Ilustración de Divergentes, (fragmento)
La persecución política que mantiene la dictadura Ortega-Murillo contra mujeres activistas ha hecho que muchas de ellas decidan no ser madres. Sin embargo, se enfrentan a una doble clandestinidad: la de su activismo y la de decidir sobre sus cuerpos.
Divergentes, 18-9-2023
Correspondencia de Prensa, 18-9-2023
Cuando Ángela miró que la prueba de embarazo salió positiva en abril de 2022 tuvo muchos sentimientos encontrados. Algo muy dentro de ella reconocía que quería experimentar la mternidad, pero no en las condiciones en que se encontraba, relató a Divergentes la joven de entonces 21 años.
“Soy una perseguida política del régimen Ortega-Murillo”, explica. Ángela era activista feminista y también periodista. En menos de seis meses había sido forzada a mudarse tres veces de casa por el acoso y las amenazas de detención de policías, paramilitares y fanáticos del Frente Sandinista. En las viviendas en las que se instaló siempre aparecían patrullas y la perseguían a cada lugar que se movilizaba.
“Estaba muy afectada, quería en algún momento embarazarme conscientemente y ver mi panza crecer, pero tenía miedo porque era una perseguida política. Pensaba, ¿qué va a pasar si un día la policía me agarra y tengo una panza de seis meses? ¿Me van a hacer abortar? ¿En qué condiciones voy a abortar? ¿Y si me hacen tener un bebé en la cárcel?”, se cuestionó la joven.
Ángela ni siquiera podía imaginarse en un futuro cercano como madre porque se veía en una cárcel, junto con las más de 200 personas presas políticas que estaban recluidas en esas fechas en las prisiones de Nicaragua. Lo único que tenía en mente era resguardar su seguridad, así que interrumpir el embarazo fue la opción que finalmente decidió. A partir de aquí arrancó otro suplicio para la joven activista.
Nicaragua es uno de los tres países de las Américas que penaliza de manera absoluta el aborto, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el feto no tiene posibilidad de vida y cuando el embarazo es producto de una violación, de acuerdo con Amnistía Internacional. El procedimiento fue penalizado de manera inconstitucional en el año 2007 por el régimen sandinista, pese a ser una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo tienen que hacer en la clandestinidad, muchas veces de manera insegura y sin garantías médicas. Aunque esta penalización afecta a todas las mujeres, las adolescentes y las niñas del país, desde el inicio de la crisis sociopolítica, impacta de manera particular a las mujeres activistas y perseguidas por el régimen, explicó Mariana, defensora de derechos humanos que habló con Divergentes bajo condición de anonimato.
Según la defensora, las mujeres activistas no tienen acceso a los servicios de salud que brindaban las organizaciones de derechos de las mujeres que fueron cerradas por el régimen sandinista. Las que han decidido interrumpir su embarazo tienen temor de acudir a las instituciones médicas por el riesgo de ser arrestadas por su activismo y por cometer “un delito”. Es decir, el riesgo para ellas aumenta doblemente bajo la administración de una dictadura como la nicaragüense.
Silencio absoluto sobre el aborto
En Nicaragua este derecho básico para la salud es inexistente. Si antes hablar del aborto en el país era complicado, ahora está totalmente prohibido, manifestó la socióloga y feminista, María Teresa Blandón.
“Muchas de las activistas y las personas que apoyaban (la interrupción del embarazo) se han tenido que ir del país o están en el exilio, y las personas que pudieron haber tenido alguna sensibilidad en las instituciones sanitarias ahora tienen más miedo”, explicó.
El silencio absoluto que hay sobre el aborto en Nicaragua también se debe al cierre arbitrario de las organizaciones feministas, que hasta la fecha, 212 han sido despojadas de su personería jurídica, según los datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
“Nadie está hablando de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el tema de los embarazos no deseados, embarazos producto de la violencia sexual o embarazos de altos riesgos”, señaló Blandón.
La falta de información sobre el aborto también es más palpable que nunca. En Nicaragua no hay información sobre la cantidad de mujeres que tienen complicaciones médicas o que fallecen debido a los abortos clandestinos. Según la OMS el 45 % de los abortos en el mundo se realizan en condiciones peligrosas.
La crisis sociopolítica ha agudizado la indefensión de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus embarazos. Según Blandón, nadie sabe lo que está ocurriendo en los hospitales y el impacto que tiene la penalización del aborto sobre la vida de las mujeres. La prohibición de la interrupción del embarazo con represión y sin represión ha violentado profundamente los cuerpos de las mujeres, aclara, pero ahora es imposible defender ese derecho.
Aunque el Estado y las instituciones de salud tienen conocimiento de que los abortos se siguen realizando en la clandestinidad, nunca se han encargado de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por el contrario, desde el inicio de la crisis, el régimen Ortega-Murillo la mantiene en un total estado de abandono.
Esta situación se agudiza con el cierre arbitrario de todas las organizaciones feministas que antes de su cancelación brindaban servicios médicos enfocados en la salud sexual y reproductiva, especialmente para las mujeres, las adolescentes y las niñas en situación de pobreza de áreas urbanas y rurales.
Tras el cierre de estos espacios, el régimen no ha garantizado estos servicios que fueron interrumpidos, sino que los servicios que ya se ofrecían desde las instituciones de salud son cada vez más deteriorados, como en el caso de las Casas Maternas, añadió Blandón.
“Lo que sabemos es que las mujeres, especialmente las más pobres de zonas urbanas y rurales, dicen que muchas veces no van a los hospitales porque no las atienden, les dan los resultados del papanicolau tardíamente, no les brindan los métodos anticonceptivos o no les permiten acceder a métodos anticonceptivos permanentes porque les dicen que son muy jóvenes o tienen muy pocos hijos”, explicó.
“No quiero que mi hijo nazca en una dictadura”
Ángela tomó la decisión de interrumpir su embarazo porque no quería que su hijo naciera en un contexto de persecución o cárcel. Su trabajo de activista y periodista la pusieron en el foco de atención del régimen sandinista.
“No quiero que un hijo mío nazca en una dictadura. No me imagino criando a alguien si tengo traumas por todo lo ocurrido desde 2018. Es terrible que tuviera que rechazar mi vida de madre por el régimen, ¿hasta dónde se ha metido esta gente en nuestras vidas?”, expresó la joven de ahora 22 años.
Para continuar con el proceso de interrupción, Ángela contactó a una ginecóloga de confianza que le ayudó a continuar con el procedimiento de manera segura desde su hogar. Aunque antes de aplicarlo tuvo que cambiarse nuevamente de vivienda porque donde residía había acoso policial.
Ya en un lugar seguro, en compañía de su pareja y con el acompañamiento de su doctora a través del teléfono, siguió el proceso según las indicaciones. Fueron 18 horas de procedimiento, sangrado y dolores. También fueron 18 horas de preocupaciones, miedos y dudas. Aunque Ángela ya había acompañado a amigas a interrumpir sus embarazos, experimentarlo fue bastante diferente.
“A pesar de que abortemos por decisión, igual es un duelo. Son cambios físicos y emocionales que activan todos los constructos sociales que nos enseñan desde niñas y las culpas que nos imponen”, explicó la joven.
Además de que el aborto es un proceso físico y psicológico que puede ser complejo para las mujeres, realizarlo en la clandestinidad, vivirlo de manera secreta y cargar con el estigma social, lo hace aún más difícil. “Tenía que ocultarlo a las personas y recuperarme en silencio. No se lo conté a nadie, mis padres no lo sabían”, indicó Ángela.
Solo dos meses después de esto, tuvo que exiliarse de Nicaragua junto con más de una docena de periodistas, tras una nueva ola de capturas arbitrarias ejecutadas por la policía.
Actualmente se encuentra en un país de Europa como refugiada, sin la posibilidad de regresar a su casa y a su país que vive un contexto más represivo para la prensa independiente: al menos 93 periodistas nicaragüenses se exiliaron durante 2022, según Voces del Sur, y existen alrededor de 185 periodistas exiliados desde el inicio de la crisis sociopolítica, según una sistematización realizada por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
A pesar de verse forzada a salir de su país, el exilio le mostró a Ángela que tomó la decisión correcta para su vida. “Tuve que salir de Nicaragua después de esa situación y agradezco no haber estado embarazada. No me imagino estar actualmente en el exilio y criando a un bebé”, expresó.
Mientras en Nicaragua Ángela vivió la interrupción de su embarazo llena de temores por los peligros penales que conllevaba, en el país en que se encuentra actualmente las mujeres lo viven de manera diferente.
Ángela cuenta que hasta ahora ha acompañado a dos amigas a realizarse este procedimiento y no tuvieron complicaciones para acceder a él. También señala que durante los chequeos ginecológicos incluso le preguntaron si alguna vez había tenido un aborto, pues es una información necesaria para el historial médico de las mujeres.
“Las leyes violentas y represivas que han tomado Ortega y Murillo contra las mujeres obliga a las mujeres que decidan entre la vida y la muerte cuando estamos ante un aborto”, manifiesta.
Centroamérica, una región con los derechos sexuales y reproductivos en declive
Centroamérica es la región de las Américas con las políticas más restrictivas en cuanto a la salud sexual y reproductiva. En esta zona, se concentran los tres únicos países que penalizan de forma absoluta el aborto: Nicaragua, Honduras y El Salvador, siendo este último el más restrictivo del mundo, pues incluso sanciona los abortos por emergencias obstétricas.
Y si bien Guatemala y Costa Rica tienen despenalizado el aborto por la causal de salud, en realidad las instituciones muy pocas veces garantizan este procedimiento a las mujeres que lo necesitan, revela el estudio Leyes y Sombras: Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe, realizado por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).
Así que en la práctica, el acceso al aborto en Centroamérica es casi imposible, independientemente de la circunstancia en que se encuentren las mujeres, las niñas o las adolescentes. Pese a que los países tienen compromisos internacionales para garantizar este servicio de salud, los Estados se niegan a cambiar sus legislaciones.
El último caso que hizo temblar la región fue la demanda Beatrizvs El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (https://www.divergentes.com/caso-beatriz-feministas-entusiastas-fallo-despenalice-aborto-region/). Se trata de un juicio en el que se acusa al Estado de El Salvador de violentar los derechos de Beatriz al negarle la interrupción del embarazo de manera oportuna, cuando era el procedimiento necesario para salvar su vida por tener un embarazo de alto riesgo.
Es el segundo juicio al que se somete a El Salvador por violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que requieren interrumpir su embarazo. Y un fallo a favor de Beatriz podría significar una esperanza para las mujeres salvadoreñas y centroamericanas, que además de sentar un precedente de la necesidad de garantizar este servicio, podría cambiar las legislaciones.
El impacto que ha tenido la penalización del aborto sobre las mujeres en la región y sobre las activistas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua, es incierto, dice Mariana, defensora feminista. Sin embargo, así como Ángela, todas acceden a él con riesgos, temores y en la clandestinidad, a conciencia del Estado.