Partidarios del Partido Republicano tras la victoria de sus candidatos al Consejo Constitucional, el domingo, en Santiago. Foto: Javier Torres AFP
El triunfo de la extrema derecha en las recientes elecciones en Chile deja a este sector, opuesto al reemplazo de la Constitución de 1980, como principal fuerza del nuevo Consejo Constitucional. Con una campaña alejada del debate constitucional y centrada en cuestiones como la inseguridad, el progresismo sufrió una dura derrota que impactará sobre el gobierno de Gabriel Boric
Tomás Leighton/José Acevedo *
Nueva Sociedad, mayo 2023
Correspondencia de Prensa, 10-5-2023
Desde hace un tiempo, Chile había vuelto a ocupar un lugar especial en el corazón del progresismo mundial. En 2019, las protestas sociales contra el neoliberalismo derivaron en un proceso democrático para dejar atrás la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. En 2021, Gabriel Boric, un ex-dirigente estudiantil de 36 años, fue elegido presidente e inició lo que algunos han señalado como una nueva ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica.
Sin embargo, en septiembre pasado la población rechazó masivamente en las urnas el texto constitucional que buscaba reemplazar la antigua Constitución, lo que obligó a los partidos a iniciar un nuevo proceso mucho más tutelado que el anterior. Y esto sería solo la antesala: en las elecciones para el nuevo Consejo Constitucional, celebradas el 7 de mayo pasado, la extrema derecha representada en el Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast logró 35,41% de los votos. De esta forma, le pasó por encima a la derecha tradicional (21,1%) y derrotó al oficialismo progresista (que compitió en listas separadas, un error que dará mucho que hablar y reparar). Además, el PR obtuvo por sí solo poder de veto y, en conjunto con la derecha tradicional, logró dos tercios de representación para vetar cualquier modificación que sugiera la comisión experta al borrador de nueva Constitución.
Todo lo anterior dificulta enormemente cualquier acuerdo entre la izquierda y la derecha tradicional (quién habría dicho que se añoraría esa posibilidad). Aunque inevitablemente los resultados dinamitaron la posición negociadora del gobierno para llevar a cabo un programa que ya venía a cuestas por carecer de mayoría parlamentaria, lo cierto es que la mayoría de extrema derecha en el Consejo Constitucional no tiene el camino asegurado hacia un triunfo en las próximas presidenciales. En realidad, los tiempos de las «identidades negativas» y el rechazo a todo lo que huela a poder vienen mostrando justo lo contrario: sin experiencia y puesta a liderar un proceso con expectativas que no podrá cumplir, la extrema derecha puede enfrentar su propio proceso de degradación, tal como la izquierda tuvo el suyo con la primera Convención Constitucional.
Idas y venidas constituyentes
Aunque aún es muy pronto para extraer conclusiones sobre el comportamiento electoral, hay varias cuestiones que mencionar. En primer lugar, la introducción del voto obligatorio desde el año pasado ha estabilizado un alto porcentaje de participación que cambia por completo el mapa electoral. Si en 2022 la participación fue de 86%, esta vez se ubicó en casi 85%. Pareciera que el desinterés ciudadano hacia el actual proceso constituyente, en vez de convertirse en abstención, se ha expresado en votos nulos y blancos: estos sumaron 21,54% del total. Por otro lado, el resto de los votantes que no había acudido a las urnas anteriormente (ni en el primer proceso constituyente ni en la elección del presidente Boric, cuando el voto era aún opcional), esta vez, con voto obligatorio, ha optado por la extrema derecha.
Si esto significa una ampliación de la penetración cultural del conservadurismo en Chile dependerá de si el PR mantiene sus buenos resultados en el tiempo. Por ahora se pueden aventurar tres cosas. Primero, que la votación por el Rechazo al borrador en el plebiscito pasado es similar al porcentaje de apoyo a la oposición, en ambos casos en torno de 62%. Segundo: el centro político ha terminado de desfondarse luego de que la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia (PPD, del ex-presidente Ricardo Lagos), bautizada Todo por Chile, decidiera ir por fuera del bloque oficialista y no obtuviera ningún escaño. Tercero, y quizás lo más importante: pareciera que la extrema derecha está capitalizando coyunturalmente un voto de repudio al establishment político que no es demasiado distinto del que movilizó a los votantes de la nueva izquierda chilena en el último tiempo. Como ya ha pasado en otros países, las elecciones se están definiendo por las denominadas «identidades negativas», y quien gana las elecciones ve diluido su poder en un abrir y cerrar de ojos.
Ahora bien, para entender más precisamente qué es lo que los chilenos están castigando en esta ocasión, hay que remitirse a la seguidilla de idas y venidas constituyentes de las que deriva el proceso actual. La persistencia del problema constitucional chileno radica en que, a pesar de las múltiples reformas que ha tenido la Constitución de 1980, esta no se desenvuelve como pacto fundante de la comunidad política ni tampoco sirve de base para dirimir las diferencias entre los ciudadanos. Además de su herencia dictatorial, el texto degradó aún más su legitimidad al bloquear reformas que pudieran alterar el carácter subsidiario del Estado.
Tras el estallido social de octubre de 2019, el mundo creyó que todo eso quedaría atrás con la Convención Constitucional y sus innovaciones democráticas inéditas en materia de paridad de género y protección del medio ambiente. Sin embargo, el borrador fue rotundamente rechazado por casi 62% de los votantes en todas las regiones del país. Aunque algunos todavía culpan a la campaña de desinformación conservadora, lo cierto es que esta solo pudo tener éxito debido a un error estratégico y también ideológico por parte de la izquierda: se confundió la redacción de una Constitución con el despliegue y materialización de un innovador programa de gobierno progresista. El problema estructural con la ratificación de nuevas constituciones por referéndum es que cuanto más extenso es el texto, más razones tienen los votantes para rechazarlo. En el caso de Chile, por ejemplo, gran parte de los nuevos votantes de sectores populares interpretaron la «plurinacionalidad» como un ataque a su identidad patriótica.
Con el borrador anterior rechazado, el Congreso Nacional echó a andar un nuevo proceso mucho más limitado por el poder constituido. Aunque esto fue un balde de agua fría para las expectativas de la izquierda, cualquier otra cosa habría dado armas a la derecha. Al igual que en la Convención, el nuevo órgano estableció quórums contramayoritarios, en particular, tres quintos en una asamblea de 51 electos (el acuerdo original contempló 50 escaños, al que se agregarían cupos indígenas en caso de obtener el 1,5% de la votación total del país en una papeleta separada; este fue el caso de Alihuén Antileo, elegido por ese cupo). Y, tal como le ocurrió antes a la derecha, la escasa representación de la centroizquierda en el proceso actual implica que los quórums no cumplirán su objetivo de avanzar en los pactos. Además, la derecha tenía tres exigencias: 12 bases institucionales intocables durante el proceso (como la imposibilidad de eliminar el Senado y la mención explícita a la existencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Constitución, dos puntos polémicos en la pasada Convención), una comisión de expertos compuesta proporcionalmente por las fuerzas representadas en el Congreso y un comité de árbitros para asegurar la tutela sobre el poder constituyente. La primera paradoja es que, con los resultados electorales favorables a la extrema derecha, estos contornos podrían darle, en el mejor de los casos, un cierto grado de influencia a la izquierda (y ya no a los conservadores, como originalmente) y, en el peor de los casos, resultarían irrelevantes. La segunda paradoja electoral es que un partido como el PR, que defiende la continuidad de la Constitución de 1980, quedó a cargo del cambio constitucional.
El sorpasso de la extrema derecha
El cambio en la hegemonía de la derecha chilena es total. Desde hoy, Kast no es tan solo el ex-candidato presidencial de la derecha que obtuvo 44% en la segunda vuelta de 2021, sino que su partido acaba de sumar más del doble de representantes que las fuerzas clásicas de la derecha, entre ellos Renovación Nacional (del ex-presidente Sebastián Piñera) y la Unión Demócrata Independiente (UDI, fundada por Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura).
La prensa internacional ha catalogado a Kast como la simple adaptación chilena de populistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro, lo que cobra sentido considerando las conexiones del PR con las principales organizaciones de extrema derecha en el mundo. En el plano discursivo, desde 2017 Kast apela al peligro que viven los valores de la familia tradicional y su estabilidad económica. ¿La amenaza? La clásica red conspiranoica de enemigos coordinados: la izquierda, los operadores políticos, la «ideología de género» y los inmigrantes. Nada muy diferente al discurso de la Alt-Right que crece en el resto del mundo.
Desde que Boric salió elegido en 2022, el contexto económico, la crisis migratoria y la crisis de seguridad (particularmente, con el fuerte crecimiento de delitos de alta repercusión social) no solo han dado lugar a una reacción contra el gobierno, sino que además han vigorizado discursos como el de los republicanos, que se las arreglan para ser percibidos como outsiders que vienen a desplegar la «mano dura» contra la delincuencia. En efecto, toda la campaña electoral para el nuevo Consejo Constitucional estuvo marcada por mensajes sobre el descontrol de la seguridad que poco tenían que ver con la Constitución y le sirvieron al PR para antagonizar con el oficialismo.
Ahora bien, ¿es realmente Kast un outsider? A diferencia de algunos de sus pares internacionales, es un político de larga trayectoria que lleva ocupando cargos públicos desde el año 1996 y, hasta su primera campaña presidencial en 2017, siempre se había postulado por la UDI. En particular, Kast proviene del corazón de una de las culturas políticas más tradicionales de la derecha chilena. Cuando estudiaba Derecho en la Universidad Católica, Jaime Guzmán fue su tutor, y así se volvió militante del Movimiento Gremial, un grupo corporativista y religioso, que luego se convertiría en la semilla del partido. Por otro lado, su hermano, Miguel Kast, fue un Chicago boy formado por Milton Friedman que luego se convirtió en ministro de Pinochet. Justo cuando Guzmán y Miguel Kast iban a fundar la UDI, este último falleció, de modo que la figura de José Antonio pasó a ocupar un rol simbólico fundacional que se refleja en innumerables discursos y homenajes.
Todo esto es extremadamente relevante para intuir la forma en que Kast y los republicanos intentarán conducir a su grupo en el Consejo Constitucional. ¿Seguirán antagonizando con el resto de los partidos ahora que les toca conducir? El actual presidente de la UDI, Javier Macaya, se mostró confiado de que esto cambie cuando remarcó que «casi el 90% de los electos de Republicanos viene de la UDI». Aunque no sabemos qué papel elegirá jugar Kast hasta la culminación del proceso, puede que presente algunas diferencias con el guión del populismo de derecha de otras latitudes.
Progresismo chileno: ¿y ahora qué?
Chile eligió el presidente más izquierdista desde el retorno a la democracia pero, al mismo tiempo, votó un Congreso mayoritariamente de derecha. Fue tal la algarabía que desató lo primero, intensificada tal vez por las expectativas del proceso constituyente inicial, que la izquierda cometió un error estratégico: olvidarse de lo segundo. Así, en vez de tramitar de inmediato las principales reformas del programa de gobierno, usando la cada vez más corta luna de miel de los gobiernos, decidió esperar a los resultados del plebiscito de septiembre de 2022, pensando que el triunfo potenciaría el poder de negociación del Ejecutivo en el Congreso. Sin embargo, con el borrador rechazado, el oficialismo se quedó con gran parte del programa de gobierno cuesta arriba, y tras los resultados del 7 de mayo no solo se ha escogido al órgano político más derechista en décadas, sino que la posición de negociación en el Congreso ha vuelto a empeorar.
En un escenario adverso, el progresismo necesita despercudirse rápidamente de su derrota y recoger las autocríticas, no para fomentar la autoflagelación, sino para mirar hacia adelante. ¿Qué elementos del proceso constituyente hasta ahora deben ser recuperados y cuáles abandonados? ¿Cuáles son los consensos necesarios para recuperar la legitimidad de nuestra vida común en un contexto como el descrito?
Si hay algo claro es que la izquierda no puede desentenderse del proceso constituyente. A fin de cuentas, fue la que le propuso al país una nueva Constitución destinada a habilitar un periodo de justicia social. Así, aunque toque hacer múltiples concesiones, sería mucho más perjudicial renunciar a un acuerdo con la derecha tradicional. Por un lado, esto permitiría consensuar un texto con mayores posibilidades de ser aprobado en diciembre de 2023 para zanjar de una vez por todas el proceso. Por otro, se sentaría un precedente para cerrar caminos de autoritarismo.
La era de las identidades políticas negativas también implica que en Chile podría haber espacio para construir una identidad en contra de la extrema derecha, algo que hasta cierto punto se generó en la segunda vuelta presidencial de 2021. Aunque la pregunta es si para construir tal antagonismo basta con denunciar que el PR «no es democrático» justo cuando acaba de ganar las elecciones. En vez de eso, vale la pena volver al origen: la razón por la que comenzamos este largo camino de idas y venidas desde el estallido social fue el malestar con la subsidiariedad del Estado consagrada en la Constitución de 1980. Si se considera la lógica del plebiscito ratificatorio, que no distingue artículo por artículo, sino que somete la totalidad del borrador a votación, entonces lo más importante de cara a la votación final serán los anticuerpos que pueda inducir el nuevo texto. Si la derecha opta por constitucionalizar el rechazado sistema de administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) o las instituciones de salud previsional (ISAPRE, sistemas privados de seguros de salud), es muy plausible que gane nuevamente el Rechazo.
El dilema de Kast
Decíamos más arriba que el proceso constituyente quedó bajo la conducción de quienes rechazaban un proceso constituyente. Para graficar, basta un ejemplo: Luis Silva, el candidato más votado a escala nacional, indicó que el PR «no quiere una nueva Constitución». En pocas palabras, se podría decir que la propuesta constitucional del PR es la Constitución de 1980, ni más ni menos. Sin embargo, a pesar de las duras derrotas electorales de este año y el pasado, el plebiscito constitucional de 2020 aprobó con 78% de los votos la propuesta de cambiar el texto impuesto por la dictadura y reformado en múltiples ocasiones. En otras palabras, este es un capítulo que difícilmente se cerrará sin más con un nuevo rechazo.
Como se ve, la cuestión no es tan sencilla para el PR. Como la principal fuerza del Consejo con 23 bancas, un poder de veto autónomo y a solo ocho votos de lograr los tres quintos (quórum para aprobar los artículos), la responsabilidad del curso del proceso recae ahora sobre sus espaldas en la misma medida que el apoyo popular recibido en la votación. Y aunque habrá más de un intento de desmarcarse de su responsabilidad, lo cierto es que las expectativas de cierre de la crisis social e institucional de Chile no han desaparecido, a pesar de que la seguridad y la inmigración pasaron a ser cuestiones centrales en la agenda ciudadana.
A diferencia del plebiscito pasado, capitalizar un nuevo rechazo ya no es posible para la derecha. La facilidad con que pueden construir los tres quintos e incluso dos tercios con Chile Vamos implica que los costos del proceso constituyente recaerán en buena parte sobre la derecha. Por eso, es probable que la apuesta del PR sea sacar adelante un borrador para ser aprobado en diciembre. Ello depende de las capacidades de la derecha, pero sobre todo del PR, de actuar de manera moderada. Algo que no es imposible si se considera que, a diferencia de buena parte de la izquierda independiente de la Convención, el PR tiene un líder y una estructura partidista mucho más vertical.
Sin embargo, esta no es la única posibilidad. El PR es un partido nuevo, con muchos cuadros que no se han fraguado en política ni están acostumbrados a debates institucionalizados, reglamentos de votación, apariciones públicas, etc., de modo que pueden cometer los mismos errores comunicacionales y tácticos que se cometieron, en abundancia, en la primera Convención Constitucional. No podemos olvidar que en la Cámara de Diputados y Diputadas los militantes y ex-militantes del PR han estado envueltos en diversas polémicas.
Con todo, mientras el camino de la nueva izquierda chilena encabezada por el presidente Boric enfrenta curvas peligrosas, el de la extrema derecha de Kast, si bien parece despejado, se enfrenta a los riesgos del exceso de velocidad. Deberá generar el marco de una nueva Constitución que debe aprobarse para mostrar que puede gobernar y generar «estabilidad», pero se tendría que cuidar de que sus ideas «ochentistas» no aparezcan en el nuevo texto. Mientras tanto, entre las curvas peligrosas y el exceso de velocidad, sigue creciendo un verdadero abismo entre la política y la sociedad.
* Tomás Leighton es magíster en Comunicación Global por la Universidad de Erfurt y director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo de Chile. José Acevedo es abogado por la Universidad de Chile y ha trabajado en el Congreso Nacional, la Convención Constitucional y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile.
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En caída libre
La derrota reformista recargada
Igor Goicovic Donoso
Rebelión, 10-5-2023
Las recientes elecciones de consejeros constitucionales deben ser analizadas en el contexto del proceso político que se inauguró en noviembre de 2019, cuando las diferentes expresiones de la élite política sancionaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a efectos de contener la protesta popular anticapitalista que amagaba no sólo la estabilidad del gobierno de Piñera, sino que el conjunto del sistema de dominación en Chile
Efectivamente, dicho acuerdo, suscrito desde el Frente Amplio (FA) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), les devolvió la iniciativa estratégica a las clases dominantes y logró redirigir el impulso popular de cambio hacia el escenario institucional. Todo ello en un contexto de profunda debilidad de las organizaciones sociales y políticas revolucionarias. Una debilidad que, a estas alturas, resulta endémica. En ese sentido, la derrota del reformismo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, evidenció tanto la debilidad política de los sectores que empujaron desde el “progresismo” el cambio de la Constitución, como las insuficiencias programáticas contenidas en el texto plebiscitado en esa oportunidad. Los énfasis culturalistas del texto derrotado y la renuncia a los cambios profundos en el modelo de dominación de clase enajenaron la adhesión de importantes sectores del mundo popular.
Sobrepasado por la derrota electoral de septiembre y por sus propias incapacidades en la gestión del gobierno, el reformismo, presionado sistemáticamente por los medios de comunicación al servicio de la burguesía, nuevamente cedió. De esta manera, en marzo de 2023 se constituyó, tras un amplio acuerdo político, la Comisión de Expertos (24) cuyos integrantes, nominados por el Congreso Nacional, provenían de las filas de los diferentes partidos del sistema. Los expertos no eran otra cosa que la voz de las diferentes fracciones de la burguesía. Esta Comisión de Expertos se encuentra redactando, de espaldas a la ciudadanía (incluso en el más profundo secretismo), un borrador de texto constitucional que no modificará en lo sustancial el modelo económico o el régimen político.
Por otro lado, el énfasis puesto por los medios de comunicación en los problemas delictuales, en especial en aquellos protagonizados por inmigrantes, resituaron el campo de la discusión pública hacia la situación de seguridad. Los problemas asociados a salud, educación, pensiones, vivienda y salarios, desaparecieron de la agenda. De hecho, muy pocos se enteraron, en julio de 2022, que el INE informó que el salario mediano en Chile continuaba estancado en los 457.690 pesos. De esta manera, con un campo popular replegado sobre sus territorios, con una izquierda revolucionaria fragmentada y sin capacidad de incidir en la coyuntura política, con una opción reformista acorralada por sus nuevos aliados concertacionistas y con una derecha cada vez más vociferante y agresiva, se llegó a la elección de consejeros constitucionales del domingo 7 de mayo.
En esta nueva elección votaron 12.858.472 personas, lo que representa un 85% del total de electores (15.150.571), un porcentaje levemente inferior al 85.7% que participó en el plebiscito de septiembre de 2022. La obligatoriedad del voto y la reiteración de la amenaza de multas para quienes no sufragaban sin duda alguna incidió de manera importante en la masiva concurrencia a la “fiesta de la democracia”.
La distribución de la participación fue aleatoria. En las comunas de altos ingresos de la región Metropolitana, como Las Condes (76,4%) Vitacura (77,89%) y Lo Barnechea (83,09%), la participación continúa siendo alta, aunque baja respecto de la media nacional. Mientras que, en las comunas populares, que regularmente tienen bajas tasas de participación, en esta oportunidad la concurrencia a las urnas fue particularmente alta: La Pintana (86,77%), Pudahuel (88,43% y Puente Alto (89,08%).
Por otro lado, el voto nulo y el voto blanco también escalaron de forma importante. Los nulos llegaron al 16,98%, mientras que los blancos al 4,55%. Entre ambos se llegó al 21,53%. Así, considerando las abstenciones, los votos nulos y los votos blancos llegamos a un total de 4.980.077 personas que no expresaron mayor interés en el evento o en los candidatos. Es decir, un 32,87% de los electores permanecieron indiferentes frente al proceso. Pero cabe hacer algunas precisiones. Muchos de los que no votaron en esta oportunidad lo hicieron por indiferencia frente al proceso político, y si bien esta manifestación es una forma de rechazo político, no es menos efectivo que se trata de un rechazo que no responde a un abstencionismo activo u orgánico, sino más bien a la prescindencia de lo político. Por otro lado, es importante indicar que muchas de las personas que se abstuvieron de votar concurrieron hasta las unidades policiales a justificar su ausencia del evento. No estamos en presencia, como creen ver algunos, de una actitud de rebeldía frente a la clase dirigente, sino más bien, en presencia de una creciente apatía política.
No obstante, los resultados de la elección de consejeros constitucionales arrojan resultados que van más allá de la coyuntura electoral. Por una parte, se hace evidente la extinción de la Democracia Cristiana (DC, 3,78%) y del Partido Radical (PR, 1,58%). Dos partidos veteranos que en esta últimas dos décadas han visto difuminarse sus “nichos” electorales.
La adscripción confesional conservadora giró desde la DC hacia la UDI y más recientemente hacia Republicanos, mientras que la creciente laicización de la sociedad ha encontrado diferentes expresiones de representación pasando desde el Partido por la Democracia (PPD), hasta el FA.
También resulta interesante el declive de los partidos que integran la coalición Chile Vamos, fenómeno que se inició con la elección de los convencionales constituyentes de mayo de 2021 y que luego se extendió a la primera vuelta de la elección presidencial de noviembre de ese mismo año. Efectivamente, la coalición Chile Vamos que en esta oportunidad se presentó bajo la consigna Chile Seguro obtuvo sólo un 21,07% de los votos, y partidos hasta hace poco hegemónicos en la política chilena, como la UDI, llegaron a solo un 8,86% del electorado. Es evidente que las organizaciones políticas que acompañaron a la Concertación en el largo ciclo de la democracia de los acuerdos han experimentado un profundo desgaste, el mismo que se acentuó en el último período presidencial de Sebastián Piñera (2018-2022). Todo indica que Republicanos, con un 35,4% de adhesión, ha pasado a convertirse en un relevo de la derecha dictatorial. Efectivamente, este partido, con un discurso que reivindica la conservación de la Constitución Política de 1980, la aplicación de medidas punitivas más severas contra el mundo delictual y contra la protesta popular y que se propone un mayor celo represivo con la migración, ha logrado interpretar no sólo las expectativas de las élites económicas y sociales, sino que, incluso, el de amplios sectores del campo popular. De hecho, Republicanos obtuvo la primera mayoría electoral en 12 de las 16 regiones del país. Además, en 9 de esas 12 regiones, Republicanos obtuvo una votación superior a su propia media nacional (35,4%), siendo las regiones de Tarapacá (41,19%) y Bio Bío (43,34%), los nuevos bastiones de este referente.
Pero no debemos confundirnos. Republicanos no es ni una derecha más extrema y tampoco es una derecha fascista (en el sentido histórico del concepto). Es una derecha al servicio de la burguesía, tal y como lo han sido históricamente otras agrupaciones del mismo signo y como lo son sus pares de Chile Vamos. Efectivamente, la derecha en Chile ha sido históricamente conservadora y autoritaria. Lo fue en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, con conservadores y liberales; lo fue en el siglo XX con el Alessandrismo y el Ibañismo, e incluso presionó hacia el autoritarismo a los gobiernos reformistas del Frente Popular y de Eduardo Frei Montalva. Expresión de ello fueron las sucesivas matanzas de trabajadores a lo largo de la centuria pasada, todas ampliamente documentadas por la historiografía. Esta misma derecha fue la que apoyó incondicionalmente la política represiva de la dictadura y artículo, con la Concertación de Partidos por la Democracia, una política de impunidad para los represores. Nunca ha existido en Chile una derecha democrática o liberal y las diferencias entre Republicanos y Chile Vamos se reducen a la intensidad y extensión de la política represiva. No existe una derecha “peor” a la que se debe contener, es el conjunto de la derecha, soporte fundamental de burguesía, la que debe ser derrotada.
El escenario que se está configurando tiene al conjunto de la derecha (39 consejeros constitucionales), como administrador de los destinos institucionales del país. Es decir, quienes se oponían de manera rotunda al cambio constitucional hasta octubre de 2019, son hoy día los que tienen el control del proceso constitucional. Ello incluso les permite ser generosos con los vencidos y concederles algunas demandas menores en el plano de los derechos civiles y culturales. El objetivo será sumarlos a la construcción de la “casa de todos” y, por esa vía, darle al texto constitucional la legitimidad política que debe tener en el plebiscito de salida (diciembre de 2023). No es extraño, siguiendo el razonamiento del 7 de mayo por la noche del Presidente Gabriel Boric, que la nueva carta constitucional articule competencias policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y migración y que a su vez considere un marco de operaciones amplio para las inversiones de capital, locales y extranjeras, y en compensación le conceda al progresismo algunas migajas en materia de interculturalidad y equidad de género. En definitiva, nada que amenace la acumulación de capital de la burguesía y, consecuente con ello, su capacidad de control y represión de la protesta popular.
Quilpué, 8 de mayo de 2023
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Juan Pablo Luna: Boric debe “conectar con las necesidades reales de la gente”
El académico calificó, además, de “paliza” la derrota sufrida por el gobierno, que tuvo un “error en la estrategia” antes de las elecciones de constituyentes del domingo.
La Diaria, 10-5-2023
El uruguayo Juan Pablo Luna, radicado desde hace muchos años en Chile, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y profesor del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile.
En diálogo con La Diaria , Luna analizó el resultado de las elecciones del domingo en las que la ciudadanía chilena eligió a los integrantes de la Convención Constituyente, quienes tendrán que redactar la nueva carta magna del país.
El académico explicó que el resultado, una “paliza” para el gobierno que preside Gabriel Boric, se debió, además, a un “error de estrategia”, por lo que el mandatario quedó en una posición aún más incómoda en el marco de una gestión que viene siendo problemática, muy alejada de las expectativas.
Luna insistió en que Boric y su gobierno deben “conectar con las necesidades reales de la gente en áreas como la salud, la educación, la vivienda. Sucede que a veces todos estos debates legislativos permanentes son ajenos a las necesidades de las personas”. El experto dijo, además, que, por la actual situación en la que se encuentra el gobierno de Boric, “su agenda se va a ubicar mucho más al centro de lo que podía esperar en un principio”.
Luna expresó que en Chile esta presencia del Estado suele estar pautada básicamente por los gobiernos municipales y no por el gobierno central, por lo que cree que este es un punto que la actual administración debe abordar.
“Por otra parte, estos cambios el gobierno los debe hacer mientras está pasando por exámenes electorales permanentemente, porque el año que viene son las elecciones municipales, que en Chile son muy importantes, y al año siguiente ya vendrán las generales”, puntualizó Luna.
El politólogo expresó que este es un momento de crisis no sólo para la izquierda, sino también para la centroderecha, porque está en un punto de equilibrio bastante débil, lo cual fue capitalizado por el Partido Republicano, que es de extrema derecha. Ahora es factible que la derecha y la centroderecha rompan el cerco y se unan a los republicanos de extrema derecha que lidera José Antonio Kast en la redacción de la Constitución, que será puesta en consideración de la ciudadanía en diciembre.
Luna explicó que el ascenso del Partido Republicano, el gran ganador de las elecciones de constituyentes del domingo, se puede entender como una consecuencia del estallido social de octubre de 2019. A partir de ese momento, ciertos sectores de la sociedad chilena empezaron una demanda de seguridad muy grande por varios factores. A los fuertes incidentes callejeros que se produjeron durante el estallido se sumaron el conflicto que existe en el sur con la población mapuche y el problema que hay en la frontera norte con la migración, principalmente de venezolanos.
El Partido Republicano, con un discurso muy duro, supo ganar parte de ese electorado que reclama mayor represión, distanciándose de sectores de la derecha tradicional, que incluso llegaron a acuerdos con el actual gobierno en algunos puntos.
Luna dijo que ahora espera ver qué actitud tomarán los representantes del Partido Republicano que fueron electos para redactar la nueva Constitución. “Una posibilidad es que pase lo que pasó con la convención anterior, que se volcó demasiado a la izquierda y terminó fracasando; pero ahora los republicanos electos pueden tener una actitud más disciplinada, moviéndose un poco hacia el centro”, aunque, en cualquier caso, Luna dijo que ve difícil la situación de que, en el plebiscito de diciembre, en el que la ciudadanía deberá votar si apoya la nueva Carta Magna, se produzca una aprobación.
En el discurso que dio el domingo, luego de conocidos los resultados, Boric les pidió a los ganadores: “No cometan el mismo error que cometimos nosotros”. Para el politólogo, esta frase puede interpretarse de dos maneras. “La lectura más directa es que no escriban una constitución partidaria como sucedió en la convención anterior, a lo cual Boric siempre se supuso, pero lo que pasó es que no tuvo la capacidad de articular y de disciplinar a la convención pasada. Entonces el mensaje es claro: no cometan el mismo error, porque la realidad que quedó ahora planteada es básicamente un espejo de la convención anterior y puede terminar igual de mal. Una segunda lectura posible es que Boric les está diciendo a los ganadores del domingo que no sobreinterpreten este resultado. Me parece que es una lectura importante, porque lo que venimos viendo son alternancias electorales y cambios de humor electoral, aparentemente muy drásticos en términos ideológicos, pero si uno los lee menos ideológicamente, lo que hay ahí es un voto castigo al poder y a la institucionalidad, y en eso están todos los sectores más o menos en el mismo barco”.