Familiares de personas desaparecidas toman la antigua Glorieta de la Palma, en Ciudad de México, como espacio de denuncia de personas que han sido desaparecidas en el país. 5 de junio. Foto: ELIANA GILET
Desde el comienzo de la guerra contra el narco, el Estado mexicano ha buscado establecer la noción de que las muertes y las desapariciones que sacuden ese país son «culpa de los cárteles». Sin embargo, como muestran casos como el de Ayotzinapa, las autoridades públicas tienen un rol clave en esa violencia.
Eliana Gilet, desde Ciudad de México
Brecha, 26-8-2022
Correspondencia de Prensa, 26-8-2022
Desde el comienzo de la guerra contra el narco, el Estado mexicano ha buscado establecer la noción de que las muertes y las desapariciones que sacuden ese país son «culpa de los cárteles». Sin embargo, como muestran casos como el de Ayotzinapa, las autoridades públicas tienen un rol clave en esa violencia.
Pasaron siete años entre que su hijo fue desaparecido y le informaron que había muerto aquel mismo día de su desaparición. Marcela Balderas recibió esa noticia a comienzos de 2018, de un funcionario de la fiscalía de Coahuila, el estado norteño donde nació y donde vive, donde sigue buscando a su hijo Cosme Humberto Alarcón Balderas. Cosme tenía 16 años en el momento de ser desaparecido, en 2011, cuando salía de cubrir un turno como empacador en una cadena de supermercados. Marcela debe seguir buscando a su hijo a pesar de saber que murió, porque, desde hace cuatro años, la autoridad pública tampoco logra encontrarlo.
En 2018, Marcela reconoció por medio de una serie de fotografías del registro forense su perfil lastimado por los impactos de bala, tres, en la cara. El cuerpo estaba herido pero intacto. Fue en Saltillo donde vio las fotos; allí las recibió de parte de un agente del Ministerio Público, Fernando González, quien años después pasó a estar encargado del Plan de Exhumaciones e Identificación Forense del Estado. «Marcela, tú sabes que con tu dolor te puedes equivocar», le dijo el agente judicial, pero hubo un segundo elemento que le dio la razón a la madre. En el expediente donde se hallaron las fotografías de ese cuerpo hasta entonces desconocido, también había una prueba: el proyectil de una de las balas recuperadas del cuerpo. La madre presionó y consiguió que los peritos del nivel federal de investigación criminal le confirmaran que el material genético en esa prueba coincidía en un 99,9 por ciento con la toma que le hicieron a ella. Era su hijo.
«El problema, Marcela, es que al cuerpo lo traemos desaparecido, no sabemos dónde está tu hijo», le dijeron. La primera exhumación de una fosa común donde podría estar el cuerpo de Cosme, en el panteón número dos de la ciudad de Torreón, no dio resultados. Eso ocurrió en noviembre de 2018 y fue la primera vez que las autoridades abrieron sus propias fosas para buscar a un desaparecido. Volvieron a intentarlo en una ubicación distinta en febrero de 2021, y ya un mes más tarde, el 8 de marzo de 2021, se inició un trabajo continuado durante 17 días para la exhumación masiva de las fosas comunes existentes en el panteón público de Torreón. El gobierno federal anunció que este trabajo sentaría el modelo que se replicaría en el resto del país para identificar a los 52 mil cadáveres desconocidos que están en fosas comunes, y que fueron enviados allí desde la explosión de violencia que significó el inicio de la llamada guerra contra el narco, en diciembre de 2006. Hasta el momento, Cosme no ha sido hallado en ninguna de las exhumaciones hechas en Coahuila.
Crisis forense
Es común en México vincular el aumento de la violencia con la guerra al narco, ya que, cuando esta fue lanzada, el país registraba sus más bajos índices de muertes violentas en décadas. Con las desapariciones pasó algo similar y, aunque hay casos registrados desde 1969, su crecimiento exponencial –especialmente a partir de 2010– hizo que hoy el país esté hundido en una crisis de dimensiones inéditas en el mundo, con más de 100 mil personas desaparecidas en este período. Al menos la mitad de ellas, 52 mil, están en manos de la autoridad pública, que las inhumó sin haberlas identificado y que las mantiene desaparecidas, como a Cosme Humberto.
Esta crisis forense mexicana desafía las consideraciones que la legislación internacional en derechos humanos ha pautado para acreditar la participación de los Estados en casos de desaparición forzada. Al presentar su informe tras su visita a México a fines de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas definió el problema, por medio de su presidenta, Carmen Villa Quintana, como «la incapacidad de responder a las inmensas necesidades de identificación de cuerpos y restos localizados, que se agrava por las deficiencias de registro, porque la información suele ser incompleta, estar desactualizada, carecer de datos relevantes, además de que varios registros previstos en la ley general de desaparición, a cargo de la Fiscalía General de la República, aún no han sido creados».
Villa Quintana destacó, sin embargo, el trabajo emprendido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la creación de Centros Regionales de Identificación Humana (CRIH). El primero fue el de Coahuila, asentado en abril de 2020 en Saltillo, donde están resguardados los 737 cadáveres exhumados de 427 fosas comunes de cinco panteones, intervenidos a partir de la insistencia de Marcela, la madre de Cosme Humberto. Según cifras oficiales, a fines de 2021 se habían identificado siete de esos cuerpos, apenas el 1 por ciento.
Hasta el momento, el CRIH de Coahuila enviaba al exterior las muestras genéticas de los cuerpos para confrontarlas con las tomadas a los familiares de personas desaparecidas, ya que no tenía la capacidad técnica para hacerlo localmente. Sin embargo, en el primer semestre de este año, anunció la puesta en marcha de su propio laboratorio de genética, gracias a la capacitación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Pero, al no haber sido hechos en tiempo y forma, los procesos de identificación se han encarecido, elevando el costo debido al deterioro que sufren los cuerpos en las fosas, que requieren forzosamente su análisis de ADN, así como la construcción de buenas bases de datos de los familiares en búsqueda con las que cotejarlos.
Aunque los centros regionales, particularmente el CRIH de Coahuila, han comenzado a construir sus propias bases de datos de información genética, algunos familiares señalaron a Brecha que su reducido tamaño impide las identificaciones. Estas nuevas bases de datos no han logrado desbordar los límites de su delimitación territorial estatal para regionalizarse y encontrar en el resto del país a las familias que buscan esos cuerpos.
Además, las adecuaciones legales hechas para avalar el funcionamiento de los CRIH solo les permiten exhortar a la colaboración de los verdaderos guardianes del proceso: las fiscalías federal y local, y los servicios médicos forenses. Aunque los CRIH tengan acceso a donde se resguarden cadáveres sin identificar, no tienen herramientas para obligar al resto del sistema a que les comparta su información, más allá de apelar a su buena fe.
Universo de casos
A Marcela también la llevaron en su momento con el director de la Escuela de Medicina de Torreón, quien le aseguró que a partir de 2017 habían dejado de aceptar cadáveres para su estudio. Pero «ahí usted chéquele», le dijo el director al franquearle la entrada a una pequeña bodeguita en donde hoy se lleva el conteo de, al menos, 1.500 huesos, de los que no se tiene trazabilidad alguna, ni fechas ni origen. Desde 2013 se prohíbe esta práctica y también la incineración de cadáveres sin identificar.
Antes de la exhumación masiva iniciada en Coahuila en busca de Cosme, la insistencia de otras familias había revelado en 2016 que la fiscalía del estado de Morelos llevaba años alimentando panteones clandestinos, a donde enviaba gente que ni siquiera había pasado por un protocolo forense básico. La identificación de los cuerpos exhumados de esas fosas –y de fosas oficiales– en Tetelcingo y Jojutla, en el sur de México, lleva el mismo lento ritmo que en el otro extremo del país. A comienzos de agosto, se inauguró en Morelos la sede del CRIH a donde se trasladarán los cuerpos exhumados en ese estado. Según comentaron a Brecha algunas de las familias presentes durante la inauguración, el lugar todavía está completamente vacío, por lo que su puesta en funcionamiento aún dista de concretarse.
«Está pasando el tiempo y siento que no lo voy a recuperar, se me hace muy difícil, siento que mis esperanzas se van. Recuerdo el dolor tan fuerte que sentí en los primeros días de la desaparición de mi hijo, cuando me decían que se había ido porque yo lo trataba mal, porque ya no quería vivir conmigo… Y saber ahora que mi hijo falleció ese mismo día, qué angustia el saber que como madre yo lo buscaba vivo, con la esperanza de poder verlo ahí sentadillo. Ya ves que nos dicen que los grupos delictivos se los llevaban para trabajar. ¡Cómo viví con esa esperanza cuando mi hijo ya estaba muerto! Eso me da coraje, me duele. Me da rabia saber que ellos tenían la información y la manera de buscarlo», cuenta Marcela.
Prácticamente una situación idéntica vivió la familia de otro adolescente, Braulio Bacilio Caballero, desaparecido en 2016 a 1.000 quilómetros de distancia de Torreón, en la capital del país. La familia recibió las mismas respuestas que Marcela. Fueron responsabilizados por la desaparición de su hijo mayor –de 13 años–, que les desbarató la vida. La falta de investigación en el sitio donde fue desaparecido ocultó durante casi seis años que Braulio había sido atropellado ese mismo día por una camioneta del transporte público; en cambio, las autoridades alimentaron la hipótesis de que su desaparición se debía a que el niño estaba en situación de calle o que había sido apropiado por una red criminal (véase «Desaparecer en la burocracia», Brecha, 12-VIII-22).
La falta de investigación en la desaparición de Cosme impide aún saber, a una década de lo sucedido, cómo un adolescente que vivía con su madre, que comenzaba la preparatoria y mientras tanto ganaba propinas en un súper terminó sus días de una forma tan violenta y feroz. En los documentos forenses del cuerpo desaparecido de Cosme se indica que había sido hallado a las 8.40 de la noche, bajo el puente Plateado, que conecta los municipios conurbados de Torreón y Gómez Palacio, y hace de frontera entre los estados de Coahuila y Durango. Ese puente, por ser de frontera, tiene un retén permanente de las fuerzas de seguridad, las que poblaron Coahuila desde el estallido de la violencia.
Ayotzi vive
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, es el paradigma de este mecanismo estatal que solapa la verdad con una versión falsa de los hechos. Esta semana fue detenido y procesado el exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de haber fraguado sin pruebas una versión que culpaba únicamente al crimen organizado de la desaparición de los estudiantes, inhibiendo la investigación de una línea de responsabilidad que lleva a los mandos federales de seguridad civil y militar de la época. Luego de detenido Murillo Karam, la Fiscalía General anunció 83 órdenes de captura, que incluyen a 20 mandos del Ejército. Las acusaciones también implican a altos cargos de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Federal, de la Agencia de Investigación Criminal y de otras dependencias federales.
La Justicia documentó ahora el uso de la tortura como método de interrogatorio y como herramienta principal para crear las confesiones con las que se articuló, desde 2014, la fraudulenta narración oficial sobre el caso, la llamada «verdad histórica». Esa práctica ha sido señalada en repetidas ocasiones como una de las más nefastas consecuencias de la guerra contra el narco.
Desde 2006, el deterioro en los procesos de investigación criminal, sumado a la explosión de muertes y violencia que está en el origen de las desapariciones, fue terreno fértil para instalar un discurso oficial que dice que todo «es culpa de los cárteles». Pero, como demuestran el caso de Ayotzinapa y tantos otros, solo siguiendo la historia de las víctimas, atendiendo sus casos, los procesos de reivindicación y lucha que llevan sus familias, se puede encontrar lo que brilla en medio del caos y hacerles espacio, uno a uno, a los 100 mil que faltan y a todas las personas afectadas por la oscuridad y el silencio.