Foto: Mara Quintero
Mauricio de Rosa*
La Diaria, 23-5-2024
Correspondencia de Prensa, 23-5-2024
La evidencia es abrumadora y el problema que enfrentamos es enorme, por lo que tiene sentido que el tema de la pobreza infantil aparezca en buena parte de los programas de los partidos. Sin embargo, el grado de profundidad con el que se aborda es heterogéneo.
La pobreza infantil ocupa un lugar relativamente destacado en la agenda pública. Hay buenas razones para eso: el PIB de Uruguay es 2,7% más alto que en 2019 y sin embargo tenemos más pobreza infantil, que alcanza el 20% en los menores de seis años. Un país con más ingresos promedio, pero también más pobreza, es un país donde la distribución del ingreso ha empeorado, como confirma el sustantivo incremento de 1,1 del índice de Gini desde 2019. América Latina en su conjunto tiene menor incidencia de la pobreza que antes de la pandemia, y todos los países de la región, salvo tres, son menos desiguales. [1] Uruguay tiene, en cambio, más pobreza y más desigualdad.
Podemos hacer mucho más, tanto porque es la decisión más justa como porque es la más sensata. Es factible, si actuamos decididamente, romper el estancamiento de la pobreza en lo inmediato. La evidencia muestra que, más allá de los efectos de corto plazo de las políticas orientadas a menores, los efectos de largo plazo son aún más potentes. Sin embargo, no todos los partidos políticos parecen haber tomado nota.
Injusto e insensato
Que la pobreza infantil haya aumentado en un contexto de un país con más ingresos es a la vez injusto e insensato. El orden no es antojadizo: la razón principal que debería llevarnos a actuar sin vacilaciones es que se trata de una situación terriblemente injusta. Requeriría una asombrosa destreza retórica argumentar que es justo que una quinta parte de los menores de Uruguay nazcan y vivan en condiciones de severa privación material. Podemos discutir hasta el fin de los días si la dramática desigualdad económica que observamos es resultado del esfuerzo o la suerte, tanto desde el punto de vista filosófico como empírico, pero debería resultar meridianamente claro que un niño o una niña de tres o cuatro años no tiene ninguna responsabilidad en la vida que le tocó en suerte y que, por tanto, deberíamos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga todo lo necesario para vivir una niñez sana y feliz. Aunque fuera inconveniente económicamente, deberíamos actuar colectivamente sobre esta situación sólo porque es injusta. Pero resulta que no es sólo injusta, sino además insensata.
Está ampliamente documentado y es de conocimiento general que tener privaciones materiales en la infancia conlleva perjuicios importantes para las personas a lo largo de toda su vida. Lo que tal vez no sea tan familiar es la evidencia acerca de la efectividad de las políticas públicas en el corto y, sobre todo, en el largo plazo. Por razones de espacio, voy a hacer referencia a unos pocos trabajos que dan una visión panorámica del estado del arte en este tema.
En un artículo de 2022 de la prestigiosa revista académica Journal of Economic Perspectives, Anna Aizer, Hilary Hoynes y Adriana Lleras-Muney hacen un repaso por la literatura sobre los efectos de las políticas sobre niños y niñas en Estados Unidos, que tiene muchos puntos de contacto con cómo se ha desarrollado la investigación en América Latina. [2] En esencia, la investigación económica sobre estos programas muestra que, además de los efectos de reducción de la pobreza monetaria y de mejoras en las condiciones de vida de los menores en el corto plazo, una parte sustantiva de los efectos aparecen recién cuando esos niños y niñas pasan a la adultez. Es decir, las políticas de asistencia a familias con menores tienen efectos positivos en el corto plazo en variables clave para el desarrollo de esos niños y niñas, parecen ir desapareciendo en edades intermedias, pero reaparecen con mucha fuerza cuando se convierten en jóvenes adultos: más años de educación, mejor inserción laboral, mayores ingresos y menor tasa de criminalidad. Los resultados son potentes y además duraderos. La pregunta evidente para los economistas es cómo esto cambia la cuenta. Es mucho lo que se puede decir, pero la esencia es que estas políticas se pagan solas. No sólo eso, tienden a generar rendimientos muy superiores a sus costos iniciales. Uno de los ejemplos más famosos de esta literatura es el programa de investigación del premio Nobel de Economía James Heckman. Lo que Heckman mostró en una serie de estudios fue que algunas intervenciones en niños en edad preescolar tenían un rendimiento de 15-17% anual, muchísimo más rentable que la mayoría de las colocaciones financieras. Lejos de ser un costo, se trata a todas luces de una inversión muy buena. Lo atractivo de los estudios de Heckman era que se trataba de un diseño experimental, es decir, uno en el que de entre un conjunto de niños/as virtualmente idénticos se seleccionaban aleatoriamente unos sobre quienes se aplicarían el programa y otros sobre los que no, y se los seguía en el tiempo para aislar el efecto del programa. Esta lógica de comparar un grupo de “tratamiento” y uno de “control” no es lejana a cómo se estudian los efectos de una vacuna, por ejemplo, y de hecho varios de estos estudios se publicaron no en revistas de economía sino en publicaciones como Science. [3]
En un análisis más sistemático, Nathaniel Hendren y Ben Sprung-Keyser publicaron en 2020 en el Quarterly Journal of Economics, la revista de economía mejor ubicada en los rankings académicos, un análisis en que calculan algo conocido como valor marginal de los fondos públicos (MVPF) para un amplio conjunto de políticas de protección social.[4]
En esencia, esta medida es un indicador de los beneficios de una política dividido sus costos: si es mayor a uno, los beneficios superan los costos; si es menor, sucede lo contrario. Aunque los autores aclaran que el hecho de que el MVPF sea menor que uno no es en sí mismo una razón suficiente para no desarrollar una política, encuentran que las políticas de salud y educación en niños y niñas de bajos ingresos son por lejos las más beneficiosas, con un MVPF superior a cinco. Destacan que muchas se pagan solas, a través de mayores impuestos pagados en etapas posteriores de la vida y menores transferencias recibidas. Las políticas de transferencias de ingresos tienen en promedio un MVPF un poco menor a uno, pero, como señalan Aizer, Hoynes y Lleras-Muney en el trabajo antes referido, una vez que se incorpora no sólo el efecto sobre madres o padres sino también sobre los niños y niñas, este trepa por encima de cinco.
Los efectos duraderos de las transferencias monetarias uruguayas
En el artículo principal de su tesis de doctorado de la Universidad de California-Los Ángeles, el investigador uruguayo Matías Giaccobasso estudió los efectos de las transferencias monetarias del Plan de Emergencia (Panes) y las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE). A diferencia de los estudios de Heckman, él no pudo definir un grupo “tratado” y uno de “control”, por lo que empleó lo que se conoce como un diseño cuasi experimental, en el que, en esencia, tomaba hogares que habían quedado apenas por encima y apenas por debajo del punto de corte del índice de carencias críticas (ICC), que es el que determinaba si el hogar entraba o no al programa. La intuición es que, como estos hogares son prácticamente idénticos, entonces puede considerarse como si de hecho fuera un experimento, y por tanto asegurarse de que, si hay una diferencia entre los dos grupos, se debe exclusivamente al efecto del Panes o las AFAM-PE.
Ya sabíamos que el Panes y las AFAM-PE tuvieron potentes efectos de corto plazo, como la reducción de la pobreza en el momento del programa, [5] y efectos positivos en el peso al nacer de los niños/as asociados a mejoras en la nutrición. [6] Lo que encuentra Giaccobasso es que en el largo plazo, además, quienes fueron beneficiarios del programa cuando niños/as tienen más probabilidad de haber trabajado, más tiempo trabajando y mejores ingresos. El efecto en el mercado de trabajo es similar en tamaño, pero de signo opuesto, al desincentivo al trabajo formal en los padres que habían encontrado estudios previos, por lo que el programa neutraliza en el largo plazo efectos no deseados en el corto. [7] Una de las cosas más interesantes del estudio es que el grueso del efecto positivo está concentrado en las mujeres que participaron cuando niñas en el programa. Sus ingresos laborales ya eran al momento del estudio 40% superiores al ingreso que se les transfirió. Esto se da porque las participantes en el programa retrasaron la edad a la que tuvieron su primer hijo/a, y eso tiene toda clase de efectos positivos, entre ellos que ingresan antes al mercado de trabajo y progresan más en sus estudios. Entre otras cosas, es por eso que los efectos positivos del Panes y las AFAM-PE reaparecen a los 16 años y se sostienen en niveles positivos y significativos hasta los 27.
La reducción de la pobreza infantil en la campaña electoral
La evidencia es abrumadora y el problema que enfrentamos es enorme, por lo que tiene sentido que el tema de la pobreza infantil aparezca en buena parte de los programas de los partidos. Sin embargo, el grado de profundidad con el que se aborda es heterogéneo. Desde la candidatura de Álvaro Delgado, por ejemplo, se habla de cuadruplicar el presupuesto de infancia. En realidad, lo que su programa propone es llevar el fondo de “Atención Integral a la Primera Infancia” de 50 a 200 millones de dólares en el quinquenio, lo que es muchísimo menos que el presupuesto global de primera infancia. Sólo como referencia, el presupuesto de transferencias monetarias a menores de AFAM-PE era en la última Rendición de Cuentas unos 270 millones de dólares, y el de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que en su mayoría llega a hogares con menores, un poco menos de 100 millones de dólares. Cuadruplicar efectivamente el presupuesto de infancia involucraría, por tanto, un incremento de órdenes de magnitud muy superiores a los planteados. Lo que se propone, en realidad, es un incremento de 0,2% del PIB al final del quinquenio, lo que no parece reflejar la idea de “primera infancia como prioridad absoluta política y presupuestal” que plantea su programa.
Dentro de este paquete, plantea en particular extender el Bono Crianza del Mides –una prestación que se otorga a los hogares que reciben las TUS con menores de tres años– a los hogares con menores de seis y a reforzar su monto, aunque no nos dice en cuánto. El Bono Crianza es una buena política, pero muy limitada, llegando a unos 30.000 hogares, el 2,5% del total. Es una política focalizada dentro de una política ya focalizada, considerando que la TUS está calculada para llegar a unos 60.000 hogares.
Con una simulación relativamente sencilla, se puede estimar que, de extender el bono a todos los hogares con menores de seis años y duplicar su monto (supuesto más que generoso), bajaría la pobreza en menores de seis en apenas un punto (un tercio de lo que subió desde la pandemia), y dejaría la pobreza general virtualmente incambiada. Está, en particular, muy lejos del objetivo de “reducir a la cuarta parte la pobreza infantil” que plantea su programa.
El programa de Robert Silva es aún menos ambicioso: se habla de fortalecer las transferencias a menores de seis años con los recursos que se van liberando por los que salen del programa. Se quiere aprovechar que los nacimientos están cayendo, pero el efecto esperado de una medida así es extremadamente lento y prácticamente inexistente.
El Frente Amplio (FA) propone en sus bases programáticas “implementar acciones para la eliminación de la pobreza de niñas, niños y adolescentes” y, en particular, “reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio”, para lo que menciona un conjunto de instrumentos. En una formulación específica de esas bases programáticas, en la primera entrega del Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad (País) presentado por la candidatura de Carolina Cosse, se plantea una batería de medidas inmediatas a implementarse a partir del primer año de gobierno. Estas incluyen acciones en empleo, vivienda, salud, educación y seguridad alimentaria, muchas de las cuales impactan en niños, niñas y adolescentes, con un costo global de 0,4% del PIB en el primer año. [8]
Entre las medidas inmediatas del Plan País se encuentra un incremento de 50% en las AFAM-PE y la TUS, lo que incluye todas las prestaciones que se suman a la TUS, como el Bono Crianza o Bienvenido Bebé. Sólo esta acción representa un incremento de la inversión en el primer año cercano a todo lo que el programa de Delgado propone para el final del quinquenio. El objetivo de cortísimo plazo de esta medida es romper el estancamiento en pobreza infantil. Los instrumentos elegidos son potentes, porque AFAM-PE y TUS combinados cubren aproximadamente la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Uruguay, lo que les da un enorme poder de fuego. La estimación con base en la Encuesta Continua de Hogares es que un incremento de esta naturaleza nos acercaría a los valores de pobreza que teníamos antes de la pandemia en el primer año en todos los tramos etarios. De modo igualmente importante, una parte sustantiva del incremento no va a hogares pobres (y por lo tanto no va a impactar en el indicador de pobreza), pero sí a hogares que están en condiciones de vulnerabilidad y que igualmente necesitan esos recursos, entre otras cosas, para no caer en la pobreza.
Ciertamente, la pobreza no es sólo monetaria y las transferencias monetarias no son la única medida que es necesario desplegar: es urgente desarrollar un conjunto de acciones decididas y sostenidas en toda la línea de frente. Pero las transferencias tienen la virtud de actuar rápidamente donde es necesario, y por eso son imprescindibles en un plan de acciones inmediatas, más si están articuladas con medidas de empleo, seguridad alimentaria y vivienda, entre otras.
De implementarse esta acción, quebraríamos de forma rápida y decisiva el estancamiento de la pobreza infantil, mientras ganamos tiempo para rediseñar el sistema de transferencias, que debe ser simplificado, unificado y fortalecido. La evidencia nos dice que la caída de la pobreza en el corto plazo viene acompañada de otros efectos que sólo aparecerán, con aún más fuerza, en diez, 15 o 20 años. En lo inmediato, permitiría atender esta situación dramática; en lo mediato, contribuye a avanzar al objetivo final, que no es otro que terminar con la infantilización de la pobreza en Uruguay.
*Mauricio de Rosa, doctor en Economía. Equipo del Plan País.
Notas
1] Cepal (2023). Panorama social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo.
2] Aizer, A, Hoynes, H & Lleras-Muney, A (2022). Children and the US social safety net: Balancing disincentives for adults and benefits for children. Journal of Economic Perspectives, 36 (2), 149-174.
3] Heckman, J (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312 (5782), 1900-1902.
4] Hendren, N & Sprung-Keyser, B (2020). A unified welfare analysis of government policies. The Quarterly Journal of Economics, 135 (3), 1209-1318.
5] Los efectos de reducción de la pobreza monetaria de estos programas están profusamente documentados. Ver, por ejemplo, Amarante, V, Colafranceschi, M & Vigorito, A (2014). Uruguay’s income inequality and political regimes over the period 1981-2010. Falling inequality in Latin America: Policy changes and lessons, 118-129.
6] Amarante, V, Manacorda, M, Miguel, E & Vigorito, A. (2016). Do cash transfers improve birth outcomes? Evidence from matched vital statistics, and program and social security data. American Economic Journal: Economic Policy, 8 (2), 1-43.
7] Bergolo, M & Cruces, G. (2021). The anatomy of behavioral responses to social assistance when informal employment is high. Journal of Public Economics, 193, 104-313.
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La economía de la inocencia
El costo oculto de la pobreza infantil en Uruguay.
Paula Pereda-Suárez
La Diaria, 23-5-2024
En Uruguay, un país de ingresos medios-altos con un robusto sistema de protección social, más del 20% de los niños menores de seis años vive en la pobreza. Este número sólo desciende al 18% para los de seis a 17 años, sumando 168.000 jóvenes en esta situación. A pesar de mejoras generales, la pobreza infantil ha mostrado resistencia al cambio desde 2013, con un repunte en 2020 y una recuperación insuficiente hasta 2023. [1] ¿Cómo puede el país permitir que sus futuros ciudadanos crezcan en un entorno de privación de potencial?
Los niños y niñas bajo el umbral de la pobreza no tienen siquiera lugar para el “deberían haberlo hecho mejor”. Solemos creer que la justicia debería ser ciega ante el origen y ver sólo el potencial. ¿Pero qué sucede cuando estamos hablando de menores que ni siquiera eligieron su realidad, siendo esta la que podría limitarlos? La obligación de Uruguay de acabar con la pobreza infantil no es sólo un imperativo ético, sino una decisión económica inteligente. Romper la transmisión intergeneracional de la pobreza libera a los jóvenes de barreras al acceso a la nutrición, la salud y la educación, y promueve el progreso social.
Efectos del desarrollo cerebral en la niñez
A menudo, las discusiones sobre la pobreza infantil en Uruguay se limitan al conteo de menores bajo la línea de pobreza. Este dato no es menor: Uruguay es el país que tiene la mayor infantilización de la pobreza de Latinoamérica. [2] Los niños de 0 a 14 años en 2021 tuvieron una exposición a la pobreza de más del doble (2,1) que el promedio de la población. En América Latina esta cifra en promedio es 1,4.
No obstante, en el debate se suele dejar de lado por qué la pobreza infantil es tan problemática. Los efectos más profundos y duraderos que la pobreza puede tener en el desarrollo cerebral de los niños son fundamentales. Este enfoque unidimensional ignora cómo las condiciones de privación impactan en las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños a largo plazo.
Desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, el cerebro de un niño experimenta un período de crecimiento explosivo, estableciendo más de un millón de conexiones neuronales cada segundo. Este ritmo frenético de desarrollo significa que cualquier interrupción o privación no sólo es más perjudicial, sino también más difícil de corregir más tarde en la vida.
La pobreza no es sólo un estado de carencia económica, es un laberinto de desafíos que distorsionan el camino del desarrollo infantil. En los albores de la vida, cada segundo cuenta; entre 700 y 1.000 conexiones neuronales nuevas se tejen, formando una intrincada red que será la base del aprendizaje, la salud y el comportamiento futuro. La pobreza, con su cortejo de estrés y privaciones, puede torcer este tejido, afectando la arquitectura cerebral de los niños en una etapa crítica y configurando un panorama de desigualdades que perdura durante toda la vida.
Los niños que crecen en la pobreza enfrentan un torrente de obstáculos antes incluso de dar sus primeros pasos. La precariedad material o la falta de información engendran un terreno fértil para el estrés tóxico, el cual, sin relaciones de apoyo adecuado, puede alterar el desarrollo cerebral. La neurociencia ha demostrado que el estrés tóxico —resultante de la pobreza, por ejemplo, el abuso continuado o una severa depresión materna— puede alterar permanentemente la arquitectura del cerebro en desarrollo.
Este tipo de estrés provoca una respuesta fisiológica intensa y prolongada que puede inhibir el desarrollo de áreas críticas del cerebro, como el córtex prefrontal y el hipocampo, esenciales para funciones como la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. La pobreza no sólo se mide en recursos tangibles que faltan, sino en oportunidades perdidas para una salud óptima, un aprendizaje profundo y un desarrollo socioemocional equilibrado.
El aprendizaje y el logro académico se encuentran en la línea de fuego. La tensión que la pobreza ejerce sobre las familias puede sofocar la capacidad innata de aprendizaje de un niño. Los niños que experimentan pobreza en sus primeros años tienen un 30% menos de probabilidades de completar el liceo en comparación con aquellos que enfrentan la pobreza más tarde en la vida. La riqueza familiar está estrechamente vinculada con el rendimiento académico; de hecho, es un predictor casi tan fuerte del éxito académico de un niño como el nivel educativo de los padres. [3]
El desarrollo socioemocional, a menudo eclipsado por los indicadores de logro académico, enfrenta igualmente su propia tormenta bajo la pobreza. Los niños en entornos empobrecidos corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de conducta y emocionales. Los padres en situación de pobreza son dos veces más propensos a reportar preocupaciones de retrasos en el desarrollo de sus hijos, y sólo un número reducido de estos niños es descrito como floreciente en su desarrollo.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo [4] revela que en Uruguay las brechas de desarrollo cognitivo y socioemocional que emergen por nivel socioeconómico son significativamente inferiores para los niños de bajos recursos y se amplían a medida que los niños crecen. Este hallazgo destaca la necesidad de intervenciones políticas que aborden las disparidades desde una edad temprana.
A pesar de ser uno de los países menos desiguales de América Latina, Uruguay muestra que las disparidades socioeconómicas en el desarrollo infantil pueden ser persistentes y requieren atención urgente para evitar que se traduzcan en desigualdades más amplias en la vida adulta.
Este ciclo vicioso de la pobreza no sólo estanca el potencial de la infancia, sino que también establece el escenario para una vida adulta arraigada en esta. Los niños que experimentan pobreza por la mitad o más de su infancia tienen menos posibilidades de mantener un empleo estable en la adultez, perpetuando un ciclo intergeneracional de pobreza.
El impacto de la pobreza en el desarrollo cerebral en Uruguay es un problema grave que afecta no sólo el bienestar inmediato de los niños, sino también su potencial a largo plazo. Abordar estas brechas mediante políticas públicas y programas de intervención temprana no sólo mejorará las vidas de estos niños, sino que también fortalecerá el tejido social y económico del país en las generaciones venideras.
Importancia de abordar la pobreza monetaria infantil
La inversión en los primeros años de vida tiene un alto retorno, tanto en términos de desarrollo individual como de beneficios sociales. Los programas que se centran en la primera infancia no sólo mejoran las habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños, sino que también aumentan sus oportunidades educativas y económicas en el futuro. [5]
Invertir en programas de intervención temprana es crucial. Estos programas no sólo ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales desde una edad temprana, sino que también ofrecen apoyo a las familias para mejorar el entorno de crianza. Los programas que se centran en la nutrición, la salud y la educación temprana han demostrado tener altos retornos de inversión, ya que mejoran significativamente las oportunidades de vida de los niños y reducen los costos sociales a largo plazo. La implementación de políticas públicas que fomenten estas intervenciones puede transformar la trayectoria de vida de muchos niños, potenciando su bienestar y su contribución futura a la sociedad.
En Uruguay existen políticas de primera infancia de larga data, como los centros de educación inicial y cuidados. Sin embargo, mientras que el 90% de los niños de familias de mayores ingresos asisten a estos centros, sólo menos del 50% de los niños de familias más vulnerables lo hacen. Es crucial trabajar en la disponibilidad de cupos, mejorar la percepción de estos centros entre las familias más vulnerables y asegurar la calidad de los servicios. Además, el programa Uruguay Crece Contigo brinda apoyo a las familias en sus hogares y a través de teleasistencia, pero aún enfrenta desafíos en aspectos curriculares y de supervisión para mejorar sus servicios. [6]
En este contexto, es fundamental destacar la relevancia de la inversión en programas de desarrollo infantil temprano que no sólo aborden la cobertura, sino también la calidad de los servicios ofrecidos. Estudios recientes han demostrado que los niños que asisten a programas de alta calidad tienen mejores resultados académicos y socioemocionales a largo plazo. Sin embargo, para que estas inversiones sean efectivas, es crucial que se implementen mecanismos de monitoreo y evaluación rigurosos. Esto permitiría identificar áreas de mejora y asegurar que todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, puedan beneficiarse plenamente. Así, no sólo se promueve la equidad, sino que se sientan las bases para una sociedad más justa y próspera.
Desenredando el futuro
En Uruguay, el espectro de la pobreza ha adoptado un rostro inquietantemente joven. La infantilización de la pobreza se ha convertido en un fenómeno enraizado, con una realidad contundente: uno de cada cinco niños vive bajo la sombra de la privación económica. Este término no sólo refleja un desequilibrio en las estructuras sociales actuales, sino que proyecta una sombra sobre el futuro del país. La disparidad es flagrante; mientras un solo adulto mayor de 65 años de cada 50 se enfrenta a la pobreza, la juventud uruguaya enfrenta una realidad mucho más dura.
Tomemos como ejemplo el gasto público social (GPS). Este se entiende como el “conjunto de erogaciones que insumen las acciones emprendidas por organismos del sector público en materia social. La dimensión social refiere al hecho de que se está evaluando el esfuerzo fiscal en actividades estatales orientadas a incidir positivamente en la disminución de la pobreza, la redistribución del ingreso, el cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos de la ciudadanía y la formación, expansión o renovación de capacidades humanas, con recursos que representan una inversión, en la medida en que permiten el desarrollo del potencial productivo de las personas”. [7]
En esta línea, consideremos la prioridad fiscal. Esta refleja el peso del GPS en el gasto público total y para cada una de sus principales funciones: educación; salud; seguridad y asistencia social; vivienda, medioambiente, agua y saneamiento, y cultura y deporte.
La función del GPS con más participación es seguridad y asistencia social (41,4%). En cuanto a la distribución dentro de esta función por tramo de edad, los jóvenes de 0 a 17 representan un 7,8%, mientras que la población de 65 años en adelante, un 55,5% del total. [8] La inclinación del gasto social hacia los mayores es clara, evidenciando una inversión desproporcionada que favorece a la población de edad avanzada en detrimento de las nuevas generaciones. Este no es un tema que pueda endosarse a una única gestión política o sensibilidad social en particular, más bien es el reflejo de una tendencia arraigada en la administración del Estado durante décadas, independientemente de quién ocupe el poder.
Los grupos de interés corporativo suelen abogar por una profundización de este patrón de gasto. Un ejemplo con el reflector encima es la reforma constitucional del PIT-CNT, que no hace más que perpetuar este patrón. De ser aprobada, dicha reforma consolidaría aún más el enfoque del gasto hacia los mayores, con posibles consecuencias adversas para los recursos disponibles para la atención a la primera infancia.
El desafío que enfrenta el sistema político uruguayo es formidable: debe superar la inercia que ha privilegiado históricamente el gasto en el presente, en lugar de invertir en el futuro. La juventud de hoy, en el banco de suplentes, es la que dirigirá y sostendrá el país mañana. La pregunta que queda suspendida en el aire es si Uruguay puede darse el lujo de seguir postergando a sus futuros ciudadanos. El replanteamiento del gasto social no es sólo una cuestión de justicia intergeneracional, sino una inversión crítica en el porvenir de una sociedad que aspira a la equidad y la prosperidad.
La importancia de abordar la infantilización de la pobreza en Uruguay es ampliamente reconocida tanto por académicos y técnicos gubernamentales como, de manera creciente, por distintos programas de gobierno en el marco de las elecciones nacionales de 2024. Sin embargo, ¿por qué no hemos logrado combatir este problema si todos estamos de acuerdo en que es prioritario?
La realidad es que no estamos completamente de acuerdo. No se trata de que no reconozcamos que hay niños en situación de pobreza; en eso coincidimos. Lo que sucede es que no vemos la pobreza como un problema fundamentalmente infantil. El mayor obstáculo en la lucha contra la infantilización de la pobreza es que no la percibimos como una cuestión urgente. [9]
La pobreza infantil en la agenda política debe ser más que un punto de conflicto o ejemplo en la disputa por los recursos públicos. Debe convertirse en una política de Estado que rompa con la rígida estructura del GPS, que muestra una marcada preferencia por los adultos mayores. Esta preferencia resulta en una asignación de recursos que a menudo ignora las necesidades de las familias con hijos. Para abordar verdaderamente la pobreza infantil, es esencial reconocer y actuar sobre estas disparidades en la distribución de los recursos públicos, asegurando que se atiendan las necesidades de los niños de manera equitativa y prioritaria.
La economía de la inocencia se refiere a la desventaja inherente que enfrentan los niños debido a su incapacidad para defender sus propios intereses en el ámbito político, económico y social. Los niños no tienen poder de lobby, no votan y, a menudo, sus padres y cuidadores carecen de la información o los recursos necesarios para abogar efectivamente por ellos. Esta falta de representación y voz política significa que las necesidades de los niños pueden ser fácilmente ignoradas o subestimadas en la formulación de políticas públicas.
La pobreza infantil conlleva una pérdida significativa de potencial humano. Invertir en su erradicación no sólo es ético, sino estratégico para el futuro de Uruguay. Proveer a los niños un entorno propicio para su desarrollo físico, cognitivo y emocional no sólo mejora su bienestar, sino también el progreso social y económico del país. La economía de la inocencia subraya esta inversión en sus futuros ciudadanos como esencial, ya que los niños, aunque sin voz, representan el futuro del país.
Notas
1] Oddone, G (2024). 168.000. Búsqueda. Primer semestre del 2023, Instituto Nacional de Estadística.
2] Uruguay es el país con mayor infantilización de la pobreza en la región, es decir, la mayor pobreza de 0 a 14 años con relación a la pobreza total (Cepal Stat, 2021).
3] American Academy of Pediatrics (2019). Poverty and early childhood outcomes. Pediatrics, 143 (6), e20183426. https://doi.org/10.1542/peds.2018-3426. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2023). Status and trends in the education of racial and ethnic groups. NCES 2023-144.
4] Attanasio, O, López-Boo, F, Pérez-López, D & Reynolds, S (2024). Inequality in the early years in LAC: A comparative study of size, persistence, and policies. IDB Publications.
5] Cunha, F & Heckman, J (2007). The technology of skill formation. American Economic Review, 97 (2), 31-47.
6] Grau, I (2024). Especialista del BID: el nivel de pobreza infantil “claramente es alto” dado el PBI per cápita de Uruguay. Búsqueda.
7] Ministerio de Desarrollo Social (2021). Gasto público social en Uruguay 2019-2021.
8] Mides-MEF-OPP (2015). Los perfiles por año no suelen cambiar porque el GPS tiene un fuerte componente endógeno. 9] Esponda, F (2024). La abuelización de la pobreza. Razones y Personas.