Ecuador – Desbordes y estallidos: junio 2022, octubre 2019… y antes. [Mario Unda y Maritza Idrobo]

_{450.000 manifestantes indígenas lograron instalarse en los exteriores de la Asamblea Nacional, el 11-10-2019. Reuters}

Mario Unda y Maritza Idrobo*

Quito, agosto-septiembre 2024

Correspondencia de Prensa, 17-9-2024

En octubre de 2019 y en junio de 2022 se vivieron en Ecuador dos multitudinarios movimientos de protesta social que ganaron el interés de toda la sociedad, conjugaron la participación de muy diversos sectores sociales, se manifestaron en prácticamente todo el país, movilizaron a decenas de miles de personas y se mantuvieron en pie durante varios días.

No fue algo solo del Ecuador; con la pandemia de por medio, por esas mismas fechas se produjeron fenómenos similares en otros países latinoamericanos: Chile, Colombia, Haití, Bolivia, Perú. Tampoco fue algo inédito: ya en años anteriores tuvimos protestas similares que, al menos en el caso ecuatoriano, han acompañado estos 45 años de crisis de la democracia, igual que en otros países latinoamericanos, aunque quizás no con la misma frecuencia

¿Qué representan estas masas en movimiento?, ¿cuáles son sus lógicas y sus dinámicas?, ¿cómo se van configurando?, ¿a qué se debe su carácter? Seguramente, la variedad, el surgimiento o recuperación de conceptos para tratar de comprenderlos y explicarlos -e incluso la premura por presentar nuevas categorías- significan también una sensación difusa de que los conceptos, tal como se han usado, no resultan tan dúctiles cuando se trata de dar cuenta de ellas. ¹

Desbordes y estallidos. Ayudamemoria

Desborde popular es una buena idea para reflexionar sobre las protestas de octubre. Fue acuñada por el antropólogo peruano José Matos Mar en la mitad de la década de 1980 para aludir a prácticas cotidianas y lógicas de subsistencia de las clases y sectores subalternos, prácticas que transitan por movimientos moleculares, masivos y espontáneos que rebasan los linderos impuestos por la institucionalidad dominante.

El desborde popular, dice, es “una implícita desobediencia civil de las masas en ascenso, que se limitan, por ahora, al cuestionamiento pacífico de la ley en los vacíos de poder generados por la crisis económica y la debilidad gubernamental, y que derivan a la violencia cada vez que el Estado y la institucionalidad intentan recuperar el control mediante el uso de la fuerza”.

“El desborde en marcha”, abunda Matos Mar, “altera la sociedad, la cultura y la política del país creando incesante y sutilmente nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas, creencias y estilos de vida, que se traducen en múltiples y variadas formas de organización social, económica y educativa lo cual significa uno de los mayores cambios de toda nuestra historia”.

¿Cuáles son las prácticas sociales que expresan esas “desobediencias”? A lo largo del libro, Matos Mar se refiere a las migraciones, las invasiones, la construcción de vivienda sin regulaciones, la puesta en marcha de pequeñas actividades económicas que escapan a las normativas estatales, formas de religiosidad que se desprenden de las iglesias formales, valores trasplantados desde las comunidades a la ciudad; y las organizaciones y la acción social. Como se ve, más que una confrontación abierta con el Estado y el poder del capital, se trata de una desobediencia en cierto modo espontánea, o de un caminar más allá o por fuera de los marcos establecidos por la estructura política y jurídica de las instituciones oficiales. Se trata, por lo tanto, de “un desborde del orden institucional y [un] deterioro de la estructura del Estado”. ²  

En fin, Matos Mar cree que “el Perú oficial […] deberá entrar en diálogo con las masas en desborde, para favorecer la verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que surge. Pero para esto, deberá aceptar los términos de la nueva formalidad que las masas tienen en proceso de elaboración espontánea”. ³

Recientemente, la idea del desborde popular ha sido puesta de nuevo en circulación por Raúl Zibechi para dar cuenta de una serie de procesos que, en el mundo entero, vienen socavando, desde 1968, la capacidad de control de las sociedades disciplinarias y rebasan todas sus instituciones: cárceles, psiquiátricos, escuelas, los aparatos del Estado e incluso “las propias organizaciones sociales que los contenían”.

Agrupa en esta idea experiencias muy disímiles: desde la protesta masiva (el Cordobazo argentino de 1969) hasta prácticas de planificación y autogobierno barriales (Villa El Salvador, en Lima); desde el movimiento estudiantil (Uruguay) hasta los movimientos campesinos e indígenas (Colombia, Ecuador); desde las madres de la Plaza de Mayo en Argentina hasta el MST brasileño. En fin, experiencias que abarcan “desde el desborde hasta la construcción de lo nuevo”, dice el autor.

Experiencias distintas cierto es, pero comparten todas una misma característica: la de ser creadoras de “bolsones semiautónomos de poder” que son producidos por “pueblos cuyas formas de vida propias son alternativas evidentes ante la crisis civilizatoria”. Los movimientos antisistémicos habrían pasado “de la demanda al Estado […] a la construcción de sociedades diferentes”. ⁴

Así que los desbordes implican aquí un cuestionamiento a los controles y a los poderes, un cuestionamiento que se sostiene en el tiempo y que se sitúan, como remarcaba el autor en otro texto, “fuera de los márgenes”. ⁵ El “afuera” es una elección que permite que los movimientos o los pueblos puedan desarrollarse autónomamente y, en consecuencia, encontrarse en mejores condiciones para construir lo nuevo. De esta manera, la idea que Zibechi nos brinda de los desbordes populares presenta una novedad respecto a la que nos trajo Matos Mar: su nexo con las nociones de poder y de autonomía (o, cuando menos, de semiautonomía).

Desbordes, estallidos, confluencias

Pero el término desborde popular parece ajustarse también a un fenómeno particular que no nos es nada desconocido: el de las protestas sociales que se constituyen por confluencias multitudinarias que ocurren cuando, en un momento dado, se aproximan y se juntan las movilizaciones de varios sectores con distintos grados de consolidación: unos organizados, otros semiorganizados y desorganizados otros. Quizás en este caso resulte más apropiado hablar de desbordes populares multitudinarios, es decir de grandes masas en movimientos de lucha; algo que nos parece similar al “levantamiento general del pueblo” del que habla Rosa Luxemburgo, distinto, pero enlazado, a los levantamientos proletarios, a los levantamientos rurales y a levantamientos espontáneos de las masas. La dinámica que recupera Rosa es clara: “se desencadena en diversos puntos, por diversos motivos y bajo formas diferentes para confluir luego”; y también: “Mil conflictos económicos parciales, mil incidentes «fortuitos» convergieron, confluyendo en un océano poderoso”. 6

En el período que se abre con el impulso de modernización capitalista gracias al boom petrolero de la década de 1970 y con el retorno a la constitucionalidad de 1979, varias luchas de este tipo se han producido en el Ecuador: la “guerra de los cuatro reales” en 1978, las huelgas generales y el paro nacional del pueblo en 1982-83, la caída de Abdalá Bucaram en 1997, la caída de Jamil Mahuad en 2000, la “rebelión de los forajidos” en 2005, y las multitudinarias movilizaciones de octubre de 2019 y de junio de 2022. Ha sido un período marcado, además, por débiles rendimientos y crisis económicas, por una persistente crisis de la hegemonía de la clase dominante y por la presencia de crisis sociales agudas acicateadas por la precarización del trabajo, la pandemia y el ataque de la violencia ejercida por grandes y pequeñas mafias de negocios ilegales.

Los desbordes tienen una particularidad: el contacto social del encuentro en la lucha genera algo nuevo, pues, en el encuentro de los muchos sujetos diversos en el mismo proceso de lucha social, o en el encuentro de luchas distintas pero enlazadas (según sea el caso), se fusionan por un momento las energías sociales que antes estaban más bien dispersas y crean una nueva fuerza de masa. ⁷

Por su origen y por su novedad, tal fuerza de masa no puede ser reducida a ninguna de las concurrentes, aunque por lo general se aglutina en torno a aquella que tiene en ese momento mayor capacidad de organización, de movilización, de generar propuestas y de hacerse visibles.

Se produce una suerte de sintonía espiritual entre los movilizados, se despiertan solidaridades y surge una espontánea identificación en la lucha y, en cierto modo y hasta cierto punto, las organizaciones populares comienzan a convertirse en ejes de poder y reorganización de la vida colectiva.

Pero, a pesar de desplegar estas mismas características, los desbordes populares multitudinarios no son iguales entre sí. En primer lugar, porque, aunque las más visibles son las confluencias materiales, físicas, de varios sectores, organizaciones y movimientos en una lucha social, existen también confluencias que se expresan sobre todo como lazos espirituales, sin llegar al actuar conjunto en la protesta. En segundo lugar, porque su constitución depende del sector que sirve de eje de confluencia, de las organizaciones y sectores sociales que confluyen a esa lucha y de las relaciones que se establecen entre uno y otros.

Pequeña historia de desbordes populares

Cada desborde popular que produjo la movilización social encontró características propias. No obstante, comparten elementos en común que los hacen distinguibles como miembros de una misma familia de lucha.

–1960 y 1970: las décadas estudiantiles

En las décadas de 1960 y buena parte de la de 1970, el eje de confluencia fue el movimiento estudiantil, primero el universitario, luego el secundario (y sus organizaciones representativas, la FEUE y la FESE). Se habían fortalecido gracias a las luchas de los secundarios por el libre ingreso a la universidad y por el consiguiente incremento de la matrícula universitaria, que permitió no solo el ingreso de un gran número de jóvenes provenientes familias de la pequeña burguesía (en momentos en que la modernización del Estado y los pasos iniciales de una nueva ola de modernización capitalista estaban transformando no solo a las clases medias sino a toda la estructura social), sino el aumento del número de estudiantes y su concentración en las principales universidades públicas de Quito, Guayaquil y Cuenca, todo lo cual creó condiciones para que sus inquietudes cobraran fuerza y visibilidad.

Los estudiantes eran por entonces el sector más sensible de las clases subalternas y el que primero manifestaba en las calles las inquietudes generalizadas. Sin embargo, acá se trataba de una sintonía que provenía de la presencia constante de protestas estudiantiles, particularmente frente al incremento del costo de la vida y en rechazo a las dictaduras, lo que fue construyendo un reconocimiento moral de su papel de representante de las inconformidades sociales, reconocimiento también de sus principales organizaciones y dirigentes, lo que conducía al aparecimiento también reiterado de prácticas de solidaridad de los otros sectores populares, sobre todo los sectores populares urbanos, con la lucha estudiantil, prácticas que ayudaban a sostener las protestas, aun cuando no participaran directamente en ellas.

Las consignas de las principales organizaciones estudiantiles lo reflejaban a su manera: “Luchar y estudiar junto al pueblo”, decía la consiga del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria (FRIU), vinculado al PCMLE. “Estudiantes auxiliares en las luchas populares”, decía la consigna del Frente Revolucionario Estudiantil (FRE), ligado al MIR.

Los lazos espirituales que la protesta tejía entre el movimiento estudiantil y la masa del pueblo quedaron emotivamente reflejados en abril de 1970, cuando el sepelio de Milton Reyes, presidente de la FEUE, asesinado por el gobierno de Velasco Ibarra, se convirtió en una sentida y multitudinaria manifestación popular de solidaridad con el dirigente victimado.

–La guerra de los cuatro reales

La “guerra de los cuatro reales”, en abril de 1978, tuvo lugar -igual que la masacre de los trabajadores del ingenio Aztra en 1977- en vísperas del retorno a la constitucionalidad, dejando claro el carácter restringido de la democracia liberal que abriría entonces este largo ciclo de permanencia y crisis. Aunque las protestas se desataron en varias ciudades del país, como Machala o Ibarra, el movimiento fue mucho más fuerte en Quito.

Estas “jornadas de abril” marcaron una transición en los masivos desbordes populares. La movilización comenzó con las protestas estudiantiles ante el incremento de los pasajes del transporte público urbano; parecía solamente la continuidad del período anterior, con los estudiantes representando inconformidades sociales más amplias, de sectores con poca capacidad de movilización autónoma. Otro cambio estaba en marcha, pues la protesta universitaria fue dando paso a una masiva protesta de estudiantes secundarios, resaltando como novedad la presencia numerosa de estudiantes de los colegios femeninos. Las cercanías de la Universidad Central y de los principales colegios secundarios atrajo la llegada de pobladores de barrios y de trabajadores, que, sin indicaciones precisas de las centrales, se organizaban en las fábricas para acudir a las protestas.

La fuerte represión, con incursiones policiales a los colegios, motivó a los estudiantes a movilizarse hacia los barrios populares donde, en muchos casos, residían. Las transformaciones devenidas de la modernización capitalista habían traído, entre otras cosas, el aumento de movimientos migratorios ya no solo del campo a la ciudad directamente, sino desde el campo hacia ciudades intermedias y de estas a las ciudades grandes. En Quito, viejas casonas del centro se subdividían en una multitud de cuartos de arriendo dando lugar a tugurios hacinados, mientras que, por otro lado, aparecieron nuevos barrios populares en las periferias, extendiendo la ciudad hacia sus extremos. Desde los primeros años de la década de 1970 había aparecido el Comité del Pueblo, que reunía inquilinos y migrantes en busca de un pedazo de tierra urbana. El Comité modificó la conducta de las demandas barriales, acentuando el valor de la organización y de las movilizaciones, y estableció vínculos con la Universidad.

El desplazamiento de las movilizaciones estudiantiles a los barrios motivó un encuentro de estudiantes y moradores, primero como apoyo, respaldo y protección, luego en la protesta, finalmente en la formación de una nueva forma organizativa: los Comités de Defensa Popular, surgidos, según los militantes estudiantiles, como propuesta suya y, según los moradores de los barrios, como iniciativa propia. Probablemente haya habido de lo uno y de lo otro. Hacia el final de las luchas, el eje se trasladó a los moradores de los barrios populares. ⁸

Algunos comités de defensa sobrevivieron al reflujo de las movilizaciones y de las protestas, derivando su acción hacia demandas barriales, pero al final desaparecieron. Las luchas estudiantiles fueron menguando en lo sucesivo, quizás más por los cambios sociales que se fueron produciendo en las clases medias y en los jóvenes de dichas clases. Mientras tanto, las movilizaciones barriales volverían a tener un pico alto en los primeros años de la década de 1980, cuando se activaron en oposición a un proyecto de “cinturón verde” que proponía desalojar de las laderas a los asentamientos populares “ilegales”. Esta última presencia barrial coincidió temporalmente con las masivas luchas sindicales de la época, pero, en lo posterior, terminó siendo absorbida por el clientelismo electoral.

–De la huelga nacional al paro nacional de pueblo

El siguiente desborde popular tuvo por origen las huelgas nacionales del Frente Unitario de Trabajadores contra los primeros “paquetazos” de política neoliberal a partir de diciembre de 1981. Para entonces, ya los impactos de la modernización capitalista de la era petrolera habían traído un incremento de la industria, la dinamización del comercio interior y exterior, la expansión de los servicios y la extensión del trabajo asalariado en todos ellos. Con los nuevos trabajadores, jóvenes en su mayoría, creció el número de sindicatos, sobre todo en la industria; su presencia modificó rápidamente las centrales sindicales impulsando una línea clasista que impulsó los nuevos ciclos de luchas. Por su origen, la nueva clase obrera se encontraba próxima al campo y a otros sectores subalternos urbanos; además, no era extraña a la tradición de las organizaciones laborales su búsqueda de acercarse a otras organizaciones subalternas (por ejemplo, asociaciones de pequeños comerciantes fueron durante varios años miembros de las centrales sindicales, así como algunas organizaciones de pobladores urbanos).

Desde el punto de vista de la movilización obrera, el movimiento huelguístico de 1982-1983 era una continuidad de las huelgas de 1975 y 1977, e incluso la de mayo de 1981, poco antes de la muerte de Roldós. Estas fueron demostraciones de unidad de la clase obrera que se expresaba en el movimiento sindical y el FUT; pero en 1982 y 1983, las huelgas se convirtieron en mucho más, siendo canales de expresión del desencanto de los más amplios sectores populares con una democracia que traicionó sus promesas de 1979, y del descontento extendido contra el gobierno de Hurtado que, abandonando las veleidades reformistas de Roldós, se entregó al FMI y al modelo neoliberal.

La participación de estudiantes, pobladores, organizaciones cristianas, comerciantes ambulantes, pequeños propietarios y trabajadores por cuenta propia acabaron desbordando por completo los límites y los alcances de las centrales sindicales. Nuevamente, como había ocurrido con el movimiento estudiantil en décadas precedentes, la posibilidad de que el movimiento sindical se convirtiera en eje de la confluencia de la protesta social se fue construyendo desde antes: porque las prácticas y los horizontes de las organizaciones sindicales no estaban encerradas en las reivindicaciones obreras inmediatas, sino que cuestionaban las políticas económicas que afectaban las condiciones de reproducción de la vida del conjunto pueblo, del que los trabajadores son una parte; es decir, que actuaban y podían ser vistos no solo como organización sindical sino como expresión de las angustias populares por su decidida actuación  en esa coyuntura, pero también por la presencia de las anteriores huelgas nacionales de 1975 y 1977, en incluso en la casi olvidada huelga de 1971. Es importante resaltar que en todas ellas no actuó una sola central, sino el FUT como conjunto de ellas que se convirtió así en el faro al que se dirigieron las miradas populares. En el momento más alto de las movilizaciones de 1982 y 1983 surgieron formas organizativas nuevas, los comités zonales del FUT. El más desarrollado fue el del sur de Quito, en una zona donde coincidían por entonces un cordón industrial, barrios populares y colegios secundarios. Los trabajadores de los sindicatos alentaron a la unión, primero, a los trabajadores de fábricas vecinas que no tenían organización, o que pertenecían a otras centrales, y, después a estudiantes y moradores.

Desde el punto de vista de las masas en movimiento, los desbordes de 1982 y 1983 eran claramente una continuidad de abril 78 y la “guerra de los 4 reales”. Por eso octubre de 1982 acabó llamándose paro nacional del pueblo. Si las movilizaciones de protesta sindical y las marchas del primero de mayo suelen servir para reafirmar la unidad de la clase trabajadora y su grado de irradiación sobre otros sectores subalternos, en este período se potenciaron dichas características de estas manifestaciones obreras.

El gobierno de Hurtado enfrentó el movimiento huelguístico y las protestas populares inaugurando la era de regímenes de excepción y la militarización de ciudades y carreteras, dando inicio a una conducta que, de entonces para acá, han seguido escrupulosamente todos los gobiernos que le han sucedido.

Aunque el movimiento huelguístico se extendió hasta 1991, desde 1983 se debilitó considerablemente la capacidad de irradiación del FUT, y volvieron a ser manifestaciones básicamente sindicales. Para este desenlace concurrieron varios factores. En primer lugar, el desenlace de la lucha: la propia derrota del movimiento huelguístico, que no logró hacer retroceder la implementación de los paquetes neoliberales (pero sí volverla más lenta, en comparación con otros países de la región). En segundo lugar, las limitaciones políticas de las dirigencias sindicales, que, por un lado, no supieron abrir espacios de confluencia organizativa para los sectores populares que hicieron parte del desborde y, en consecuencia, no lograron dar cauce de continuidad al frente único de lucha que la movilización había creado; y, por otro lado, que algunas de ellas (sobre todo las dirigencias comunistas) se negaron a respaldar las iniciativas organizativas que surgieron desde las bases en plena lucha, calificando de “divisionistas” a los comités y coordinadoras zonales.

En tercer lugar, las iniciativas confluentes emprendidas por los empresarios (despidos, “listas negras”, cierres de fábricas -conocidas en la época como “quiebras fraudulentas”-) y por los gobiernos sucesivos: deslegitimación discursiva (“no representan a nadie”, “sólo son el 5% del electorado”, son “burocracias doradas”, etc.), reformas legales que obstaculizaron e impidieron la organización sindical y el ejercicio de las huelgas (apertura a la contratación cada vez mayor de trabajadores eventuales, incremento del número de trabajadores necesario para formar una organización).

Los grupos de poder combinaron la represión desde el Estado con la represión desde el capital privado; la represión se bifurca, por un lado, hacia las masas en movimiento durante el desborde, por otra parte, sobre el sector que había servido de eje a la confluencia y, finalmente, sobre los elementos simbólicos que acercaron a los actores menos o nada organizados a los sectores más combativos. Esa misma conducta reiteraron los grupos de poder en los siguientes desbordes populares.

Además, cambios en la economía han afectado también al movimiento sindical. La época neoliberal trajo consigo el abandono de la narrativa de la sustitución de importaciones, lo que se tradujo en una cierta desindustrialización y la migración de capitales desde la industria hacia el comercio, la banca y la inmobiliaria. El devenir de la economía incrementó el asalariamiento en aquellas ramas donde es más difícil la organización sindical. Posteriormente, y hasta la actualidad, las nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo, como las plataformas digitales, más precarias y menos colectivas, añaden segmentaciones y fraccionamientos en el mundo del trabajo que aún las organizaciones sindicales no han logrado enfrentar. En general, es la tendencia a la precarización del trabajo la que conspira contra las posibilidades del sindicalismo y debilita estructuralmente sus posibilidades de generar irradiación hacia otros sectores subalternos.

La presencia indígena

Los desbordes multitudinarios más recientes, en octubre de 2019 y junio de 2022 estuvieron marcados por la fuerte presencia del movimiento indígena. Pero su presencia no era una novedad. A partir de 1990, con un primer levantamiento, irrumpe en la vida social y política, la Conaie, una nueva organización social que expresa un nuevo movimiento subalterno, el movimiento indígena. En su historia inmediata, hunde sus raíces en las luchas campesino-indígenas que, entre las décadas de 1930 y 1970, cuestionaban las diversas dimensiones de la opresión a los indígenas.

El levantamiento del Inti Raymi, como fue llamado, marcó el inicio de una presencia constante del movimiento indígena frente a temas que afectaban directamente a los pueblos indios, pero también ante situaciones sociales y políticas de carácter general. Eso le permitió resquebrajar las barreras del racismo y obtener reconocimientos, simpatías y respaldos de varios sectores, organizados y no organizados; por un lado, alrededor de sus demandas específicas, por otro lado, como portador de expectativas populares que otros actores sociales no lograban impulsar por sí mismos.

Al levantamiento de 1990 le seguirían nuevos levantamientos y marchas que recorrían varias provincias del país. Las formas de irradiación del movimiento indígena hacia otros grupos subalternos se suceden, se acumulan y se modifican a lo largo de este tiempo. En abril y mayo de 1992, los pueblos indígenas de Pastaza se movilizaron a Quito demandando la legalización de sus tierras. En 1994, un nuevo levantamiento impide la aprobación de una ley agraria con la cual el gobierno de Durán Ballén pretendía privatizar el agua y las tierras comunitarias.

En 1995 la dinámica de la movilización se esparce hacia el ámbito político electoral y se crea el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País (en adelante conocido como Pachakutik), teniendo como base una alianza de la Conaie, la Coordinadora de Movimientos Sociales (entidad que agrupaba a varias organizaciones urbanas de trabajadores, jóvenes, ambientalistas y cristianos) y un sector de clase media aglutinado en torno a la figura de un comunicador, que sería su primer candidato a presidente; en las elecciones de 1996 obtuvo un 20% de votos, pero no logró pasar a la segunda vuelta. Pero luego Pachakutik sufrió el alejamiento de varias organizaciones sociales urbanas y durante varios años fue percibido socialmente como representación solo indígena. Así, en siguientes elecciones, su votación nacional se redujo, pero se afirmó localmente en un buen número de cantones y provincias, sobre todo de la Sierra y de la Amazonía.

En 1997, el movimiento indígena y Pachakutik tuvieron una presencia activa en las grandes movilizaciones sociales que, junto a otras circunstancias, dieron fin al gobierno de Abdalá Bucaram; la Conaie propuso la convocatoria a una Asamblea Constituyente como salida a la crisis política. Nuevamente, en 2000, junto a la Coordinadora de Movimientos Sociales y a un grupo de oficiales jóvenes de las fuerzas armadas, originó un movimiento que terminó en la caída de Jamil Mahuad. Sin embargo, un nuevo levantamiento, decretado por la dirigencia en septiembre de 2000 sin consulta con las bases, no tuvo casi ninguna acogida.

No obstante, pocos meses después, en febrero de 2001, un nuevo levantamiento contra el incremento de los precios del gas, los combustibles y el transporte. Esta movilización fue fuertemente acosada por el gobierno, pero concitó un amplio y masivo movimiento espontáneo de solidaridad por parte de clases trabajadores y de sectores medios.

La fracasada alianza con Lucio Gutiérrez y la fuerte movilización de las clases medias que pondría fin a su gobierno en 2005 pareció resquebrajar los lazos espirituales que se habían tendido entre el movimiento indígena y otros componentes del pueblo. Sin embargo, en marzo de 2012, la Conaie, con el apoyo de otras organizaciones, emprendió la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos para enfrentar la propuesta de “ley de aguas” del gobierno de Correa, que buscaba eliminar las posibilidades de gestión comunitaria del agua y facilitaba la continuidad de la distribución inequitativa del agua en beneficio de los grandes emporios agrícolas. En la marcha participaron mayoritariamente indígenas, pero fueron acompañados por ecologistas, jóvenes y trabajadores, y recibieron un entusiasta respaldo de la población a lo largo de su recorrido.

En todo este trayecto, el movimiento indígena, y su principal organización, la Conaie, se convirtió en eje de confluencia de las expectativas sociales, más por la congregación de reconocimientos y de solidaridades, como lo había sido el movimiento estudiantil en las décadas de 1960 y 1970, pero encontrando también espacios de confluencia en luchas y movilizaciones puntuales. Hubo una diferencia: su iniciativa de construir un movimiento político le permitió convertirse en eje de la movilización electoral de sectores populares y medios más o menos amplios en dos momentos: en 1996 y en 2021.

En los masivos desbordes populares de octubre de 2019 y junio de 2022 el movimiento indígena se convirtió en eje de confluencia de luchas sociales, un papel similar al que había jugado el FUT en los primeros años de 1980. Su papel aglutinador provino ciertamente de esta secuencia de luchas y aproximaciones diversas. Octubre y junio no fueron solo el momento de los estallidos.

El 19 y el 22 ⁹

Varios aspectos aproximan Octubre y Junio y muestran una continuidad entre ambos. Uno y otro lograron una participación masiva y multitudinaria de indígenas, campesinos, trabajadores urbanos, moradores de barrios populares, jóvenes, estudiantes, mujeres, jubilados y afiliados al IESS, transportistas. Aunque Quito se convirtió en el epicentro de la lucha social, las movilizaciones y protestas se extendieron rápidamente por todo el país. Y en ambos el movimiento indígena ocupó el centro de la escena, aunque, como veremos más adelante, estas continuidades venían acompañadas de elementos importantes de discontinuidad.

Los desbordes populares no son un rayo en cielo sereno: suponen una acumulación de descontentos, luchas y protestas. El desborde popular de octubre de 2019 fue precedido y preparado por un año de movilizaciones y luchas puntuales de una gran diversidad de organizaciones. ¹⁰

Continuidades…

Desde noviembre de 2018 se sucede una serie de movilizaciones y acciones de protesta de estudiantes en contra del recorte del presupuesto para las universidades; de colectivos de mujeres por la despenalización del aborto y contra los femicidios, que se repiten durante varios meses; de diversos sectores contra el incremento de los precios de los combustibles, de trabajadores contra el anuncio de privatizaciones, en rechazo a miles de despidos y al alza de los combustibles, así como en defensa del IESS; realizan varios encuentros para discutir estos temas y anuncian una huelga nacional o paro del pueblo. Se multiplican conflictos laborales; la marcha del primero de mayo y otras manifestaciones concitan una gran presencia de trabajadores. La Conaie también se pronunció contra las medidas económicas y anuncia una movilización nacional, mientras que la nacionalidad wao se moviliza contra la explotación petrolera y en defensa de la consulta previa, y comunidades de la provincia de Bolívar se manifiestan en Guaranda contra las concesiones mineras. Los jubilados exigen que se cumplan pagos adeudados. Maestros jubilados se declaran en huelga de hambre. Los usuarios del Seguro Social Campesino realizan marchas contra el incremento de los aportes. Los internos rotativos, estudiantes de medicina, obstetricia, enfermería y nutrición, paralizan sus actividades en hospitales públicos, rechazando la reducción de sus estipendios y realizan protestas en varias ciudades. Se movilizan los colectivos LGTBIQ+. La asamblea provincial de la provincia del Carchi se declara en paro por la crisis económica que vive esa provincia fronteriza.

En un intermedio, el gobierno había firmado un convenio con el FMI a cambio de reformas laborales y tributarias. En la otra orilla, se conformó el Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales con la participación de la Conaie, el FUT y otras organizaciones.

Igual que en octubre de 2019, una dinámica similar ocurrió en el camino hacia junio de 2022, aunque con menor intensidad. ¹¹

Junio viene de una intersección entre dos dinámicas. Por un lado, infructuosos diálogos entre la Conaie y el gobierno que se llevaron adelante en junio, agosto y octubre de 2021; la Conaie reclama al gobierno el nulo avance de los diálogos. Para entonces, en septiembre, Lasso había firmado un acuerdo con el FMI, más o menos en los mismos términos que su predecesor.

Y, por otro lado, una secuencia de inconformidades y protestas sociales que se despliegan desde enero de 2022. Se desarrollaron luchas antimineras en varios sectores del país. El FUT convocó a una movilización exigiendo que se trate su proyecto de Código del Trabajo y el pago de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, y rechazando el incremento de combustibles; pero se postergó por el incremento de casos de coronavirus; realizó sin embargo varias acciones de protesta, entre ellas la marcha del día del Trabajo. Colectivos feministas se manifestaron contra la penalización del aborto y por el día de la Mujer. Los maestros se movilizaron en Quito y Guayaquil por la equiparación de sueldos, el reingreso de docentes despedidos y mayor presupuesto para educación. Moradores de Santa Lucía de Las Peñas, en Esmeraldas, cierran la carretera en demanda de servicios básicos. Indígenas y grupos ecologistas organizaron un plantón para protestar contra el extractivismo y la escasa respuesta estatal ante derrames de crudo en la Amazonía. Hubo protestas de conductores y repartidores de plataformas digitales. Varias organizaciones se dirigieron durante varios días a la Asamblea Nacional para plantear la amnistía a los luchadores populares procesados por las protestas de octubre de 2019. Trabajadores de la salud se manifestaron en las afueras de los hospitales públicos de donde habían sido despedidos. Maestros y estudiantes se movilizaron contra recortes en el presupuesto de la educación pública. Estas muestras de descontento social se mezclaron con marchas de la población contra la inseguridad en varias ciudades. En medio de todo esto, la violencia del narcotráfico y los estados de emergencia.

Finalmente, en mayo, la Conaie, la Fenocin y la Feine acuerdan llevar en conjunto un paro nacional indefinido el mes siguiente.

Octubre y junio, de distinta manera, en distintos grados, reencuentran la misma dinámica. Las protestas se entrelazan, se entrecruzan, se suceden, se superponen, buscan encontrarse; al inicio, todavía no saben sus actores que son parte de un torrente que irá creciendo hasta culminar en un gran desborde popular.

Los desbordes populares han compartido, en general el hacer surgir o dar mayor vida a formas organizativas que, en cierto modo y hasta cierto punto, expresan y recogen el encuentro de los diversos movimientos y organizaciones. Tanto en Octubre como en Junio se replicó el Parlamento de los Pueblos como instancia de agregación y participación. Y, en ese marco, las marchas y el Parlamento de Mujeres que dieron muestras del papel relevante que tuvieron las mujeres. ¹² Se trataba de una idea que el movimiento indígena venía propagando entre 1997 y 2000 (entonces con el nombre de Asamblea Constituyente -en 1997, tras la caída de Bucaram-, y después con el de Constituyente del Pueblo y el de Parlamento Popular).

Pero en todos esos intentos, igual en los anteriores que en los de 2019 y 2022, estas formas organizativas fueron inconclusas e incompletas, por una combinación de varios factores: se quedó en un intento “superestructural”, y no incidió en las definiciones políticas de las protestas, ni en su inicio ni en su finalización, no participó demasiado en los diálogos posteriores. En 2019 había logrado sistematizar una suerte de programa que dejaba la movilización, lo que no ocurrió en 2022. Miradas así las cosas, la dirigencia de la Conaie parece encontrarse con los mismos límites con que chocara la dirigencia del FUT en 1982-83: no dar con una forma y una dinámica política capaz de ir construyendo una continuidad de la confluencia de las masas en movimiento, ni en el instante mismo de la confluencia de las luchas ni en el momento siguiente.

Las luchas de Octubre y de Junio coincidieron también en generar una inteligibilidad mucho más clara de los conflictos que constituyen la sociedad ecuatoriana, igual que en su momento lo hicieron las huelgas del Frente Unitario de Trabajadores. Octubre y Junio desnudaron las fracturas que organizan la vida social: una fractura social que organiza los conflictos de clase; una fractura regional, que se arrastra desde la conformación de la República y que ahora marca los espacios de competencia económica y política de las clases dominantes; y una fractura étnica, herencia de la colonia y del sistema hacendatario, que es usada por los grupos dominantes para utilizar a sectores de las clases medias como arietes contra la protesta social, contra indígenas y obreros. Los desplazamientos de estas fracturas orbitan alrededor de dos disputas centrales en este período; la disputa por el excedente social y la disputa por el sentido de la democracia, que separan y oponen a todos los sectores sociales en campos fuertemente delimitados.

Continuidad, también, en la respuesta del Estado y de los grupos empresariales, incapaces de generar un proyecto político con capacidad hegemónica, es decir, realizando concesiones tangibles a las grandes masas para conseguir su adhesión activa. Las clases dominantes dominan, pero no pueden dirigir: su respuesta a las situaciones de crisis tiende a ser la represión.

En los dos momentos, el gobierno decreta estados de emergencia y militariza las ciudades y las carreteras, detiene a dirigentes indígenas: a Marlon Santi en 2019; a Leonidas Iza en 2022. En Octubre y en Junio se desplegó, furibundo, exacerbado y violento, el carácter racista y de desprecio de clase que caracteriza la mentalidad de las clases dominantes y que ha permeado hacia vastos sectores de las clases medias. Los manifestantes, sobre todo los indígenas, fueron tildados de “terroristas” y acusados de “destruir Quito”. Se multiplicaron las exigencias de represión policial y militar contra los manifestantes. Y no faltaron voluntarios que, en las “redes sociales” se ofrecían para salir y disparar contra “los indios”. ¹³  

Pero hay un nexo que no puede ser pasado por alto: la violencia discursiva, política y policial de las clases dominantes en octubre de 2019 y en junio de 2022 es comparable con la violencia discursiva y legislativa con que se lanzaron en contra de los trabajadores durante la pandemia. Quedó expresada, violenta y desnuda, en la ley de Lenin Moreno hipócritamente llamada “de apoyo humanitario”: su núcleo central es la precarización del trabajo, la eliminación de la contratación colectiva y de los sindicatos, la facilitación y el abaratamiento de los despidos, la reducción de los salarios, el reforzamiento del yugo del capital sobre los trabajadores en la imposición de modificaciones arbitrarias de jornadas de trabajo y de vacaciones, etc. ¹⁴

La tendencia al autoritarismo (que se despliega desde el proceso mismo de “retorno a la democracia”) se profundizó en los gobernantes, en las fuerzas armadas y policiales, y en los medios de comunicación tradicionales. Se reconfigura la política: el Estado como estado de emergencia; la democracia como democracia restringida; el trabajo como tiranía del capital.

… y discontinuidades

Octubre y junio fueron dos desbordes distintos. Aun cuando el sector que sirve de eje sea el mismo, los actores confluentes coincidan en buena parte, y también coincidieran las formas de organización que buscaban expresar el encuentro de la lucha, el desborde resultante puede ser distinto, pues depende también de las relaciones que se establecen entre el sector-eje y los demás confluentes. Dicho de otro modo, aun cuando el sector que sirve de eje aglutinador sea el mismo, los movimientos de desborde tenderán a ser distintos si se modifican las otras condiciones.

Las últimas luchas multitudinarias de octubre de 2019 y junio de 2022 son claras muestras de lo dicho.

En octubre las movilizaciones tuvieron un carácter especial: se originaron en las comunidades y en las organizaciones de base; y en muchos casos, las comunidades se movilizaron al ver que los transportistas habían iniciado su paralización, antes de que alcanzaran a llegar las directivas de las organizaciones provinciales y nacionales. El mismo impulso parecen haber tenido buena parte de las movilizaciones de jóvenes urbanos, de pobladores y de trabajadores.

En junio, en cambio, las decisiones vinieron desde arriba, incluso la fecha de inicio de las movilizaciones, pese a la reticencia de muchas organizaciones de base. En el 19, los sectores populares urbanos se sumaron activamente a la protesta, en buena parte de modo espontáneo y hubo una importante participación solidaria de segmentos de los sectores medios urbanos. En el 22, aunque hubo una importante participación popular urbana y de estudiantes y ciertas capas de las clases medias, esta fue mayoritariamente en actividades solidarias (de mucha importancia, eso sí) participación solidaria y una también importante actitud de expectativa favorable, que incluso se manifestó con más fuerza el último día, cuando los indígenas retornaban a sus comunidades y se generó una espontánea movilización popular, sobre todo en los barrios populares del sur de Quito.

Esta vez, en lugar de la confluencia de los diversos sectores sociales (que se había intentado al inicio de Octubre de 2019), la dirigencia de la Conaie prefirió un acuerdo con otras dos organizaciones indígenas, la Feine y la Fenocin, dejando relegados a los demás. En el 19, el movimiento finalizó cuando el gobierno de Moreno se vio forzado a acceder a un diálogo con la dirigencia de la Conaie, mediado por Naciones Unidas; el diálogo que fue público y transmitido por radio y televisión; a pesar de que la Conaie no aceptó participación de otros sectores en el diálogo, el mero hecho de que se haya producido y haya sido a los ojos de la sociedad fue un elemento potencialmente democratizador. En el 22, la movilización también finalizó con un diálogo, mediado por la Conferencia Episcopal. Pero esta vez los diálogos se dieron en recintos cerrados, sin presencia de la prensa y sin posibilidad de escrutinio público. Nuevamente la dirigencia escogió quiénes los acompañarían al diálogo y restringió la representación en las mesas (de las que se sabe que poco o nada quedó).

En ambos momentos quedó flotando un interrogante sobre la independencia política del movimiento, a ratos queriendo subordinarse a la política correísta de “Fuera Moreno” y “Fuera Lasso”. Quedan zonas grises en la indefinición entre el populismo y lo popular, como diría Agustín Cueva ¹⁵

Unas ciertas confluencias incompletas o intermedias

Cuando hablábamos de las luchas sociales de las décadas de 1960 y 1970, veíamos que los movimientos estudiantiles universitario y secundario se habían convertido en el eje de agregación, pero que los otros actores subalternos confluían como apoyo, como simpatía, como soporte; poniéndose en primer plano los lazos espirituales. ¿La modernización capitalista de la economía y de las clases sociales hizo más orgánicas a las confluencias? En parte sí, al menos tendencialmente, porque la penetración de los principios totalizantes del capitalismo, el mercado y el Estado van unificando las redes de la dominación, pero no borran ni anulan el carácter abigarrado de la formación social, pero sí lo reformulan subsumiéndolo en las necesidades de la acumulación ampliada del capital. Por eso, la confluencia constitucional del 2007-2008 y la proximidad incompleta de la agregación de las jornadas de lucha y movilizaciones de 2015 mostraron que este tipo de confluencias incompletas o intermedias no tienen que ver sólo con el carácter de la estructura social, sino que depende de las dinámicas de las luchas y de cada posible agregación de inconformidades y protestas sociales.

Los 25 años de resistencias populares contra el modelo neoliberal y los gobiernos que trataban de imponerlo ralentizó su implementación. Pero pudo hacerlo justamente por el tiempo largo de luchas sociales bajo distintas formas, con distintos movimientos y organizaciones activándose uno después de otro para impedir que las clases dominantes derroten de manera duradera y definitiva al pueblo resistente. Hubo momentos de agregación en distintos grados de intensidad y en torno a movimientos diferentes que, aprovechando las discordias dentro de la clase dominante y el papel de las Fuerzas Armadas como elector supremo, logró incluso forzar la terminación adelantada de tres gobiernos.

Al final de ese primer ciclo neoliberal, la derecha había visto fracasar todas las fórmulas políticas de que disponía, pero la resistencia popular tampoco había logrado una propuesta unitaria contrahegemónica que pusiera radicalmente en cuestión la dominación burguesa. En ese vacío político el correísmo absorbió buena parte de las expectativas y energías sociales de la movilización antineoliberal para redireccionarla a la afirmación de un proyecto populista.

Pero las luchas de resistencia no se desvanecieron al agotarse su impulso, sino que se metamorfosearon en lo que podríamos llamar una movilización constitucional: organizaciones de todo tipo, grandes y pequeñas, nacionales o locales, en representación de mujeres, jóvenes, indígenas, trabajadores, moradores de barrios populares, ambientalistas, peregrinaron a Montecristi para entregar a la Asamblea Constituyente sus propuestas de reforma, desde un artículo hasta una Constitución entera; y algunas procuraron que sus representantes se queden a la vera de la Constituyente hasta que se discutan sus propuestas. La mayoría de la sociedad estaba presa de un cierto fetichismo jurídico que le hacía creer que el cambio de la Constitución llevaba a la transformación de la sociedad.

Sin embargo, esta gran movilización constitucional de las clases subalternas no encontraba articulación posible en ningún movimiento social y en ninguna forma organizativa surgida de ella misma, sino en la Asamblea y en la Constitución (o, peor, en Alianza Pais), difiriendo y distorsionando los intentos de actividad autónoma.

Unos años más tarde, entre 2013-2015, se produce una serie de conflictos que envolvieron a varios actores, algo que sorprendió al gobierno. En febrero de 2013 Correa había sido reelegido con la votación más alta que obtuvo en sus 10 años de gobierno y varios comicios: 57%. Parecía que la hegemonía populista únicamente podría afianzarse, extenderse y profundizarse. No fue así.

En agosto, el gobierno de Correa abandona la iniciativa Yasuní (mantener el petróleo bajo tierra en el parque nacional Yasuní), generando un gran desaliento entre grupos de ecologistas y amplios sectores de la juventud. Se forma el colectivo Yasunidos e inicia una campaña para someter a consulta popular la continuidad de la iniciativa. La consulta fue torpedeada por el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral, que rechazó en mayo de 2014 gran parte de las firmas recogidas.

Mientras tanto, en octubre de 2013 grupos y colectivos de mujeres se habían manifestado frente la Asamblea contra la negativa del correísmo de despenalizar el aborto en casos de violación. Por esas fechas también reaparecen movilizaciones de estudiantes secundarios: el Central técnico en 2013, el Mejía en 2014 y el Montúfar en 2016. La respuesta de Correa fue violenta: envió a la policía a reprimir a los jóvenes, los acusó en las sabatinas de “terroristas”, exigió su enjuiciamiento y pidió penas de cárcel y amenazó con cerrar los colegios. Varios estudiantes fueron expulsados o reubicados en otros colegios.

Con intermitencias, las movilizaciones se mantendrán un par de años. Nuevamente, las fechas simbólicas (8 de marzo, 1 de mayo, 25 de noviembre) sirven para concentrar y relanzar la protesta. Como indicador del ambiente político, es bueno recordar que, en medio de la oleada de movilizaciones, se realizaron las elecciones locales de febrero de 2014, en las cuales el correísmo perdió en las principales ciudades del país y en casi todas las capitales provinciales.

En 2014 se sucede una serie de protestas sindicales contra reformas laborales. En la masiva manifestación de septiembre participaron también indígenas, mujeres y estudiantes. Se protestó contra el decreto 16 (que subordinaba a las organizaciones sociales y no gubernamentales al arbitrio del Estado), contra la anulación de la obligación del Estado de contribuir con el 40% de aportes para el IESS, contra la intervención en los fondos de cesantía de maestros, trabajadores y empleados, contra la imposición de un techo para las utilidades de los trabajadores (el excedente será tomado por el Estado). También hubo protestas de los médicos contra el COIP y contra la creación de un nuevo ente de control dependiente del Ejecutivo. Por fin, desataron protestas las propuestas de reforma constitucional que incluían la reelección indefinida del presidente y la presencia de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad pública. Las protestas se extendieron el año siguiente hasta su aprobación en septiembre de 2015. Correa acusó a las manifestaciones de ser intentos de desestabilización y parte de una “restauración conservadora”. Durante 2014 y 2015 el gobierno organizó contramarchas cuando se realizaban protestas sociales.

Durante 2015 nuevamente diversas organizaciones protagonizaron acciones de protesta y manifestaciones en varias provincias. Los temas fueron variados: medioambiente, reformas laborales, reformas constitucionales. Como resultado de la aproximación de las protestas sociales, se constituyó el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales, formado por la CTE, la CONAIE, la CEOSL, la CEDOCUT, la UGTE, la ECUARUNARI, el FRENTE POPULAR, la FETMYT, la FENOCOPRE. La Federación Médica, la UNE y la Asamblea Permanente de Jubilados, quizás el mayor intento de organización unitaria de las masas en movimiento. Las movilizaciones fueron más fuertes a partir del mes de agosto, para cuando la Conaie realizó la Marcha por la Dignidad y la Vida que recorrió varias provincias del país, saliendo de Zamora y llegando a Quito el 12 de agosto y el Colectivo Unitario anunció una “Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Pueblo”, que reunió a más de 50.000 personas en las calles de la capital. En el marco de estas jornadas, mujeres indígenas y colectivos feministas organizaron una marcha de mujeres (acción que luego repetirán en los desbordes de 2019 y 2022). En algunas zonas indígenas, las protestas se extendieron más allá del 13 de agosto, como en Saraguro, donde, el 17 de agosto, la policía emprendió una dura y excesiva acción represiva en contra de hombres y mujeres, adultos y niños. A partir de septiembre se realizaron nuevas protestas contra las reformas constitucionales.

A pesar de que las protestas sociales confluyeron en tiempo y espacio, a pesar de que se produjeron acciones de solidaridad y de encuentro entre movilizaciones y agrupaciones distintas, y aun a pesar de que se logró constituir una forma organizativa que juntaba a buena parte de las organizaciones que se movilizaron en eso años, la confluencia fue incompleta. Las dirigencias sociales no dieron continuidad al Colectivo Unitario, de cuyas reuniones se fueron ausentando la Conaie y otras organizaciones sociales, favoreciendo la dispersión posterior. Un aspecto que incidió en eso fue la desconfianza que existe entre organizaciones representativas de uno u otro sector social.

Por otro lado, también en 2015, la derecha logró retomar iniciativa política y respaldo de movilización social tomando como ocasión el proyecto de ley de herencias y plusvalía (impuestos a ventas y transferencias sobre fracciones superiores a 35.000 dólares). El excandidato presidencial Lasso y el alcalde Nebot encabezaron marchas en Guayaquil, en Quito lo hicieron el alcalde Rodas y Páez, el excandidato a vicepresidente de Lasso. También se reprodujeron manifestaciones similares en Machala, Manta y Cuenca. Para la derecha, estos eventos serían el inicio de un camino que le llevó a disputar cerradamente las elecciones de 2017, a pactar con Moreno y hacerse con el control de su gobierno, y a ganar después las elecciones de 2021 y 2023.

1997, 2000, 2005

Entre 1997 y 2005, tres presidentes fueron desalojados de sus cargos en medio de grandes movilizaciones sociales, disensiones entre diversas facciones de las clases dominantes e intervención dirimente de las Fuerzas Armadas. En realidad, la crisis política e institucional se había iniciado un poco antes, en 1995, con la huida del entonces vicepresidente Alberto Dahik, que había logrado evadir un juicio político, pero se atemorizó frente al juicio penal con que lo amenazaba el partido Socialcristiano.

En febrero de 1997 cayó Abdalá Bucaram, tras estar tan solo 6 meses en el cargo y haber aumentado el precio del gas; en enero de 2000 cayó Jamil Mahuad, luego de un año y 8 meses de gobierno, tras haber decretado el salvataje bancario y la dolarización; en abril de 2005 cayó Lucio Gutiérrez, después de dos años y tres meses de gestión durante los cuales se vio enredado en sus alianzas cambiantes dentro de una pugna interburguesa (Gutiérrez había llegado a la presidencia en alianza con Pachakutik y con apoyo del MPD; al poco tiempo abandonó esa alianza y acordó con el Partido Socialcristiano; después rompió con el socialcristianismo y se alió con Abdalá Bucaram y Álvaro Noboa). Vale recordar que fenómenos similares se produjeron también en otros países de América Latina, como Bolivia, Argentina y Perú.

Se hablaba por entonces de crisis de gobernabilidad; pocos recordarán ahora que dos expresidentes neoliberales, Hurtado y Febres Cordero, se disputaban el honor de haber sido el primero en señalarla. Pero había más que eso. El neoliberalismo había entrado en una crisis y en un deterioro tales que llevaría a su desfondamiento y a la entrada triunfal del populismo progresista en 2007.

A diferencia de los desbordes populares que ya analizamos, las masivas movilizaciones que dieron por resultado la caída de los tres presidentes son parte de un proceso que combinaba dos o tres movimientos de contenidos sociales y políticos distintos, pero cuya confluencia temporal trajo consigo cambios profundos en la conciencia social y remezones políticos como antes no había vivido el Ecuador.

Por un lado, las pugnas en las altas esferas políticas y económicas, agudas discrepancias al interior de la clase dominante que se han manifestado a lo largo de estos 45 años desde el “retorno a la constitucionalidad” en 1979. Por otro lado, la resistencia popular al neoliberalismo y la tendencia al encuentro de las manifestaciones de protesta de los subalternos, que hemos reseñado en páginas anteriores. En el momento de la movilización, estos movimientos podían parecer estar actuando juntos, pero no los acercaba nada más que la oposición al grupo gobernante; en lo demás y en lo sustancial eran divergentes.  Con todo, el movimiento inmediatamente determinante terminaba siendo la intervención dirimente de las Fuerzas Armadas (dicho sea entre paréntesis, cuando las crisis políticas no terminaron en la caída de los gobernantes, por ejemplo, Hurtado en 1982-83 o Febres Cordero en 1986, también el factor dirimente fueron las Fuerzas Armadas).

Bucaram, un populista neoliberal, la expresión chabacana del poder oligárquico, y los grupos económicos que lo sustentaban, entraron en conflicto con los sectores tradicionales de las clases dominantes, expresados en el partido Socialcristiano, la Democracia Popular y la Izquierda Democrática, a los que comenzó a desplazar de todo espacio institucional de poder, incluso de entidades sociales, como los colegios profesionales y la presidencia del Barcelona, el club de fútbol más popular del país; y a quienes pretendía disputar incluso áreas de negocios (es recordado el episodio durante el cual Bucaram, siendo presidente del Ecuador, opinó a quién correspondía la herencia del magnate bananero Luis Noboa, que se disputaban su viuda -del segundo matrimonio-, cercana al socialcristianismo, y sus hijos encabezados por Álvaro Noboa, aliado de Bucaram).

Al mismo tiempo, trató de destruir al sindicalismo petrolero, por entonces bastante activo en la lucha contra las privatizaciones y uno de los ejes de la Coordinadora de Movimientos Sociales, y también buscó dividir a la Conaie, atrayendo a dos dirigentes indígenas amazónicos a altos puestos de gobierno. La rapidez con que emprendió estos ataques permitió que los diversos sectores se aproximaran y buscaran acuerdos. En la izquierda, la independencia política de clase no se planteó como posibilidad, pues los sectores hegemónicos dentro de ella participaban activamente en reuniones discretas con los representantes (y a veces incluso con las cabezas) de los grupos dominantes.

Desde las alcaldías de Quito y Guayaquil, el demócratacristiano Mahuad y el socialcristiano Febres Cordero movilizaron sus redes clientelares y encabezaron nutridas marchas antigubernamentales exigiendo el pronunciamiento del Congreso para cesar de su cargo a Bucaram. Por su parte, las organizaciones sociales también organizaron movilizaciones, y el movimiento indígena se movilizó desde sus comunidades a las carreteras y ciudades.

En las calles y en las rutas las movilizaciones populares radicalizaban sus demandas, desde la derogatoria del decreto que subió el gas al rechazo del modelo neoliberal, delineando un programa práctico que abarcaba el control social sobre las instituciones, la revocatoria de todos los mandatos, incluido por supuesto el poder ejecutivo, la autoorganización de las masas en las asambleas del pueblo, e incluso ciertos inicios de autogobierno mediante el nombramiento autónomo de autoridades. Y también alentaron la esperanza en una salida institucional: la propuesta de una Asamblea Constituyente que refundara el país. La movilización, una de las más grandes en la historia del país, duró poco y no pudo tener el empuje suficiente para persistir en el tiempo. Eso permitió que, en el Parlamento, los partidos políticos tradicionales urdieron una salida que al mismo tiempo se deshiciera de Bucaram y aplacara la movilización popular. Propusieron un interinazgo del presidente del Congreso, la renovación de las comisiones parlamentarias, otorgando la presidencia de algunas de ellas a Pachakutik y fuerzas de izquierda, ofrecieron, aunque de mala gana, dar paso a la Constituyente y deslizaron la promesa de una alianza electoral de un “gran centro” que englobara izquierdas y derechas con vicepresidencia indígena. La movilización social fue así reconducida a un acuerdo parlamentario y la asamblea constituyente llegó a ser apenas “constitucional” -es decir, sólo a redactar una nueva constitución dual: una cara reconocía ampliamente derechos a los indígenas, a las mujeres, a los niños…; y la otra reafirmaba el carácter neoliberal de la economía y del Estado. Así, reflejaba el acuerdo mayoritario de las clases dominantes, pero también el recuerdo reciente del desborde popular.

Sin embargo, la salida conservadora no trajo consigo la tan ansiada estabilidad del poder, que volvió a colapsar en apenas tres años.

Mahuad había sido elegido presidente con el beneplácito del conjunto de la clase dominante. Pero poco a poco, la unanimidad se fue deshaciendo al calor de la crisis económica y de los intereses de los grandes bancos. Febres Cordero, todavía alcalde de Guayaquil, encabezaba muy nutridas manifestaciones con el objetivo explícito de respaldar a la banca guayaquileña, sobre todo al Banco del Progreso, pues, según él, el gobierno mantenía sus cuentas en la banca quiteña, perjudicando a los del puerto. Además, el dueño de ese banco reconocería que había aportado tres millones de dólares a la campaña de Mahuad. Nada de eso era casual: la crisis bancaria estaba ya a la vuelta de la esquina, provocada por el manejo irresponsable de la banca privada que otorgó muchos y generosos créditos a empresas vinculadas con sus principales accionistas. Uno tras otro, los bancos comenzaron a declararse en quiebra. La crisis desatada culminó con el cierre de un tercio de los bancos, a pesar de los créditos otorgados por el gobierno y del “salvataje bancario”.

Para “equilibrar las cuentas fiscales”, el gobierno devaluó la moneda y subió el precio del gas doméstico y de los combustibles. Poco después, el congelamiento de las cuentas bancarias, la dolarización que duplicó en pocos días la cotización del dólar y una inflación de 90% anual, expandieron la pobreza, generaron una oleada de desesperación, forzaron una masiva migración y diluyeron el respaldo popular del gobierno. Las protestas sociales volvieron a activarse y las clases dominantes intuyeron el peligro que acechaba. Así que públicamente comenzaron a hablar de la necesidad de un “cambio de gerente” (esas fueron sus palabras), es decir, de cesar al presidente.

Pero la dinámica de los acontecimientos estaba ya desatada. Los principales movimientos sociales de entonces, la Conaie y la Coordinadora de Movimientos Sociales, alentaron la formación de parlamentos populares que, en cierto sentido, recogían la memoria reciente de 1997. Las movilizaciones sociales se multiplicaron, y miles de indígenas confluyeron a Quito.

La dirección de los grupos sociales movilizados buscaba alianzas secretas con sectores de las Fuerzas Armadas. Se hablaba de un “plan A con los generales” y un “plan B con los coroneles”. El 21 de enero, un grupo de militares se sublevó y entró junto a los indígenas al Congreso y luego al palacio de Carondelet, sede del gobierno. Entre ellos estaba el coronel Lucio Gutiérrez. Al filo de la medianoche se armó un triunvirato conformado por Gutiérrez, en representación de los militares sublevados, Antonio Vargas por el movimiento indígena y Solórzano Constantine en representación de los movimientos sociales. Se dice que mientras se armaba el nuevo gobierno, Gutiérrez entregó el poder al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El triunvirato no duró más de tres horas y el alto mando militar traspasó el poder a Gustavo Noboa, que había sido vicepresidente de Mahuad. Con rostros aún desencajados, pero ya aliviados, los presidentes de los gremios empresariales reconocían haber vivido “la peor pesadilla de sus vidas”.

Al poco tiempo, y apertrechado con la aureola de haber sido parte del movimiento que expulsó a Mahuad del poder, Lucio Gutiérrez se presenta a las elecciones de 2002 en alianza con Pachakutik y con el apoyo del MPD; este último había retirado su propia candidatura dos meses antes de las elecciones.

¿Llegaba al gobierno por la vía electoral la alianza entre indígenas, trabajadores y militares que forzó la salida de Mahuad? Parecía que sí, tanto que al principio Gutiérrez incluyó en su gabinete a dirigentes indígenas y del MPD en los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Ambiente, y algunos dirigentes de Pachakutik figuraban entre sus asesores cercanos y en la Secretaría de Planificación. Parte de la dirigencia mestiza de Pachakutik sobrevaloró la situación: “El coronel tendrá el gobierno, pero nosotros tenemos la sartén por el mango”. No obstante, se trataba de un espejismo: las carteras de economía recayeron en banqueros y las de la política en figuras de la derecha. Además, firmó una nueva carta de intención con el FMI y regresó de los Estados Unidos declarándose el mejor amigo del entonces presidente Bush.

Según el acuerdo con el FMI, Gutiérrez incrementó los precios de los combustibles y del gas: el acuerdo estaba roto de hecho, pero se sobrevivió a sí mismo aún durante siete meses. Haciendo gala del oportunismo que caracteriza a los aventureros de la política, Gutiérrez rompió la alianza con la izquierda y con la Conaie y entabló acuerdos con el partido Socialcristiano, solo para mudar de aliados a la vuelta de la esquina y establecer una nueva mayoría parlamentaria junto el PRE y el PRIAN.

El audaz movimiento oportunista de Gutiérrez obró creando fragmentaciones por todos los costados del sistema político. El mundo de la política institucional se dividió en dos bloques claramente marcados: el bloque neoliberal del establecimiento tradicional (PSC, ID, DP y aliados) y el bloque del populismo neoliberal (PSP, PRE, PRIAN). Al mismo tiempo, el sistema político en general perdió todo contacto político y moral con la mayoría de la sociedad. Pero también, finalmente, la experiencia de cogobierno con Gutiérrez sirvió para provocar mayores tensiones, disensos y fricciones dentro de la Conaie y de las organizaciones sociales, y desató los lazos que unían al pueblo en las luchas precedentes.

De esta manera, en ese momento los principales movimientos sociales y las organizaciones populares que habían sostenido una pertinaz resistencia de veinticinco años a la implementación del capitalismo salvaje no se encontraban en posibilidades de sostener una movilización de masas con la suficiente fuerza como para contraponerla a la oposición que por entonces pretendían emprender, aunque sin demasiado éxito, las oposiciones de los partidos burgueses tradicionales y los espacios institucionales que ellos controlaban. Y tampoco estaban en condiciones de enfrentar las contramarchas que organizaba el gobierno de Gutiérrez recurriendo a manejos clientelares.

En los desbordes, como hemos visto, generalmente predomina el sentido del encuentro; pero hay ocasiones en que algún encuentro marca también grandes desencuentros. Una situación así fue creando un ambiente que era al mismo tiempo polarizado y vacío y que sirvió de escenario para la acumulación de descontentos más o menos difusos, unos de origen económico y social, otros de origen ideológico y de resentimiento “estético” ante las formas populacheras y “poco cultas” que exhibía el coronel presidente; y este ambiente fue la ocasión para que todos estos descontentos tomaran forma y se manifestaran repentinamente en la masiva movilización, sobre todo, de amplios sectores de las clases medias: profesionales, empleados, estudiantes y profesores universitarios, grupos culturales y artísticos, moradores de barrios; en fin la gente común y de buena voluntad.

Se produjo una paradoja: a lo largo del cuarto de siglo de resistencia contra el neoliberalismo se habían movilizado prácticamente todas las clases y sectores subalternos; las clases medias lo hicieron solo al final. Pero, al mismo tiempo, lo hicieron con sentidos contradictorios entre sí: algunos segmentos, posiblemente los más acomodados, crearon la imagen de sí mismos al separarse, casi independizarse, de los componentes más populares de los subalternos, reafirmando el sentido meritocrático y elitista de la autoestima pequeñoburguesa; otros, en cambio, se sentían continuadores de las grandes movilizaciones populares recientes, de las también habían sido parte junto con los indígenas y los trabajadores. Y otros más descubrían por primera vez la revitalización espiritual y política que provoca la participación activa en las grandes movilizaciones sociales y se espantaban e indignaban por la profusión de gases lacrimógenos que lanzaba la policía -y que ellos nunca antes habían sentido y por lo tanto estaban convencidos de que no había ocurrido nunca antes algo así.

Sentidos contradictorios: por acá, el descrédito de toda institución de gobierno y de intermediación, la autoconvocatoria a través de la radio, la autorepresentación y la autoorganización en asambleas territoriales que, en consonancia con el grito de guerra de “¡Fuera todos!”, eran vistas como el embrión de un Estado nuevo que, esta vez sí, represente a todos; y, por fin, aunque no en todos los segmentos, la recuperación de un sentido de soberanía frente al entreguismo típico de los gobiernos oligárquicos y la afrenta de las cartas de intención y de la entrega de la base de Manta a tropas norteamericanas.

Sin embargo, por allá también se extendían como manchas de aceite la antipolítica, los sentidos comunes conservadores, reaccionarios incluso; el racismo contra los cholos y los indios “que se habían apoderado ilegítimamente del Estado” y un sentimiento de pretendida superioridad social frente a la masa inculta.

Quizás de todo esto provino la doble identidad que asumieron en las vertiginosas jornadas que antecedieron a la caída del gobierno: por un lado, asumiendo, provocadores, el remoquete de “forajidos” con que Gutiérrez quiso infructuosamente deslegitimarlos; por otro lado, tomando para sí el concepto-fetiche de “ciudadanos”, que encierra la ficción del poder en las democracias modernas, pero que pretendía ser en ese momento una representación absoluta -y absolutamente escindida de los poderes establecidos y de sus formas de representación.

Fue por ese entreverado estado de ánimo, y no solo por ser el inmediato antecedente temporal, que la rebelión de los forajidos fue el momento social que anunció la próxima venida de la “revolución ciudadana”.

1997, 2000 y 2005, iluminaron, al final de la primera oleada neoliberal, un profundo sentido de la crisis que vivía el Ecuador: las clases dominantes, encerradas en su ensimismamiento, daban pruebas irrefutables de sus debilidades políticas, que no le permitían construir un proyecto político que, aunque ciertamente centrado en sus intereses particulares, pudiera sin embargo ser visto y sentido por las mayorías nacionales como la expresión del siempre esquivo interés general. Y no sólo eso, fue la ratificación de que la burguesía, por sí misma, era incapaz de resolver las profundas crisis que atraviesa su dominio. Si en el 2000 sufrió su peor pesadilla, en 2005 suspiró aliviada cuando el vicepresidente Palacio fue posesionado como nuevo presidente… en la sede del Ministerio de Defensa.

Desbordes populares y confluencias

Los desbordes populares se forman con el despliegue de los diversos caminos de encuentro de las inconformidades, protestas y movilizaciones sociales; de las confluencias de movimientos y organizaciones con multitudinarias masas en movimiento que tienden a producirse cuando el desarrollo de los acontecimientos desemboca en una “constelación saturada de tensiones”, ¹⁶ es decir, cuando, a caballo de crisis políticas, sociales y económicas, la multiplicidad de conflictos que se acumulan en la sociedad se reconocen en un detonante que moviliza al conjunto de inquietudes, desazones y descontentos.

¿Cuáles son, entonces, los momentos en los que las masas en movimiento originan los desbordes populares multitudinarios? Como hemos visto en el desarrollo de este trabajo, se trata de un instante de aceleración de los ritmos de la conflictividad que posibilitan su ocurrencia más o menos simultánea. Esos instantes están marcados por episodios coyunturales: acuerdos con el FMI, subidas de precios, especialmente de los combustibles, despidos, ensayos de modalidades de precarización laboral, etc. que, en un ambiente propicio, actúan como “atractores” de los conflictos en ebullición.

La recurrencia de estos momentos de desborde en un período de tiempo relativamente corto, este que transcurre a partir de los primeros años de la década de 1970, son indicio de un trasfondo persistente de crisis: un período caracterizado por:

· a) una cada vez mayor presencia del capital transnacional en las exportaciones y en el mercado interno, por arrastrar un débil crecimiento económico en circunstancias de un capitalismo mundial cada vez más integrado; y cuando el vértice de las clases dominantes -pero no solo el vértice- se encuentra plenamente transnacionalizado;

· b) la crisis de la democracia liberal burguesa, que no ha dejado de pasar por sobresaltos y amenazas de quiebre en un largo trecho que viene desde el “retorno a la constitucionalidad” de 1979;

· c) la debilidad de la hegemonía burguesa, que no ha logrado estabilizarse ni a través de la burocracia militar, ni por mano de sus propios representantes orgánicos. La clase dominante no ha sido capaz de acordar entre ella un proyecto político de mediano plazo que vaya más allá de la implementación del recetario neoliberal, su único punto de unidad; y tampoco ha logrado beneficiarse del consenso activo de los dominados de manera medianamente duradera;

· d) la tendencia al desarrollo molecular y a la confluencia de los descontentos, las protestas y las luchas populares.

Ahora bien, cada desborde multitudinario es específico, irrepetible, por decirlo así, porque su forma y su contenido derivan de procesos que se constituyen por el entrecruzamiento de un conjunto de factores:

· a) Los actores que van confluyendo y sus características: los cambios en su conformación estructural, en su memoria histórica, en su mentalidad, en su relacionamiento objetivo y subjetivo con otros actores sociales. La participación de cada actor depende de las condiciones concretas en que se encuentre en el momento de producirse el desborde popular multitudinario.

· b) El origen y la mecánica de la confluencia: el carácter del momento en que se produce el desborde, las tensiones y los conflictos que se han ido desplegando; el estado de ánimo social, particularmente el de las clases subalternas; el hecho o el conjunto de hechos que sirve de detonante de las movilizaciones (por ejemplo, el incremento de los precios de los combustibles, medidas económicas, etc.).

· c) El papel que cada movimiento va cumpliendo en la confluencia: no siempre la articulación se produce en torno al movimiento que se moviliza primero. Octubre de 2019 fue un claro ejemplo: en pocos días se produjo el incremento del precio de los combustibles, las primera protestas de estudiantes y trabajadores y el paro de los transportistas. Pero el eje de confluencia terminó por configurarse alrededor del movimiento indígena; en este caso, del movimiento indígena como masas en movimiento. En Junio de 2022, el eje de confluencia se organizó también a partir del movimiento indígena, pero entonces alrededor del acuerdo entre las tres principales organizaciones indígenas (Conaie, Fenocin, Feine) y, sobre todo, de la Conaie. Aunque el eje de la confluencia es el encuentro en y de las luchas sociales, en varios episodios han jugado un papel importante sectores que actuaron como apoyo solidario (los moradores de barrios populares respecto a los estudiantes en las décadas de 1960 y 1970; las clases medias recogiendo alimento y ropa para los indígenas que llevaban adelante acciones de protesta en las ciudades; organizaciones de mujeres y muchos jóvenes en las ollas comunes para alimentar a los indígenas durante los desbordes de 2019 y 2022). 

· d) Una historia (y, sobre todo, una memoria) de las confluencias: hay actores que concurren siempre; hay otros que son itinerantes pese a rol importante que pueden jugar en el proceso. Es el caso de los transportistas, por ejemplo: juegan un papel importante en los 60, cuando eran percibidos como parte del movimiento popular y prestaban las instalaciones de Sindicato Único de Choferes para varias reuniones y asambleas sociales y políticas. Esto cambia en lo subsiguiente: en los 70 van separándose del movimiento popular y terminan en confrontación en torno a una de sus demandas centrales: el incremento de los pasajes del transporte público. La distancia se acentúa incluso en las formas y en los nombres, que se van aproximando a las representaciones de la burguesía (el cambio de “Sindicato” a “Cámaras de Transporte”). Vuelven a juntarse momentáneamente en 2019 y 2022, aunque sus derroteros se separan pronto ¹⁷

· e) La emergencia, o fortalecimiento, o reencuentro de formas organizativas, unas que surgen desde las bases, como necesidad de encuentros de las luchas, como los Comités de Defensa Popular en la guerra de los 4 reales, o los Comités Zonales del FUT durante las grandes luchas multitudinarias de 1982-83 y, en cierto sentido, el Parlamento de Mujeres; otras, que recogen la unidad de la lucha, pero donde tienen más peso los acuerdos entre las dirigencias de las principales organizaciones movilizadas, como el Colectivo Unitario o el Parlamento Popular. En otros momentos no se crean instancias de la unidad, sino que se propicia el reforzamiento de ciertos organismos del movimiento que funge como articulador, así las guardias indígenas en 2019 y 2022, que dejan por fuera a todos los demás sectores, e incluso a amplias capas de su propio movimiento. La imposibilidad que han tenido los encuentros y desbordes de dar una mínima continuidad a estas formas organizativas unitarias aparece como una de sus principales debilidades.

··f) Un programa de lucha aparece siempre en estas circunstancias. En algunos casos han sido programas explícitos para unas acciones determinadas y específicas: los pliegos de peticiones de las huelgas nacionales o los 10 puntos de Junio de 2022. En otras ocasiones han sido programas que resultaron de la aproximación de varias luchas durante un tiempo más extendido, como el programa del Colectivo Unitario en 2015. En otros momentos, en fin, aunque hubiera programas explícitos, ha predominado un programa práctico, que suele resultar del evento que movilizó las protestas, como terminó siendo el precio de las gasolinas en 2019.

Las confluencias, la irradiación, el pueblo y las coyunturas democráticas

Como hemos visto en este pequeño recorrido, la confluencia -si es algo más que un episodio contingente- se produce siempre alrededor del movimiento que aparece provisto de una particular capacidad de irradiación. ¹⁸ Es decir, que tiene en ese momento una mayor capacidad de organización, de movilización, de generación de propuestas hacia la sociedad y mayores posibilidades de hacerse visible. Tales características vuelven posible el desarrollo de lazos espirituales de identificación y atracción entre los diversos sectores cuando, en el conjunto de las clases subalternas, la dinámica del conflicto despierta el recuerdo de experiencias de luchas pasadas que han sedimentado en la memoria popular como la tendencia a un encuentro que va más allá de los límites que normalmente contienen a cada uno de los fragmentos subalternos.

De esta manera, la irradiación denota una relación que se sustenta en el complejo entramado que conforman las condiciones estructurales (determinadas por las vicisitudes de la economía), el origen de las clases y sectores sociales que, en su trayectoria histórica compartieron y continúan compartiendo características sociales y culturales, y la memoria social de mediana y larga duración construida sobre el suelo de las luchas sociales.

En la historia ecuatoriana reciente, los movimientos que desarrollaron esta capacidad han sido, sucesivamente, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical y el movimiento indígena. Pero, ¿esto los convierte automáticamente en el sujeto del desborde popular, de esa confluencia multitudinaria de masas en movimiento?

Algunos creen que sí, sobre todo después de experiencias en las que resulta evidente la disparidad de condiciones entre las organizaciones y movimientos que confluyen, como ocurrió en octubre de 2019 y en junio de 2022. Sin embargo, los procesos de desborde popular multitudinario son complejos. Vivimos una sociedad heterogénea y fragmentada, de manera que la cuestión de las representaciones no se resuelve fácilmente. No lo hace en el plano electoral: no por casualidad, desde 1979 hasta la fecha no ha sido posible que un partido político gane las elecciones siguientes a su mandato, con la excepción de los 10 años de correísmo. ¹⁹ Y tampoco es sencillo en el plano de las representaciones y los reconocimientos sociales, generalmente tensionados entre las ataduras de las particularidades, que llevan a sospechar de los semejantes, y la búsqueda instintiva de aproximaciones entre los subalternos.

La confluencia es un proceso cuyo derrotero y su final no está por lo general predeterminado. La proximidad de las luchas genera un espacio temporal que se va procesando y resolviendo a través de una variada gradación de encuentros que puede oscilar de las agregaciones contingentes sin mayores lazos internos hasta articulaciones organizadas y vinculadas por la construcción de sentidos comunes, pasando por un abanico inacabable de posibles confluencias. Los sectores con organización más débil, o incluso inexistente, se sienten entonces atraídos por el movimiento que en ese momento aparece provisto de mayor fuerza, como el movimiento sindical o el movimiento indígena en los momentos que revisamos. Pero eso no les hace identificarse como obreros o como indígenas, independientemente de las similitudes físicas y culturales que pudieran presentarse; y tampoco se quedan en la identificación de su sector de origen: se busca algo que muestre su agregación en un conjunto que los engloba a todos.

Por eso, la consigna que resonó más en 2019 fue “El pueblo unido jamás será vencido”, consigna coreada por indígenas, mestizos urbanos, trabajadores, jóvenes, y mujeres. El pueblo reencontrándose, construyéndose a sí mismo en el proceso de compartir las luchas. El pueblo como constitución política de los subalternos en lucha. Un sujeto que es la fuerza social nueva creada por las masas en movimiento, que no existía antes de ese movimiento y que no puede existir sin él, porque se disgrega al interrumpirse la continuidad de la movilización. ²⁰ Así, el pueblo deja de ser una invocación lírica diluida en el terreno fangoso de la “ciudadanía” y se convierte en voluntad de ser sujeto: comienza por fin a existir; el movimiento popular, es decir, la confluencia de las masas en movimiento, es el vehículo de la autoconstitución del pueblo. ²¹

Si la movilización no alcanza a crear lazos y articulaciones que puedan perdurar, al agotarse el impulso del encuentro, sea por límites y debilidades propios, sea por la represión del Estado o de las clases dominantes, los movimientos y las inconformidades particulares vuelven a sus respectivos cauces y son reemplazados por la dispersión hasta una próxima confluencia. De esta manera, tanto la dispersión como la articulación pueden resultar de la confluencia.

Por esta razón, el pueblo no es el mismo sujeto en todas las confluencias: es un sujeto específico en cada una de esas confluencias, según sean los comparecientes al encuentro, según cuál sea el movimiento eje de agregación, según sean las relaciones establecidas entre todos los sectores participantes y según cuál sea la mentalidad predominante que ese encuentro y esas luchas generan. 

Los desbordes populares marcan las irrupciones del pueblo en la historia; y muestran, al mismo tiempo, los límites irresolubles de las democracias burguesas y los esbozos de lo que pueden ser otras democracias, liberadas de la tiranía del capital. Las irrupciones políticas de las masas crean coyunturas democráticas,²² momentos construidos por la movilización popular y la gravitación de sus organizaciones, que desbordan las fronteras formales de la democracia representativa, pugnan por recobrar derechos democráticos, imponer nuevas reivindicaciones democráticas y desplegar formas sustantivas de democratización descubiertas por cada movilización más o menos multitudinaria.

Estos empujes radicales de democratización se despliegan en un amplio abanico de posibilidades. Por un lado, se vuelcan hacia dentro de los sectores subalternos: por lo general, las movilizaciones, si se mantienen y profundizan, permiten que la actividad autónoma de las bases confronte la fetichización de los dirigentes, que reproducen, aun sin saberlo, los moldes caudillistas de la política “normal”. Esto se vio, por ejemplo, en la creación de las coordinadoras zonales del FUT en 1982-83, que democratizó las relaciones internas del movimiento sindical, rebasando las barreras que pretendían imponer ciertas dirigencias; pero también democratizó las posibilidades de relación entre los varios sectores subalternos movilizados, al posibilitar un espacio de encuentro e interacción de todos ellos para la dirección de la lucha. Cosa similar se produjo en los reclamos que las bases indígenas movilizadas hicieron a sus dirigentes en 2019 y 2022, reclamando mayor circulación de la información y consulta de las decisiones.

Por otro lado, son impulsos de democratización que se vuelcan hacia la relación de la sociedad con el Estado. En todos los casos que hemos revisado, la movilización implica la realización de acciones contra decisiones gubernamentales, buscando que estas sean revertidas; de esta manera, se da vuelta al sentido “normal” de la democracia representativa, para la cual el pueblo solo es deliberante al momento de delegar el poder a través del voto, pero es forzado a tornarse obligatoriamente obediente una vez que se instaura el gobierno. La lucha social recuerda que las decisiones gubernamentales no pueden considerarse como legítimas por el solo hecho de haber sido tomadas por un poder establecido, aunque su origen sea el voto: la legitimidad se define en la relación con las necesidades e intereses de la mayoría de la sociedad, es decir, de las clases subalternas.

Vinculado con lo que acabamos de decir, los desbordes populares ponen en cuestión también el modo habitual de hacer la política y de tomar las decisiones en este tipo de democracias formales: el poder es algo que está allá arriba, encapsulado en sí mismo, impermeable a las pulsiones de las clases populares. Tanto las movilizaciones del FUT en 1982-1983 como las grandes movilizaciones de Octubre y Junio se negaron a reconocer la omnipotencia del Estado y de los gobiernos, por ejemplo, al ejercer el derecho a la resistencia y desobedecer los estados de emergencia; o cuando la Conaie respondió a los estados de emergencia dictados por los gobiernos, decretando sus propios estados de excepción en las comunidades pero también cuando impusieron un diálogo entre gobernantes y gobernados; o cuando la fuerza de las movilizaciones creó una suerte de formas de autogobierno, sea en las fábricas y en zonas aledañas en 1982-83, sea en las comunidades e incluso en ciudades pequeñas e intermedias en 2019 y 2022 .

Del mismo modo, estos mismos desbordes populares impusieron a los gobiernos de turno un diálogo sobre las medidas que habían adoptado. Los diálogos ameritan una pequeña consideración. Por un lado, para el poder suelen ser apenas una treta para aliviar las tensiones y ganar tiempo para no responder a las demandas sociales. Por eso en la mentalidad social está presente la idea que los diálogos de nada sirven, incluso cuando logran ganancias. Esto se vio claramente con la actitud de Moreno ante el paro de 2019, cuando tuvo que retirar el incremento de los combustibles. Un año y medio después, en una reunión internacional, se sinceró: “A la final nos salimos un poco con la nuestra”, dijo, haciendo referencia a que, en julio de 2020, ya en pandemia, su gobierno introdujo un sistema de bandas para el incremento de los precios de los combustibles. ²³

Pero, por otra parte, contradicen, así sea fugazmente, el monopolio de la política, es decir, la idea de que las decisiones políticas son competencia exclusiva de los gobernantes, e introducen un criterio opuesto: la búsqueda de la intermediación de la ONU (2019) o de la Conferencia Episcopal (2022) revela que la sociedad (ya) no considera a los gobernantes como legítimos representantes; pero, sobre todo, se introduce en la práctica social la idea de que el pueblo y sus organizaciones representativas tienen derecho de tomar decisiones: una idea, si bien inicial, de autogobierno de la sociedad.

Son apenas esbozos. Pero están plenos de significación.

Desbordes populares y sociedades abigarradas

Las formas y la intensidad que asumen las luchas sociales están relacionadas con el tipo de sociedad en la que se producen, porque es ella la que determina las posibilidades concretas que pueden desplegarse. El Ecuador, como otros países latinoamericanos, es una formación social abigarrada. ²⁴ El concepto se refiere a formaciones sociales en las que coexisten realidades provenientes de diferentes tiempos históricos: realidades sociales como la comunitaria, que -con todos los cambios sufridos- viene de los ayllus precoloniales; como los sistemas hacendatarios coloniales (donde convivían el esclavismo, el feudalismo europeo y musulmán, formas mercantiles y protocapitalistas), cuyo espíritu pervive, por ejemplo, en la mezcla de formas de subsunción formal y real al capital; como las diversas fases de desarrollo mercantil y capitalista hasta las modernas formas de transnacionalización de los capitales;…

Si el concepto remite a una estructura heterogénea, constituida por diferentes formas de producir, de establecer las relaciones entre sociedad política y sociedad civil, y de reproducirse las ideologías, las culturas y las mentalidades sociales, entonces no sería muy diferente al concepto de “formación social”, en la que coexisten diversos modos de producción, o al de “heterogeneidad estructural”, que viene a decir más o menos lo mismo. Sin embargo lo propio del concepto de abigarramiento no es la heterogeneidad y la coexistencia en cuanto tales, sino los modos en que esta coexistencia se resuelve.

Para lo que nos compete, estamos hablando del carácter del capitalismo ecuatoriano (andino, latinoamericano), su génesis, los contenidos y las formas que va adoptando y los efectos que esto tiene en la economía, en la estructura de clases, en la política, en la cultura, en fin: en las formas de la dominación y de la apropiación de plusvalor…

En Zavaleta, no hay una respuesta única: en 1981 hablaba de dos o tres posibilidades: “la no unificación de la sociedad o, al menos el diferente valor de la penetración de la unidad en sus sectores”. “En su extremo”, añade, “se puede captar aquí un grado de desconexión o no articulación entre los factores”. ²⁵  Un par de años más tarde afirmaba que “Si se dice que Bolivia es una formación social abigarrada es porque en ella se han superpuesto las épocas económicas […] sin combinarse demasiado, […] como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados”, ²⁶ donde predominan en cambio la desconexión y la no articulación. Podríamos decir que se trata de una dualidad no resuelta en el concepto.

Aguirre trabajó su concepto de abigarramiento en dos momentos, separados entre sí por tres décadas. En el texto de 1952 ²⁷; en: La realidad de Ecuador y América Latina en el siglo XX, cit., pp. 49-57.] utiliza el concepto para indagar en la historia de sociedad ecuatoriana desde antes de la conquista hasta mediados del siglo 20, mostrando cómo, en todos los momentos de su desarrollo, la formación social se ha organizado como la coexistencia de “etapas pasadas y presentes, contradictorias y contrapuestas que no han podido cancelarse ni superarse”. La relación entre ellas todavía puede mostrar la indecisión de formas económicas y sociales que se deduce de una realidad “semicolonial y semicapitalista”, pero dominada por el imperialismo; por eso Aguirre presenta un amplio y variado conjunto de sinónimos para el abigarramiento: mosaico, taracea, arabesco, amontonamiento, remiendo, parches, retazos.

El carácter abigarrado caracteriza a la economía, a la política, a la sociedad y a la cultura. Las clases sociales, su formación, su comportamiento, sus conductas y mentalidades presentan todas ellas un carácter abigarrado. Siendo la expresión política de una clase dominante que es una “semiburguesía” compuesta por una combinación de “burguesía terrateniente” y de “terratenientes burgueses”, la democracia y las formas del poder no tienen un sustento real: son “de papel y de tinta”, y los intentos de revoluciones burguesas han tenido un carácter siempre incompleto.

Pero Aguirre escribía esto a inicios de la década de 1950, cuando el agro ecuatoriano seguía sumido en un sistema hacendatario en buena parte heredado de la colonia, cuando la Amazonía parecía completamente al margen del mercado y del Estado, y cuando “la manufactura y una industria poco desarrollada” coexistían en las ciudades con un artesanado numeroso.

En el artículo de 1952, igual que en las aproximaciones de Zavaleta, el concepto presenta un carácter dual, que muchas veces parece remarcar el carácter “indeciso” del conjunto producido: a pesar de la presencia tendencialmente dominante del capital, la coexistencia de tal variedad de elementos heterogéneos puede resolverse de diversas maneras: variadas formas de articulación, unas más orgánicas que otras, pero también desconexiones. Y eso significaba -debido al curso abierto de los procesos socioeconómicos- que la desconexión o la articulación, es decir, las formas y los contenidos del abigarramiento se modifican con el tiempo y con el grado de extensión y profundidad que alcanzan las formas universalizantes de la mercancía y de la acumulación del capital.

Cuando Aguirre retoma el concepto treinta años más tarde, en una primera lectura parece no haber modificaciones sustanciales. De hecho, lo que hace es presentar en un par de páginas un breve resumen del artículo anterior. Pero hay una diferencia, introducida sin mucho aspaviento en un paréntesis: “Este abigarrado proceso estructural (desigual y combinado), propio de nuestro desarrollo capitalista dependiente”, escribe. Y un poco más adelante, por si quedara alguna duda, añade: “[…] la formación social ecuatoriana, muy compleja debido a su desarrollo desigual y combinado, es capitalista con ciertos rezagos precapitalistas, aunque se trata de un capitalismo dependiente o, mejor, neocolonial”. ²⁸

La diferencia está en las transformaciones que ha sufrido la sociedad ecuatoriana en esas tres décadas: el impulso de un nuevo proceso de modernización capitalista ha dejado atrás al país de los huasipungos y del artesanado. La coexistencia de elementos heterogéneos se mantiene, pero al mismo tiempo se ha modificado. Se han extendido la mercantilización de la sociedad y de la economía, sea profundizado el dominio económico y social del capital sobre todas las otras formas económicas, el capitalismo ecuatoriano (y las burguesías) se han transnacionalizado, y prácticamente ya no existen elementos desconectados de los requerimientos autoritarios de la acumulación ampliada del capital; pero las nuevas condiciones de esta conexión exigen mantener a vastos grupos humanos en condiciones de precarización.

No obstante, hay aspectos que no cambian tanto. La mentalidad de las clases dominantes, ya burguesas o aburguesadas, sigue siendo la del propietario de la hacienda precapitalista. La democracia sigue siendo crisis; las clases dominantes siguen imbuidas de la mentalidad del amo del sistema hacendatario, propietario de tierras e indios, y eso se refleja en sus conductas políticas. Su modernización ha consistido en fusionar la tiranía de la hacienda con el despotismo del capital y residir buena parte del tiempo en Estados Unidos y Europa. Esa mentalidad sigue permeando hacia buena parte de la sociedad, encontrando fértil terreno de reproducción en las volátiles e inestables clases medias, pero también en importantes segmentos de las clases subalternas. Prueba suficiente de ello es el rebrote de un racismo enfurecido a partir de las grandes movilizaciones de 2019 y 2022. Unas clases dominantes con esas características carecen de la voluntad -y de los excedentes suficientes, diría Agustín Cueva ²⁹– como para permitirse un devaneo de concesiones que le granjeara una adhesión activa y relativamente duradera de las clases subalternas. Sumado a las debilidades económicas y a la profundización de los problemas y miserias sociales, eso se traduce en crisis de la democracia y crisis, o cuando menos debilidad, de la hegemonía de las clases dominantes.

Por eso fue completamente acertada, en el artículo de 1983-1985, la introducción del concepto de desarrollo desigual y combinado, ³⁰ que básicamente indica justo eso: las desigualdades han sido atraídas y atrapadas en la vorágine del capital, mantenidas, reproducidas y metamorfoseadas. El abigarramiento ya no puede ser ahora, como lo había sido en 1952, un proceso de resolución abierta. El ser actual del abigarramiento es su resolución capitalista, dependiente y transnacionalizada.

Como lo plantea Aguirre, un carácter abigarrado de la formación social determina un abigarramiento en la constitución y reproducción de la estructura de clases sociales, tanto si miramos la sociedad en general como si miramos a cada una de las clases y sectores sociales. Y, por lo tanto, determina también las condiciones de posibilidad de las luchas particulares y de la agregación de las luchas.

El desarrollo desigual y combinado del capitalismo marca el carácter también desigual y combinado de los procesos de constitución de las clases subalternas, por su origen diverso, por las distintas modalidades que tiene el capital de subsumir el trabajo y de extraer excedente de diferentes sectores de la sociedad, por las modificaciones que se introducen en las relaciones capital-trabajo con el uso de nuevas tecnologías (robotización, plataformas digitales), por la combinación de formas antiguas y totalmente nuevas de precarización, por las nuevas legislaciones que presionan para normalizar la precarización como condición universal del trabajo, por las disparidades que se producen de una rama a otra de la economía, de una región a otra, del campo a la ciudad, por la combinación de la explotación del trabajo asalariado con la expoliación de todo trabajo y el despojo de recursos, tierra y agua, por las fuertes modificaciones que la expansión de los mercados y del capital introduce en los pueblos indígenas, por los cambios que la modernización provoca en los diversos segmentos de las clases medias; por las particulares combinaciones que se producen entre opresión económica, opresión de género y opresión étnica, por las nuevas formas de precariedad que afectan a las capas jóvenes de las diversas poblaciones. En fin, por la extensión del dominio del capital y la extracción de valor de los trabajadores asalariados hacia los trabajadores formalmente no asalariados y presuntamente “independientes”, hacia las masas campesinas y hacia los pueblos indígenas.

Es fácil comprender que tales desigualdades operan también el sentido de fortalecer la fragmentación de las luchas emprendidas por las clases subalternas, pues cada uno de estos sectores se enfrenta a relaciones y modalidades particulares de sometimiento. Una fragmentación que es fortalecida por las nuevas legislaciones que buscan limitar coartar e incluso anular las posibilidades de organización y de acción colectiva y por la expansión de los sentidos comunes neoliberales e individualistas.

De manera que las posibilidades de aproximación de las diversas luchas, acciones y movimientos no suelen desprenderse naturalmente de las condiciones objetivas, sino que dependen de las condiciones subjetivas que las distintas clases y sectores subalternos pueden desarrollar: organización, movilización, generación de propuestas, visibilización social, irradiación. No se desprenden de la economía: son una construcción política cuyo piso es siempre la movilización, sobre todo si es multitudinaria y logra sostenerse un poco en el tiempo.

En las formaciones sociales abigarradas son estas irrupciones de los desbordes populares las vías de que disponen las clases subalternas para evidenciar su voluntad de existir y de convertirse en creadoras de sociedad y para ensayar formas de constituirse en sujetos de liberación. Los desbordes populares son el modo en que las clases subalternas de una sociedad de este tipo pueden irse constituyendo en sujetos políticos de su propio destino.

Quito, agosto-septiembre de 2024

Noticia sobre este trabajo.

Este trabajo tiene su origen en un artículo anterior, escrito con motivo del desborde popular de octubre de 2019 (“Octubre. El estallido social”, citado en la nota 1). “Octubre” contenía una discusión teórica que por desgracia se perdió en la publicación porque los editores por error omitieron incluir las notas a pie de página, donde se explicitaba la discusión que se pretendía abordar. La hemos recuperado para este trabajo, modificada y ampliada, en el punto sobre la “Ayudamemoria” y en parte de las conclusiones. El análisis sobre la multitudinaria protesta de Octubre, que es el cuerpo principal del artículo anterior, acá está sintetizado en unos pocos párrafos, pero combinado -como nos pareció justo-, con las consideraciones sobre el desborde de Junio de 2022.

CUADRO 1.

Izquierdas, elecciones presidenciales y desbordes populares

1ª. vuelta	Candidatos de izquierda	%	% total izquierda	Desbordes populares Incidencias sociales
1968 *0	Elías Gallegos Anda (UDP)	1,99	1,99	1970: Asesinato y sepelio de Milton Reyes
1978	René Maugé (FADI)	4,73	4,73	1978: “Guerra de los 4 reales” 1981: crisis de la deuda, inicio del neoliberalismo
1984	Jaime Hurtado (MPD) René Maugé (FADI)	7,33 4,26	11,59	Huelgas FUT (1982-83)
1988	[Frank Vargas (UPP: APRE+PSE)] Jaime Hurtado (FIU: MPD + FADI)	[12,63] 5,03	[17,66] 5,03	1990: primer levantamiento indígena
1992 *1	León Roldós (PSE) Fausto Moreno (MPD) Iturralde (FADI){Frank Vargas (APRE)}	2,68 1,95 0,46 [3,15]	5,09     [8,24]	1992: marcha de la OPIP 1994: levantamiento contra ley agraria
1996	[Freddy Ehlers (MUPP-NP)]*2 Juan José Castelló (MPD)	20,61 2,35	[22,96]	1997: cae Bucaram y luego el interinazgo de Rosalía Arteaga
1998	[Ehlers (Movimiento Ciudadano Nuevo País)]*3 María Eugenia Lima (MPD)	[14,75]   2,53	[17,26]	2000: cae Mahuad 2000-2001: dolarización, empobrecimiento, migración 2001: levantamiento contra medidas económicas
2002	[Lucio Gutiérrez (PSP + Pachakutik)] *4 [León Roldós (Independiente)] *5	[20,64] [15,40]	[36,04]	2005: cae Gutiérrez
2006	[Rafael Correa (PAIS + PSE-FADI)] Luis Macas (Pachakutik) Luis Villacís (MPD) Marcelo Larrea (ALBA)	[22,84] 2,19 1,33 0,33	[26,69]     3,85	2007-2008: movilizaciones sociales a Montecristi para entregar propuestas de reformas constitucionales 2008 se aprueba la nueva Constitución en plebiscito
2009	[Rafael Correa (Pais)] *6 Martha Roldós (Izquierda Unida – RED + Polo Democrático) Diego Delgado (MITS)	[51,99] 4,33   0,63	[56,95]   4,96	2010: Insubordinación policial 2011: Consulta para controlar la justicia 2012: Marcha por el agua
2013	{Rafael Correa (Pais)} Alberto Acosta (Unidad Plurinacional de las Izquierdas -Pachakutik + MPD)	[57,17]     3,26	[57,17]     3,26	2013-2015, con intermitencias Por un lado, movilizaciones obreras, populares, ambientalistas, de mujeres, estudiantiles. Marcha indígena de Zamora a Quito. Por otro lado, movilizaciones de la derecha contra la ley de herencias y plusvalía
2017	{Lenin Moreno (Pais)} [Paco Moncayo (ANC: ID+Pk+UP)]	[39,96] [6,71]	[39,96] [6,71]	2018: Marcha por el agua Desborde popular de Octubre de 2019 2020: Covid
2021	{Andrés Aráuz (UNES)} Yaku Pérez (Pachakutik) [César Montúfar (Concertación+ PSE)]	[32,72] 19,39 [0,62]	[33,34] 19,39	Desborde popular de Junio de 2022 2022: Incremento de violencia criminal
2023	{Luisa González (RC)} Yaku Pérez (UP + PSE + Democracia Sí)	[33,61] 3,97	[33,61] 3,97	2023: Incremento de violencia criminal

*0 Triunfó por quinta vez Velasco Ibarra, el caudillo del protopopulismo más importante en el siglo 20 ecuatoriano, con el 32,85% de los votos; en aquel entonces no existía la necesidad de una segunda vuelta. Velasco fue nuevamente derrocado en 1972, a pocos meses de concluir su mandato. El gobierno militar que lo sucedió abrió las compuertas para la modernización capitalista que culminó toda una era de la historia ecuatoriana.

*1 En 1992 pasaron a la segunda vuelta Durán Ballén (31,87%) y Nebot (25,03%).

*2 Ehlers recibió el apoyo del PSE, el FADI y la ID.

*3 Ehlers se separó de Pachakutik que, sin embargo, lo respaldó, igual que el PS-FADI. Otra parte de la izquierda, un sector escindido del FADI, formó LN y su líder, Alfredo Castillo, fue candidato a vicepresidente de Álvaro Noboa, candidato del PRE, APRE y UPL.

*4 Fue apoyado por el MPD.

*5 Fue respaldado por el Partido Socialista-Frente Amplio, el Movimiento Ciudadanos Nuevo País, la Democracia Popular, el Partido Unión Nacional (Partido Conservador Ecuatoriano) y Concentración de Fuerzas Populares (CFP).

*6 Recibió el apoyo del Partido Socialista-Frente Amplio, Movimiento Popular Democrático, Pachakutik y el Partido Roldosista Ecuatoriano.

[Indica las participaciones electorales de las izquierdas se subordina en alianza con formaciones políticas generalmente de centro y populistas]

{Indica la participación política de formaciones políticas populistas}

* Mario Unda es sociólogo, docente universitario y activista político de izquierda. 

*Maritza Idrobo es socióloga, activista de izquierda y de colectivos sociales.

Notas