Estados Unidos – Grietas en el «muro azul» del silencio. Un juicio en su contexto. [Sharon Smith]

A l’encontre, 26-4-2021

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 27-4-2021

Durante las tres semanas que duró el juicio contra el policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, se calcula que las fuerzas del orden mataron a 64 personas en los Estados Unidos, lo que representa un promedio de tres muertes por día.

En esa lista se encuentra Adam Toledo, un adolescente de 13 años, que fue asesinado a balazos por un agente de policía de Chicago en la madrugada del 29 de marzo. La cámara del policía muestra el disparo en el pecho del menor, inmediatamente después de que éste levantara las manos vacías, tal y como se le había ordenado.

Daunte Wright, de 20 años, también murió de un disparo durante un control de tráfico en Brooklyn Center, a sólo 16 kilómetros del juicio por asesinato de Chauvin. Wright fue detenido por “delitos” insignificantes, como un pequeño aromatizador que colgaba del espejo retrovisor y la placa de matrícula caduca, un atraso habitual debido a las condiciones de la pandemia. Cuando la policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por no haber acudido a una cita en el juzgado por un delito menor, procedió a su detención. El hombre se asustó y se metió a la fuerza en su coche.

El video de la cámara de la policía Kimberly Potter, una veterana de la policía con 26 años de experiencia, muestra que ésta realiza el disparo mortal después de gritar «¡Taser! ¡Taser! Taser!» Potter afirmó que había confundido su pistola con una pistola eléctrica, aunque ambas son de colores y pesos muy diferentes (la pistola es negra y el taser es amarillo). Wright estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza para la vida de Potter. Al día siguiente del asesinato de Wright, el departamento de policía de Brooklyn Center izó una bandera de la “Thin Blue Line” [Emblema utilizado para homenajear a los policías muertos o para indicar la importancia de la policía -con respecto al resto de las personas- en el mantenimiento del “orden”] para expresar su solidaridad con Potter, que también era presidenta del sindicato de policía local.

Al igual que Derek Chauvin, Kimberly Potter es una de las pocas policías acusadas de un delito tras haber cometido un homicidio, aunque en su caso, fue calificado de homicidio involuntario. Pero Chauvin y Potter tienen algo más en común: ambos eran oficiales que se encargaban de formar a los reclutas sobre la práctica del oficio, seguramente porque sus superiores los apreciaban mucho. Ambos asesinaron a sus víctimas mientras estaban «enseñando» a sus aprendices.

Por qué fue una sorpresa la condena de Chauvin

El 20 de abril, cuando el juez leyó el veredicto de culpabilidad contra Derek Chauvin, la multitud que esperaba fuera del juzgado de Minneapolis estalló en aclamaciones y abrazos llenos de lágrimas, expresando así su alegría e incredulidad por el resultado. El jurado declaró a Derek Chauvin culpable de todos los cargos -homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado- lo que podría suponer una condena de hasta 40 años de prisión [la sentencia aún no ha sido dictada].

Los activistas esperaban un resultado adverso, ya que los casos de policías condenados por asesinatos son extremadamente raros, a pesar de los 1.000 civiles que mueren cada año a manos de las fuerzas del orden. Los jóvenes negros son las principales víctimas de la policía, les siguen los jóvenes latinos, los veteranos militares y los enfermos mentales. Los indios americanos suelen pasar desapercibidos en las estadísticas porque constituyen una parte mucho más pequeña de la población estadounidense, pero son asesinados por la policía en mayor proporción que cualquier otro grupo racial.

El video de 9 minutos y 29 segundos con la cara impasible de Derek Chauvin mientras, con todo su peso, asfixiaba a George Floyd apretándole el cuello con la rodilla -e incluso siguió dos minutos más, cuando el pulso de George Floyd ya no latía– no deja ninguna duda sobre la culpabilidad de Derek Chauvin para cualquier persona con una pizca de humanidad. El verano pasado, el video del asesinato de George Floyd desencadenó un movimiento de protesta en todo el mundo, porque la brutalidad policial es una característica común de la aplicación de la ley bajo el capitalismo en todas partes, junto con el racismo que constituye un elemento esencial para justificarla.

A partir de una decisión de la Corte Suprema de 1989, la policía puede alegar legalmente que si hace uso de la fuerza letal, lo hace porque teme por su vida, incluso si a posteriori se puede determinar que tal peligro no existió. Ese fallo hizo jurisprudencia e impide, en general, que haya condena incluso cuando los disparos de la policía son grabados en video y dan lugar a protestas masivas -incluyendo el asesinato de Michael Brown en 2014 en Ferguson, Missouri, y el asesinato de Philando Castile en 2016 en Minneapolis.

El equipo de la defensa de Derek Chauvin se apoyó, como era de esperar, en la representación del “miedo” que sintió el inexpresivo Chauvin ante la “muchedumbre enfurecida” (menos de doce transeúntes, en su mayoría negros y morenos, que desde la acera le suplicaban a la policía que no matara a Floyd). Los abogados de Chauvin también alegaron que el consumo de drogas de George Floyd hizo que presentara un cuadro de “delirio agitado” y que tuviera una “fuerza sobrehumana”, lo que podría haber hecho que se levantara y dominara a Chauvin, ¡incluso cuando Floyd estaba inconsciente! También argumentó que las pequeñas cantidades de fentanilo y metanfetamina, o los antecedentes cardíacos de George Floyd, o incluso el hecho de haber estado enfermo de Covid-19 podrían haber causado su muerte, en lugar del acto homicida de Derek Chauvin.

Esos tropos racistas son reciclados prácticamente después de cada asesinato policial de personas negras y morenas con la finalidad de hacer que las víctimas sean responsables de sus propias mue

La estrategia de la acusación: “la oveja descarriada”

Durante el juicio de Chauvin, los fiscales siguieron una estrategia que presentaba a Derek Chauvin como una “oveja descarriada” en un cuerpo de policía mayoritariamente honesto y respetuoso de la ética. En su alegato final, el fiscal fue muy claro cuando dijo: «Este no es un juicio anti policial. Es un juicio a favor de la policía».

La acusación llamó como testigos a un policía tras otro, el más importante de ellos fue el jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, quien declaró categóricamente: «Seguir aplicando ese nivel de fuerza a una persona inmovilizada, esposada por la espalda… eso no es en absoluto nuestra política», y añadió que el comportamiento de Derek Chauvin «no forma parte de nuestro formación. Y desde luego, no forma parte de nuestra ética ni de nuestros valores».

Sin embargo, Derek Chauvin -responsable de formación a los policías novicios- había recibido al menos 22 denuncias o investigaciones internas (mucho más que la mayoría de los policías) durante sus 19 años de carrera en el Departamento de Policía de Minneapolis, la mayoría de ellas por uso excesivo de la fuerza. Sólo una, al principio de su carrera, le costó una amonestación. Después, Chauvin no recibió más reproches, sino dos medallas de honor y dos medallas al coraje por su desempeño en el cumplimiento de sus funciones, además de haber sido designado como instructor de campo.

El verano pasado, el departamento de policía de Minneapolis prohibió las llaves de estrangulamiento y las presiones en el cuello tras el asesinato de George Floyd. Pero hasta entonces, como declaró Medaria Arredondo, «las sujeciones de cuello se definían como una opción de fuerza no letal». ¿En qué momento Chauvin empezó a violar las políticas policiales de Minneapolis, que eran ya inhumanas?

El código de silencio de la policía y el sistema que lo fomenta

Antes de la condena de Derek Chauvin, sólo siete agentes de policía habían sido condenados por asesinato desde 2005; sólo el 1,1% de los agentes de policía son acusados cada año por un asesinato relacionado con la policía. Eso se debe en gran medida a lo que se conoce como el “muro del silencio” entre los policías. Se niegan a investigar o a cooperar con las investigaciones sobre los presuntos delitos de sus colegas. Por lo general, los fiscales no presentan cargos contra los agentes de policía, que son sus más cercanos colaboradores en la aplicación de la ley vigente en la actualidad. Algunos policías tratan de contradecir ese código de silencio, pero por lo general se ven obligados a someterse a él.

Andrew Rodríguez es uno de los pocos nuevos policías que se negó a ceder a las presiones de los agentes del sheriff con más antigüedad que él. Presentó una denuncia contra el condado de Los Ángeles. Un jurado le concedió 8,1 millones de dólares por “acoso laboral” en 2020. El Proyecto Marshall lo describió así:

“Andrew Rodríguez acababa de salir de la escuela de patrulla, con muchas ganas de aplicar lo aprendido en la academia en el mundo real, con verdaderos ayudantes del sheriff del condado de Los Ángeles.”

Pero lo que sus instructores trataron de enseñarle, según declaró en septiembre de 2020, fue a ser un mal policía: a mentir diciendo que había encontrado una pipa de metanfetamina en el bolsillo de un sospechoso, a acosar a los negros sin motivo, a amenazar a las mujeres para que dieran informaciones. Cuando se negaba a hacerlo, los instructores lo intimidaban, según Andrew Rodríguez.

Los instructores de campo “son los guardianes de esa fraternidad en la que se fomenta y se recompensa la mentira y las detenciones ilegales”, dijo Alan Romero, un abogado de derechos civiles que defendió a Andrew Rodríguez.

Los cargos electos y los tribunales también intervienen en todo ese proceso. Los funcionarios electos de la mayoría de los estados han aprobado leyes que penalizan todo, desde los vidrios ahumados de los coches, un faro roto o un simple objeto que cuelga del espejo retrovisor y que justifican legalmente los controles de tráfico de la policía. La policía utiliza habitualmente esos controles de tráfico y esas infracciones menores como pretexto para buscar en los registros si los conductores tienen alguna orden judicial de arresto, para registrar los coches en busca de drogas y armas, o para comprobar si hay o no presencia de algún inmigrante legal o no. Los investigadores del Open Policing Project de la Universidad de Stanford, que examinaron más de 100 millones de controles de tráfico en todo el país, descubrieron que los conductores negros tenían más probabilidades de ser controlados que los de cualquier otra raza.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 1996 que los controles de tráfico “basados en pretextos” son constitucionales siempre que los agentes de policía constaten una infracción real -incluso leve- de las leyes de tráfico durante el control.

Las personas de color de la clase trabajadora que son víctimas de este trato se encuentran en un círculo vicioso: las infracciones leves permiten a la policía realizar controles de tráfico, poner multas que generan ingresos para los gobiernos locales y llevan a un número desproporcionado de personas negras, morenas y de la clase trabajadora ante el sistema de justicia penal: por faltar a las citas en el tribunal, por multas no pagadas por insolvencia, sobre todo después de haber perdido el empleo por haber estado en la cárcel.

La mentalidad de “guerra” de la policía

La “guerra contra las drogas”, en vigor desde la década de 1980, se centra explícitamente en la posesión de drogas y el tráfico a pequeña escala, utilizando equipos SWAT (armas y tácticas especiales) militarizados y otros agentes de policía fuertemente armados que ejecutan órdenes de tipo “no-knock” (sin llamar) o “quick-knock” (sin previo aviso, sin tener que identificarse). En marzo de 2020, la policía de Louisville disparó y mató a Breonna Taylor, de 26 años, mientras dormía en su casa, durante una operación de búsqueda de drogas en una dirección equivocada. Ningún agente de policía fue acusado por su muerte, lo que desencadenó meses de manifestaciones Black Lives Matter en todo el país y que volvieron a tomar fuerza después del asesinato de George Floyd.

EEUU2704 IIEsos operativos policiales se consideran necesarios para evitar que los traficantes de drogas destruyan las pruebas antes de que la policía pueda entrar en los domicilios, y la mayoría de ellos se realizan por la noche para mantener el efecto sorpresa. En los años 1990, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la policía a entrar sin golpear en un domicilio si tenía “sospechas razonables” de que la persona podría ser capaz de destruir pruebas o en el caso de que sus propias vidas corrieran peligro. Mientras que a principios de la década de 1980 fueron efectuados unos 1.500 operativos de este tipo, en 2010 la cantidad había aumentado a 60.000 e incluso 70.000 por año, en general, en busca de marihuana.

En 2014, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) analizó los datos de los operativos de los escuadrones SWAT y constató que en el 36 por ciento de los casos se encontraron drogas, mientras que en el 35 por ciento no las había. En el 29%, la información no fue comunicada. La “guerra contra las drogas” también ha tenido un impacto significativo en las tasas de encarcelamiento, especialmente entre las personas de color condenadas por delitos no violentos. El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios informó en 2018:

En 2016 hubo más de 1,5 millones de arrestos vinculados a las drogas en Estados Unidos. La inmensa mayoría -más del 80%- fueron únicamente por posesión.

Las personas de color se enfrentan a la discriminación en todas las fases del sistema judicial y tienen más probabilidades de ser detenidas, cacheadas, arrestadas, condenadas, sentenciadas severamente, teniendo que acarrear antecedentes penales de por vida. Eso es cierto sobre todo en el caso de los delitos de drogas.

Las investigaciones muestran que la probabilidad de que los fiscales impongan una sentencia mínima obligatoria a los negros que a los blancos acusados del mismo delito es 100% más elevada. Entre las personas que recibieron una pena mínima obligatoria en 2011, el 38% eran latinos y el 31% eran negros.

Otra causa del alto índice de asesinatos policiales es que los agentes de policía van armados con una pistola eléctrica de un lado y una pistola del otro, incluso durante los controles de tráfico más corrientes que, en su gran mayoría, no suponen ninguna amenaza para su seguridad. Sin embargo, la mentalidad de los agentes de policía es que cada control de tráfico es un riesgo para sus vidas, lo que contribuye en gran medida a la percepción de que los agentes de policía están en guerra contra la población local, sobre todo cuando ésta es mayoritariamente negra o morena.

Es cierto que la población estadounidense es la que más armas posee en el mundo: entre un tercio y la mitad de los hogares posee al menos un arma. Con sólo el 4% de la población mundial, los estadounidenses -civiles- acumulan cerca del 40% de las armas de fuego del mundo.

Pese a ese elevado porcentaje, la profesión más peligrosa en Estados Unidos es, de lejos, la de leñador, con un porcentaje de mortalidad de 33% superior a la media. La policía ocupa el puesto 22, por debajo de los repartidores (7º puesto) y de los diversos controladores de tráfico (12º puesto). Los policías tienen un riesgo laboral similar al de los mecánicos de vehículos pesados (20º puesto) y los jardineros (21º puesto).

En 2020, la principal causa de muerte de los policías fue el Covid-19 contraído en el trabajo, por encima de todas las otras causas de muertes policiales combinadas, 145 en un total de 264, o sea más de la mitad de todas las muertes policiales, según el National Law Enforcement Officers Memorial Fund. La segunda causa de muerte fue por haber recibido un disparo en el trabajo, con 48 víctimas. Luego vienen los accidentes de tráfico, con 44 fallecidos. Cada una de estas causas representa menos de una quinta parte de las muertes policiales.

¿Se está “desmoronando” el muro azul?

Una vez pronunciado el veredicto de culpabilidad contra Derek Chauvin, la mayoría de los liberales y demócratas aplaudieron a la fiscalía por haber presentado a una serie de agentes de la policía como testigos contra Chauvin. El ex presidente y director general de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Cornell Brooks, dijo: «El muro azul se está desmoronando. La base de la policía en este país nos dice simplemente que ‘ya basta». El presidente Biden se hizo eco de ese sentimiento en una declaración televisada tras el veredicto: «Tenemos que felicitar a los agentes que dan la cara y testifican contra un compañero en lugar de cerrar filas…».

La estrategia «pro-policía» de la fiscalía buscaba que el voto de culpabilidad del jurado fuera más fácilmente aceptable para ellos. Y los policías que rompieron el código de silencio con sus declaraciones en el juicio, tenían probablemente como objetivo no sólo el de salvar sus carreras, sino también la credibilidad de las instituciones policiales de todo el país. Y lo cierto es que la policía y los fiscales eran muy conscientes de la gran posibilidad de que se produjera una nueva ola de indignación popular en caso de absolución de Chauvin, después de que la muerte de George Floyd desencadenara el mayor y más prolongado movimiento de protesta por los derechos civiles desde hace décadas.

Pero el asesinato de George Floyd, al igual que el linchamiento de Emmett Till, de 14 años, en 1955, ha quedado grabado para siempre en la conciencia nacional. La madre de Emmett Till insistió en que se abriera su ataúd durante su funeral para mostrar las mutilaciones corporales que había sufrido, las que fueron fotografiadas. Exactamente 100 días después del asesinato de Emmet Till, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Alabama, lo que desencadenó el boicot a los autobuses de Montgomery.

Si bien es cierto que no hay manera de predecir el futuro de la lucha, sería un error desestimar la condena de Derek Chauvin como algo sin importancia, independientemente de la intención de los fiscales o de los testigos de la policía. El asesinato de George Floyd y la condena de Derek Chauvin sacaron a la luz del día las diferentes formas en que la policía resulta indispensable para mantener todas las desigualdades producidas por el capitalismo. La policía dice que su papel consiste en “servir y proteger”, pero el carácter del sistema que protegen nunca ha sido tan evidente como lo es hoy. (Artículo publicado en International Socialism Project, 24-4-2021)

* Sharon Smith es autora de Subterranean Fire: A History of Working-Class Radicalism in the United States (Haymarket, 2006) y de Women and Socialism: Class, Race, and Capital (edición revisada y actualizada, Haymarket, 2015).