Covid-19 – El mundo ante un «apartheid de vacunación». [Sharon Lerner]

A l’encontre, 4-1-2021

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 7-1-2021

El director general de Pfizer, Albert Bourla, elogió recientemente a las «casi 44.000 personas que, generosamente, levantaron la mano para participar en nuestras pruebas».

«Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo se encuentre más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna para luchar contra esta pandemia devastadora», escribió Albert Bourla en una carta pública a los voluntarios que participaron en la investigación de la vacuna Covid-19 de Pfizer, llevada a cabo en Alemania, Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil y Turquía. La carta fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que la vacuna era más de 90% efectiva en la prevención de la enfermedad. Albert Bourla atribuyó este enorme logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes, y el mundo entero tiene con ustedes una enorme deuda de gratitud».

Pero la Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con el agradecimiento de Pfizer, porque (como la mayoría de los países del mundo) no recibirán suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones, o al menos no las recibirán a corto plazo.

Mientras tanto, los Estados Unidos y Alemania -así como Canadá y el resto de la Unión Europea- firmaron contratos de compra que les permiten contar con suficientes dosis de diversas vacunas contra el Covid-19 para inocular  varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos encuentre dificultades de orden logístico para la distribución de su vacuna -menos de 3 millones de personas habían recibido la primera dosis el 31 de diciembre-, debería disponer finalmente de cantidades suficientes. Los Estados Unidos pre compraron 100 millones de dosis de la vacuna Pfizer por 1.950 millones de dólares durante el verano (y habrían perdido la oportunidad de adquirir 100 millones de dosis más). La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Sociales anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno cuenta con la posibilidad de adquirir 400 millones de dosis más. Los Estados Unidos compraron también 200 millones de dosis de la vacuna Moderna, que también es muy eficaz contra el Covid-19. Estas dosis están programadas para el segundo trimestre de 2021, y el gobierno puede comprar hasta 300 millones de dosis suplementarias. Además, los EE.UU. firmaron con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias de vacunas, aunque estos candidatos se encuentren aún en las etapas previas del desarrollo de las mismas.

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Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya  están sacando gran provecho de sus avances médicos. El mismo día que envió su carta abierta, Albert Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. Según Morgan Stanley, Pfizer ya obtuvo este año un beneficio estimado en 975 millones de dólares por la vacuna y se espera que obtenga 19.000 millones de dólares más en 2021. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80%. Moderna ganaría más de 10.000 millones de dólares con su vacuna el año que viene.

Los 100.000 millones de dólares estimados por la venta de la vacuna Covid-19 han aumentado considerablemente el interés de las empresas farmacéuticas por la investigación sobre vacunas. Para los participantes en esta investigación, el cálculo es diferente. En los países en desarrollo «hay personas que necesitan desesperadamente atención médica y a las que sólo les queda el consuelo y la esperanza al haber participado en la investigación médica», dijo Harriet Washington, experta en ética médica y autora del reconocido libro «Medical Appartheid«.

Esta situación desesperada es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en los países menos ricos, según Harriet Washington. También indicó que la relativa falta de vigilancia y los menores costos de operación son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en la investigación de la vacuna Covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «‘trabajan’ a un costo menor que los habitantes de Estados Unidos o de Alemania», dijo.

El problema ético que se plantea -las personas de los «países en desarrollo» tienen menos acceso a los avances médicos aunque asuman una parte desproporcionada del riesgo que permite desarrollarlos- es anterior a la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Harriet Washington. «Es un esquema constante; lo verá siempre, cualquiera que sea el caso que investigue.»

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Independientemente de que participen o no en las investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos a menudo no pueden acceder a los avances médicos que salvan vidas pero cuyo precio está a veces fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del medicamento contra la hepatitis C, el sofosbuvir, es una ilustración clara y trágica de lo mortal que resulta esta dinámica. En el Brasil, sólo una de cada siete personas que necesitan este medicamento vital lo había recibido al mes de junio de 2019. En este país, miles de personas han muerto por esa enfermedad, que es curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable. Aunque al cabo de cierto tiempo muchos medicamentos terminan por estar disponibles, el acceso a los mismos suele retrasarse para las personas de los «países en desarrollo», como ocurrió con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unos 15 millones de personas infectadas en todo el mundo, unos medicamentos que, por otra parte, llegaron a algunos países pobres más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

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«Observamos que se producen retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, ya sea que se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dijo el Dr. Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de Duke. «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tantos beneficios». Por lo tanto, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de los donantes, «que es siempre inferior a la que desearíamos», dijo.

Las consecuencias mortales de un atraso en el acceso a la vacuna Covid-19 se van a manifestar durante el año 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo en 2021 dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrán dosis suficientes, mientras que los países ricos acumulan reservas de vacunas.

Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la Alianza de salud pública y privada, Gavi [una estructura internacional establecida en 2000 en la que participan los fabricantes de vacunas, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates cuyo principal objetivo es asegurar la inmunización en los países pobres] busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20% de su población para finales de 2021. Pero incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar y queda «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo.

Algunas personas que trabajan en el campo de la salud pública han manifestado su exasperación por la actitud de Gavi. «El primer día, cuando se vacunó a la primera persona en el Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en desarrollo», dijo Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos Sin Fronteras. «Pero eso no ocurrió. Y no sabemos cuándo recibirán las dosis necesarias los países en vías de desarrollo.

Kate Elder señaló que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de las vacunas se ve obstaculizado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «La Alianza Gavi nunca denunciará el nacionalismo a propósito de las vacunas porque sus mayores donantes -como el gobierno británico- son los miembros más poderosos de su junta directiva», dijo.

El Banco Mundial aporta una ayuda adicional para la distribución de la vacuna, pero esta ayuda se hace bajo forma de préstamos que los países pobres tendrán que devolver. Debido a las demoras, es muy probable que muchas personas de los países de bajos ingresos no reciban la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que provocaría un número desconocido de muertes.

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«Estamos ante un apartheid mundial en materia de vacunas», dijo Zain Rizvi, investigador de derecho y política en Public Citizen, quien predijo que el retraso en la vacunación será «desastroso».

Public Citizen propuso varias soluciones para que los Estados Unidos amplíen el acceso a las vacunas, entre las cuales la construcción de nuevas instalaciones de producción y el aprovechamiento de una ley poco conocida [28 U.S. Code § 1498 Patent and copyright cases] que le permite al gobierno ignorar las patentes de las empresas sobre las invenciones que financia. Mientras tanto, Kenya, la India y Sudáfrica presentaron [en octubre de 2020] a la Organización Mundial del Comercio (OMC) una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, que fue apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por los países ricos, incluidos los Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, el Reino Unido y Australia. [Suiza también se opone, véase la revista Bilan, 17-12-2020]

Pero la renuncia a la patente es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El conocimiento del proceso de fabricación es, a corto plazo, un problema más importante que los derechos de patente», dijo James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. James Love citó el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal de EE.UU. que ya se ha comprometido a no aplicar la patente de su vacuna. «Pero aún así no se puede fabricar su vacuna si no se sabe cómo fue fabricada», dijo Love. «Hay que obligar a quienes conocen ese proceso a compartirlo porque estamos ante una gran pandemia».

Mientras que el gobierno de EE.UU. y las empresas que ha financiado para fabricar vacunas ya han recibido créditos por haber contribuido a poner fin a la pandemia, Love destaca un problema grave: los contribuyentes se vieron obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas.

«Para algunos, es un éxito masivo porque la innovación es bastante buena», dijo James Love. «Pero la realidad es que el gobierno tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó pésimos contratos, por lo que terminamos teniendo muy pocos derechos sobre los inventos que financiamos todos.»

El problema podría haber sido evitado, según James Love. «El gobierno podría haber incluido un intercambio obligatorio de conocimientos técnicos en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar en cuanto esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas clínicas», dijo. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en desarrollo a acceder tardíamente a las vacunas».

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La administración Trump fue particularmente generosa con la industria farmacéutica, al eliminar las protecciones habituales de algunos de sus contratos [los contratos federales habituales garantizan que las invenciones desarrolladas con financiación gubernamental estén disponibles para el público «en condiciones razonables»]. Evitó los esfuerzos internacionales que buscaban mancomunar los recursos para luchar contra la pandemia. Pero todavía no es demasiado tarde para que el país dé un paso atrás.

«El presidente electo Biden tiene la posibilidad de invertir la situación», dijo Zain Rizvi de Public Citizen. «Puede tener una visión más amplia y compartir la ‘receta’ de la vacuna, ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar rápidamente el aprovisionamiento».

Los dilemas éticos planteados por la investigación sobre la vacuna Covid-19 en países que quizás no puedan acceder a la misma durante años pueden resolverse, según Harriet Washington. «Las desigualdades son fáciles de corregir», dijo. «Sólo hay que tratar a las personas [que viven] en el mundo en desarrollo de la misma manera en que se trata a las demás». (Artículo publicado en The Intercept, 31-12-2021)