Uruguay – El fracaso de la «libertad responsable». [Virginia Recagno]

Libertad y muerte: éxito y fracaso de la estrategia uruguaya frente a la pandemia

El discurso sobre la “libertad” y el rechazo a medidas restrictivas de la movilidad acercan a Lacalle Pou y Bolsonaro. Ambos han argumentado que no quieren un “Estado policíaco” o que las FFAA “vayan a encerrar gente en su casa”.

La Diaria, 17-4-2021

Correspondencia de Prensa, 17-4-2021

“El oasis”, “el ejemplo” fueron algunos de los motes utilizados para referirse al pequeño país que sin cuarentena obligatoria lograba surfear con éxito la primera ola de la pandemia de covid-19. Diez meses después, la segunda ola nos tira de la tabla y nos revuelca, una y otra vez. El mismo país de tres millones y medio de personas desbanca a Brasil como el peor de América Latina al inaugurar la mayor tasa de casos nuevos en la región.

La actitud de los gobiernos de Brasil y de Uruguay frente a la pandemia ha sido muy distinta: la administración de Luis Lacalle Pou tomó medidas restrictivas al comienzo de la emergencia y convocó a la ciencia, mientras que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negaba o minimizaba la existencia del virus. Sin embargo, recientemente, los discursos de ambos mandatarios han tenido varios puntos de contacto. Otra diferencia que separa a Uruguay de Brasil es la inversión para combatir los efectos de la pandemia: el gobierno de Bolsonaro invirtió una suma más de 30 veces mayor con respecto a su PIB que Uruguay, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En Uruguay, a casi 400 días de aquel 13 de marzo de 2020, cuando se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus, la evolución de la pandemia ha sido inestable, impredecible e incierta. En la primera ola, la situación social y económica, sobre todo para las personas de menores ingresos, se fue deteriorando lentamente, de espaldas a la cantidad de casos y fallecimientos, que era relativamente acotada en relación a otros países y a nuestra población. Pero luego vino la segunda ola, que se comenzó a avizorar a finales de noviembre y en cuya cresta aún seguimos.

La cantidad de casos diagnosticada por día sigue creciendo; la cantidad de casos activos supera desde hace días los 30.000, mientras que el acumulado de los diagnosticados casi toca los 160.000 y el de fallecidos, más de 1.700. Mientras, en Brasil, nuestro gigante vecino, los casos confirmados ascienden a 13,7 millones, la cantidad de nuevos por día promedia en 80.000 y los fallecidos son más de 360.000. Así, la cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes sigue en aumento en Uruguay ‒primero a nivel mundial‒, pasando los 1.350 por cada 100.000 habitantes, mientras en Brasil se ubica en 440.

Desde abril, el Ministerio de Salud Pública comenzó a reportar casos “fuera de fecha”, es decir, asignados en forma retroactiva. Así, la cantidad promedio de casos nuevos cada 100.000 habitantes en la última semana, indicador que el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID‑19 (Guiad) definió como P7, quedó subestimado, y por ende, pasó realizarse el correspondiente a las últimas dos semanas, el P14, que es más robusto a estas variaciones y se ubica en 91,6.

Reacciones gubernamentales desfasadas

Ya son varias las personas expertas en estos desastres mundiales ocasionales que han advertido que Brasil se constituye como un foco fuera de control, a causa de la falta de estrategia y dirección del gobierno federal para enfrentar la pandemia. Desde un inicio, Bolsonaro comparó el virus con una “gripecita” o “resfriadito”. “En mi opinión, se está sobredimensionando el poder destructivo de este virus”. “Obviamente tenemos en este momento una crisis, una pequeña crisis, o, en mi opinión, una fantasía, [ya] que el tema del coronavirus no es todo lo que los grandes medios propagan en todo el mundo”. “Es una cuestión grave, pero no podemos entrar en el campo de la histeria”. Algunas frases del militar retirado brasileño mientras recomendaba la cloroquina para prevenir la enfermedad.

Un año después, cuando ya eran más de 250.000 los fallecidos portando la enfermedad y los sistemas de salud comenzaban a colapsar, los gobiernos de varios estados decidieron tomar las riendas de la gestión de la pandemia puertas adentro y cerraron actividades económicas y espacios públicos. A principios de marzo, 22 de los 27 gobernadores brasileños ‒menos los de Acre, Mato Grosso do Sul, Rondonia, Roraima y Tocantins‒ convocaron a generar un “pacto nacional” para articular medidas más restrictivas en sus territorios. En tanto, en San Pablo, donde se están estableciendo las medidas más duras, el gobernador João Doria, perteneciente al centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña, anunciaba a principios de marzo que regiría en todo el estado la “fase roja” para evitar el aumento de casos y muertes por coronavirus. El anuncio fue hecho un día después de que se registraran 468 muertes en las últimas 24 horas, un número récord desde el comienzo de la pandemia, cuando hasta entonces habían fallecido portando la enfermedad allí unas 60.000 personas, poco menos de la cuarta parte del total de decesos de hasta entonces en el país. La fase roja autoriza el funcionamiento de comercios esenciales como tiendas de ventas de alimentos, panaderías y farmacias, así como escuelas e iglesias, mientras que los cines, gimnasios, bares y restaurantes deben permanecer cerrados y sólo pueden funcionar aquellos que realicen envíos a domicilio. Unos diez días después se pasó a “fase de emergencia”, que sumó la suspensión de las clases, las ceremonias religiosas y los encuentros deportivos, impuso el teletrabajo en todos los sectores no esenciales, tanto en el ámbito público como en el privado, y agregó un toque de queda nocturno de 20.00h a 5.00h y la prohibición del uso de parques y playas.

Mientras tanto, el discurso, y el mismo Bolsonaro, se mantenían inalterables. “No vamos a aceptar la política de quedarse en casa, cerrar todo, el confinamiento. El virus no desaparecerá. Este virus, como otros, llegó para quedarse. Y se quedará toda la vida. Es prácticamente imposible erradicarlo. Y hasta entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Ver a nuestro país empobrecerse? […] Nadie quiere vivir del Estado y renunciar a su libertad. Ganaremos esta batalla. Estamos del lado derecho. No queremos que el país se sumerja en el socialismo”, sostuvo en declaraciones recogidas por O Globo. En este sentido, también rechazó que ante un posible confinamiento se utilice a las fuerzas armadas para que “vayan a la calle a encerrar a la gente en su casa”.Uruguay1704 II

Paralelamente, por acá, territorio adentro, algunas intendencias también toman una dirección distinta a la del presidente Lacalle Pou para enfrentar la pandemia. En Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera resolvió hace una semana cerrar las plazas públicas y prohibir la circulación por canteros en todas las avenidas y la costanera norte, desde las 22.00 a las 6.00, al menos hasta fin de mes. En Artigas, el también nacionalista Pablo Caram tomó medidas que denominó “antipáticas” para la población: la apertura de los bares y restaurantes hasta las 22.00 y la prohibición de la circulación en el paseo 7 de Setiembre, así como la circulación luego de las 22.00 en las plazas de las localidades de Artigas, Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, para evitar las aglomeraciones. En Río Negro, Omar Lafluf, del mismo partido, además de las medidas de cierre de espectáculos públicos y la exhortación a no circular, que sostuvo que no habían sido suficientes para reducir la movilidad, propuso declarar el estado de sitio, pero esto fue descartado por Lacalle Pou, quien mantiene que “si la gente acata [las medidas tomadas por el gobierno] y además se cuida, se podrá seguir aplanando la curva, no tener saturación de CTI y blindar abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto”.

En San José se dispuso que los bares y cantinas abran sólo hasta las 22.00, mientras que los restaurantes están habilitados hasta la medianoche y en Salto se mantiene la prohibición de estacionar entre las 20.00 y las 6.00 en ambos lados de la Costanera Norte, en la ruta 3, en Luis Batlle Berres y en Benito Solari, y continúa vigente el cierre del Parque del Lago y las restricciones de horario del transporte urbano. En tanto, en Rocha se suspendieron las actividades deportivas, los espectáculos, las actividades religiosas y de camping fuera de los lugares permitidos, y se dispuso el cierre de los comercios desde la medianoche hasta las 6.00, salvo farmacias, estaciones de servicio y servicios de delivery.

Las distancias

Brasil nunca creó un comando central o un grupo de trabajo científico que asesore al presidente y su gobierno; lo más similar que se puede encontrar es el Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil (Conass, por su sigla en portugués). A principios de marzo, los 27 directores estaduales de salud del país solicitaron al gobierno federal la adopción de medidas para evitar un colapso. Entre las acciones recomendadas, se incluye un toque de queda en todo el país entre las 20.00 y las 6.00 ‒excluyendo las actividades esenciales‒ y los cierres de actividades en regiones “donde haya una ocupación de camas de terapia intensiva superior a 85% y con tendencia al aumento de casos y muertes”. Bolsonaro respondió que no había errado en sus previsiones ni en sus medidas.

En Uruguay, exactamente hace un año, se creó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para asesorar a Presidencia de la República. Este grupo comenzó a advertir sobre una creciente ola de contagios a finales de 2020 y al menos desde febrero ha aconsejado al gobierno mayores medidas restrictivas. “Resulta esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas”, sostenían en un documento divulgado a mediados de marzo en que establecían que Uruguay se encuentra en un estado de situación epidemiológica de transmisión comunitaria “extensa y sostenida”.

Hoy Brasil lidera el mundo en el número de nuevas muertes reportadas, representando aproximadamente una de cada cuatro muertes diarias en el mundo. No obstante, Bolsonaro entiende que hay que cuidar la salud pero también el empleo, y que no decretará un confinamiento ni utilizará a militares para controlar la movilidad, aunque sí ha advertido que se apoya en ellos para defender su lugar en la presidencia.

En Uruguay, el gobierno apela a la “responsabilidad ciudadana”: “El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad”, afirmó Lacalle Pou a fines de marzo. Dos meses atrás, el presidente había enviado al Parlamento ‒que finalmente lo aprobó‒ un decreto que limita de forma transitoria el derecho de reunión pacífica y sin armas y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, a disponer el cese de las aglomeraciones de personas. En tanto, siguen creciendo las denuncias de operativos represivos por la pandemia de coronavirus.

Un pesito pa’l Juda

Uruguay fue el país de América Latina que menos invirtió en frenar el deterioro social a partir de la crisis de la covid-19. Así lo confirmó el Panorama Social de América Latina de la Cepal, recientemente publicado.

Las respuestas de los gobiernos ante la crisis pueden ser transferencias monetarias y en especie ‒entrega de alimentos y medicamentos, y el aseguramiento y facilitación del acceso a los servicios básicos como agua, energía, teléfono e internet‒. En el promedio simple, esta inversión fue equivalente a 78 dólares por habitante en América Latina y el Caribe y de 105 dólares entre los países de América del Sur por las elevadas inversiones de Argentina y Brasil. En el caso de Uruguay, la equivalencia sería de apenas 2 dólares.

El esfuerzo en términos de recursos adicionales y de ajustes presupuestarios por parte de los países de América Latina y el Caribe para financiar estas medidas se estima en cerca de 86.214 millones de dólares durante 2020 y revela la capacidad de respuesta de los países para atender el impacto de la crisis. Este monto representa 1,25% del PIB de la región en 2019, casi el doble de la proporción promedio de recursos del PIB ejecutada en los programas de transferencias condicionadas y pensiones sociales el año previo. En el caso particular de América del Sur, sería 1,55% del PIB de 2019, es decir que más que se triplicó lo habitualmente destinado en este orden. Brasil presenta una inversión estimada superior a 4% del PIB, mientras que Uruguay invirtió tan sólo 0,14%.