Uruguay. Los presos que trabajan no tienen derechos laborales
Mano de obra atrapada
Entre el Ministerio del Interior y el de Trabajo y Seguridad Social parece haber una diferencia semántica de peso. Cada vez son más los presos que trabajan, pero nadie fiscaliza que se cumplan sus derechos laborales. Mientras tanto, y entre las múltiples tareas que realizan, los presos construyen cárceles pero no reciben ni siquiera una remuneración.
Betania Núñez
Brecha, Montevideo, 24-6-2016 http://brecha.com.uy/
A cambio de su fuerza de trabajo un preso no percibe lo mismo que cualquier trabajador. Para el Estado, un preso que trabaja no es igual a cualquier trabajador. Y mientras tanto, dentro de la cárcel hay casi tantas modalidades de trabajo como trabajadores, muchas teñidas por la informalidad. La oferta laboral de la cárcel exhibe emprendimientos del Estado y de privados que “contratan” a presos, además de presos-empresarios que se transforman en jefes de sus compañeros-empleados.
El criterio que parece primar, defendido por muchos mediante argumentos por demás atendibles, es que es necesario que las personas privadas de libertad estén ocupadas, se capaciten y reciban algún dinero para colaborar con sus familias o generar ahorros de cara a la salida. El trabajo dignifica, parece ser la idea que está detrás de los esfuerzos por incrementar los puestos que, según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ascendieron de 80 en 2010 a 3.511 en junio de este año, en un sistema penitenciario que hoy tiene 10.100 internos.
Pero cuando son los presos los que refaccionan la derruida estructura edilicia de las cárceles, construyen un centro para hijos de policías con discapacidades o elaboran productos de consumo para el Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), sin percibir un peso a cambio, ¿el trabajo también dignifica? En algunos casos la ocupación que brinda el Ministerio del Interior parece rozar el concepto de “trabajo forzoso”, como algunos especialistas señalaron a Brecha cuando se les relató la situación que, con orgullo, describen desde el Inr. La interrogante que las autoridades del Ministerio del Interior no parecen estarse formulando es si la cantidad de puestos es lo único importante, o también la calidad del trabajo, entendida como el respeto de los derechos laborales más básicos.
Los Polos en el Polo
El Polo Industrial del ex Comcar, ahora Compen, que también tiene una pata en la Cárcel de Mujeres, lleva poco más de dos años en actividad y emplea actualmente a 400 personas privadas de libertad. “Una de las áreas en las que trabajamos tiene que ver con la refacción de la estructura edilicia del sistema, que estaba totalmente colapsada”, contó a Brecha Jaime Saavedra, ex subdirector del Inr, actualmente encargado del Polo. “Trabajan de modo voluntario porque no tenemos plata para pagar, pero llevamos realizadas una cantidad de obras impresionante, que afectan a 68 mil metros cuadrados dentro y fuera del Comcar. Se hicieron obras de carácter social, como el centro de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia y un hogar para hijos de policías discapacitados. Agarramos gente que de repente no sabía ni usar una escoba y terminó saliendo capacitada en albañilería o finalista de obra.”
En la segunda área del Polo se elaboran productos destinados al autoabastecimiento. Saavedra relató que “hay cosas que si las compráramos en el mercado serían inaccesibles, entonces las hacemos nosotros. Nos sale mucho más barato y capacitamos gente. Hacemos pinturas, ollas, carretillas, escobas. No es que se vendan, hacemos las escobas que va a usar el Inr”.
Los presos del Polo tienen un régimen de trabajo diario de ocho horas y marcan su entrada y su salida mediante tarjetas magnéticas. Cuando salen en cuadrillas, se instalan fuera de la cárcel por el período que lleve la obra. Son trabajadores como todos. La diferencia es que no tienen ningún tipo de remuneración ni seguridad social. Y el único beneficio que el Inr ofrece es que “la gente que va haciendo buena letra, que se va portando bien, viene a trabajar con nosotros y pasa a vivir en nuestros módulos, que son el 7 y el 9, de más confianza, donde hay otro clima de convivencia. Una cosa es vivir en las instalaciones del Polo y otra cosa son ciertos lugares del Comcar, donde la situación es muy difícil. Eso es lo que los entusiasma, porque no ganan un mango”, dijo Saavedra.
Pero no todos los trabajadores reciben el mismo trato. “Hoy tenemos 32 con salario, de las empresas privadas, más puestos zafrales que oscilan, y tenemos unos 50 peculios (una figura prevista legalmente para remunerar el trabajo de los presos que equivale a medio salario mínimo nacional). El resto, como 300, no cobran nada. Ni siquiera la redención de pena, porque eso depende del juez. Nosotros decimos: ‘Jaimito con nosotros laburó fenómeno’, y el juez decide. En general la dan”, explicó.
Los empleos donde se pagan sueldos y, según Saavedra, se respetan los laudos, están en la tercera área de desarrollo del Polo. Los 32 presos trabajan en “un aserradero y una empresa que hace dispositivos contra incendios. La gran novedad es que pagan lo mismo que pagarían afuera, están en caja y van generando antigüedad como cualquier trabajador formal”. Para elegir a los operarios que ingresan a las empresas “hay un sistema de antigüedad y de méritos. Si nos piden cinco personas para trabajar en el aserradero mandamos a los que hace años que están con nosotros, que tienen una buena actitud. Después el privado ve si se adaptan a lo que él quiere. Es la empresa la que generalmente define”.
Respecto de esta situación, Daniel Diverio, dirigente del Sunca, se mostró preocupado y agregó que “de las condiciones de laburo no sabemos mucho, pero no creo que tengan las condiciones elementales que se requieren. Desde el sindicato vamos obra por obra y siempre la pelea es que falta una baranda o una cuerda, y en esos centros no existe una figura sindical que pueda ayudar a controlar eso. No sé si el Ministerio del Interior tiene la capacidad y el conocimiento para tomar las precauciones. No sé si hay un prevencionista trabajando ahí adentro, por ejemplo”.
Las otras modalidades
El abanico de modalidades de trabajo que se ofrece a los internos es amplio, aseguraron los consultados del Inr. Y ya lo era en 2011, cuando se realizó la investigación “El trabajo dentro de las cárceles y la inserción laboral de las personas liberadas del sistema penitenciario”.(1) En la publicación, que a través de los relatos de fuentes calificadas y personas privadas de libertad da cuenta de las mismas modalidades que se aplican hoy, se elabora una clasificación, pero de pique se advierte que “pueden existir otras modalidades de trabajo accidental o informal, que no es posible categorizar, que no se encuentran reguladas por normativa alguna y obedecen a decisiones y prácticas de las distintas unidades penitenciarias”.
Dentro de lo clasificable, el estudio especifica que los presos participan de emprendimientos que en algunos casos son “gerenciados por las autoridades penitenciarias”, en otros son “gerenciados por reclusos”, y que también están los administrados por “empresas privadas que desarrollan parte de su actividad dentro del recinto carcelario”. Nomás en el Polo se puede ver la primera y la última modalidad, algo que se repite en otras cárceles.
Más allá de la diversidad, el conflicto aparece cuando llega la hora de pagar. Ahí se inicia toda una discusión sobre lo que es trabajo y lo que no. Por ejemplo, hay quienes sostienen que las tareas de la huerta no son trabajo, mientras que elaborar la comida para presos y policías sí. En esta situación suelen estar quienes perciben peculios. Pero si el Inr nunca pudo garantizar que a igual tarea se asignara el mismo peculio, mucho menos lo ha hecho desde que la cantidad de peculios se redujo a la mitad: hasta 2014 eran 1.020, momento en que se congeló el monto que se destinaba a esos fines (unos 55 millones de pesos anuales), y a medida que fue subiendo el salario mínimo, la cifra de peculios empezó a bajar. Hoy ronda los 500 para todo el sistema penitenciario.
En este sentido, Enrique Mesa, coordinador de emprendimientos laborales del Inr, contó a este semanario que “se paga con peculio a veces sí y a veces no, porque no hay tantos peculios. En el Interior, donde las unidades tienen entre cinco y diez, se parten al medio (es decir que terminan por equivaler a un cuarto de salario mínimo nacional). Dan para atender la cocina, la carnicería, la panadería; para lo demás –como limpieza, fajina, cortadas de pasto– no alcanzan, lo que sí se da es redención de pena”.
Pero una presa consultada por Brecha aclaró que en la cocina se recibe peculio recién después de tres meses de estar trabajando a prueba, y que en otros casos, como en las tareas de corte de pasto, el pago está asociado a la cantidad de tiempo que hace que el recluso la desempeña.
Diferente es la situación de los emprendimientos institucionales o en manos de reclusos que se pagan a destajo. En esos casos “se sacan los costos” y, por ejemplo en las bloqueras, “si queda uno o dos pesos por bloque, se reparte entre cada uno de los que trabajan”. Para facturar, en algunos casos se ha empezado a apelar a la modalidad de monotributo que ofrece el Mides, que tiene un costo de 280 pesos por mes, pero “es muy variable, hay unidades que han hecho la experiencia con un emprendimiento, hay lugares que ya tienen tres o cuatro, hay otros que no. Estamos en la etapa de regularización. Si bien el cometido nuestro es que se regularice, demoramos un tiempo para ver cuántas personas van a trabajar y si el emprendimiento funciona. La idea no es que se hagan ricos, es que dé la mayor ocupación de mano de obra para quitar el ocio de los pabellones”, explicó Mesa.
Brecha habló con sindicalistas y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se mostraron sorprendidos por la situación. Sin embargo, desde la Inspección General del Trabajo dijeron que no tienen competencia para fiscalizar que se cumplan las condiciones laborales en el trabajo de los presos, porque allí “no se dan las características típicas del contrato laboral”, y que las veces que han enviado inspecciones a las cárceles fue para verificar denuncias de policías frente a situaciones en las que vieron afectados sus derechos como trabajadores.
Mientras tanto las autoridades se congratulan porque cada vez son más los presos que trabajan. Pero parece que, fuera de cámaras, el gobierno no considera que los presos sean realmente trabajadores. De lo contrario debería haber alguien preocupado por hacer cumplir sus derechos laborales.
Nota
1) La publicación, de noviembre de 2011, se realizó en el marco del programa “Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad” de las Naciones Unidas, del que participaron diversos organismos del Estado. El informe tuvo como responsables a Javier Palummo (coordinador), Cristina Magarelli y Gianina Podestá.
Según Petit hay que dividir el COMPEN en varias cárceles
“Urgente”
Dos presos recluidos en el Compen (ex Comcar) murieron entre el jueves 16 y el domingo 19, y en lo que va del año son cinco las muertes por hechos violentos en esa institución. Según dijo a Brecha Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, en el caso del jueves el interno murió luego de un enfrentamiento, “no se sabe exactamente si fue entre dos personas o más, y todavía no hay procesados porque el episodio es confuso”. Previo a la segunda muerte, “aparentemente un interno tuvo un intercambio con la guardia perimetral”, luego “se trepó para entrar a su celda y se cayó, no está claro si le dispararon balas de goma”. Según Petit, “las dos muertes nos llevan al mismo punto: faltan actividades que llenen la vida cotidiana de sentido, de tareas, de acciones”.
El comisionado mantuvo reuniones toda la semana con las autoridades, que “están preocupadas y tratando de tomar algunas medidas”, mientras elabora un informe con recomendaciones. El jerarca adelantó a Brecha que incluirá la necesidad de una reestructura del Compen. “En tres módulos, el 8, el 10 y el 11, se concentra el 18 por ciento de la población total penitenciaria, hay hacinamiento, hay un problema muy serio y es urgente resolverlo.” Petit señala que hay cárceles del Interior que tienen entre 150 y 200 internos, “entonces hay que asumir que eso no son tres módulos, que eso son tres cárceles, mucho más si el mismo director tiene que ocuparse de otros diez módulos. Toda la bibliografía en el mundo dice que los megacentros no funcionan”.
Por eso asegura que el Compen debe ser dividido en unidades autónomas. “Es absolutamente imposible que un solo director pueda gestionar 3.400 presos, el 35 por ciento de la población del sistema penitenciario. El director no puede conocer a la gente, no puede tener programas diferenciados. Las mismas personas que están ahí con sables y cortes, cuando son cambiadas de lugar a un contexto educativo, llámese Salto, Durazno, Campanero, Punta de Rieles, se enganchan en otra mecánica, en otra convivencia. La fuente de esta violencia es la falta de un programa de actividades, que produce mala convivencia, mucha violencia, heridos y muertes. Todas las semanas hay apuñalados, y cada apuñalado genera sentimientos de venganza, y cada venganza genera más violencia.”
Según Petit se requieren educadores dirigiendo esas unidades, y que se aprovechen los espacios verdes y edificios que están inutilizados para realizar actividades deportivas, culturales, laborales. En el Compen hay 3.400 internos, pero sólo 400 están participando de actividades educativas. “Y hay miles de internos del Compen que están pidiendo realizar actividades educativas. ¿Qué nos dice esto? Algo pasa para que no estemos logrando responder a algo que es posible.”