La Silla Vacía, 1-7-2022
Correspondencia de Prensa, 3-7-2022
El capítulo étnico —que hace parte de los ocho capítulos que está por entregar la Comisión de la Verdad— será el primero en la historia en abordar esta perspectiva del conflicto que otras comisiones de la verdad a nivel mundial no han tenido en cuenta.
Su finalidad es mostrar cómo y por qué el conflicto armado afectó de forma diferenciada a los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y rom de Colombia que “pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser, también, los que más han sufrido los efectos de la guerra”, según el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, que la Comisión entregó el pasado martes.
La Silla leyó las más de 800 páginas del informe llamado “Hay futuro si hay verdad” y el capítulo testimonial e identificó estas 6 conclusiones clave sobre la violencia que han vivido los pueblos étnicos en el país:
1. El racismo persiste y se estimula en el conflicto armado
La Comisión de la Verdad concluyó que el racismo es la principal razón del abandono de los pueblos étnicos en Colombia. Esto porque ve el racismo como una forma de poder de un grupo sobre otro que estimula la exclusión social.
Una exclusión que, según el informe, se ve reflejada en que el país haya sido gobernado bajo la noción de un Estado monocultural, de una sola lengua y con una única religión que excluye, elimina o quiere controlar a todo el que no se identifique con esos aspectos, como los indígenas, afros, negros, palenqueros, raizales y rom.
Esas condiciones de discriminación han llevado a que los pueblos étnicos tengan los mayores índices de necesidades insatisfechas y pobreza. Aspectos que, según el documento, vuelven a los pueblos étnicos más propensos a ser víctimas de la violencia: “Por un lado, las brechas económicas y de acceso a las garantías constitucionales propician condiciones favorables para que se cometan violaciones a los derechos humanos. Por el otro, en términos de impactos, la pobreza y la desprotección se profundizan, generando la reproducción de violencias estructurales”.
El informe asegura que el racismo como “mecanismo de violencia es persistente y se estimula en el conflicto armado colombiano. Negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios”.
Desde las mismas comunidades han reconocido el racismo que sufren, como este joven afro que habló anónimamente con la Comisión: “En nuestros territorios el racismo estructural lo podemos observar porque nuestras comunidades no tienen condiciones mínimas para poder subsistir. La violencia es cotidiana, es algo que lastimosamente se ha normalizado. Y si observamos las condiciones en municipios como estos, no hay una oficina de la Fiscalía, entonces impera la injusticia, existe una cultura de la ilegalidad. Es normal el contrabando, ver gente armada porque hay una ausencia total del Estado”.
El racismo también se ha sentido desde los grupos armados. Según el informe, los paramilitares reprodujeron prácticas esclavistas como marcar a las mujeres negras con hierro incandescente; y hay relatos sobre el estigma de “asociar al negro como un peón fuerte que puede aguantar todo” en el Ejército.
Por su parte, mujeres indígenas, afro, campesinas y pobres son doblemente vulnerables, por su sexo y su grupo étnico, a ser abusadas y victimizadas por grupos armados.
2. Los actores de la guerra estigmatizaron a los pueblos étnicos
La Comisión de la Verdad dice que la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales terminó estigmatizando a los pueblos étnicos que quedaban en medio.
El informe señala que la débil presencia institucional y las características ambientales, climáticas y geoestratégicas de algunas zonas propiciaron la llegada de los grupos armados para cometer abusos sin consecuencias. Así fue como los pueblos étnicos vieron que ríos, trochas, espacios de culto y algunos cultivos de pancoger, que eran puntos recurrentes en sus actividades diarias, pasaron a convertirse en lugares destruidos, prohibidos o renombrados «zonas rojas», haciendo alusión a la presencia de guerrilleros.
Fue la permanencia o el paso de esos grupos armados ilegales, en los lugares que hacían parte de la cotidianidad de afros o indígenas, que llevó a los pueblos étnicos a ser estigmatizados como aliados, simpatizantes o colaboradores de los mismos.
Según la Comisión, la Fuerza Pública también tuvo su papel en este punto: “La Fuerza Pública, en medio de la guerra, ha buscado disputar el territorio frente a los armados, clasificando a la población en función de su actitud frente al Estado o las Fuerzas Armadas, para tratar de neutralizar o eliminar a los considerados opositores y lograr o fortalecer la simpatía de otros sectores de la población civil y obtener información para ganar ventajas frente a los adversarios. De esta manera, comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes en no pocas ocasiones se vieron como un objeto en disputa por los actores de la guerra, incluyendo el Estado. Esa confrontación las puso en riesgo, las estigmatizó y las llevó a padecer numerosas formas de violencia”.
Un ejemplo de esto es el testimonio de un indígena que cuenta que fue secuestrado por las Farc y señalado de ser colaborador del Ejército por su aspecto físico: “Me acusaban de que yo era de la ley, que trabajaba con el Ejército, y empezó todo mi proceso con las Farc. Me decían que tenía todo el porte de ser soldado. Mi corte de cabello, mi mirada, mi estructura física. Los milicianos, colaboradores de ellos aquí mismo, se enfocaron en mí, en culparme. Verdaderamente yo no era, yo estaba en Mocoa trabajando. Salgo a mi pueblo a visitar a mi madre y me detienen las Farc. Me amarran y me sacan del pueblo”.
3. La poca presencia de la justicia en zonas indígenas y afro muestra la deuda del Estado
En el informe final, la Comisión asegura que la búsqueda de justicia está mediada por las condiciones de vida de las víctimas. Lo dice así porque de ellas ha dependido gran parte de las investigaciones en casos de violación de Derechos Humanos, los costos financieros y emocionales y los riesgos de seguridad que esto implica.
Entre más precaria sea la condición de vida de la víctima, más difícil va a ser la búsqueda de justicia porque los recursos económicos para asistir a las diligencias van a ser más limitados, o incluso nulos, o porque el desplazamiento o la permanencia en el lugar de los hechos puede significar un riesgo para su vida.
Las dificultades para acceder a la justicia o a mecanismos de protección se ven reflejadas en el relato de una mujer afro que narró su desplazamiento de la vereda La Viña de Nariño a Buenaventura y su posterior exilio: “Ahí me entrevisté con el personero, y él me dijo que en Buenaventura no podían darnos un sistema de protección, que teníamos que ir a la Fiscalía, poner la denuncia y esperar que eso fuera aceptado. Nos dirigimos a la Fiscalía, pusimos la denuncia y no pasó nada. Nunca nos llamaron. Nada. Estábamos asustados, sin tener qué comer, sin tener para vestirnos. Estábamos viviendo de lo que nos podían dar nuestros familiares a escondidas”.
La Comisión concluye que “no hay una presencia robusta de la justicia” y que eso muestra la deuda del Estado, más aún en zonas indígenas y afros.
El informe asegura que a los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, se les suman las violencias de la colonización con las del conflicto armado interno, “marcando sus vidas en un trauma colectivo que sigue mostrando las condiciones de falta de reconocimiento de sus experiencias como parte de una historia compartida y del derecho a sus territorios y culturas siempre bajo amenaza”.
4. Los proyectos económicos agudizaron la violencia contra pueblos étnicos
La Comisión documentó varios casos en los que, después del despojo y el desplazamiento de afros, indígenas y campesinos, sus territorios fueron destinados a proyectos económicos y extractivos (agroindustriales, forestales, minero-energéticos y de infraestructura).
Aunque aclara que eso no quiere decir que todos los empresarios y los proyectos económicos en el país usaron la violencia para sus fines, sí hay casos en los que hubo aprovechamiento para acaparar riquezas, en ocasiones por invitación directa de algún gobierno para “desarrollar territorios”.
También hay otros casos en los que los mismos exparamilitares han dicho que ayudaron en esos proyectos. Como este exparamilitar del Bloque Central Bolívar: “Los palmicultores casi que replican el tema de las fincas bananeras. Digamos que toman ese mismo modelo, que es el desplazamiento de los pequeños propietarios de tierras para así lograr la expansión de esas fincas. Eso solo se lograba bajo una presión violenta. Entonces, los grupos de autodefensas han sido un instrumento armado de la clase empresarial en Colombia”
El informe asegura que el narcotráfico y la minería han sido las economías de la guerra más importantes en la región. Ambas han terminado desplazando aún más a los grupos étnicos.
En el caso de la minería porque excluye a quienes se dedicaban a la explotación artesanal, que impacta con mayor gravedad a las comunidades afro, y destruye las tierras y el agua por el uso de químicos y maquinaria pesada.
Una mujer afro de La Guajira cuenta que fue desalojada por la minería y que nunca les consultaron sobre el proyecto, un proceso que debe hacerse por ley con las comunidades negras: “El Estado nos agarró de las manos y vulneró todos nuestros derechos. Nosotros tenemos la oportunidad de reconocernos como comunidades negras, y ellos no nos hicieron consulta previa, no nos consultaron si estábamos de acuerdo con lo que iban a hacer en nuestro territorio. Se colocaron tutelas, es más, hay un desacato de su parte desde hace dieciocho años. La Corte Suprema de Justicia ordenó comenzar la reconstrucción de la comunidad de Tabaco en 48 horas, y eso fue hace diecinueve años”.
Por su parte, en los años 90, el narcotráfico fue acaparando tierras y cambiando el uso de estas por actividades como la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos que fueron desplazando tanto a los grupos étnicos como a sus actividades económicas.
5. La coca se convirtió en la única alternativa para sobrevivir
El informe final de la Comisión dice que la pobreza y la dificultad del transporte y la comercialización de productos agrícolas en el campo llevó a que la coca se impusiera como la única posibilidad de sobrevivencia.
Así lo cuenta un joven afro: “¿Por qué hay tanta coca en el Pacífico? Porque ha sido un sustento o un motor para la región. Si un campesino siembra cien hectáreas de plátano y quiere exportar el plátano de un municipio a otro, le van a cobrar centenares de impuestos. Le van a quitar el producto. Hay una limitación. ¿Qué es lo único que se puede exportar? Coca, y en la necesidad de llevar sustento a la familia, no hay otra”.
El impacto de los cultivos de coca también ha sido específico para los pueblos étnicos. La Comisión dice que en 2020 la mitad de los consejos comunitarios reconocidos en Colombia (200) tenían cultivos de coca, al igual que el 19 por ciento de los resguardos indígenas (767).
También dice el informe que la Comisión pudo evidenciar que hay nueve corredores que conectan 17 territorios interétnicos (territorio indígenas, de colectivos de comunidades negras, afros, palenqueras y raizales) en los que los grupos armados están establecidos, se disputan el control territorial y las rentas de la minería o la coca.
Otra consecuencia de la llegada de los cultivos ilícitos, según según el informe, es que encierra un modelo mafioso que se ve reflejado en el asesinato de jóvenes y líderes sociales rompiendo el tejido social y cultural y los procesos organizativos.
6. La guerra empobrece la diversidad cultural
La Comisión retrató cómo el conflicto armado afectó la cultura de los pueblos étnicos porque sus prácticas empezaron a ser restringidas o prohibidas por actores armados.
“Las mujeres se bañaban con los senos afuera porque eso era muy cultural de nuestra gente. Llegaron ellos y terminaron con eso. Tener los senos afuera era sinónimo de prostitución, de permiso para violarlas. (…) Eran pueblos de negros, eran pueblos sanos, deliciosos. Pueblos en los que dormías en el andén porque qué pereza entrar a la casa. Por cada hora que te perdías afuera, perdías una actividad para vivir”, cuenta una representante de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas por la Paz del Chocó.
El desplazamiento también ha significado otro golpe a la cultura de los pueblos étnicos que tienen una estrecha relación con el territorio. Por ejemplo, llegar del campo a la ciudad implica transformar rasgos culturales para adaptarse a las realidades de los sectores urbanos.
“La tierra para nosotros no es una forma de inversión; es una forma de vida. Es algo que nos provee todo para nuestro bienestar. De ahí que la llamemos Madre Tierra. (…) Nos ha tocado salir de nuestro territorio por la violencia. (…) A la llegada a la ciudad siempre ha habido un choque cultural bastante impresionante. Por ejemplo, yo ando con esta ruanita y con este sombrerito, a veces, y el taxista de pronto no me quiere alzar porque no sé qué piense”, cuenta un indígena desplazado.
A pesar de eso, el informe resalta las formas de resistencia que han configurado nuevos territorios urbanos. Tales como el trasladado de las huertas comunitarias, la crianza de cerdos y gallinas y la recreación de fiestas y celebraciones populares en la ciudad. A la vez, la Comisión ha exaltado la labor en el territorio de organizaciones como la Guardia Indígena para defender el territorio y los ejercicios comunitarios de “neutralidad activa”, que se declaraba como tal en medio del conflicto armado y rechazaban la presencia de cualquier grupo armado.