Trabajadores sociales distribuyen ayuda a los inmigrantes que viven en tiendas de campaña cerca de la comisaría del distrito 17, en Albany Park. Foto: Monica Eng/Axios
International Socialism Project, 17-12-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 29-12-2023
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson’s (Partido Demócrata), entró en su octavo mes en el cargo tras una serie de fracasos de gran repercusión que llevaron incluso a algunos de sus más fervientes partidarios a preguntarse qué había pasado. El más destacado de ellos tuvo su origen en los intentos de la ciudad de alojar y brindar otros servicios a los más de 20.000 solicitantes de asilo, inmigrantes que han llegado a Chicago desde 2021.
Chicago representa un test sobre cómo una ciudad «santuario» puede acoger una afluencia de migrantes, siendo que no menos 2,4 millones de demandantes de asilo han cruzado la frontera sur en el último año. Cientos de migrantes llegan semanalmente en autobuses enviados por los gobernadores derechistas (Partido Republicano) de Texas y Florida.
La táctica de los gobiernos de derecha de fletar autobuses para exportar emigrantes a ciudades «liberales» tiene su origen en los «viajes invertidos a la libertad» que los supremacistas blancos del sur organizaron a principios de los años sesenta. Estos «regresos a la libertad» eran una creación de los Consejos de Ciudadanos Blancos (White Citizens’ Councils) que compraban billetes de autobús hacia las ciudades del norte para los trabajadores negros pobres. La idea era demostrar que «el norte» era hipócrita en sus críticas a la segregación en el sur, y que el norte liberal no era más acogedor para los inmigrantes negros que el sur. Como escribió Jesús Flores, en South Side Weekly,
Aunque hubo esfuerzos para ayudar a los viajeros de la libertad [invertida] en Chicago y en otras ciudades, éstos llegaban a centros urbanos cuyas redes de seguridad social ya eran insuficientes para sus residentes negros. En las ciudades que los recibían, varias organizaciones, incluidas las secciones locales de la NAACP, jefes religiosos y la Urban League, trataron de ayudar a los pasajeros de la libertad invertida. Pero, como señaló Lloyd General en un informe para el Chicago Defender, «las emigrantes víctimas llegaron a su destino y descubrieron que todos los recibían con mucha simpatía, pero no podían encontrar trabajo».
Las ciudades no tuvieron más remedio que admitir que no tenían capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de los nuevos inmigrantes, ya que apenas podían cubrir las de su población negra ya existente.
Los «viajes invertidos a la libertad» fracasaron finalmente ante la organización de los derechos civiles y la decisión de los líderes empresariales y gubernamentales de acabar con la segregación. Pero sí dejaron un ejemplo a seguir para gobernadores como el de Texas, Greg Abbott, y el de Florida, Ron DeSantis. Y, hasta ahora, la maniobra ha demostrado lo mal equipados que están los gobiernos locales de los «estados azules» (gobernados por los demócratas) y sus maltrechas redes de seguridad para atender las necesidades de los inmigrantes.
Mientras el número de inmigrantes en Chicago aumentaba en el último año, la ciudad -bajo dos administraciones consecutivas- se mostró muy indolente. Durante meses, asignó a los migrantes, incluidas familias enteras, a permanecer en refugios de la ciudad, comisarías de policía y aeropuertos, dejando la ayuda a los migrantes con comida, ropa y asistenciaen a los voluntarios comprometidos. Gastó más de 300 millones de dólares, pero dado que una gran parte de ese dinero fue destinado a contratistas privados que no han llenado realmente el vacío dejado por un sistema de seguridad estatal reducido. De hecho, como demostró una investigación del Block Club Chicago, los contratistas privados seleccionan, poseen y gestionan los «refugios urbanos». La ciudad paga un alquiler más alto a estos propietarios de lo que podrían ganar alquilando sus locales a clientes comerciales.
Mientras que la ciudad tiene dificultades para acoger a unos 24.000 inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, pudo acoger e integrar, casi sin ruido ni controversia pública, a unos 29.000 refugiados de la guerra de Ucrania con Rusia. Para entender por qué, debemos considerar la política de inmigración de EE.UU. a la luz de su política exterior.
El sistema de inmigración estadounidense es un mosaico de leyes y programas que, en última instancia, sirve a los objetivos de la política económica y exterior de Estados Unidos. Y las instituciones de política exterior de Estados Unidos y Europa Occidental se han alineado detrás de Ucrania por razones que tienen más que ver con infligir un golpe a su rival ruso que con apoyar el derecho de Ucrania a elegir su propio destino. Uno de los subproductos de ese apoyo es el respaldo del gobierno estadounidense a los ucranianos para que emigren a EE.UU. y a otros países.
En el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, la administración Trump invocó el Título 42 de una ley de salud pública de 1944 que prohibía la inmigración a EE.UU. por motivos de «sanitarios». Antes de que la administración Biden levantara totalmente la prohibición del Título 42 a principios de este año, hizo una excepción para los ucranianos tras la invasión rusa de su país en 2022. En virtud de la excepción, se permitió a los ucranianos emigrar a EE.UU. -durante un año- antes de que la administración levantara la prohibición para todos los inmigrantes.
Como señaló Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras-Estados Unidos: «Las excepciones al Título 42 para los ucranianos demuestran que el gobierno estadounidense es perfectamente capaz de tratar a las personas con eficacia y dignidad cuando dedica los recursos necesarios y cuando existe voluntad política para hacerlo». «Debe permitirse a las personas solicitar asilo en función de su necesidad de protección y no en función de su nacionalidad, origen, raza o etnia, de acuerdo con la legislación nacional e internacional de EE.UU….»
Tras la invasión rusa, el gobierno de Biden también anunció un programa «Uniting for Ukraine» (Unidos por Ucrania) que otorga residencia temporal, una tarjeta de Seguridad Social y autorización de trabajo inmediata a quienes vengan a EE.UU. Pavlo Bandriwsky, vicepresidente de la sección de Illinois del Ukrainian Congress Committee of America, declaró a Axios: «El programa Unidos por Ucrania está siendo considerado [por los federales] como un modelo para la futura inmigración a EE.UU. . . . porque brinda cierto apoyo y responsabilidad, para que la gente no sea simplemente arrojada a tiendas de campaña y se le diga: ‘arrégleselas por su cuenta'».
En otros términos, si los gobiernos federal, estatales y locales quisieran elaborar una solución a la actual crisis migratoria, no es imposible hacerlo. Pero ofrecer un futuro seguro a los migrantes no ucranianos que llegan a la frontera sur no encaja con los objetivos geopolíticos de la política exterior estadounidense. De hecho, gran parte del flujo migratorio -por ejemplo, desde Venezuela- es un resultado directo de la política estadounidense. En Venezuela, Estados Unidos mantiene desde hace años sanciones económicas contra el gobierno de Maduro.
En la era política actual de migraciones masivas debidas a la pobreza, el cambio climático y la guerra, las repercusiones políticas en los países «receptores» han sido, por lo general, la polarización de la política hacia la derecha, y la extrema derecha. La importante victoria del Partido de la Libertad de extrema derecha en los Países Bajos constituye tan sólo el ejemplo más reciente.
En Estados Unidos, la política antiinmigración ha sido el caballo de batalla de los elementos más comprometidos del Partido Republicano y de las organizaciones de extrema derecha que gravitan a su alrededor. El odio antimexicano y anti musulmán llevó a Donald Trump a la cabeza del Partido Republicano en 2016, una posición que, desde entonces, no ha perdido. Ya ha dejado claro que, si llega a la Casa Blanca el año que viene, se compromete a enviar a los inmigrantes indocumentados a campamentos antes de proceder a deportaciones masivas.
Los mini-Trump como Abbott y DeSantis ya nos han mostrado cuál es su posición. Si sus acrobacias antiinmigración son sólo maniobras de provocación o si tienen en mente alguna estrategia a más largo plazo es irrelevante en este momento. Lo que sí han conseguido es aumentar la política antiinmigración de derechas en la América «azul».
Esto emanó, en primer lugar, de políticos como Eric Adams, alcalde demócrata del ala derecha en Nueva York. En Chicago, muchos de los cabecillas anti inmigrantes han sido los elementos derechistas del Partido Demócrata que apoyaron a Paul Vallas contra Brandon Johnson’s (ambos demócratas) en la carrera por la alcaldía a principios de este año.
Pero no podemos ignorar que esto también conmovió a la gente corriente, e incluso a los llamados líderes progresistas. Puso al descubierto el debilitamiento de la red de protección social en estas ciudades, llevando a la gente a preguntarse por qué los inmigrantes deben recibir ayudas cuando hay tantas personas sin hogar. O por qué los centros comunitarios y otros recursos otorgados a los barrios negros y de población mestiza deberían destinarse de los inmigrantes siendo que ellos mismos han sido abandonados durante años. Los defensores que, durante décadas, han luchado para que los inmigrantes obtuvieran la autorización para trabajar legalmente manifiestan su frustración por haber sido pasados por alto en el enfoque actual sobre los inmigrantes.
En el Chicago «progresista», esto ha alimentado una especie de política de suma cero en la que la ganancia de un grupo se ve como la pérdida de otro: Negros contra mestizos, recién llegados contra inmigrantes establecidos, incluso estado contra ciudad. A medida que los autobuses de inmigrantes llegaban a la ciudad ese último año, se produjo una avalancha de apoyo a los inmigrantes por parte de grupos de ayuda mutua y voluntarios. Pero está claro que los voluntarios y las donaciones no pueden hacer frente a la crisis, y ésta puso en evidencia lo poco preparados que están la ciudad y el estado.
La administración ha intentado dejar de lado la cuestión mediante maniobras burocráticas. Pero no lo logró.
En noviembre, el alcalde y sus aliados intentaron cerrar el debate sobre una resolución que algunos concejales de derechas habían propuesto para celebrar un referéndum sobre el estatuto de Chicago como ciudad santuario desde hace casi 40 años. Esto provocó un altercado entre los líderes de la bancada negra del ayuntamiento y los aliados del alcalde (Brandon Johnson’s), durante el cual la bancada negra acusó al líder de la bancada oficialista, el miembro de la DSA (Democratic Socialists of America) Carlos Ramírez Rosa, de haber agredido físicamente a la decana de la bancada negra, Emma Mitts (conservadora, que apoyó a Vallas en la pugna por la alcaldía). En el debate que siguió, (Brandon) Johnson’s forzó la renuncia de (Carlos Ramirez) Rosa como jefe del hemiciclo y presidente del Comité de Urbanismo (Zoning Committee).
Las imágenes de la confrontación que aparecieron posteriormente en la televisión pusieron en tela de juicio muchas de las acusaciones contra Rosa. Pero lo que no se cuestionó fue que la «izquierda» del ayuntamiento intentara desviar un debate en lugar de abordarlo de frente, con un mensaje pro inmigración y pro-solidaridad. Puede que la «derecha» del ayuntamiento manipulara la situación para anotarse algunos puntos contra la «izquierda», lo que consiguió. Pero eso no habla muy bien de la perspicacia política de la «izquierda».
Pero las artimañas de la derecha no bastan para explicar los movimientos siguientes de Johnson’s. Estaban todos contra él.
En septiembre, (Johnson’s) anunció un plan para construir un «campamento de invierno» en un terreno industrial abandonado en el barrio de Brighton Park, de mayoría latina, de la ciudad. Además, sin anunciarlo, la ciudad siguió adelante y firmó un contrato de 29 millones de dólares con la empresa contratista militar GardaWorld, para construirlo. Los activistas por la justicia medioambiental y los derechos de los inmigrantes -muchos de los cuales habían trabajado para la elección de Johnson- se opusieron al plan. Cuestionaron por qué la ciudad haría un contrato entre bastidores con GardaWorld sin intentar siquiera invertir dinero en la rehabilitación de edificios vacíos que tanto los sin techo como los inmigrantes podrían utilizar.
Pese a que una evaluación medioambiental contratada por la ciudad encontró metales pesados tóxicos en el sitio, la ciudad siguió adelante con el proyecto. El emplazamiento estaba en construcción cuando el gobernador de Illinois, Pritzker, suspendió su financiación en diciembre. La decisión de Pritzker confirmó lo que los defensores de la justicia medioambiental habían dicho sobre el lugar, pero incluso políticos de derechas como el concejal Ray López pudieron burlarse de lo «asombroso» que resultaba que Johnson’s y sus asesores hubieran pensado alguna vez que se trataba de una buena idea.
La administración de Johnson’s se esfuerza ahora por encontrar un plan B, después de haber anunciado ya un límite de 60 días para la permanencia de los inmigrantes en los albergues de la ciudad. Mientras tanto, la crisis de los inmigrantes no desaparecerá, ya que gente como Abbott y DeSantis van a seguir con su voluntad de alimentar la narrativa derechista de Chicago como una ciudad «fuera de control» en vísperas de la convención demócrata. Pritzker, que tiene aspiraciones más altas, tampoco hará ningún esfuerzo por ayudar a Johnson’s.
La «ayuda» puede venir de Washington, pero no una ayuda que mejore la vida de los inmigrantes o de los trabajadores. Para conseguir su paquete de ayuda militar de miles de millones de dólares para Ucrania e Israel, la administración Biden está ofreciendo, al parecer, a los republicanos múltiples cambios políticos para aumentar la represión en la frontera y restringir los derechos de los solicitantes de asilo. Según fuentes internas, vincular el paquete de ayuda exterior a la política fronteriza ¡fue idea de la administración Biden! «Es un error de cálculo total de proporciones históricas», dijo a The Hill un defensor de los derechos de los inmigrantes. «Pensar de alguna manera que se puede aventajar a Trump aplicando su programa legislativo antes de que pueda ganar, es absurdo».