Lucha por la tierra
Masacre de Eldorado de Carajás: 27 años después, los movimientos denuncian nuevas “milicias rurales”
Gabriela Moncau
Brasil de Fato, 17-4-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 19-4-2023
Las ocupaciones del Ingenio Cumbe, en la ciudad de Timbaúba (Pernambuco), y de la sede del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) en Maceió (Alagoas) inauguraron el “Abril Rojo” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), un mes de movilización en memoria de la Masacre de Eldorado de Carajás, que cumple 27 años este lunes 17 de abril.
La “curva S” -donde la Policía Militar de Pará asesinó a 21 trabajadores sin tierra en 1996- acoge, desde el día 9 de abril , el Campamento Pedagógico Juvenil Oziel Alves. Bautizado con el nombre del joven de 17 años ejecutado con un tiro en la frente en Eldorado de Carajás, el campamento ha reunido a centenares de jóvenes y finaliza sus actividades con un acto este lunes.
“Reforma agraria contra el hambre y la esclavitud: por la tierra, la democracia y el medio ambiente” es el lema del Día de Abril de este año, en continuidad y actualización de la lucha de los campesinos que vieron brutalmente interrumpida la marcha a Belém (Pará) hace 27 años. Se trata de uno de los episodios más emblemáticos de la disputa por la tierra en Brasil, que hizo del 17 de abril el Día Mundial de Lucha por la Tierra.
Reorganización de los terratenientes
Y el día llega, en 2023, en un momento en que los movimientos populares e indígenas afirman tener que enfrentarse a la organización de nuevas “milicias rurales”.
“Asistimos a una reorganización de la UDR”, dice Lucineia Durães, de la dirección nacional del MST. Se refiere a la Unión Democrática Rural, una entidad de las patronales rurales creada para reaccionar de forma organizada y violenta a los avances de los movimientos en defensa de la reforma agraria en las décadas de 1980 y 1990.
“Lo que está ocurriendo es una reorganización de los terratenientes con vistas a defender la propiedad en detrimento de la ley y de la vida”, afirma Lucineia.
Bahía es el estado donde esta articulación está actuando de forma más explícita.
El pasado martes (11 de abril), una comunidad de Fundo e Fecho de Pasto, en Correntina (Bahía), fue tiroteada por pistoleros. El ataque tuvo lugar mientras un grupo de comuneros realizaba un trabajo conjunto para reconstruir un puente que, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), fue destruido con un tractor en enero por orden de los interesados en apropiarse de las tierras de la comunidad tradicional. Tres hombres resultaron heridos de bala y uno de ellos, Gelson Neves, de 58 años, se encuentra en estado grave.
En un vídeo que circula por las redes sociales desde el 1 de abril, el ganadero Luiz Uaquim (MDB) se hace pasar por uno de los organizadores del grupo “Invasión cero” que, junto con otros terratenientes, pretende impedir las acciones del MST en el estado. “Los productores van a cambiar su forma de actuar”, dice Uaquim: “Es un hito en la historia del productor contra la invasión de tierras. Vamos a hacer el ‘Abril Amarillo'”, afirma.
Tres días después, el 4 de abril, los hacendados se dirigieron en un convoy de 35 camionetas al Campamento Osmar Azevedo, del MST, que estaba siendo embargado en Itabela, Bahía. “Los campesinos, que organizan una milicia rural en la región, rodearon el campamento”, describe una nota del movimiento. Según los acampados, “los milicianos” intentaron entrar en la zona “para amenazar y coaccionar a las familias, pero la policía los interceptó”. El convoy cerró entonces la ruta BR 101 durante 15 minutos.
La acción siguió un patrón similar a lo ocurrido en Jacobina (Bahía), el 3 de marzo. Los campesinos que habían ocupado una granja abandonaron la zona bajo tensión, ante una caravana de terratenientes que, al son del himno nacional, derribaron barracones y prendieron fuego a colchones.
“No les importa que las zonas sean improductivas, no les importa el hambre, no les importa nada que no sea la defensa de la propiedad y sobre todo cuando es ilegal. Porque la ocupación es precisamente para denunciar la ilegalidad: el incumplimiento constitucional de la función social”, afirma Durães.
Según una planilla publicada por la CNN (Brasil), 800 hacendados distribuidos en 130 ciudades de Bahía forman parte del grupo “Invasión Cero”. Estarían organizados en siete células principales, centralizadas en los municipios de Itabuna, Ipaú, Itapetinga, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus y Vale do Jiquiriçá.
La articulación de los hacendados cuenta con el apoyo público de sindicatos rurales, entidades como la Federación de Agricultura y Ganadería de Bahía (FAEB) y políticos como el alcalde de Andaraí, Wilson Paes Cardoso (PSB). En un comunicado, Cardoso, que también es ganadero y presidente del Consorcio Chapada Forte, dijo estar “vehementemente en desacuerdo con cualquier acto de invasión u ocupación” porque lesiona “el derecho a la propiedad” y genera “inseguridad jurídica”.
“¿Quiénes son? Son esos bolsonaristas radicales que, cuando se ven obligados a salir del frente de los cuarteles, a salir del medio de las carreteras, buscan un blanco. Y entienden que nosotros somos el blanco, por lo que representamos: campesinos, comunidades de pastizales, pueblos ribereños, pueblos indígenas”, dice Durães.
A finales de marzo, entidades indígenas enviaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertando de que, con los “ataques de ganaderos y milicianos”, doce mil pataxó viven bajo una “guerra de baja intensidad” en el sur de Bahía. El 17 de enero, los jóvenes pataxó Samuel Braz e Inauí Brito fueron asesinados junto a la ruta BR-101.
Violencia, concentraciones, presión y redes sociales
Eliane Oliveira, de la dirección estatal del MST en Bahía, cuenta que pocos días antes de este 17 de abril circuló en las redes sociales una tarjeta con la foto de los ataúdes de los muertos en la Masacre de Eldorado de Carajás.Encima, frases en tono amenazador: para que la escena no se repita, las ocupaciones ya no podrían ocurrir.
“Lo que también han hecho es provocar este terror”, describe. “Pero lo que siempre hemos sabido hacer es la ocupación de tierras, y vamos a continuar”, apunta Oliveira.
“No aceptaremos la desposesión por parte de los terratenientes. Hemos informado al Gobierno de Bahía de la situación y queremos saber cómo van a actuar”, afirma.
El uso de las redes sociales, con tarjetas, vídeos de la propia concentración y de ruralistas llamando a la acción, es destacado por los líderes de los Sin Tierra como una característica de lo que Eliane llama el “nuevo ropaje” de la acción organizada de los latifundistas.
Para Lucinéia, la “agitación y propaganda para subirse a una plataforma” es uno de los tres componentes de las acciones de este grupo ruralista. “Van a hacer estas acciones y las van a filmar. Se van a presentar, se van a convocar”, describe.
Los otros dos, según ella, son “la violencia y el exterminio” y el lobby institucional a través del Frente Parlamentario Agroganadero. La bancada de parlamentarios bolsonaristas defiende actualmente la creación de la llamada “Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del MST“, que busca criminalizar al movimiento.
“Hemos derrotado a Bolsonaro. Pero la sociedad brasileña todavía necesita derrotar al bolsonarismo”, afirma Durães. “Es este bolsonarismo el que intenta construir una naturalización de la muerte, que hace que parte de la población ignore que seguimos teniendo cientos de millones de personas pasando hambre”, expone.
“Mientras tanto”, continúa Lucinéia, “los terratenientes invaden la Amazonia para criar ganado en tierras públicas. Mientras invaden tierras indígenas diezmando poblaciones como hacían con los Yanomami”.” No es de extrañar”, dice, “que veamos a tanta gente rescatada en condiciones análogas a la esclavitud. Que veamos a una mujer blanca azotando a un trabajador negro. Que veamos a ganaderos con pistola en mano grabando para desahuciar a los sin tierra”.
La memoria de Carajás como proyección de futuro
Para Eliane Oliveira, la omisión del Estado -ya sea en la falta de justicia respecto a la Masacre de Eldorado de Carajás, o en la libertad con la que han actuado las “milicias rurales”- conecta el escenario de hace 27 años y el de hoy.
“Los ganaderos están dando la cara, diciendo quiénes son, cómo se están organizando. ¿Y qué ha hecho el Estado al respecto?”, se pregunta. “Mientras tanto, ellos siguen actuando y, como dice la foto que hicieron circular [con los ataúdes], pueden hacer lo mismo. Porque no ha habido justicia para los trabajadores de Carajás. No la ha habido hasta hoy”, dice Eliane.
De los 155 policías que actuaron en la masacre, sólo los dos comandantes de la operación fueron condenados por homicidio involuntario. Los coroneles Mário Pantoja y José Maria Pereira Oliveira fueron detenidos en 2012, 16 años después del suceso. Cuatro años después, comenzaron a cumplir su condena en libertad. Pantoja murió en Belém en 2020.
En diferentes demandas desde los años 90, la justicia ha determinado que el Estado debe indemnizar y proporcionar tratamiento médico a 50 de los supervivientes, así como una pensión a algunos familiares de los trabajadores asesinados. Otros 20 reclaman indemnizaciones y esperan respuesta del Fiscal General del Estado de Pará.
El abogado Wlamir Brelaz defiende a los supervivientes de la masacre desde 1998. En una entrevista concedida a Brasil de Fato para el programa Bem Viver, opinó que la mayor injusticia relacionada con ellos, hasta el día de hoy, es la falta de acceso a la asistencia sanitaria, a pesar de una decisión judicial que obliga al Estado a prestarla.
“Hay una persona que a día de hoy tiene una bala alojada en la cabeza. Le sale un líquido de los ojos. Perdió la vista. Muchas personas murieron a consecuencia de la masacre. Por no hablar de la cuestión psicológica, que prácticamente no existía”, dice Brelaz.
Los supervivientes de la masacre de Eldorado de Carajás, sin embargo, son mucho más numerosos que los que entraron en batalla legal con el Estado: 1500 campesinos participaron en aquella marcha. Al menos 79 resultaron gravemente heridos.
Para Brelaz, la falta de toma de responsabilidad del Estado por el episodio “es consecuencia y, al mismo tiempo, causa y estímulo de nuevas violencias”. “Para los mártires de Eldorado”, subraya Durães, sin embargo, “nuestra militancia está en condiciones de enfrentar este nuevo tiempo”.
“Los 21 sin tierra fueron asesinados en su lucha por la tierra. Y nos damos cuenta de que, 27 años después, seguimos ocupando tierras y enfrentándonos a los latifundios para que se produzca la reforma agraria”, afirma Eliane Oliveira.
Según ella, la expectativa de que las agendas del movimiento avancen bajo el nuevo gobierno de Lula “sigue siendo muy grande”. Sin embargo, después de poco más de 100 días en el cargo, dice que el resultado no ha llegado: “Esperamos que este mes de abril pueda hacer que el gobierno ponga esta agenda sobre la mesa”.
“No habrá silencio hasta que se haga justicia”, resume Lucinéia. “Y justicia para nosotros”, concluye, “significa reforma agraria. Haremos nuestro abril. Y haremos nuestro año entero de lucha por la justicia”.