Los asesinatos de niños y jóvenes en las favelas de Río de Janeiro son moneda corriente. La policía asesina a sangre fría a muchachos acusándolos de delincuentes. Las madres se han levantado para decir basta. Pero la política pro-armas de Bolsonaro y el fortalecimiento del régimen represivo no se han detenido.
El director de la organización Tambores, relata como el escuadrón antidisturbios colombiano ataca a manifestantes, viviendas y ollas populares.
A punto de cumplirse un mes del paro nacional en Colombia, van 58 muertos, 129 desaparecidos, más de 1.000 heridos, una reforma tributaria y otra a la salud suspendidas, una Copa América cancelada, un ministro destituido y un narco-Estado que tiembla tras los muros de sus propios eufemismos. Colombia estalla.
Durante las tres semanas que duró el juicio contra el policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, se calcula que las fuerzas del orden mataron a 64 personas en los Estados Unidos, lo que representa un promedio de tres muertes por día.
Voces del actual gobierno plantearon durante la campaña electoral que la Policía tenía “las manos atadas”; sin embargo, a lo largo de los cinco años de la gestión anterior (Frente Amplio) murieron 70 personas como consecuencia de la acción policial.
La justicia reconoció la culpabilidad del policía blanco Derek Chauvin en la muerte de George Floyd. Los activistas de Black Lives Matter en Minneapolis, el epicentro de la lucha contra la violencia policial, piden que la presión continúe.
Delante de la iglesia bautista misionera de New Salem en Mineápolis, frente a la imponente fachada de piedra, Katie Wright [la madre de Daunte Wright] habla, aplastada casi por el pupitre de plexiglás y por el montón de micrófonos que tiene delante de ella. Tiembla de dolor, sus familiares la acompañan.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
Denuncian acoso policial y piden respuestas de las autoridades sobre las condiciones de trabajo. Son muy pocos los clasificadores que se pudieron “reconvertir”, apenas 200 sobre un total de 9.000.
Las medidas en curso -leyes de «seguridad global» y «contra el separatismo», decretos que generalizan los motivos para el fichaje de las y los ciudadanos- se están tomando para abordar la crisis social, una nueva etapa de la cual se está abriendo por la pandemia.