Búsqueda, 22-10-2020
Correspondencia de Prensa, 23-10-2020
Si bien el impacto social de la emergencia sanitaria por el Covid-19 es más duro y directo para la población vulnerable —los que ya eran pobres antes de la pandemia, los cuentapropistas y los trabajadores informales—, también afecta a sectores más acomodados. Mientras se procesa todo ese rebalanceo de la estructura social, algunos economistas tratan de estimarlo basándose en simulaciones.
Un primer cálculo enfocado en los pobres en Uruguay fue publicado en mayo por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Según ese estudio de Matías Brum y Mauricio de Rosa, entre 94.000 y 127.000 personas habrían caído en la pobreza —al resultarles insuficiente el ingreso para adquirir una canasta básica de bienes y servicios— como consecuencia de los problemas que trajo el Covid-19. Con técnicas de “predicción del presente” (eventos cercanos en el tiempo), simularon distintos escenarios de shock —en términos de contracción de la actividad económica, cantidad de envíos al “seguro de paro”, pérdida de ingresos, etcétera—; en el definido como “central”, la población que queda por debajo de la “línea de pobreza” aumenta desde 8,8% a 11,6%. Ese cálculo ya incorpora el efecto de las medidas paliativas tomadas por el gobierno, que son, según los autores, de mitigación parcial. Los autores señalaron que el incremento de la pobreza es “en gran medida mitigable” con un costo en transferencias monetarias de unos US$ 22 millones mensuales; varios políticos del Frente Amplio se montaron sobre esa propuesta para reclamar a la administración de Luis Lacalle Pou acciones más decididas frente a la crisis social.
La metodología empleada por los investigadores del Iecon se apoyó principalmente en las relaciones existentes entre el Producto Bruto Interno (PBI) y el total de la masa de ingresos laborales; asumieron que un 35% del conjunto de shock económico negativo estimado para 2020 habría ocurrido en abril.
Una nueva estimación, elaborada por cinco especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene algunas semejanzas metodológicas, si bien su alcance es mayor: abarca a los distintos estamentos sociales y tiene una cobertura regional. Para Uruguay, calcularon que, en el escenario más pesimista, el número de personas que cambian su condición es similar en las puntas de la pirámide social: los pobres (“extremo” y “moderado”) aumentan en 66.886 y los ricos disminuyen en 65.516. También hay movimientos dentro de sectores intermedios, con una caída de 177.839 en la clase media “consolidada” y un incremento de 176.469 en la llamada “vulnerable”.
Respecto a la situación de partida, esas cantidades significan aumentos de medio punto porcentual en la pobreza extrema y de 1,4 puntos en la moderada, así como de cinco puntos en la clase media vulnerable; la consolidada retrocede en similar magnitud (5,1 puntos porcentuales). En la comparación regional, se trata de cambios relativamente poco significativos; por ejemplo, en Guatemala la pobreza extrema crece casi 10 puntos y en Brasil la clase media consolidada se desploma 12,9.
Esas categorías sociales están definidas según el ingreso diario per cápita: pobres hasta US$ 5; clase media vulnerable entre US$ 5 y US$ 12,4; clase media consolidada de US$ 12,4 a US$ 62; y clase alta más de US$ 62.
Estructura social y shock
El estudio Implicancias sociales del Covid-19: estimaciones y alternativas para América Latina y el Caribe fue elaborado por la Vicepresidencia de Países del BID. Fechado en octubre, ese documento de trabajo calcula que en toda la región los pobres podrían incrementarse en hasta 44 millones, aunque las alteraciones en las estructuras sociales difieren por países, en parte por las distintas respuestas tomadas ante la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas. En los últimos días, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, realizó una ronda de presentaciones en foros virtuales organizados por el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional donde exaltó el manejo hecho por el gobierno frente al Covid-19; priorizar lo sanitario, pero manteniendo los “motores” de la economía andando y sin perder de vista los objetivos de mediano plazo fue el mensaje que repitió.
“Si bien la magnitud y duración” de la debacle económica actual a causa del Covid-19 es “todavía incierta”, lo sucedido en crisis previas en América Latina y el Caribe ofrece información para un primer dimensionamiento de su posible efecto social. Primero, identificando la relación (“elasticidad”) entre reducciones en el PBI y cambios en los ingresos salariales. Después, con base en proyecciones del Producto disponibles para 2020, utilizó esa relación PBI-sueldos para prever la manera en la que se contraerán ahora dichos ingresos. Finalmente, dado que las encuestas de hogares permiten identificar la manera en que las crisis históricas de referencia afectaron de manera diferenciada a las sociedades según edades, sexo, etnia, educación, lugar de residencia y sector de actividad laboral, empleó las mismas disparidades para determinar una “dosis” de impacto económico relativo distinto para cada grupo ante el shock del coronavirus.
Por otro lado, los especialistas del BID diseñaron tres escenarios hipotéticos. Uno (“A”) tomando como referencia el cambio porcentual en el poder adquisitivo salarial por cada punto de variación en el PBI observado en algún período de contracción económica anterior al 2020 para cada país (en varios casos dicho episodio es la crisis financiera global de 2008-2009). Otro (“B”) que multiplicó la “elasticidad” calculada para el primer escenario, pero considerando la predicción “de consenso” sobre la variación del Producto en 2020 que surge de la encuesta entre analistas e instituciones financieras —Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Economist Intelligence Unit, Fitch Solutions, J.P. Morgan, Oxford Economics, etc.— de LatinFocus Consensus Forecast de FocusEconomics. Finalmente, el escenario “C” es similar al anterior, aunque sustituyó la estimación de “consenso” por la proyección más pesimista de contracción en el PBI en 2020 de la misma encuesta.
En agosto, ese promedio de pronósticos proyectaba una caída de 3,9% de la economía uruguaya este año. En el escenario “B”, que se basa en dicho “consenso”, la pobreza extrema aumenta de 1,3% a 1,8%; la moderada de 2,9% a 3,5%; la clase media vulnerable de 24,6% a 26,8%; la clase media consolidada baja de 65,7% a 63,5%; y los ricos disminuyen de 5,6% a 4,7%.
Amortiguar la crisis
El estudio del BID da un paso más y calcula el impacto que podrían tener, sobre cada sector social, eventuales medidas paliativas (“intervenciones”) que tomen los gobiernos. Sería un potencial efecto “amortiguador” en el número de pobres, varios ya adoptados en Uruguay y otros países de la región.
Asumiendo que los distintos apoyos se utilizan por un lapso de seis meses, el costo estimado para Uruguay de las medidas sugeridas —transferencias a asalariados desempleados y trabajadores por cuenta propia; duplicación de los programas sociales; y prórroga de vencimientos de impuestos y contribuciones a la seguridad social— asciende a $ 17.094 millones, unos US$ 400 millones al tipo de cambio actual, es decir 0,9% del PBI. El efecto total de “amortiguamiento” sería de 4,8 puntos porcentuales respecto del escenario “C”. La alternativa de otorgar transferencias a los cuentapropistas es la que muestra la relación de costo-efectividad más conveniente.
Como “conclusión central” de su análisis los economistas del BID apuntan que, “si bien la pandemia tendrá indudablemente un costo social significativo en la región, existen alternativas de política pública con costo fiscal razonable al alcance de los países para contrarrestar al menos una parte de los impactos de corto plazo y propiciar una reactivación con la mayor agilidad posible”.