Policías de Brasil montan guardia en Río de Janeiro, el día siguiente al asalto a la plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Foto: AFP, TERCIO REIXIERA
Tras el ataque bolsonarista al corazón de la República
Mientras se suceden arrestos e investigaciones por el asalto a las sedes de los poderes del Estado, comienzan a aparecer pistas sobre su organización y aumentan las sospechas sobre el rol de policías y militares. De la respuesta del gobierno depende, en buena medida, la estabilidad democrática del mayor país del continente.
Brecha, 13-1-2023
Correspondencia de Prensa, 13-1-2023
Y, finalmente, llegó el día. El capitolio tropical tuvo su 8 de enero. La asonada ultraderechista sobrepasó las pantallas y las redes sociales para invadir la plaza de los Tres Poderes, centro neurálgico de Brasilia. El mismo escenario que una semana antes había atraído la atención mundial con la multitudinaria asunción del presidente Luis Inácio Lula da Silva volvió a ocupar las portadas de los principales diarios del mundo con las hordas que depredaron los principales edificios de la república: el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Se trató, en muchos casos, de personas llegadas al Distrito Federal en ómnibus provenientes de varios estados −en su mayoría de los campamentos frente a los cuarteles militares que mantenían desde que se supo el resultado de las elecciones−, que invadieron las sedes ante una grotesca pasividad policial.
El mismo día, el presidente electo decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia hasta el 31 de enero, tras denunciar «inoperancia o mala fe» de la Policía local, ante lo que calificó como «una barbarie sin precedentes», practicada por «fascistas que se comportaron como verdaderos vándalos». Lula apuntó directo al expresidente Jair Bolsonaro: «Ese genocida, que se escapó para no ponerme la banda presidencial», dijo, «estimuló permanentemente en sus discursos la invasión a la Suprema Corte, el ataque a los poderes del Estado, y, por lo tanto, esto que ocurre es su responsabilidad». Tras varias horas de caos absoluto en la explanada, la invasión fue controlada y el presidente visitó el Palacio del Planalto y el STF donde se reunió con ministros, visita que repitió el lunes junto a los 27 gobernadores del país.
Marche preso
El presidente del Supremo Tribunal Electoral y miembro del STF Alexandre de Moraes, que se ha convertido en una especie de panóptico garante de la democracia para muchos y en un dictador de toga para otros, lidera la respuesta judicial a la asonada del domingo. Este martes, dejó claro el tono: «No es posible conversar con esas personas de forma civilizada, porque no son civilizadas. Basta ver lo que hicieron, con tanta rabia y odio. No piensen esos terroristas −que hasta el domingo provocaron disturbios y cometieron crímenes y ahora reclaman porque están presos, creyendo que las prisiones son colonias de vacaciones− que las instituciones van a flaquear. Las instituciones castigarán a todos los responsables, aquellos que practicaron los actos, aquellos que los planificaron, aquellos que los financiaron y aquellos que los incentivaron, por acción u omisión, porque la democracia va a prevalecer».
Luego, De Moraes ordenó la prisión de quien el domingo estaba al frente de la Policía Militar del Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira, y del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien fuera el secretario de Seguridad de Brasilia. De Moraes citó «omisión y connivencia» y «conducta gravísima» de ambas autoridades como motivo de las órdenes. Torres se encuentra, al igual que Bolsonaro, en Orlando, en Estados Unidos, y, según publicó la prensa, el equipo de Lula fue informado de un encuentro entre ambos el sábado, un día antes de la invasión. Este jueves, la Policía Federal encontró en el domicilio brasileño de Torres un borrador del decreto preparado por él durante las elecciones para desconocer el resultado de los comicios, instaurar un «Estado de defensa» en el Tribunal Superior Electoral, y suspender y acusar de abuso de poder a sus autoridades, oficializando así las acusaciones de fraude electoral hechas por su entonces jefe y anulando la votación.
Según O Globo, 1.159 manifestantes están presos en la prisión de Papuda, en Brasilia, y son investigados por golpe de Estado, asociación criminal, robo y lesión corporal, entre otros delitos. Según publicó Estadão el miércoles, durante su detención fueron vacunados contra el covid-19. El Ministerio Público junto con el Tribunal de Cuentas pidió, también el martes, el bloqueo de cuentas y bienes del expresidente, de Torres y del gobernador de Brasilia Ibaneis Rocha, alejado del cargo por De Moraes por 90 días.
La turba
Para el historiador Odilon Caldeira Neto, coordinador del Observatorio de la Extrema Derecha, un centro vinculado a la Universidad Federal de Juiz de Fora y al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, «no es apenas un mero fanatismo el que lleva a esas figuras a emprender una invasión y depredación de predios de este tipo», sino que «este atentado está inscripto dentro de una estrategia de la extrema derecha. Más allá de figuras radicalizadas y fanatizadas, existe una estructura política que les da base».
«Es una articulación de sus bases fundamentales. El uso de la violencia política es parte fundacional del bolsonarismo, no una mera radicalización», insiste. Para el historiador, la asociación con la invasión al capitolio estadounidense en enero de 2021 es pertinente. Hay similitudes desde el punto de vista organizativo y estratégico y hay inspiración, además de las conocidas relaciones entre figuras de las extremas derechas estadounidense y brasileña. Algunos de estos personajes, como Steve Bannon, se han reunido en varias ocasiones con la familia de Bolsonaro y el domingo celebraron el «capitolio brasileño».
Pero no es posible reducir lo sucedido en Brasilia a una mera copia. Una de las principales diferencias es que Lula ya había asumido el poder cuando se produjo la asonada en Brasilia. En el caso de Estados Unidos, Biden todavía no lo había hecho cuando los trumpistas asaltaron la sede del Legislativo. Y, además, para Caldeira Neto, hay una diferencia de enorme importancia: «La centralidad con la que la cuestión militar es proyectada e impulsada en el caso de Brasil habla de características y propiedades típicas del extremismo de derecha de este país, que reivindica tanto la militarización de la política, como la politización de los militares, así como el guiño a la idea de intervención militar, que está embebida dentro de un caldo golpista que tiene a 1964 (año del último golpe de Estado) como su epicentro».
Para Caldeira Neto, la entrada y el alcance logrado por sectores bolsonaristas en los aparatos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, es un aspecto central de la estructura política del movimiento.
Sujeto oculto
Tras los actos de vandalismo, los campamentos bolsonaristas instalados frente a los cuarteles fueron desmantelados. Todo indica que fue en ellos, instalados en las narices del Ejército durante meses, donde se articuló el levantamiento.
«No fue inocente que estos campamentos se montaran mayoritariamente en áreas militares, contaran con amplia participación de parientes de militares y reservistas, y que constantemente fueran vistos militares pasando por ahí para abastecer la energía conspiracionista, la idea de apoyo y solidaridad interna», dice a Brecha el antropólogo Piero Leirner, especialista en estrategia militar de la Universidad Federal de San Carlos. Al cierre de esta edición, los militares siguen siendo la única fuerza institucional que no se pronunció en repudio de lo ocurrido.
Para Leirner, son el «sujeto oculto» de esta trama, y, como tal, tienden a querer permanecer así, «estables y de forma silenciosa en la posición que ocupan». «A pesar de que la gente no está comprando mucho la idea de que fueron neutrales, en la prensa y en el propio gobierno la tendencia es presumir su inocencia, y eso ya es una ganancia para ellos. Cuando aparece algún vínculo se lo interpreta como una elección personal de este o aquel militar», dice Leirner. «Su papel está siendo minimizado frente a la interpretación de que lo del domingo se trata simplemente de un efecto del bolsonarismo. A fin de cuentas, ese es el principal papel de Bolsonaro: atraer para sí todo el caos y blindar de responsabilidad a otros actores.»
Para Leirner, así ha sido desde la elección del ultraderechista en 2018, con él «actuando de forma histriónica mientras la máquina de guerra se instalaba en la administración federal». Tras la derrota electoral de Bolsonaro en 2022, su silencio y su viaje a Estados Unidos, fue esta máquina de guerra a lo que se aferraron quienes lo apoyaban: «Si en 2018 Bolsonaro entró en la cabeza de ese sector de la población como el outsider que pondría el sistema patas para arriba, ahora perciben que ese papel solo puede ser representado por esta máquina de guerra. Esa gente estaba pronta para emplear una energía galvanizada en torno al intervencionismo y así lo hizo».
Para el antropólogo, lo ocurrido el domingo era «previsible», sin embargo, «la cuestión que se impone es entender el real motivo de la pasividad de las fuerzas de seguridad». Desde la perspectiva del analista, hay sectores militares «que tiraron a esta gente al fuego para quemarlos y producir un resultado que indique el camino a seguir. Para mí, los motivos reales quedarán más claros de aquí en adelante».
Este jueves, en conferencia de prensa, Lula dijo que las Fuerzas Armadas no son el «poder moderador que piensan que son». Sostuvo, además, que el domingo, en Brasilia, «hubo mucho agente en connivencia [con la asonada]. Hubo muchos miembros de la Policía Militar en connivencia. Mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí adentro estuvo en connivencia. Estoy convencido de que la puerta al Planalto les fue abierta [a los bolsonaristas] porque no hay ninguna puerta rota. Alguien les facilitó la entrada».
Horas antes de la conferencia de Lula, Estadão reveló que, horas antes del ataque a las sedes de gobierno, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) eximió de su tarea al pelotón que había sido pedido el viernes 6 como refuerzo al Batallón de la Guardia Presidencial. El GSI es el encargado de asesorar directamente al presidente en materia de defensa y seguridad, y en los últimos años ha estado casi íntegramente en manos de militares bolsonaristas. La semana pasada, el general Marco Edson Gonçalves Dias, designado por Lula para encabezar la cartera, aún no había nombrado a su equipo. De acuerdo a Estadão,«fue este momento de transición, cuando se veía comprometido el flujo de información desde la base hasta el comando, el que fue utilizado por los extremistas para atacar».
El saldo
La antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, profesora de la University College de Dublín, que hace años estudia la adhesión de sectores populares a la extrema derecha, dijo el lunes a la revista Marie Claire que «el intento de golpe fortalece a la extrema derecha y actúa como un marco de afirmación». Para la investigadora, se trata de un hecho «absolutamente extraordinario, en el que consiguieron construir imágenes muy fuertes». En su cuenta de Twitter, dijo que es necesario evitar «binarismos baratos»: «El hecho de que el bolsonarismo se fortalezca como movimiento no significa necesariamente que la democracia se debilite. Las instituciones respondieron bien y el gobierno también salió fortalecido. Pero el bolsonarismo es un movimiento de una década y desmantelarlo será una tarea y estrategia de años».
Caldeira Neto también visualiza una doble dimensión: «Hay un camino de respuesta natural que tiene que ver con la habilidad política de Lula de sortear este extremismo de derecha a través de la representatividad política democrática, reuniendo a los líderes del Congreso, del STF y los gobernadores. Incluso a aquellos con simpatía bolsonarista, que dada la gravedad de los hechos se vieron obligados a alejarse −aunque de forma superficial− de ese bolsonarismo». Pero, a su vez, el historiador explica que «esos grupos de extrema derecha tienen en su oposición a la democracia una determinación fundamental y, por más que exista un eventual rechazo institucional, esas bases permanecerán activas, profundamente activas, porque esa esencia antidemocrática está en el núcleo de su forma de hacer política». Por eso, para el historiador, «es necesario pensar en lo jurídico para lidiar con la cuestión y en un esfuerzo efectivo de los aparatos de inteligencia para el mapeo y desarticulación de los grupos extremistas», así como «idear mecanismos educacionales, porque el extremismo de derecha también se manifiesta en los ataques que ocurren en las escuelas».
En este sentido, Caldeira Neto afirma a Brecha que el extremismo «debe ser interpretado, entendido y en cierta medida restringido». «No es solo el bolsonarismo el que le ofrece una articulación al extremismo de derecha. Tal vez sea ese su lugar de encuentro más potente, pero es mucho más amplio y dañino que estos episodios», agrega.
El gobierno de Lula busca fortalecerse luego del caos, pero la tarea no parece sencilla. Lograrlo, al menos en el corto plazo, dependerá de que las reacciones políticas y judiciales a la asonada sirvan como medida ejemplarizante para desarticular nuevos ataques, que no dejan de insinuarse en medio de la crispación que vive el país. Sin embargo, puede que ni siquiera eso sea suficiente para impedir el avance de la ultraderecha. Sin un enfrentamiento permanente en el terreno político y sin avanzar en una depuración de los bolsones más reaccionarios de la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, la tenacidad del bolsonarismo podría volverse una amenaza continua para el mayor país del continente. Y, con eso, para todos los países de la región.