un efectivo, que respondió en legítima defensa. Según el comunicado del Ministerio del Interior (MI), al ingresar a la vivienda, «se encontraron con un hombre que portaba un arma de fuego y que, según las actuaciones preliminares, la esgrimió en dirección a los policías». A pocas horas del incidente, el ministro Carlos Negro dio públicamente su apoyo al equipo encargado del procedimiento y manifestó una «absoluta tranquilidad» sobre lo ocurrido, amparado en que todo estaba registrado en las cámaras corporales GoProque portaban los cuatro efectivos durante el operativo. La oposición y los sindicatos del rubro saludaron el respaldo del jerarca a la Policía. El relato de la familia ante las cámaras no alcanzó para sembrar dudas sobre los hechos entre las autoridades: entre otros elementos, según contó el padre, cuando sonaron los disparos, los efectivos le dijeron que su hijo había herido a uno de los agentes, aunque había sido al revés.
MÁS QUE MIL PALABRAS
Una semana después, el contenido de las imágenes policiales se hizo público a la prensa. Telemundo accedió a la cinta –aunque no la publicó– y, según informó, allí se observa con claridad que Brayan nunca apuntó su pistola contra nadie. Todavía algo dormido, pero habiendo advertido el peligro, el adolescente la llevaba apuntando al piso, mientras intentaba huir del lugar. Así lo confirmó la abogada defensora de la familia de Brayan, Leticia Latorres, a pocas horas de haber accedido a la carpeta de investigación.
«En esas cámaras se ve claramente la situación, la velocidad con la que se dan todos los hechos. Dos segundos después de que el policía tiene contacto visual con el menor, se da la ráfaga de disparos. No se le dio voz de alto, ni un disparo de advertencia. Nada. Y el menor nunca levanta el arma; en todas las imágenes se lo ve apuntando al piso. El único movimiento que hace, con la mano izquierda, la que no sostiene el arma, es para mover un pantalón que estaba colgado y no lo dejaba pasar. Recién después de los disparos es que se da la advertencia. El efectivo dice: “¡Policía! ¡Soltá!”, pero lo dice cuando el menor ya está en el piso y no tiene nada que soltar», reconstruyó la abogada en diálogo con Brecha.
Consultada sobre cuántos disparos recibió el adolescente, indicó que hay certeza de cinco impactos de bala, pero se estudia, además, un sexto, que no está claro aún dada la confusión que pueden producir en la autopsia los orificios de ingreso y egreso de las municiones en el cuerpo. De todos modos, tal como lo denunció su familia a la prensa, parece haberse tirado más a matar que para reducir: las balas impactaron en los pulmones y el corazón.
MAL PROCEDER
A priori, en el caso Brayan Leites parece haberse violado varios de los artículos de la Ley de Procedimiento Policial, que establece los límites y las obligaciones a las que está sujeto el personal ejecutivo a la hora de cumplir sus funciones. En primer lugar, su artículo 20, que habilita a «usar la fuerza [policial] legítima» contra quien está ejerciendo «violencia» o si se advierte «la inminencia de un daño, por agresión con arma o sin ella, a fin de salvaguardar la vida o integridad física propia o de terceros». Para Latorres, es evidente que «no existía riesgo ni amenaza alguna para la Policía en ese momento» que justificara esa respuesta. De hecho, sostuvo que «en el video puede apreciarse que el efectivo ve al menor, pero el menor no ve a la Policía». En tanto, en el artículo 21 se establece la obligación de dar «una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con el tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud», lo que tampoco ocurrió, de acuerdo a la abogada.
Según contó Latorres, en el momento de los disparos en el patio estaban solo el efectivo y el adolescente, mientras que otro efectivo se encontraba afuera, pero algo más alejado, y los otros dos estaban dentro de la casa con los padres. Aunque no hay testigos directos de los disparos, sí los hay de lo que ocurrió después, que también supone un accionar ilegítimo de la Policía, sostuvo Latorres.
Como indica el protocolo, la Policía llamó a la ambulancia para dar auxilio al herido, pero solo seis minutos después y antes de que el móvil médico llegase, los efectivos cargaron al adolescente dentro de uno de los vehículos policiales –«de pata y mano, como a un chancho», relató su padre– y lo trasladaron a la policlínica Capitán Tula, donde poco después se constató su fallecimiento. Cuando llegó la emergencia, solo pudo atender al padre de Brayan, que en la conmoción de ver a su hijo muerto atinó a golpear una ventana y se hirió con los vidrios.
«Cuando una persona está lesionada, hay que esperar a que venga un médico a atenderla, no se la puede mover antes porque esto la puede perjudicar, igual que como ocurre en un accidente de tránsito», subrayó Latorres. En este sentido, remarcó que «no se sabe en qué momento» falleció el joven, ni tampoco qué incidencia tuvo la forma en la que se lo trasladó a la policlínica. Este elemento formará parte del escrito que preparan para las siguientes instancias judiciales, anunció la abogada de la familia.
DETRÁS DE LAS ARMAS
Los procedimientos habían sido solicitados por la fiscal de Flagrancia Mirna Busich, a quien la fiscalía le encomendó encargarse de todos los casos relacionados con la tenencia ilegal de armas. En diálogo con Brecha, Busich precisó que ese día, bajo su jurisdicción, se realizaron ocho allanamientos por dos investigaciones independientes entre sí: cuatro en el Borro y cuatro en la zona de Camino Oncativo, cerca de la Cruz de Carrasco.
Si bien rige la reserva de las actuaciones judiciales y no se pueden dar detalles, la fiscal adelantó que «la semana que viene va a haber novedades» sobre la investigación referida al allanamiento que terminó en la muerte de Brayan. Consultada al respecto de la versión que indicaba que la Policía tenía previsto detener al padre del adolescente en dicho procedimiento, indicó que «no había ni hay ahora ninguna orden de detención», ya que primero hay que realizar las pericias a las armas incautadas. Según informó el MI, se incautaron otras tres armas además de la que tenía el joven al momento de su asesinato, cargadores de fabricación casera y una escopeta.
Busich no supo indicar el número exacto de investigaciones que tiene en curso por tenencia ilegal de armas, pero afirmó que recibe nuevos casos «todos los días y permanentemente», y afirmó que, en el 90 por ciento, detrás de ese delito hay otros por crimen organizado y narcotráfico. En esa línea, saludó las acciones que está tomando el gobierno para fortalecer la regulación del porte de armas, como el decreto y el proyecto de ley que limitan la cantidad de armas y municiones que puede tener cada usuario, y los mecanismos de trazabilidad de los dispositivos (véase en esta edición «Caminos sinuosos», de Mauricio Pérez).
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Tres femicidios en menos de un mes
El mismo día de la muerte de Brayan Leites en el Borro –jueves 18 de junio–, una mujer de 44 años fue denunciada como ausente. Cuatro días después –el domingo 22–, la Policía encontró su cuerpo adentro de una heladera en la casa donde vivía, en la zona de Tres Ombúes, Montevideo. Tenía múltiples heridas de arma blanca. Un hombre de 37 años, que era su pareja, está detenido como principal sospechoso del crimen, investigado como un femicidio. Es el tercero en lo que va del mes. Se suma al de la joven de 19 años asesinada en Ciudad del Plata, el 3 de junio, por un compañero de su centro de estudios, y al de la mujer de 40 años asesinada por su pareja en Puntas de Quebracho, Cerro Largo, el viernes 12.
«Hay una violencia extrema en estos últimos casos, y, por lo que vamos viendo, difícilmente podamos reducir la cifra de femicidios este año», dijo al semanario la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier. Consultada por eventuales aumentos de recursos en la próxima rendición de cuentas, Xavier señaló que hubo «un incremento en la ley de presupuesto que rondó el 40 por ciento para el instituto» y que, «en principio, no está planteado que haya aumentos en esta rendición de cuentas» pero, desde el Inmujeres, «seguimos insistiendo en que necesitamos algo más». «Hay que sostener los 35 servicios del país para asistir a las mujeres víctimas de violencia y los servicios de varones que tenemos en 15 departamentos, más las cinco casas 24 horas que actualmente funcionan. Eso supone un costo significativo, y con el presupuesto actual no alcanza», concluyó.