Fernando Haddad. (REUTERS/Adriano Machado)
Asociaciones público-privada: la trampa que se tendió el gobierno
Fernando Haddad propone la asociación público-privada (APP) como solución a la falta de recursos públicos, estrangulada precisamente por el marco fiscal. La tragedia de las prisiones estatales muestra lo peligrosa que puede ser esta peculiar forma de privatización.
Outras Palavras, 1-8-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 3-8-2023
Las buenas noticias de la coyuntura económica inmediata ensombrecen las difíciles perspectivas que ya se vislumbran para la economía a medio y largo plazo. La más reciente luna de miel del sector financiero con el ministro de Hacienda apunta a las verdaderas propuestas que el sector gubernamental viene planteando para la crisis de estancamiento estructural en el ritmo de actividad que vive el país desde hace tiempo. Se trata de preservar la austeridad fiscal, mantener intocada la esencia del entorno favorable al rentismo financiero y estimular el avance del capital en áreas hasta ahora reservadas al Estado.
A un observador desprevenido puede parecerle extraño que haya tantos titulares alabando la austeridad fiscal del nuevo marco, editoriales elogiando las medidas contenidas en la propuesta de Reforma Fiscal e incluso portadas positivas para Fernando Haddad en los mismos semanarios que llevan décadas demonizando a Lula y al Partido de los Trabajadores. ¿Qué explica esta aparente paradoja? De hecho, las mismas 60 personas de la flor y nata del sistema financiero que respondieron a la famosa encuesta de Quaest sobre el gobierno mostraron que creían en la capacidad del ex alcalde de São Paulo, pero mantenían una desconfianza muy elevada hacia el presidente de la República.
El hecho concreto es que las restricciones contenidas en el PLP 93 (Proyecto de Ley Complementaria) que establece las bases del Nuevo Marco Fiscal, apuntan a una continua reducción de la capacidad del Estado brasileño para recuperar su necesario protagonismo en la esfera de la economía. La propuesta elaborada por Haddad, tras consultar sólo al presidente del Banco Central y a algunos responsables de bancos e instituciones financieras, mantiene la búsqueda de un superávit primario y consolida las reglas para que los gastos presupuestarios no puedan crecer al mismo ritmo que los ingresos. Así, el gasto sólo puede aumentar en un 70% del aumento de los ingresos fiscales.
El techo de Haddad y la reducción del gasto público
La perpetuación del demoníaco espíritu de austeridad en el manejo de las cuentas públicas anuncia graves dificultades en los próximos ejercicios. El mantenimiento de áreas esenciales como la salud y la educación, por ejemplo, en la contabilidad del nuevo techo de Haddad ya ha hecho que los responsables del Tesoro Nacional anuncien, desde marzo, la necesidad de enviar una propuesta para eliminar del cuerpo de la Constitución los mínimos obligatorios para establecer partidas presupuestarias para estos sectores. La intención es eliminar la vinculación obligatoria de los gastos en salud (15%) y educación (18%) a los ingresos corrientes del gobierno federal. Se trata de una locura de inspiración liberal, que ni siquiera los gobiernos Temer/Meirelles y Bolsonaro/Guedes han conseguido realizar.
Además de estos dos grupos más sensibles de los servicios públicos, hay una serie de otros sectores que sin duda se verán comprometidos por el nuevo marco fiscal. Las necesidades en ciencia, tecnología e innovación, en políticas de combate al hambre y a la pobreza, las necesidades en el área del medio ambiente, las políticas públicas en agricultura familiar, las medidas de saneamiento, los presupuestos de seguridad social y varios otros campos no podrán contar con recursos presupuestarios acordes con las necesidades reales de la mayoría de la población. Por otro lado, las aportaciones fundamentales de recursos a las empresas estatales y a los bancos públicos federales también se verán limitadas por las nuevas reglas. Puede que Brasil esté remontando, pero el Estado se está quedando atrás.
Para hacer frente a esta situación, Haddad ya anunció desde el principio lo que presenta como una solución milagrosa a la falta de recursos que él mismo contribuyó a crear. Es importante señalar que el Gobierno se ha tendido una trampa en la conducción de la política fiscal. Si la política monetaria ya había sido secuestrada desde la administración Bolsonaro con la aprobación de la ley de independencia del Banco Central, el nuevo gobierno ha optado por entregar -por voluntad propia- todo el potencial que existe en la política de gasto público. Así, la estrategia para recuperar el nivel de inversión en la economía depende ahora predominantemente de la acción y el interés del capital privado.
La APP: privatización de los servicios públicos
Ante tal situación de limitada acción estatal, el Ministro de Hacienda saca de su chistera la magia de las asociaciones público-privadas, las famosas APP. Su uso aumenta en cantidad y calidad. Esta peculiar forma de permitir la privatización de servicios públicos y de otros bienes y servicios en los que el sector público era el principal agente económico se convierte en la norma. Además de la delegación de tales responsabilidades a organizaciones sociales (OS) del sector privado en sanidad y educación, que han avanzado mucho en los 3 niveles de gobierno en las últimas 2 décadas, el gobierno está pidiendo ahora APP a una escala cada vez mayor en proyectos de infraestructuras, medio ambiente, investigación e innovación tecnológica e incluso prisiones. Una locura.
Este es el modelo en el que el capital privado asume la inversión y posterior gestión de áreas estratégicas del Estado brasileño. Podría convertirse en un importante trampolín para el nuevo ciclo de acumulación de capital en el país. El gobierno está preparando una serie de medidas para ampliar el alcance de esas posibilidades de articulación entre los sectores público y privado. Entre las nuevas medidas figura, por ejemplo, la creación de obligaciones incentivadas con garantía del Estado y exención del impuesto sobre la renta de dichos títulos. Este tipo de negocios permite al sector privado apalancar recursos interesados en hacer negocios en áreas que hasta hace poco eran exclusivas del sector público, como salud, educación, saneamiento y seguridad pública.
Una de las principales diferencias radica en la lógica del capital privado. Al realizar inversiones en estos sectores, al inversor sólo le preocupa la tasa de rentabilidad del capital invertido y no la calidad del servicio prestado a la sociedad o al ciudadano. La búsqueda de la llamada “maximización de la rentabilidad” se centra únicamente en el balance excedente entre ingresos y gastos de cada proyecto. Así, al aumentar los ingresos y reducir los gastos, se abre el camino para el aumento exagerado de las tarifas y la disminución injustificada de los gastos asociados a la mejora de los servicios.
La APP no es la panacea para la retirada del Estado
El modelo APP existe desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso pero su uso entusiasta por parte de los gobiernos estatales no sólo se encuentra en las administraciones de los gobernadores del PSDB. Bahía y Piauí, por ejemplo, mantienen desde hace tiempo programas de servicios públicos basados en este tipo de concesión al capital privado. No es casualidad que estos últimos gobernadores se convirtieran en destacados ministros en el tercer mandato de Lula: Rui Costa en la Casa Civil y Wellington Dias en Desarrollo Social. Este fenómeno abre la posibilidad de que este modelo se establezca efectivamente como la regla para la expansión de este tipo de servicio público. Es decir, su transformación en un negocio para el capital privado.
El caso de las APP para prisiones es bastante emblemático de los riesgos y consecuencias de su generalización. El estado de Minas Gerais fue el primero en adoptar el modelo para la Prisión de Ribeirão das Neves. Actualmente está en discusión el apoyo financiero del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) a una demanda del gobernador de Rio Grande Sul. Eduardo Leite (PSDB) pretende utilizar el modelo para una prisión en el municipio de Erechim, con una subasta que se celebrará en la Bolsa de Valores de São Paulo. Hay un simbolismo de interfaz entre las esferas pública y privada.
APP en las prisiones: perpetuar la violencia, la injusticia y la desigualdad
Este es quizás uno de los casos en los que el uso de la APP hace más evidente la contradicción entre el modelo de inversión y gestión privada y la naturaleza intrínseca de un servicio público. La transformación de las prisiones en objeto de acumulación de capital sitúa el encarcelamiento como elemento fundamental para la obtención de ingresos por parte del inversor en busca de su beneficio. Cuanto mayor sea el número de presos, mayor será la rentabilidad de la inversión. Cuanto peores sean sus condiciones, menores serán los gastos y, por tanto, mayor la rentabilidad del negocio. Este objetivo va totalmente en contra del necesario cambio en la política de seguridad pública y encarcelamiento.
Es bien sabido que la composición de la población carcelaria brasileña es mayoritariamente de jóvenes y negros, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En 2022, había 826.000 presos, y los negros representaban el 68% del total. El perfil más joven de este grupo queda demostrado por la presencia de un 46% con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Además, más del 25% del total de presos seguían en prisión provisional, sin juicio ni condena. La privatización de las prisiones está destinada a profundizar esta situación de injusticia y desigualdad.
La incorporación de los objetivos y métodos del neoliberalismo por gobiernos progresistas y de izquierda sólo ha traído terribles resultados en la experiencia internacional. Aún es tiempo de que Lula despierte a la necesidad de impedir que este camino sea adoptado por su gobierno. Los proyectos financieros con incentivos fiscales y garantías gubernamentales para asociaciones público-privadas no pueden convertirse en la panacea para la necesidad de recuperar el papel del Estado brasileño.
* Paulo Kliass, doctor en economía y miembro de la carrera de Especialistas en Políticas Públicas y Gestión del gobierno federal.