Carteles que expresan oposición al proyecto del embalse, provincia de Colón. Pich Urdaneta / Dialogue Earth
openDemocracy, 22-4-2025 *
Correspondencia de Prensa, 26-4-2025
Las autoridades planean construir un nuevo embalse que inundará pueblos a lo largo del río Indio, pero sus residentes rechazan una posible reubicación
Mientras Trump amenaza con invadir Panamá para volver a poner el canal bajo control de EEUU y crecen las tensiones por la presencia de empresas chinas en los puertos del corredor bioceánico, este reportaje revela un aspecto ignorado pero crucial: comunidades rurales se resisten a que sus tierras sean inundadas para resolver la escasez de agua que viene afectando la navegabilidad del Canal de Panamá.
A dos horas al oeste de Ciudad de Panamá, 12.000 residentes temen ser reubicados ya que sus tierras están destinadas a ser inundadas por un lago artificial. Este proyecto, propuesto por el gobierno, busca garantizar el suministro de agua al Canal de Panamá, disminuida en los últimos años.
“Dígale al presidente que nos deje tranquilos. ¿Sabe todo lo que vamos a perder: la tierra, la siembra, la casa? Estamos intranquilos”, dice Elizabeth Delgado, residente de Limón de Chagres, una comunidad a orillas del río Indio en la que se centra el proyecto de construcción de una represa. A lo largo del río, los Delgado y otras 500 familias se enfrentan a la amenaza de ver sus casas sumergidas.
La propuesta surgió para aumentar la capacidad hídrica del canal, ya que las prolongadas sequías han obstaculizado las operaciones en la vía acuática por la que pasa el 3% del comercio marítimo mundial.
En los primeros meses de 2024, la ruta interoceánica operó únicamente al 63% de su capacidad. Fue de los años más secos en el país, con niveles de agua en el sistema del canal en mínimos históricos, explicó Jorge Luis Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). En 2023, año en que comenzó la sequía, las condiciones obligaron a la autoridad, por primera vez en su historia, a limitar el paso diario de barcos, de la capacidad máxima de 37 a 22.
El sistema del Canal de Panamá está formado por una serie de vías navegables y esclusas, unas estructuras que permiten subir o bajar los barcos entre diferentes niveles de agua. El canal conecta las costas caribeña y pacífica del país a través del lago artificial Gatún, creado por el represamiento del río Chagres, y el lago Alajuela, también artificial. Ambos lagos abastecen de agua a algo más de la mitad de la población panameña, incluidas las ciudades de Panamá, Arraiján, La Chorrera y Colón, lo que implica que cualquier alteración en los niveles de estos lagos afecta también el suministro de agua para más de la mitad de la población del país.
La sequía de 2023-24 provocó niveles tan bajos en estos lagos que supuso un reto abastecer de agua a la población sin restringir el tránsito de barcos, cuyo paso requiere 196 millones de litros de agua por embarcación para navegar por su sistema de esclusas.
El tránsito anual de buques ha aumentado exponencialmente de 6.369 en 1935, a 14.274 en 2022, año previo a la crisis hídrica.
Además de afectar los ingresos de Panamá, la sequía y las restricciones obligaron a las navieras a buscar rutas alternativas, incluido el Canal de Suez, lo que incrementó costos, retrasos y emisiones de carbono.
Ante las proyecciones inciertas sobre futuras sequías y precipitaciones, Ricaurte Vásquez, actual administrador de la ACP, explicó que el proyecto para aumentar la capacidad hídrica del canal implica crear un embalse en el río Indio, que abarcaría una superficie aproximada de 4.600 hectáreas. La construcción de la represa – que aún no ha recibido la aprobación de las comunidades afectadas – está prevista para 2027 y duraría cuatro años, seguidos de dos para llenar el embalse, con un costo estimado de 1.500 millones de dólares, de los que 400 millones se destinarán a indemnizaciones y proyectos sociales.
“Hay alrededor de 2.000 ciudadanos que podrían verse directamente afectados por esta obra, aunque toda la zona de río Indio tiene aproximadamente 12.000 personas”, señaló Vásquez recientemente.
Una comunidad que teme por su futuro
A orillas de la carretera que conduce a la comunidad de Limón de Chagres en la provincia de Colón, a dos horas de la capital panameña, se asoman numerosos letreros pintados a mano que dan cuenta del rechazo: “Ríos sin presas, pueblos vivos”, “Respeten nuestras tierras”, “No a los reservorios de río Indio”.
La ACP se encuentra en la fase de censo de las zonas afectadas y de consulta a los residentes de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto previsto. Recientemente aprobó la financiación para cubrir su compensación, reasentamiento y apoyo.
Solo este año se darán las primeras acciones: como muchos residentes carecen de títulos oficiales de sus propiedades, el gobierno pretende ayudar a formalizar estos documentos, lo que permitiría pagar las tierras de los afectados y reubicarlos. En esta primera etapa de diálogo con las comunidades, aún no se ha dado a conocer una fecha estimada para el proceso de licitación de los contratos de construcción.
Una vez terminada la represa propuesta, la superficie del río Indio se ampliaría para formar un dique que abarcaría zonas de las tres provincias que se asientan a lo largo del curso actual del río, de 98 kilómetros. El proyecto también propone un túnel para trasvasar agua a la cuenca del Canal de Panamá, donde se encuentran los lagos Gatún y Alajuela, para abastecer de agua a la población y para el funcionamiento del canal.
La ACP ha insistido en que la construcción del embalse garantiza el suministro de agua para la población y el funcionamiento del canal por un plazo de 50 años, proceso que se efectuará paralelo al diálogo con los afectados y con la garantía de mejores condiciones de vida.
Pero la tensión y el disgusto de los residentes de las áreas a inundar se siente en el aire.
En algunos tramos del trayecto durante nuestro viaje de reporteo hubo que empujar la canoa en la que nos trasladó, luego caminar unos 30 minutos sobre un camino fangoso con el lodo hasta las rodillas, única manera de llegar a algunas de las comunidades, como Pueblo Nuevo. Mientras con el equipo periodístico avanzábamos llamaron nuestra atención unos gritos que provenían de una casa ubicada en la cima de un cerro.
“¡Busquen oficio!” “No queremos que pasen”, vociferaban los moradores indignados, al tiempo que un joven indígena, montado sobre un caballo, salió al paso por un camino de tierra que conduce a las viviendas ubicadas en lo alto de la elevación.
A un costado, pegado sobre una rudimentaria puerta hecha de retazos de madera estaba un papel escrito a mano en donde se leía: “Prohibido el paso a la ACP, propiedad privada, no damos licencia social”.
Nos presentamos como el equipo periodístico de Dialogue Earth y declaramos que veníamos en busca de información, a lo que el jinete respondió que “los periodistas están vendidos” y que no querían “diálogo”. Nuevamente, reiteramos que se trataba de un medio de comunicación internacional y finalmente accedió a conversar.
“El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, dijo que el 90% de la comunidad está de acuerdo con la inundación, lo que es falso”, dijo el indígena Abdiel Sánchez, de 28 años y morador de Pueblo Nuevo.
Una vez superadas las diferencias, la comunidad invitó a nuestro equipo periodístico a integrarse a un grupo que celebraba el cumpleaños de una niña de seis años, festejo que momentáneamente suspendieron para sacar unos carteles de rechazo al embalse.
Ahí se encontraba Artemio Sánchez, agricultor de 52 años y presidente de la junta de desarrollo social del lugar, manifestando que no reciben ninguna “ayuda del gobierno y menos de [las autoridades] del canal, ni para comprar una cajita de fósforos”.
Tampoco ven a las autoridades, por lo que cada vez que divisan a un desconocido por el área surge la paranoia de que se trata de un funcionario de la ACP que está censando a las comunidades, teniendo en cuenta que este año se entregarán los primeros títulos de propiedad.
“Le estábamos gritando [a ustedes] porque pensábamos que eran de la ACP, porque no estamos de acuerdo que sin permiso anden en nuestra área y río tomando fotos a la escuela ni a las iglesias, sabiendo que no estamos de acuerdo”, explicó Sánchez
“Si se llega a dar el proyecto, esperamos que no nos dejen desamparados”, comentó Nery Sáenz, otra de las asistentes al cumpleaños. Ella mencionó la construcción del lago Gatún, que también afectó a muchas familias. “No se les reconoció nada y las quitaron de sus tierras. Hasta el sol de hoy no tienen nada. Tememos que esa situación se repita con nosotros”.
Alzando la mirada, hace memoria de la creación del lago artificial Gatún que, para el funcionamiento del canal, terminó de llenarse en 1913. Registros históricos dan cuenta de que en 1912 – cuando la zona del Canal de Panamá era administrada por Estados Unidos – se produjo el primer desalojo de poblaciones cercanas a la vía acuática, a raíz de un decreto emitido por el entonces presidente estadounidense William Taft para la construcción del embalse, que en aquella época era el lago artificial más grande del mundo.
El libro de la historiadora Marixa Lasso, ‘Erased: The untold story of the Panama Canal’, describe cómo el gobierno estadounidense justificó los desalojos de la época con argumentos de seguridad nacional y criterios militares, basados en prejuicios racistas contra una población mayoritariamente afrodescendiente.
La tierra y la vida en la comunidad
Elizabeth Delgado, habitante de Limón de Chagres, dice que desde que se enteró de la propuesta de inundar la zona para crear el embalse empezó a tener problemas para conciliar el sueño.
“Nos mantenemos de la tierra”, dice Delgado, parada en la puerta de su vivienda construida de tablones de madera que aún dejan ver vestigios de que alguna vez estuvieron pintados de blanco, donde vive junto a sus siete hijos y su esposo, a sus 40 años. Ante la falta de empleos se valen de la siembra y cosecha de productos agrícolas como el ñampí, yuca, ají, culantro y cebolla, entre otros, así como de la cría de gallinas. Ha vivido en Limón de Chagres más de 18 años.
El río Indio es su fuente natural de agua, puesto que en el área no hay agua potable, los residentes de la cuenca la extraen del río o quebradas por gravedad mediante tubos, la buscan en pozos o caminan largos trayectos con baldes y ollas llenos de agua. Tampoco hay luz eléctrica ni otros servicios básicos.
Con todo lo que está pasando los niños tienen miedo, contó la maestra Aurelia Castillo, quien desde hace nueve años atiende a los niños que acuden a la escuela de Pueblo Nuevo, una de las comunidades condenadas a desaparecer. La maestra Castillo agregó que los que cursan el sexto grado posteriormente asisten a otro pueblo llamado Coquillo, que también se estima que será afectado por el reservorio.
Con el rostro compungido la docente se pregunta “¿a dónde vamos a ir a estudiar con nuestros muchachos?”
Impactos ambientales y alternativas
En 2024, una sentencia de la Corte Suprema anuló una ley que había bloqueado la creación del embalse del río Indio y que, desde 2006, restringía el uso del agua por parte del canal a los límites de su cuenca hidrográfica. La sentencia otorgó a la ACP el control sobre los recursos hídricos más allá de esta cuenca, y abrió así la posibilidad de construir el embalse.
El río Indio forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, un ecosistema clave que conecta diversas áreas de América Central, Panamá y el sur de México, siendo un refugio para especies como monos, cocodrilos y diversas plantas endémicas. Este corredor ecológico se vería severamente fragmentado con la construcción del embalse.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM Panamá), destaca que aunque el impacto ambiental es significativo, los efectos sociales son aún más graves, pues muchas comunidades afectadas no han sido suficientemente informadas sobre el proyecto. Esto constituye una contravención con el Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina y el Caribe que promueve la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental, que Panamá ratificó en 2020.
Por su parte, la ACP publicó informes de reuniones con los residentes del río Indio, y afirma que ha mantenido “contacto permanente” y mecanismos de escucha con las comunidades, con más de 40 reuniones con alrededor de 2.000 residentes hasta septiembre de 2024.
Aunque el río Indio tiene abundante agua, su caudal disminuye en algunas zonas, dificultando el transporte. Esto ha llevado al Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) a proponer una alternativa al embalse del río Indio, que en su lugar canalizaría el agua del lago Bayano, 100 kilómetros al este de Ciudad de Panamá.
Guillermo Torres, presidente de CONAGUA, ha afirmado que el proyecto del río Indio solo sería una solución temporal dadas las fluctuaciones estacionales de las precipitaciones y la posibilidad de que otras sequías afecten la capacidad del embalse. También ha afirmado que, si se hubiera construido en 2006, en 2025 se habría necesitado otra fuente. La tubería de Bayano, afirma, podría garantizar agua hasta 2075, lo que, según él, ofrecería una opción más viable a largo plazo.
La ACP también está considerando otros embalses, como los del río Coclé del Norte, en la región central del país, y el río Caño Sucio, en el oeste.
Los residentes de Limón y Pueblo Nuevo con los que habló Dialogue Earth expresaron su preferencia por la tubería desde Bayano, que, según ellos, sería menos disruptiva para el ecosistema y sus comunidades. Se esfuerzan por preservar el río Indio y sus alrededores, valorando la tranquilidad y la naturaleza intacta que les proporciona.
Tras aprobar el proyecto el 21 de febrero, la ACP intenta ahora proseguir el diálogo con las comunidades para obtener su aprobación, y pretende concluir el censo del río Indio a finales de abril. Es probable que las conversaciones sigan siendo difíciles, y las protestas de los días siguientes a la aprobación son una señal más de la resistencia que siguen oponiendo las comunidades.
*Esta es una versión editada de un artículo publicado originalmente por Dialogue Earth, 18-3-2025