No hay peor astilla que la del mismo palo, sostiene el dicho popular. Las diferencias en la interna del bloque legislativo oficialista hacen peligrar el acuerdo hecho con el FMI. La oposición echa leña al fuego, pero admite que puede votar a favor si se tienen en cuenta sus condiciones.
Fabián Kovacic, desde Buenos Aires
Brecha, 11-3-2022
Correspondencia de Prensa, 11-3-2002
El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está en el Parlamento para ser tratado primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. La confianza oficial indica que será aprobado pese a las diferencias internas en el bloque del Frente de Todos y los cascotazos arrimados por la oposición, en la que se enrolan el macrismo, el radicalismo y la Coalición Cívica –todos en la interna macrista–, los nuevos ultraliberales del economista Javier Milei y los trotskistas del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U).
En el Frente de Todos la decisión de Máximo Kirchner de abandonar la presidencia del bloque de diputados, precisamente por las diferencias en el acuerdo con el FMI, no parecen ir en busca del quiebre de la bancada oficial, pero hacen crujir las frágiles alianzas en la coalición de 19 partidos que tienen pendiente desde noviembre pasado institucionalizarse para ser algo más que un conjunto de formaciones políticas dispuestas a ganar elecciones. Para calmar a los socios de las centrales obreras Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no habrá reforma laboral ni previsional: no se tocan ni las pasividades ni las condiciones de empleo.
Sin embargo, una veintena de diputados ligados a la CTA, como Hugo Yasky y Pablo Carro, y a los movimientos sociales, como Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Juan Carlos Alderete, mostraron su disconformidad con los términos del acuerdo y pusieron en duda su voto. Los legisladores del FIT-U anunciaron su voto en contra «para evitar más ajustes sobre el pueblo» y marcharon por las calles de la ciudad para confirmar su postura. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, su titular, Sergio Massa, asegura con confianza que logrará los votos para cerrar el debate a favor.
Déficit estructural
Desde el domingo 6 de marzo se suceden las reuniones parlamentarias entre bloques oficialistas y opositores con el propio Guzmán para acceder a la letra chica del acuerdo con el FMI. «Si no se aprueba el entendimiento con el FMI, las cosas serán muy complicadas», deslizó ante los legisladores el ministro de Economía. Se prevé que el producto bruto interno (PBI) crezca en 2022 entre 3,5 y 4,5 por ciento y que haya un déficit primario de 2,5 por ciento del PBI en 2022, que se reduciría a 1,9 en 2023 y a 0,9 en 2024. A partir de abril habrá aumentos de tarifas de servicios públicos, como el agua, el gas y la energía eléctrica, segmentados según los ingresos de la población, pero se situarán en un promedio del 20 por ciento.
«Con esos números es evidente que estamos frente a un ajuste a los bolsillos de la sociedad», asegura el economista y director del banco Nación, Claudio Lozano, a la sazón, presidente de Unidad Popular, uno de los partidos de la coalición de gobierno. «Estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberanía en el manejo de la coyuntura y compromete la política fiscal y monetaria, y, al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de interés, tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía, porque limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de desigualdad social, hambre y pobreza», afirma en diálogo con Brecha.
Para el economista Enrique Martínez, exdirector del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y titular del Instituto para la Producción Popular, una ONG ligada a los movimientos sociales, «el acuerdo con el FMI es el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta la coyuntura dejada por el macrismo». «El problema es que no es de fácil refinanciación y tiene condicionamientos políticos, como las revisiones trimestrales del FMI, lo cual condiciona la soberanía argentina», sostiene ante Brecha. «La economía argentina está trasnacionalizada por los grandes grupos que giran sus divisas al exterior. No veo en la agenda del gobierno la decisión de desmantelar esa extranjerización creando empresas públicas que permitan, por ejemplo, ser referentes para la comercialización de granos, carnes, minerales u otras producciones cuyos precios podamos regular para permitir el desarrollo de un mercado productivo interno que pueda discutir precios de exportación», agrega.
Horacio Rovelli, economista y docente de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, es crítico con el acuerdo y vislumbra ajustes en la economía argentina. «Está hecho a la medida de quienes fugaron el dinero otorgado por el FMI en 2018, especialmente las grandes empresas. El nudo gordiano lo constituyen los nexos entre el fondo de inversión Black Rock y Telefónica de Argentina, entre otras grandes multinacionales. La economía argentina está extranjerizada y el acuerdo señala que el dólar se ajustará con la inflación, lo cual atrae a nuevas empresas extranjeras que vienen por los recursos naturales porque les conviene el precio del dólar», señala Rovelli a Brecha. «La inflación es un mecanismo de ajuste perverso e histórico en la Argentina», remata.
«El gobierno ocultó información, porque nunca mencionó que habría una revisión trimestral del FMI con técnicos en Buenos Aires. Eso coarta la soberanía nacional, porque impone ajustes fiscales e impide el crecimiento. Néstor Kirchner jamás hubiera firmado un acuerdo como este. Las metas fiscales e inflacionarias son incumplibles pensando que terminaremos de pagar en 2034 la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018», sentencia. «A los ajustes de tarifas públicas ya anunciados en un promedio del 20 por ciento a partir de marzo habrá que sumarles nuevos ajustes en el segundo semestre. No hay otra forma de acercar las metas del FMI», dice Rovelli. Ambos economistas coinciden en que el país arrastra un problema estructural con el déficit en la balanza de pagos y el acuerdo no facilita salir de ese problema.
Apoyos y condiciones
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que nuclea a las empresas generadoras del 71 por ciento del empleo nacional, considera que el acuerdo con el FMI es la única salida posible. No obstante, cree que «Argentina quedó atada a los sectores exportadores con este acuerdo, por el ingreso de divisas necesarias. Las pymes vamos a padecerlo, porque no parece que a priori vaya a aumentar el mercado interno, nuestro principal punto de apoyo», según señala en un comunicado.
Los gobernadores peronistas apoyan el acuerdo hecho por el gobierno e instruyeron a sus diputados para que voten a favor cuando llegue el momento. Pero el silencio ensordecedor de la vicepresidenta Cristina Fernández indica su desconfianza en el acuerdo, otro de los elementos que suman incertidumbre en la interna del Frente de Todos.
La oposición, en cambio, pone condiciones para entregar los votos al acuerdo. El diputado de la Unión Cívica Radical Mario Negri asegura estar dispuesto a votar el financiamiento acordado con el FMI, pero no el programa económico del ministro Guzmán que lo sostiene. El PRO –macrismo puro– no quiere votar un acuerdo mientras la cúpula de la gestión macrista que tomó el crédito ante el FMI es investigada por la Justicia. El bloque menos reticente a votar es el de la Coalición Cívica, cuyo referente, Elisa Carrió, se mostró de acuerdo en arreglar un entuerto tomado por otro gobierno. «Alguien tiene que dar la cara y no podemos hacernos los distraídos porque fuimos gobierno», dijo para bendecir a sus legisladores en la decisión final.
Las últimas experiencias de casi 39 años de democracia bajo los gobiernos de Raúl Alfonsin, Carlos Menem y Fernando de la Rúa muestran que siempre hubo acuerdo con el FMI. La excepción fue el kirchnerismo entre 2003 y 2015. Resta esperar la votación estipulada para el 22 de marzo.