Ecuador – Doce días de pie. Los de abajo en el centro del escenario político. [Decio Machado]

Protestas de los movimientos indígenas en la provincia de Cotopaxi. AFP, Cristina Vega Rhor

Las protestas indígenas contra la carestía y en defensa del ambiente y los servicios públicos han movilizado hacia las ciudades a decenas de miles de personas, a pesar del estado de excepción y la represión policial.

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 24-6-2022

Correspondencia de Prensa, 25-6-2022

La movilización empezó con cortes de carreteras en gran parte de las provincias ecuatorianas y pocos días después se dio la llegada a las grandes ciudades de miles de indígenas provenientes del sector rural. Este levantamiento popular se viene dando en Ecuador desde el 13 de junio, inicialmente a impulso del movimiento indígena, en concreto, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en forma paulatina ha sido secundada por diferentes organizaciones sociales y gremios del país, incluido el movimiento de mujeres.

Las reivindicaciones de la Conaie incorporan diez puntos que desde hace un año son negociados con el gobierno, encabezado por el presidente, Guillermo Lasso, pero hasta el momento no se les había dado respuesta, con el Ejecutivo abocado a agendas macroeconómicas basadas en el saneamiento de la finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal y el servicio de deuda a costa del deterioro de los servicios públicos y el recorte de políticas sociales. La plataforma de la Conaie llama a la congelación de los precios del combustible diésel y de la gasolina extra –ambos utilizados por la maquinaria agrícola y los vehículos con los que los sectores rurales sacan sus productos hacia los mercados–; una moratoria mínima de un año para las deudas familiares contraídas tras la pandemia con la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito; la fijación de precios justos para los productos del campo, junto con el control de precios y el combate a la especulación de productos de primera necesidad.

También se aboga por medidas de mejoramiento del empleo y los derechos laborales, con políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral; la no ampliación de la conflictiva frontera extractiva minera y petrolera en territorios con ecosistemas frágiles; el respeto a los 21 derechos colectivos reconocidos en la Constitución ecuatoriana; la no privatización del patrimonio público y los servicios sociales; la dotación de presupuestos urgentes a la salud y la educación, cuyas infraestructuras y atención son cada vez más deficientes, y la generación de políticas de seguridad efectivas frente al disparado aumento de las muertes violentas y los actos delictivos en el país.

A este pliego de demandas iniciales se han sumado otras, procedentes de organizaciones sindicales, ambientales, estudiantiles y de mujeres, que van desde demandas laborales hasta sistemas de redistribución justa del trabajo de cuidados, pasando por la ampliación de los cupos de acceso a las universidades o la protección de las fuentes de agua.

Quito se ha convertido, una vez más, en el punto álgido de la movilización, a donde se estima que llegaron entre 15 mil y 20 mil indígenas venidos desde diferentes territorios de la Sierra Central y la Amazonía. En paralelo, las organizaciones barriales, de mujeres y juveniles quiteñas se fueron incorporando a la movilización en los últimos días, cortando los accesos a la ciudad y las principales vías internas, lo que implica cierto nivel de desabastecimiento en la capital del país y una correspondiente alza de precios.

Amedrentamiento y represión

Ante esto, la estrategia gubernamental ha consistido en amedrentar y presionar a los principales actores institucionales. Lasso afirmó este miércoles que «unos pocos violentos quieren secuestrar la democracia», en referencia a las decenas de miles de manifestantes. El lunes, decretó el estado de excepción por «grave conmoción interna» en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. Las universidades del país –que han funcionado como centros de paz y atención humanitaria en otras ocasiones de este tipo (véase «País de lucha», Brecha, 20-X-19)– han sido amenazadas con la eliminación de cualquier tipo de subvención estatal o de apoyo para becas en el caso de que un solo manifestante se haga presente en sus instalaciones.

A la Conferencia Episcopal se le abrió esta semana un expediente en la Fiscalía General del Estado para investigar cómo se financió la llegada del papa Francisco a Ecuador en 2015, acción que ha llevado a que ninguna iglesia abra ahora sus puertas para atender, alimentar o darles techo a los sectores movilizados, mientras que la institución eclesiástica se mantiene alejada de su rol histórico de mediadora en este tipo de conflictos. En tanto, la Policía ocupó en estos días la sede de varias instituciones autónomas del Ejecutivo. El ejemplo más emblemático ha sido la conversión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un cuartel de comandos especiales de la Policía Nacional.

A pesar de estas acciones, la presión de las organizaciones estudiantiles, que en algunos casos han llegado a derribar puertas y cercados de los recintos académicos, permitió que este jueves, en el décimo día de protestas, algunas instalaciones universitarias pudieran oficiar de refugio para mujeres y niños indígenas, así como de centro de atención médica para los manifestantes heridos por la represión estatal. Hasta el momento, se registran cuatro muertes, cientos de heridos y un número indeterminado de manifestantes desaparecidos, según denuncias de las organizaciones sociales.

En el ámbito de la disputa de narrativas, el gobierno impulsa el relato de que las movilizaciones indígenas y populares están financiadas por el «narcoterrorismo» –al que busca asociar con el correísmo– y por intereses internacionales –la típica y reiterada telenovela sobre la «infiltración chavista»–, lo que intenta deslegitimar la causa de los manifestantes. Esta argumentación cunde entre sectores medios acomodados y elites principalmente quiteñas, que han empezado a movilizarse e incluso a armarse con el fin de enfrentar a los «invasores» de tez canela, llegados desde los páramos y la selva.

Sublevación popular y caída del apoyo al gobierno

Las organizaciones indígenas afirmaron este miércoles en una declaración pública que «mientras en la calle masacran a nuestra gente» no se sentarán a una mesa de diálogo. Como condiciones para abrir ese canal, piden el cese del estado de excepción y de la represión, la garantía de que no se impondrán nuevos decretos en el marco de la protesta, el cese de los ataques de la fuerza pública a las zonas de resguardo humanitario y «que toda la agenda sea puesta sobre la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno» a la hora de negociar.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno y a la Conaie a dialogar y encontrar una salida pacífica al conflicto. Al momento de redactarse estas líneas, desde el Ejecutivo se han dado muestras de aceptar al menos una parte de las diez reivindicaciones originales de los indígenas y de permitir el uso de una sede pública para que las organizaciones movilizadas puedan celebrar una asamblea, con el fin de sentar las bases iniciales para una mesa de negociación.

Las masas de manifestantes que hoy ocupan Quito y otras ciudades del país reflejan esos puntuales momentos de la historia en la que los nadie, los sin rostro, los cualquiera, ocupan la centralidad política nacional para inscribir, de alguna forma, sus derechos en ley. Asistimos a un proceso en el que dolores antes comprendidos como individuales o, incluso, como fracasos personales (no poder satisfacer las necesidades familiares, enfrentar el desempleo o el embargo a manos de un banco por no poder atender las deudas contraídas) se politizan y generan una plataforma de demandas reivindicativas que busca soluciones colectivas.

Con el país aún pendiente del desenlace final, la sublevación de los sectores populares de Ecuador ha puesto en jaque al establishment político nacional, que ha visto superadas sus agendas e intereses político-partidistas por el desborde de las multitudes. Queda por verse cómo, a partir de la parcial resolución de este conflicto, el gobierno conservador del exbanquero Lasso podrá seguir gobernando, con un creciente aislamiento político y un apoyo popular en desplome: según las encuestas de las principales consultoras, Lasso inició su mandato el 24 de mayo de 2021 con más de 75 por ciento de aprobación; hoy el rechazo a su gestión alcanza al 80 por ciento de la población.