Vista de la plaza Mykhailivska frente al monasterio de cúpula dorada de San Miguel, en Kiev, Ucrania, 27 de noviembre de 2022.
Traducción de Viento Sur, 15-2-2023
Correspondencia de Prensa, 16-2-2023
Las bajadas de impuestos, las privatizaciones y el recorte de derechos laborales podrían socavar la moral de resistencia de Ucrania contra la agresión rusa.
A comienzos de la década de 1980, tras la muerte del fundador y hombre fuerte de la federación, Josip Broz Tito, la economía de Yugoslavia se hundió. EE UU había subido abruptamente los tipos de interés, forzando al alza el coste de los préstamos y haciendo casi imposible que el país balcánico liquidara su deuda exterior. Tras el colapso financiero de Polonia en 1981, los inversores extranjeros perdieron la confianza en la economía yugoslava y reclamaron la devolución de sus préstamos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya actuaba en Yugoslavia desde junio de 1980, casi inmediatamente después de la muerte de Tito, y se implicó cada vez más cuando estalló la crisis global de la deuda en 1982-1983. El FMI concedió de entrada, en 1983, un paquete de préstamos de emergencia de 6.500 millones de dólares y exigió el establecimiento de un marco político-económico basado en altos tipos de interés, austeridad presupuestaria, recorte de plantillas y la abolición de los controles de precios.
Se trataba de medidas coherentes con el giro neoliberal pilotado en Occidente por el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, un programa encaminado a reforzar el poder del capital. Los préstamos de emergencia del FMI fueron decisivos a la hora de globalizar este programa.
Sin embargo, la austeridad neoliberal no se impuso simplemente a las elites del Sur global. El FMI encontró defensores entusiastas de sus programas en los países receptores. Uno de ellos fue el viceprimer ministro yugoslavo Borislav Srebic. “Nos equivocamos cuando socializamos el factor de riesgo”, dijo en 1982 al comentar el rechazo de la vieja planificación con vistas a cerrar las fábricas no rentables. “Queremos que quienes no respetan las leyes económicas reciban un correctivo.”
El alza de los tipos de interés y del precio mundial de la energía introdujo una crisis de origen foráneo en los hogares de la gente corriente de Yugoslavia, disparando la inflación, provocando la caída del nivel de vida e inflamando las tensiones entre las zonas rurales conservadoras y las clases urbanas liberales. Fue un tipo de crisis que se tornaría cada vez más común: a lo largo de los últimos 40 años, desde Somalia hasta Sri Lanka son numerosos los países que han experimentado convulsiones políticas y económicas similares.
En muchas de estas crisis, el FMI hizo acto de presencia ofreciendo préstamos de emergencia… pero siempre a cambio de que se aplicara un programa brutal de restructuración económica y de liberalización de la economía. La insistencia de los acreedores internacionales en la devolución de la deuda y en la necesidad de combatir la inflación comportó en general un enorme coste para el bienestar de la gente corriente, y en algunos casos aceleró el colapso del propio Estado.
La historia del FMI como policía al servicio de los acreedores globales en las décadas de 1980 y 1990 es bien conocida. Hoy, la cara pública del Fondo es mucho más amable. La directora gerente Kristalina Georgieva habla apasionadamente de la urgencia de incrementar las inversiones y de conceder préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo. Si bien la retórica neoliberal ha dejado de estar de moda en las manifestaciones del FMI, persisten tendencias del pasado. Mientras que relajó temporalmente sus políticas más restrictivas en respuesta a la pandemia de covid-19, abriendo el grifo de liquidez y favoreciendo aparentemente un enfoque más anticíclico, ahora reclama la consolidación fiscal e insiste en la austeridad presupuestaria en los países que permanecen anclados en un mar de deudas.
Vista la violenta historia del neoliberalismo en Europa Oriental, puede resultar extraño que las ortodoxias del libre mercado sigan gozando de popularidad en un segmento influyente de las elites regionales. Tras la invasión rusa a comienzos del año pasado, la población ucraniana respondió con heroísmo y firmeza, parando los pies a Vladímir Putin y su proyecto imperialista. Sin embargo, mientras que la proeza militar ucraniana disipó el pesimismo inicial de los observadores, ahora podemos pecar de un exceso de optimismo con respecto a la continuidad del éxito de Ucrania. En mi reciente estudio he podido demostrar que mientras el éxito de Ucrania en el campo de batalla ha sido mayor del previsto, impulsado por un auge del espíritu cívico y la ayuda militar occidental, la movilización puede flaquear debido a la insistencia del gobierno en implementar un programa radical de economía de libre mercado.
Liberalización económica y violencia desbocada
El trágico colapso de Yugoslavia sería un ejemplo paradigmático del tipo de guerras que más adelante cundirían en el siglo XXI. La continuación de la liberalización económica en países con autoritarismo político y sectarismo étnico ha solido provocar conflictos que comportan ciclos de violencia.
El régimen baasista de Siria, que gobernaba el país desde 1963, emprendió un proceso de liberalización económica en la década de 2000, con lo que se extendieron el desempleo y la pobreza por todo el país en vísperas de su revolución fracasada y la subsiguiente guerra civil. El gobierno de George W. Bush impuso una restructuración neoliberal en el Irak ocupado, desmantelando la maquinaria económica del Estado y hundiendo el país en la corrupción y el sectarismo. Con el argumento de la desbaasificación se suprimieron miles de puestos de trabajo en la administración estatal y en el sector público, el Estado se tornó disfuncional y se agravaron las tensiones sectarias.
En Sudán, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, al igual que en Irak y Siria, la competencia en torno a las rentas de los recursos han generado violencia y tensiones intercomunales. Las presiones financieras mundiales desempeñan a menudo un papel opaco en estos conflictos. Mientras que el capital puede desplazarse sin dificultad cruzando fronteras, resulta excepcionalmente fácil ocultar los actos de corrupción y financiar grupos armados. En el periodo culminante del Estado Islámico se pensaba que vendía petróleo y mecanismos de blanqueo por valor de nada menos que 2 millones de dólares al día.
El fracaso de las políticas favorecidas por el FMI y el Banco Mundial en el intento de alcanzar los objetivos de desarrollo ha generado a menudo un círculo vicioso en regiones afectadas por conflictos. La caída de las rentas y de la producción, elevadas tasas de desempleo y la disponibilidad de armas constituyen una mezcla incendiaria. En la economía de peajes de la República Democrática del Congo, grupos armados establecen controles de carretera para cobrar impuestos informales. Incluso empresas multinacionales como la cervecera Heineken han acabado integrándose en estas redes informales y sus camiones pagan sus peajes en estos puestos de control. Cuando se consolida esta economía política de finanzas rebeldes, puede llegar a autoperpetuarse, con la consiguiente pérdida de legitimidad del Estado y el aumento del interés de los bandoleros en continuar con la violencia.
¿Se convertirá Ucrania en una guerra perpetua?
Estos casos de conflicto inmanejable constituyen una advertencia para Ucrania. El éxito obtenido hasta ahora en el campo de batalla refleja el profundo apoyo al esfuerzo de guerra y la voluntad popular de asumir terribles adversidades con el fin de proteger la democracia y la soberanía del país. Pero este gran espíritu cívico no puede compensar permanentemente la grave crisis económica, que se ve agravada por la política del gobierno.
Ucrania se halla actualmente en medio de una recesión económica inducida por la guerra, con nada menos que un tercio de quienes buscan empleo viéndose imposibilitados de encontrar alguno. Alrededor de la mitad de las empresas informan de que han reducido los salarios, en algunos casos hasta un 50 %. La tasa de inflación se sitúa en torno al 20-25 %. En 2022, el país incurrió en un déficit de 27.500 millones de dólares. Este dato no es tan malo como el que anticiparon las proyecciones iniciales, lo que refleja los avances en la guerra, que han permitidos que muchas y muchos civiles reanudaran alguna actividad económica lejos de las líneas del frente. Sin embargo, Ucrania todavía ha de afrontar un enorme reto financiero de cara a 2023.
Cuando los préstamos y la ayuda no han bastado, el país ha recurrido a la imprenta de dinero. Es una medida de emergencia que permite seguir cubriendo gastos ineludibles como las pensiones, pero que comporta el riesgo de desatar la inflación. Las economías de guerra que han tenido éxito se han retraído históricamente de financiar el déficit presupuestario mediante la emisión de más dinero, porque sabían que la inflación es un riesgo fundamental en una situación de escasez debido a la enorme demanda de recursos que implica la guerra.
Al reconocer que los mercados no pueden funcionar en situaciones de guerra total, los Estados que libran contiendas convencionales han solido intervenir ampliamente en la economía para compensar la caída de la demanda. Durante la segunda guerra mundial, los Aliados trataron la economía como una única gran empresa, dirigiendo el capital y el trabajo a los sectores prioritarios. El Reino Unido y EE UU reforzaron drásticamente los recursos del Estado estableciendo nuevos impuestos y dedicando los ingresos fiscales a cubrir las necesidades militares y humanitarias. Aplicaron controles de precios para hacer frente al peligro de inflación y a los ventajistas. Y negociaron acuerdos con los sindicatos para asegurar que el coste de la guerra se sufragara con cargo a los sectores más adinerados.
Es imposible librar una guerra con políticas neoliberales
Ucrania no ha desarrollado una economía de guerra convencional y en vez de ello combina algunos aspectos de centralización económica con medidas de desregulación y privatización. Los defensores del planteamiento del gobierno ucraniano dicen que esto facilitará el crecimiento económico, pero no se tiene en cuenta que los mecanismos normales de mercado no funcionan en circunstancias económicas tan volátiles e inhóspitas para las inversiones del sector privado.
El verano pasado, el gobierno introdujo cambios en la legislación laboral que han expulsado al 70 % de la fuerza de trabajo del sistema de protección laboral nacional, incluso suprimiendo sus derechos a la negociación colectiva. También se legalizaron los contratos de cero horas al estilo británico, en que el personal no tiene ni idea cuánto trabajo le darán de una semana a otra, en el marco de la dinámica de flexibilización del mercado de trabajo.
El gobierno ha anunciado asimismo un proceso agilizado de privatización, que limita las condiciones que puede imponer el Estado a los compradores de activos públicos. Hasta ahora se han identificado unas 420 empresas del Estado que pueden venderse. La primera de las subastas tuvo lugar en septiembre, cuando se vendieron algunos inmuebles de la cervecera pública Ukrspyrt. “El Estado no debería administrar empresas, un propietario particular lo hará de forma mucho más eficiente,” dijo Yuliia Svyrydenko, ministra de Economía, en un comunicado de prensa titulado “Se ha reanudado la privatización”.
Una guerra total no es una circunstancia propicia para maximizar el valor de estos activos. Lo más probable es que se vendan a precio de saldo, con una posible combinación de problemas de corrupción con la repetición de errores cometidos en la transición económica postsoviética de la década de 1990. Por otro lado, el gobierno ha renunciado al control de precios a pesar de la alta tasa de inflación, afirmando que su aplicación al comienzo de la guerra había fracasado. La fe inquebrantable en el carácter autorregulador del mercado es un problema incluso en tiempos de paz, pero durante una guerra comporta riesgos catastróficos.
Los sindicatos no han podido participar en la toma de decisiones y se han opuesto vehementemente a las reformas laborales del gobierno, señalando al mismo tiempo que en las condiciones de la ley marcial son incapaces de organizar protestas contra estas medidas.
Los enormes incrementos del gasto militar previstos en el presupuesto de 2023 se han financiado mediante profundos recortes en otros ámbitos. Mientras que el aumento del gasto militar es comprensible, Ucrania se ha negado a incrementar la base impositiva de los hogares. Los trabajadores autónomos pagan un 5 % de impuestos más una sobretasa de guerra del 3 %. Muchas profesionales asalariadas están empleadas con este tipo de contratos para beneficiarse de esta fiscalidad sumamente baja.
El sistema fiscal de Ucrania es en general muy regresivo en comparación con los estándares internacionales. El impuesto sobre la renta personal es del 18 % y este porcentaje no varía en función del nivel de renta. La implantación de un impuesto sobre las grandes fortunas o un incremento del impuesto de sociedades, que actualmente también es del 18%, podría apoyar el esfuerzo de guerra, pero el gobierno parece moverse en la dirección contraria. Ahora está preparando una reforma fiscal que prevé una rebaja del impuesto de sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del IVA (que actualmente es del 20 %) al 10 % en todos los casos.
Si bien en otros tiempos el FMI y el Banco Mundial habrían aplaudido estas medidas, hoy se muestran mucho más críticos. El FMI advirtió antes de la invasión rusa que la legislación fiscal ucraniana es “relativamente débil en materia de progresividad” y el Banco Mundial ha señalado que “la tarifa plana supone una carga desproporcionada para la gente menos favorecida”. Ante esta oposición, el gobierno ucraniano ha lanzado una campaña pública encaminada a convencer a los prestamistas globales de que las rebajas fiscales son aconsejables.
El frente interno neoliberal no es el cuadro completo. Ucrania ha confiscado temporalmente ciertos bienes para apoyar el esfuerzo de guerra y lanzado un programa de obras públicas que proporciona puestos de trabajo para satisfacer las necesidades de la guerra e iniciar la reconstrucción. Sin embargo, en enero de 2023 tan solo unas 5.000 personas se habían apuntado a este Ejército de Recuperación.
En conjunto, la política económica actual de Ucrania mermará probablemente su capacidad de defensa frente a la invasión rusa. Podría agravar, en vez de mitigar, la crisis a que se enfrentan la clase trabajadora y las familias. La comunidad mundial de amigos y amigas de Ucrania debe iniciar un diálogo con la gente ucraniana sobre estas cuestiones, no solo con representantes del gobierno, sino también con la sociedad civil y los sindicatos. Estas discusiones deberían centrarse en el reconocimiento de que construir instituciones democráticas dotadas de medios sobre la base de un sistema fiscal progresivo crea el lazo vital entre la necesidad actual de organizar un esfuerzo de guerra eficaz y su prosperidad futura en el periodo de posguerra.
(Publicado originalmente en The American Prospect, 30-1-2023)