Miguel Díaz-Canel, durante un foro de empresarios rusos, en La Habana. Foto: AFP, ALEXANDRE MENEGHINI
La ampliación de las “zonas especiales”. Despejando el campo
El poder central cubano viene aumentando sus atribuciones en la designación de zonas de uso especial a lo largo de la isla. Los desalojos y las expropiaciones resultantes no han estado exentas de conflictos entre los vecinos y la Policía.
Amaury Valdivia, desde Camagüey
Brecha, 9-6-2023
Correspondencia de Prensa, 10-6-2023
El sábado 6 de mayo, decenas de personas protestaron contra el gobierno cubano en el pueblo de Caimanera (930 quilómetros al sureste de La Habana). Las autoridades permitieron la manifestación hasta la caída de la noche, cuando exigieron a los congregados y los curiosos que regresaran a sus casas. Pero un pequeño grupo se negó a hacerlo y terminó enfrentándose a fuerzas especiales de la Policía, enviadas desde la capital de la provincia, Guantánamo. El episodio se saldó con cinco detenidos –cuatro de ellos, hermanos–, que desde entonces esperan juicio; dos están en libertad bajo fianza.
La protesta en Caimanera es la única ocurrida en Cuba desde el comienzo de 2023. La noche en que se produjo, el servicio de internet fue cortado en toda la isla, pero no antes de que los manifestantes hicieran transmisiones en vivo que despertaron el entusiasmo en Miami y en otras comunidades de emigrados. Al compartir esos videos, algunos cubanoamericanos llevaron su euforia al punto de reclamar una intervención militar estadounidense.
No era una expresión al vuelo. Menos de 1 quilómetro separa a Caimanera de la base naval de Guantánamo, que la Marina de Estados Unidos ocupa desde 1903. Los 117 quilómetros cuadrados de ese enclave representan un tercio del territorio del municipio. La amenaza de que «salieran los marines» formó parte del imaginario nacional hasta 1959, como una posibilidad que de hecho se concretó varias veces antes de esa fecha.
Debido a su vecindad con la base, el acceso a Caimanera está restringido y los visitantes deben ser registrados con días de antelación por sus familiares residentes en la localidad o por las instituciones que los convocan. En la carretera hacia la ciudad de Guantánamo tres puntos de control verifican las entradas y las salidas, como parte de un dispositivo militar que se extiende por los casi 40 quilómetros del perímetro de la base. La zona fronteriza es una de las más minadas del mundo.
Históricamente, esas limitaciones tenían su contrapartida en una condición administrativa especial: los caimanerenses percibían salarios un 50 por ciento más altos que los del resto del país, recibían cuotas suplementarias de alimentos y eran priorizados en cuanto a inversiones en vivienda y otros sectores. En parte por esos beneficios, la comunidad ostentaba con orgullo el sobrenombre de «primera trinchera antimperialista de Cuba».
Pero la crisis económica de los últimos años fue reduciendo aquellas ayudas, particularmente necesarias en Caimanera debido a su aislamiento. «Y cuando alguien quiere traer viandas o algún producto alimenticio para vender de forma particular, en los puntos de control muchas veces los policías y los militares viran esos vehículos y no los dejan pasar», contó el activista opositor Yeris Curberlo en una entrevista con Radio Televisión Martí, la cadena del gobierno estadounidense que transmite para Cuba.
Decisión del poder
Buena parte del territorio de Caimanera bajo jurisdicción cubana se considera zona militar, lo cual implica limitaciones para su uso con fines civiles. Otras tres áreas costeras, en distintas provincias, recibieron la misma jerarquía en enero último, mediante una resolución del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). La norma no explicó los motivos para tal designación y dejó abierta la puerta a futuros nombramientos similares, al amparo del decreto ley (DL) 331, sobre «zonas especiales», promulgado por el Consejo de Ministros en octubre de 2015.
De acuerdo con el DL 331, las zonas especiales pueden designarse atendiendo a criterios de «alta significación ambiental e importancia histórico-cultural», de «desarrollo económico» o de «interés para la defensa y la seguridad». La última palabra en cuanto al último punto la tienen el Minfar y el Ministerio del Interior, en tanto que al Consejo de Ministros le corresponde legislar respecto a las dos primeras modalidades. Significativamente, la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento cubano) no tiene que ser consultada en ninguna fase de esos procesos, ni siquiera los diputados electos por los municipios que se verán afectados por la creación de las nuevas zonas.
La zona especial más famosa de Cuba es la del Mariel, un área libre de tributación fiscal para la inversión extranjera que se extiende por 465 quilómetros cuadrados en torno al puerto de contenedores del mismo nombre, 45 quilómetros al oeste de La Habana. Oficialmente, fue establecida en setiembre de 2013, dos años antes de la promulgación del DL 331.
Otro referente de esa legislación es el balneario de Varadero (130 quilómetros al este de La Habana), cuya playa habitualmente resulta incluida entre las mejores del mundo por webs de viajes como Tripadvisor. En enero de 2011 la llamada playa azul perdió la condición de municipio y debió transferir parte de su territorio a localidades vecinas, mientras la península donde se ubican su centro urbano y sus playas quedó bajo administración directa del Consejo de Estado (el equivalente a la oficina presidencial antes del cambio de la Constitución, en 2019). La decisión formaba parte de una amplia reforma a la división político-administrativa, que en el caso de Varadero se reveló llena de improvisaciones.
Los varaderenses vivieron durante años afrontando dificultades redobladas para sus gestiones cotidianas, con apenas algunos representantes electos al consistorio del municipio vecino, que, sin embargo, no tenía facultades sobre la península. La situación mejoró en alguna medida a partir de octubre de 2015, cuando el balneario recibió oficialmente la condición de «zona de alta significación para el turismo», una de las categorías contempladas en el acápite de «desarrollo económico» del entonces recién aprobado DL 331. Los trámites burocráticos siguen siendo tortuosos y las autoridades suelen tomar decisiones discrecionales, pero en la localidad reabrieron varias de las oficinas y los servicios públicos que habían cerrado tras la desaparición del municipio.
«Hubo un punto en que hasta para sacar un carné de identidad había que viajar a Cárdenas o Matanzas. Era un problema creado por el voluntarismo de unos pocos “sesudos” en La Habana, que aquí no consultaron a nadie», comentó Damián, un habitante de la localidad que solo en enero consiguió concretar el cambio de dirección de su nieta, luego de casi un año de gestiones.
La niña, nacida en La Habana, había pasado a vivir con él y su esposa tras la partida de su mamá –hija de Damián– hacia Estados Unidos. «Nosotros quedamos legalmente a cargo de la pequeña hasta que ella pueda sacarla, pero conseguir el traslado de su dirección fue una odisea. En Varadero cualquier trámite de la vivienda tiene que ser aprobado por el Ministerio de Turismo, por lo que puede demorarse lo que a ellos les dé la gana. Y no es la peor gestión: para una compraventa de casas hay que tener los mismos avales y te cuentan hasta la cantidad de personas que vendrán a vivir. Se han dado casos en que ha habido que darle marcha atrás al negocio por ese motivo», detalló.
«Entre los criterios manejados para las autorizaciones se encuentran mantener el equilibrio de la población residente en cada zona y evitar su incremento, y que no surjan nuevas viviendas en la zona ni aumente el número de propietarios», reveló en julio de 2018 la revista Oncuba, propiedad del empresario cubanoamericano más influyente en la isla. Ese mes habían entrado en vigor nuevas normas para endurecer los controles sobre las zonas especiales; en particular, sobre las vinculadas a la actividad turística.
Esquema repetido
En noviembre de 2022 la Gaceta Oficial publicó el Acuerdo 9.428, mediante el cual el Consejo de Ministros estableció una zona con regulaciones especiales de «preferente uso turístico» en los que definió como Cayos del Norte de Ciego de Ávila.
No está claro si se trata de una norma fundada en un error geográfico o destinada a sentar un precedente. De estar ante el segundo caso, la lectura sería la siguiente: el Consejo de Ministros se atribuye competencias legislativas superiores a las de la Asamblea Nacional.
El acuerdo de marras considera como parte de la provincia de Ciego de Ávila a la tercera isla de mayor extensión del archipiélago cubano (Cayo Romano, de 926 quilómetros cuadrados), desconociendo que, según las leyes sobre la división político-administrativa de 1976 y 2011, ese territorio forma parte de una provincia vecina. La Constitución, en tanto, establece que cambios de esa magnitud solo pueden ser aprobados por el parlamento.
El traspaso de funciones de la Asamblea (integrada por 470 diputados ratificados en votaciones directas) al Consejo de Ministros (con 34 integrantes designados) allanaría el proceso para futuras decisiones potencialmente controversiales en temas como el de las zonas con regulaciones especiales.
Además de los enclaves militares –los de Mariel, Varadero y el norte de Ciego de Ávila–, en los últimos dos años también fueron colocados bajo esa condición el valle de Viñales, la sierra de Soroa y el poblado de Playa Larga, en la Ciénaga de Zapata, entre un largo listado de otros territorios de la geografía nacional. Todos tienen en común sus altos valores medioambientales o potencialidades turísticas. En conjunto suman una extensión superficial de entre 2 mil y 3 mil quilómetros cuadrados, no menos del 2 por ciento de la superficie total del país.
La publicación de la nueva ley de expropiaciones, este 29 de mayo, ha alimentado la inquietud que, «justificadamente», alientan algunos sectores de la población. Así piensa el jurista emigrado Eloy Viera, quien en enero analizó esa legislación en un video para la revista independiente El Toque.
«Esta ley especifica los casos en que se puede expropiar y dentro de esas causales destaca el establecimiento o ampliación de zonas especiales de desarrollo económico o zonas de interés turístico. [Ello] permitiría la expropiación casi automática de los inmuebles ubicados en las zonas que el poder cubano determine», explicó el jurista, para recordar, a renglón seguido, que «desde antes ya se venían produciendo conflictos entre los pobladores de esas zonas y el gobierno».
Un ejemplo de esos «conflictos» puede encontrarse en los sucesos de enero último en Playa La Herradura, un poblado de la provincia de Las Tunas (680 quilómetros al sureste de La Habana). En 2021 parte de la costa norte tunera se convirtió en una zona con regulaciones especiales, «de alta significación ambiental e importancia histórico-cultural», a consecuencia del Acuerdo 9.190 del Consejo de Ministros. Bajo esa condición Las Nuevas, un área natural colindante con Playa La Herradura, elevó su grado de protección. También cerca reiniciaron las obras del mayor parque eólico de Cuba, en el que se pretende instalar 54 molinos de gran porte con una capacidad de generación conjunta de 90 megawatts por hora.
La madrugada del 16 de enero la Policía entró a una comunidad a las afueras de Playa La Herradura y ordenó la salida de sus habitantes para demoler las construcciones que no tenían permisos oficiales. Fueron destruidas entre 60 y 300 viviendas.
Yanara del Monte perdió una casa de madera y tejas que había levantado para que su hijo menor se bañara en la playa. El niño padece un tipo de cáncer de piel para el que los médicos recomiendan una exposición regular al agua de mar, aunque fuera de las horas de mayor radiación solar. Contar con una vivienda propia cerca de la costa era una solución ante los altos precios de los alojamientos turísticos.
«Pero lo perdimos todo en unas horas. Solo las personas que vivían “permanente” en La Herradura pudieron sacar sus muebles y sus electrodomésticos; los que, como yo, usaban las casas los fines de semana o durante las vacaciones y vivían en otros pueblos no pudieron salvar nada. Apenas nos enteramos fuimos corriendo para allá; sin embargo, la Policía no dejaba pasar a nadie. Cuando logré acercarme, ya mi casita estaba en el piso.»
Cinco meses después los afectados por el desalojo siguen sin recibir una notificación oficial o alternativas para su reasentamiento. Yanara se propone solicitar un terreno para construir otra casa cerca de la costa, aunque sin demasiadas esperanzas.
Otro de los afectados, que pidió no ser mencionado por su nombre, contó cómo al cabo de pocos días fue en busca de explicaciones a la sede del gobierno local. Y que allí un par de funcionarios acabaron por confesarle que la decisión al respecto no se había tomado en el municipio, ni siquiera en la provincia. Había sido una orden llegada de La Habana y contra eso había poco o nada que objetar.