Brasil – La Amazonia como «activo problemático» y el despotismo casi perfecto. [Luis Fernando Novoa Garzón]

Correio da Cidadania, 23-12-2020

Traducción de Correspondencia de Prensa verificada por el autor, 30-12-2020

La incorporación de la Amazonia, tal como se ha procesado en las últimas décadas, implica la cristalización de la condición de complementariedad económica del país como un fin en sí mismo. La destrucción programada de la Amazonia sólo puede ocurrir en un país accesorio y puesto premeditadamente a la deriva.

Esta selectividad inversa, a favor de la primarización y reducción de las cadenas productivas aquí instaladas, representa una poda preventiva de las cadenas de valor potenciales o incompletas. Representa una renuncia a la formación postindustrial y una autocondena a las demandas exógenas a corto plazo.

Ganar por la escala y volumen significa perder el halo esencial que garantiza la autonomía y la trayectoria consciente de una colectividad. Esto es lo que significa el umbral de la Amazonia, su negación como un campo interminable de alternativas, es decir, de repertorios de autonomía social, cultural y económica.

La ordenación territorial concebida para la región amazónica, como un mosaico de tierras protegidas en medio de corredores de ocupación restringidos por perímetros de zonificación económico-ecológica, no parece más admisible ni siquiera como un marco lógico o un paradigma digno de ser cortejado cínicamente. Se ha pasado del cinismo ambiental, con el pleno apoyo de las instituciones multilaterales, a la apología del delito y de la truculencia de los agentes económicos cuya expansión depende de la impunidad ante las prácticas de devastación ambiental, de acaparamiento de tierras y de la limpieza social de los territorios.

Este modelo de incorporación territorial a gran escala atravesó varios períodos históricos y formas de gobierno. En términos generales, puede decirse que en la dictadura militar hubo una planificación territorial centralizada por estatales y por recursos públicos direccionados a asociaciones privadas preferenciales, a través de grandes proyectos multisectoriales, con el Proyecto Grande Carajás y el Complejo Hidroeléctrico de Tucuruí.

A partir de los años 90, especialmente en los años de Fernando Henrique Cardoso, se produjo un mayor protagonismo de los agentes privados en la esfera económica, que se convirtieron en controladores de las empresas de generación eléctrica y de las industrias extractivas, lo que se traduciría en una mayor especialización y flexibilidad en los ejes espaciales. En los gobiernos de Lula y Dilma, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2) fue erosionado en sus pretensiones «estructurantes» del desarrollo regional y territorial en función de los requisitos de máximo rendimiento para los inversores privados.

Iniciativas paralelas lanzadas en 2011, como el PIL (Programa Integrado de Logística), ya eran demostrativas de la demanda empresarial por un papel menos regulador y mediador de las agencias públicas para que tuvieran la función de apoyo incondicional a la inversión privada. El objetivo era desmembrar y ofrecer a los inversores privados los corredores y equipos logísticos más rentables con garantías ilimitadas del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).

El lanzamiento del Programa de Parcería de Inversiones (PPI) en 2016, por un gobierno ilegítimo (gobierno Temer) como una carnada o cebo que pudiera fisgar apoyo empresarial, representó un programa puente en el que el aparato estatal asumiría inequívocamente su papel de impulsor del sector privado. Las condicionalidades ahora son reversas, las contrapartidas deben siempre provenir del sector público en términos de sacrificios regulatorios e impuestos que disminuyan el llamado «costo país». Esto hace improbable que se afecten las expectativas de ganancia futura o que haga culminar los niveles de capitalización de acciones y títulos secundarios a través de marcos reglamentarios y ensamblajes de financiación  «muy amistosos» a los inversionistas.

El gobierno de Bolsonaro hereda el PPI y trata de hacerlo factible en un escenario de ajuste fiscal impulsado por el techo de gastos (no financieros), tratando de cubrir los riesgos e incertidumbres inmanejables con un mayor encuadramiento de los proyectos financieros y con la completa segregación de los riesgos sociales y ambientales. Las privatizaciones, en esta perspectiva, sería una «devolución» de «activos recuperados». En otras palabras, el Gobierno Bolsonaro estaría así obligado priorizar la conversión de «activos problemáticos» para que sean atractivos y funcionales.

Lo que está literalmente en el orden del dia en relación a la Amazonia, este inmenso «activo problemático», es la creación paraestatal y paramilitar de dispositivos que perpetren genocidios y ecocidios continuados. No se trata de un hecho aislado, sino de un método gubernamental-empresarial que reorganiza los procesos productivos bajo el impulso de la máxima rentabilidad, apelando para la sintetizacion y reducción de pueblos y territorios en costos y riesgos financieros.

Sintetizar, reducir, sobreexplotar nunca es suficiente. La inevitable corrosión de los resultados de estas estrategias de expansión no produce ninguna conciencia repentina de los “límites naturales” del capitalismo. Por el contrario, la destructividad creadora como último recurso de un capitalismo en fase necrófaga, hace de la frontera no sólo un margen físico para la acumulación expandida, sino más bien una forma particular de metabolismo: el estertor como método.

La Amazonia se ha convertido en el palco preferencial para sacrificios a largo plazo que sirven para solidificar los acuerdos económicos y políticos a corto plazo. Mientras todos los ingredientes de una guerra total y asimétrica contra pueblos y comunidades inseparables de sus territorios entran en funcionamiento, las Fuerzas Armadas ocultan su irrelevancia o muestran el máximo esfuerzo para demostrar su pasividad ante enormes sustracciones. Patrióticas operaciones verde-amarillas para normalizar operaciones vendepatrias de las cadenas transnacionales de carne, soja, energía y minerales que presiden los ciclos de expansión/devastación en la Amazonia. Vean que la deforestación es sólo un indicador de una barbarie planificada. No basta con medirla, mesurarla, auditarla. Tampoco basta limitar la deforestación para obtener una especie de moneda de cambio, un signo o sello verde para el aporte de inversiones «diferenciadas».

Aunque el daño causado por décadas de desregulación de los sectores especializados en recursos naturales sea notorio, revertir este «apagón» de la gestión ambiental está fuera de agenda en el país campeón de las commodities. Aunque con atrictos circunstanciales sobre la «gobernanza ambiental» del país, no parece haber ninguna divergencia entre los tres poderes de la República en el brindis y la reverencia a los inversores que sostienen al país por el cuello. Al final, hay un bloque de poder interescalar  móvil, foráneo y desentrañado que resulta de fusiones entre conglomerados en competencia y burocracias políticas mercenarias, como se expuso en la obscena reunión ministerial de abril de 2020 en la que se propuso la profusión de simplificaciones y flexibilizaciones regulatorias aprovechando la cortina de humo de la pandemia.

La pandemia de covid-19 sirvió para radicalizar los efectos de estas políticas de maleabilidad regulatoria y de apertura de nuevas fronteras de acumulación. Las condiciones de vida desiguales, profundizadas con pandemia, dieron lugar a condiciones de supervivencia desiguales. Amplios segmentos sociales en las ciudades en el campo, juntos con los pueblos originarios, fueron abandonados a su propria suerte, sin que hubiera expansión proporcional de las redes de servicios, sin adaptación y especificación de los procesos de diagnóstico, control y tratamiento según sus especificidades espaciales y culturales. Por cuestión de coherencia  debería ser adicionado un nuevo lema al liberalismo que se convierte en necroliberalismo: después de «laissez faire, laissez passer», laissez mourir, dejen morir.

Es el volumen y la rapidez del saqueo, de la desregulación, de las concesiones y de las privatizaciones lo que garantiza el bono de permanencia de Bolsonaro en la presidencia hasta 2022. Blindaje condicional contra procesos de impeachment o investigaciones criminales definitivas contras sus familiares. Las intocables agendas del parasitismo financiero y de las privatizaciones expresan cómo se naturaliza y se extiende un «Bolsonarismo sin Bolsonaro» en el país. El sesgo de los mercados financieros y de los grandes conglomerados pasa por alto los «excesos ideológicos» del gobierno Bolsonaro para que se produzcan todos los saqueos, todas las reformas liberalizadoras previstas, manteniendo las apariencias bajo un delgado manto democrático. Sin déspota efectivo, un despotismo casi perfecto.

* Luis Fernando Novoa Garzon, sociólogo, profesor de la Universidad Federal de Rondônia. Correo electrónico: l.novoa@unir.br