Las cifras macroeconómicas del país caribeño lucen irreconocibles. La crisis desatada por la guerra en Ucrania vuelve a recordar su potencialidad petrolera y lo acercan lentamente a la Casa Blanca.
Ociel Alí López, desde Caracas
Brecha, 6-5-2022
Correspondencia de Prensa, 6-5-2022
En Venezuela todo viene cambiando. Las ciudades se llenan de una reactivación comercial evidente. Nuevos «emprendimientos» inundan el tejido social. Comienza una seguidilla de grandes conciertos de artistas internacionales. Algunas aerolíneas internacionales retoman sus vuelos, suspendidos desde la «experiencia Guaidó» en 2019. Influencers visitan el país y constatan una realidad muy diferente a la de la crisis humanitaria. Los ingresos del venezolano común han mejorado gracias a ingresos no petroleros, como las remesas desde el exterior, la activación de otros negocios, como el oro, las criptomonedas y ciertos sectores comerciales.
La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo se ubicó en 1,4 por ciento, la más baja en una década, muy lejos de la hiperinflación que hasta hace poco caracterizaba al país. En su último informe, a comienzos de abril, el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20 por ciento del PBI venezolano para 2022, unas de las tasas de crecimiento «más altas del mundo para este año», según postula el documento, tras corregir una proyección anterior que ubicaba esa alza en 4,5 por ciento. El Fondo Monetario Internacional, aunque menos optimista, reconoce que este año, después de ocho años de decrecimiento (con una caída de hasta 87 por ciento de su PBI entre 2013 y 2021), la economía venezolana finalmente crecerá en al menos un 1,5 por ciento.
A finales de abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) corroboró que el crecimiento venezolano se proyecta de manera acentuada y no será apenas un auge tímido de la actividad, como inicialmente consideraban sus analistas. El ente multilateral publicó un informe teniendo en cuenta el impacto en la región de la guerra en Ucrania y en él ubica a Venezuela en el top tres de los países con mayor crecimiento del PBI en 2022, con un 5 por ciento previsto para este período, mientras que el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe para este año será de 1,8 por ciento, y para las economías de América del Sur de 1,5 por ciento. Es decir, según la CEPAL, Venezuela triplicará el promedio del crecimiento de Sudamérica. En Latinoamérica, sería superada solo por Panamá (6,3 por ciento) y República Dominicana (5,3 por ciento).
De acuerdo a estos tres entes y a otras diversas estimaciones internacionales, se confirma así un rebote en relación con la larga caída de casi una década del PBI venezolano, en la que, durante varios años, el decrecimiento anual llegaba a cifras de dos dígitos.
¿Una nueva realidad?
El nuevo momento trata de ser metabolizado por los medios internacionales, desde el Washington Post hasta los medios del exilio venezolano, a través de la pregunta: «¿Venezuela se arregló?». Lo que está en juego es la imagen del país en el mundo, que pasaría de ser la de un país en implosión, la de «Venezuela se jodió», a la de un país con una potencialidad petrolera envidiable, que habría logrado atravesar su crisis más oscura y se estaría reajustando a su «nueva realidad».
Esa nueva realidad también es política desde que el protagonista mediático de 2019 y 2022, Juan Guaidó, hoy ya no es un actor importante en la dinámica política y geopolítica del país.
Sin embargo, las sanciones internacionales contra Venezuela mantienen inalterado su estatuto desde los tiempos de Donald Trump, a pesar de la reunión en marzo entre el presidente Nicolás Maduro y Juan González, representante de la Casa Blanca para las Américas, quien dijo que Estados Unidos «está dispuesto a aliviar la presión». El rumor de una probable nueva reunión entre ambos gobiernos aún no ha cristalizado en un anuncio concreto.
El 14 de abril, un grupo de conocidos economistas y empresarios afectos a la oposición pidieron, por medio de una carta dirigida al presidente Joe Biden, el cese de las sanciones: «Si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio». Entre los firmantes se encuentran dos expresidentes de la patronal venezolana Fedecámaras, como Ricardo Cusanno y Jorge Botti, además de economistas que han sido abiertos activistas prooposición y contrarios al gobierno de Maduro, como Rafael Quiroz y José Guerra (exdiputado y asesor en las campañas de Henrique Capriles).
Un levantamiento de las sanciones tendría un impacto directo en la capacidad de producción petrolera del país, gravemente dañada en la última década y que las restricciones internacionales impiden mejorar: Venezuela llegó a tener una producción petrolera histórica, con un promedio de 3 millones de barriles diarios, pero en 2020, tras el colapso sufrido por Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se llegó a un récord de apenas 350 mil barriles diarios, desplome que, de a poco, se había ido revirtiendo el año pasado. La guerra en Ucrania y la crisis energética mundial que desencadenó hicieron prever, al comienzo, un nuevo boom extractivo. Sin embargo, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) afirmó en abril que el país caribeño desaceleró 7,6 por ciento su producción petrolera de febrero a marzo, mes en el que produjo 728 mil barriles diarios, cuando al finalizar 2021 se acercaba al millón.
Entonces, si la producción petrolera sigue mermada y las sanciones se mantienen intactas, ¿qué es lo que permite el cambio radical de perspectivas en torno a la economía del país por parte de firmas financieras y entidades multilaterales? Entre otros factores a tener en cuenta, en las últimas semanas han corrido rumores sobre fuertes presiones de Chevron y otras empresas internacionales del sector petrolero en pos de que las sanciones sean flexibilizadas y la Casa Blanca al fin permita a estas compañías reanudar su explotación en Venezuela. Sin embargo, Biden aún no termina de dar la luz verde, en medio de fuertes críticas opositoras por su acercamiento a Caracas, en pleno año electoral estadounidense.
Sanciones y shock
Desde 2017 ya se venían activando sanciones contra altos funcionarios del gobierno. Y, aunque Venezuela ya vivía lo peor de su crisis desde al menos 2016, se esperaba un futuro mucho peor. Dos mil diecinueve fue el año cumbre de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y la actividad económica nacional. Ese año, la actividad económica de la República Bolivariana de Venezuela cayó por sexto año consecutivo y se contrajo un 28 por ciento. Se preveía que el PBI venezolano se contraería un 26 por ciento en 2020. Justo en ese momento llegó la pandemia, con el asesor de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, telefoneando acucioso al mundo petrolero y marítimo para hacer cumplir las sanciones.
Mientras estas se iban instalando y agravaban la caída ya en marcha de la producción petrolera (véase «Asfixiar al ahogado», Brecha, 13-IX-19), el programa de liberalización económica comenzado en 2018 lograba ciertamente abrir canales efectivos de oxígeno a una economía infartada por la pulverización del valor del bolívar y la hiperinflación.
Actualmente, esta liberalización se va normalizando a la par de la dolarización de la vida económica y, mientras tanto, el rol del Estado venezolano en la sociedad se debilita al extremo (véase «¿Estabilización o desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), tanto en lo que hace a sus capacidades para garantizar la educación como la salud y los servicios públicos. Todavía paga a sus funcionarios los sueldos mínimos más bajos de la historia del país (unos 30 dólares mensuales). El programa económico del gobierno de Maduro llega hoy a un nivel envidiado por las políticas más extremas de shock neoliberal.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, llevada adelante por un grupo de universidades privadas venezolanas, la inseguridad alimentaria en 2021 todavía alcanzaba al 92,7 por ciento de los hogares. La desigualdad se dispara, con un fuerte contraste entre los trabajadores del sector privado, que logran obtener ingresos en dólares, y los del sector público, que cobran en bolívares.
Hoy, Venezuela vive una nueva realidad totalmente incomparable con la Venezuela petrolera que existió desde mediados del siglo pasado hasta los primeros años de la segunda década del siglo XXI. La actual es una economía minúscula en comparación con la del auge petrolero, una economía cotizada por los aportes de millones de migrantes. Digámoslo así: la economía dolarizada actual es diametralmente opuesta a la de los petrodólares.
De todas maneras, la reciente disparada de los precios del crudo y la fluctuante situación geopolítica siempre pueden cambiar favorablemente, y con mucha rapidez, la vida de un país petrolero. Como siempre, en Venezuela podría pasar cualquier cosa. Podrían volver los agresivos años del trumpismo con sus sanciones inamovibles o podría sobrevenir una nueva era del auge del oro negro. En Venezuela, todo es posible.