Nicaragua: Grupo de Expertos de la ONU denuncia la revocación masiva de credenciales de abogados y advierte de un grave golpe a los derechos humanos
Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, 13-7-2026
Correspondencia de Prensa, 16-7-2026
GINEBRA/PANAMÁ – El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas denunció la eliminación repentina de numerosos abogados y notarios por parte del Gobierno, y advirtió que la medida ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa.
Los testimonios de las personas afectadas indican que, en términos generales, no hubo notificación previa, no se proporcionó fundamento jurídico y no se emitió ninguna explicación oficial. La mayoría solo tuvo conocimiento de la medida cuando intentó ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o introducir su nombre en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y comprobó que ya no figuraba en él.
“Durante la última semana, se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión,” afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. “Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada.”
La injerencia en el ejercicio de la profesión jurídica en Nicaragua no es nueva. En 2023, las autoridades suspendieron de manera arbitraria y permanente a por lo menos 28 abogados. Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia también ha rechazado arbitrariamente renovar los “quinquenios” notariales obligatorios de otros abogados, impidiéndoles continuar ejerciendo funciones notariales.
Las medidas recientes se producen tras una amplia depuración del sistema judicial que está en marcha desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y varios altos funcionarios fueron destituidos. Desde entonces, ocho magistrados y magistradas han renunciado o han sido obligados a dejar sus cargos, y más de un millar de funcionarios judiciales han sido despedidos.
La reforma constitucional de 2025 culminó este proceso: despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como un «órgano» que la Presidencia «coordina,» y redujo el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 16 a 10, todos nombrados luego de ser propuestos por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas,” afirmó Reed Brody, miembro del Grupo. “Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente. En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar.”
Toda injerencia injustificada en las credenciales profesionales socava gravemente las instituciones de justicia y crea importantes obstáculos para la prestación de servicios jurídicos.
Entre las presuntas víctimas figuran exmagistrados y abogados en el exilio, así como antiguos miembros del partido gobernante sandinista y otras personas sin una afiliación política claramente identificable.
“Los abogados han sido víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018”, afirmó Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos. “Han sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión.”
El Grupo de Expertos subrayó que la exclusión arbitraria de abogados y notarios de los registros oficiales tiene graves consecuencias para el derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia. Puede impedir que las personas obtengan representación legal, realicen trámites jurídicos y ejerzan sus derechos ante los tribunales. Estas medidas debilitan aún más la administración de justicia.
***
–El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Creado en marzo de 2022, su tarea es llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Los miembros expertos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fueron nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recopilar datos sobre presuntas violaciones de derechos humanos, recoger información imparcial y proporcionar análisis independiente.