Soldados fuera de un colegio electoral durante el referendo, en Olón, en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, el domingo 21 de abril de 2024. © Gerardo Menoscal, AFP
Mario Unda y Maritza Idrobo, Quito, 25-4-2024
Correspondencia de Prensa, 25-4-2024
Ecuador pasó el domingo por una nueva consulta popular. La interpretación de los resultados está desde entonces en su apogeo. Lo que no se ganó en las urnas se quiere ganar ahora en los discursos.
Los resultados, grosso modo
Las 11 preguntas consultadas pueden ser agrupadas en dos grandes capítulos. El primero constaba de 9 preguntas relativas a la temática que, según todas las encuestas, concentra la mayor preocupación -y temor-: la violencia y la inseguridad. El segundo se refería a temas sociales y económicos, y tenía dos preguntas.
En el capítulo sobre la inseguridad se encontraban temas como mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y darles mayores atribuciones en el control civil, elementos para readecuar la justicia al populismo penal (incremento de penas, creación de judicaturas especializadas para temas constitucionales, eliminación de la prelibertad, extinción de dominio). Son temas hoy por hoy muy populares.
En el capítulo socioeconómico se concentraron en dos temas: que el Ecuador acepte el arbitraje internacional cuando surjan conflictos con los capitales multinacionales, y que se adopte una mayor flexibilización laboral, aprobando modificaciones al contrato fijo y al contrato por horas; eso sí: las modificaciones no se pusieron a la luz de la consulta, sólo se establecía que el ministerio elaboraría los reglamentos respectivos.
Terminadas las elecciones de consulta popular, los resultados comenzaron a fluir, cierto es que con mucha lentitud, pero con una clara tendencia desde los primeros momentos del conteo oficial. El gobierno ganó ampliamente en 9 preguntas (oscilando entre 59,92% y 72,25% por el Sí) y perdió con la misma contundencia en las otras dos (65,18% y 69,53% por el No).
El Sí y el autoritarismo extendido
Los resultados muestran una situación contradictoria: el gobierno ganó en las preguntas de la seguridad, aquellas que habían acicateado el miedo y dirigido las plegarias de los dolientes hacia un gobierno fuerte y una mano dura. Sobre todo, ganó en las preguntas sobre las fuerzas armadas, que lograron los porcentajes más altos del Sí: 72% y 70%. En ambos temas predominó un sentido común autoritario, lo que no es un fenómeno nuevo ni meramente coyuntural.
El miedo de este último período lo avivó, extendió y profundizó, pero ya venía de antes. En el primer período neoliberal (1981-2005), era un sentido común heredado de las dictaduras y de la doctrina de Seguridad Nacional, y definía sobre todo a las clases dominantes y a los gobiernos, pero era contestado y resistido con firmeza y con éxito por la protesta social que expandía, en cambio, un sentido común democratizador. El populismo progresista de Correa (2007-2017) llegó con una propuesta de democratizar la política, la economía y el Estado, pero pronto sus tendencias bonapartistas y autoritarias triunfaron sobre la promesa, sujetó todos los poderes del Estado al dominio del Ejecutivo, dividió organizaciones sociales y criminalizó la protesta social, acusándola de terrorismo y sabotaje. Su éxito dio nueva vida y extendió el sentido común autoritario en la sociedad.
El fracaso del populismo progresista reeditó la contradicción de sentidos comunes de 1981-2007, pero mostró también que el sentido común autoritario y anti protesta social se había extendido entretanto a amplias capas de los sectores medios, captados por el discurso político de las clases dominantes y las formaciones de derecha y volcado violentamente contra el pueblo movilizado, contra los trabajadores y contra los indígenas. Esta nueva situación se hizo visible en las elecciones de 2017, 2021 y 2023, y saltó dramáticamente a la luz durante los grandes desbordes populares de 2019 y 2022. Aunque también aquí la movilización social rescató un sentido común democratizador que logró sostenerse y generar sintonías espirituales y proximidades de lucha y solidaridad, no logró contener el desplazamiento conservador de la mentalidad social predominante.
Además, un nuevo elemento incidía en esta tendencia: también una parte de la izquierda sucumbió nuevamente a la tentación autoritaria, lo que debilita aún más el despliegue de un sentido común democratizador en la conciencia de las masas.
Al mismo tiempo, las encuestas venían mostrando una rápida recuperación de la imagen positiva de las fuerzas armadas, luego de su pérdida de atracción por el papel represivo jugado durante el primer período neoliberal. Hay que tener en cuenta que en el Ecuador las fuerzas armadas han tenido desde hace mucho una imagen favorable en la población, sobre todo después de la pérdida territorial en la guerra de 1941 contra el Perú, derrota que la creencia social achacó al mal gobierno de Arroyo del Río y no al Ejército. Además, las dictaduras militares no han tenido aquí el carácter genocida que tuvieron en el sur del continente, y más bien jugaron en varios momentos un rol desarrollista y reformista (por ejemplo, en 1925, en 1938, en 1944 o en 1972).
La violencia criminal que se abatió sobre el Ecuador en estos últimos años ha servido como un catalizador para expandir los sentidos comunes autoritarios en diversos sectores de la vida social. Una gran capa de la población (una mayoría, a juzgar por los resultados de la consulta), sintiéndose inerme frente a una violencia indiscriminada e irracional, incapaz de enfrentarla por sí misma o con auxilio de sus organizaciones, sucumbió fácilmente a una doble tentación autoritaria: sólo la mano dura de un gobierno fuerte podría poner fin a estas penurias. Pero, al mismo tiempo, la débil respuesta de las instituciones estatales desviaba la petición hacia aquella institución fuerte que traía consigo una historia de imagen positiva: los ciudadanos no pueden defenderse, la policía no lo hace y es vista como cómplice, los gobiernos no hacen nada y son corrompidos. La búsqueda de protección se dirige de nuevo a los militares.
Así que el estado de emergencia de enero de 2024, el asalto a la embajada de México para capturar a Glas y la consulta popular de abril confluyen en fortalecer la propuesta de un nuevo eje político constituido por un presidente con imagen de mano dura y la presencia en las calles de los militares. Esta alianza de hecho entre el Ejecutivo y las fuerzas armadas le permite al presidente postular su imagen como si estuviera por encima de todos los conflictos políticos y sociales, por lo menos de aquellos que más preocupan y perturban la mentalidad social. Esta presunta autonomía del jefe del Ejecutivo podría reforzarse y requerirse al mismo tiempo por las rupturas de las alianzas políticas inmediatamente antes e inmediatamente después de la consulta: la alianza del gobierno con el correísmo terminó abruptamente con el asalto a la embajada de México; a poco de culminado este último proceso electoral, el partido Socialcristiano anunció el fin de su acuerdo legislativo con el gobierno de Noboa; finalmente, el gobierno y Construye sabotearon la última oportunidad de concretar un acuerdo en la asamblea.
¿Noboa queda solo o libre de las ataduras de las alianzas? Como lo indicamos en una entrega anterior, la deriva bonapartista parece estar preparando el surgimiento de un nuevo populismo oligárquico.
El No y la persistencia de un sentido común antineoliberal
Mas si esto fuera todo, ya habría quedado todo dicho. Pero no fue así. El carácter complejo de la situación actual estriba en que dos sentidos comunes, antagónicos entre sí, se presentaron al mismo tiempo y con fuerza e intensidad similares.
La consulta trajo consigo otros resultados que, en cierto modo y hasta cierto punto, vienen a confrontar con la tendencia autoritaria. El gobierno perdió en las dos preguntas relativas al programa neoliberal: someterse al arbitraje internacional en querellas con capitales transnacionales y modificar los contratos fijos y por horas para imponer una mayor flexibilización laboral.
También en estos temas ha sido profusa y reiterada la propaganda de las clases dominantes, de los últimos gobiernos y de buena parte de los medios de comunicación. Se le ha dicho hasta el cansancio a la sociedad que someter a arbitraje internacional los conflictos con las grandes transnacionales dará seguridad jurídica, atraerá inversiones, generará empleo. Sin eso, se ha dicho, no se conseguirá el desarrollo, no se generará riqueza, no se superará la pobreza y el atraso.
También se ha repetido que establecer modificaciones en el contrato por horas, volviendo al trabajo más flexible, menos sindicalizado, liberado de la estabilidad, más disperso, más dispuesto a acudir al llamado puntual y breve del capital creará más empleo, superará la informalidad, dará trabajo a los más jóvenes y a las mujeres.
En cierto sentido estos temas han sido sometidos desde hace mucho a una campaña de miedo: te quedarás sin posibilidades de trabajar, no podrás progresar ni atender tus necesidades tuyas ni las de tu familia. Pero esta campaña de miedo no surtió el mismo efecto que la campaña del miedo en torno a la seguridad. Quedan en la conciencia social importantes reservas morales que provienen de los 25 años de resistencia neoliberal y del complicado decenio de expectativas, desengaños y resistencias bajo el populismo progresista.
El resultado de la consulta nos muestra también que en la conciencia popular persisten, y fuertes, sentidos comunes democratizadores y emancipadores, de defensa del trabajo frente a la voracidad del capital y de protección del interés nacional frente a la rapiña de las transnacionales. Ambos reflejan un sentimiento de dignidad popular y son un triunfo sobre el programa neoliberal que vienen imponiendo las clases dominantes sin lograr empero completar.
Después de la consulta: ¿para dónde vamos?
¿Qué viene después? El desenvolvimiento de los acontecimientos probablemente no será lineal y tampoco nítido. El gobierno sale triunfante porque triunfaron las propuestas que encarnan el discurso de legitimación y las líneas políticas que ha encontrado en medio del miedo y de la violencia. Pero, para que ese triunfo sea real, tiene que encontrar las maneras de solucionar aquellos temas que le permitieron beneficiarse de la desesperación generalizada. ¿Podrá hacerlo? Contará, seguro, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional, que probablemente negociará en estos próximos días (por lo menos eso se anunciaba) un nuevo crédito para pagar deudas vencidas y por vencer. Habrá que ver si le alcanzan la capacidad política y los recursos.
Si el triunfo del Sí en esas 9 preguntas se traduce en realizaciones, la consulta habrá sido el primer peldaño para la reelección. Pero tendrá que enfrentar, además, problemas económicos, energéticos y sociales. La crisis de la electricidad no parece, por ahora, tener un pronto fin, y seguimos con cortes de luz que alcanzan las 6 horas diarias, con el impacto que esto tiene en la economía y en el ánimo de la población.
En cuanto a las preguntas perdidas, el gobierno prefiere hacerse el desentendido y pretende que se olviden rápidamente. Voceros oficiales han dicho que esas preguntas no eran suyas, sino del socialcristianismo y de Construye (no obstante, Daniel y Lavinia, su esposa, dieron su voto y salieron a mostrar a las cámaras sus papeletas marcadas todo Sí). Pero no solo eso, la ministra del Trabajo dijo que el contrato por horas podría ser aprobado a través de reformas que realice la Asamblea. No sería la primera vez que Noboa, en su corto gobierno, irrespeta la voluntad mayoritaria expresada en una consulta popular. Ya a inicios de su gobierno anunció que pensaba en declarar una moratoria a la consulta sobre el Yasuní que, en la misma elección que lo nombró presidente, mandató cesar la explotación petrolera en ese parque nacional.
Puede ser que el sentido común autoritario que aprobó las 9 preguntas, apruebe también estos atentados en contra de la voluntad popular. Pero se encontrará seguramente con la resistencia del otro sentido común, el democratizador, que se expresó en las dos preguntas rechazadas el domingo anterior. Noboa se presenta ya en la línea de partida para las elecciones generales de 2025, pero tendrá más dificultades que las que se veían hasta el sábado. Por otro lado, ¿las reservas morales expresadas en ese casi 70% de rechazo a las otras dos preguntas podrán abrir nuevamente las puertas para un nuevo encuentro político popular independiente, podrán remontar la desazón causada por los actos fallidos posteriores a la primera vuelta de 2021 y por los resultados agridulces de los desbordes populares de 2019 y 2022? Si lo logran, no será sin dificultades: las posibilidades están allí, pero deberá resolverse, sobre todo, si se podrá construir dentro de una línea de representación política con independencia de clase. Y las presiones en contra y las tentaciones populistas también son fuertes.