Sálvese quien pueda
El gobierno de Rousseff se desmorona tras su vinculación directa con el escándalo de Petrobras. No sólo su equipo se ha visto afectado, también el ex presidente Lula. Mientras, en las calles crece el sentimiento antipolítico y se abre el camino para que nuevos mesías salvadores de la patria intenten tomar el relevo.
Agnese Marra, desde San Pablo
Brecha, Montevideo, 18-3-2016 http://brecha.com.uy/
En la última semana el gobierno de Dilma Rousseff sufrió uno de los más duros reveses de su segundo mandato. El domingo manifestaciones multitudinarias dejaron claro que querían sacar a la presidenta. El martes las declaraciones de Delcídio Amaral, ex representante del PT en el Senado, dieron las razones que faltaban para que las calles estén más cerca de su objetivo.
Por primera vez la presidenta fue directamente vinculada al escándalo de la Operación Lava Jato, acusada por su compañero de partido de obstruir dicha investigación, ofreciéndole dinero a través del ex ministro de la Casa Civil Aloizio Mercadante para que no delatara a los directores de dos de las constructoras investigadas. Dicen en Brasilia que al enterarse de la noticia Dilma se quedó sin palabras, y tras unos minutos, decidió convocar una reunión de emergencia con sus ministros más allegados para buscar posibles salidas a una crisis política que no deja títere con cabeza.
La líder del Ejecutivo ha sido tan sólo una más de las piezas que fueron cayendo tras hacerse pública la declaración de Amaral ante el Ministerio Público Federal. El jefe del Congreso, Renan Calheiros (Pmdb), el vicepresidente, Michel Temer (Pmdb), Aécio Neves (Psdb), Lula da Silva y la bancada completa del Pmdb, aliado del gobierno en el Senado, fueron algunos de los acusados por el ex senador petista de diversos delitos relacionados con el escándalo de Petrobras.
La Fiscalía General del Estado anunció que estudiaría las acusaciones de Delcídio y tomaría una decisión sobre si seguir adelante con una investigación sobre Rousseff. En relación con la otra decena de acusados, está por verse cuál será el papel del juez Sérgio Moro. Sus próximas decisiones responderían la pregunta que la izquierda y parte de los juristas del país se hacen acerca de la verdadera intención del magistrado, si tiene que ver con la lucha contra la corrupción o con una persecución dirigida contra Lula y el Partido de los Trabajadores. Máxime cuando ahora, por decisión de la justicia, Moro no sólo se hará cargo de las investigaciones relacionadas con el escándalo de Petrobras sino con las que tienen que ver con las acusaciones que pesan sobre Lula.
Ministerio
Para el ex presidente Lula la semana no fue menos intensa. Al igual que su sucesora, se convirtió en el foco de las manifestaciones del domingo que celebraban el pedido de prisión preventiva que se había hecho público días antes. Incluso gran parte del éxito de estas movilizaciones se achaca al cerco policial establecido en la residencia de Lula durante los días anteriores al evento.
El pasado lunes el ex sindicalista fue llamado a declarar ante la Policía Federal de San Pablo para esclarecer informaciones sobre posibles ocultamientos de propiedades a nombre de terceros, concretamente un apartamento de playa en Guarajá y una casa de campo en el interior paulista. Ambos inmuebles fueron reformados por constructoras relacionadas a la Operación Lava Jato, y aunque el ex presidente asegura no ser dueño de ninguno de ellos, la Policía Federal desconfía de su defensa. El mismo día se daba a conocer la decisión de la jueza que evaluaba el pedido de prisión solicitado por la Fiscalía de San Pablo contra el ex mandatario. La magistrada prefería no involucrarse y derivaba el expediente al juez Moro, por tratarse del mismo asunto que investigaba su compañero.
El hecho de que Moro pudiera ser quien juzgara a Lula llevó a que la idea de Dilma de ofrecerle un ministerio a su padrino político se pusiera de nuevo sobre la mesa. Desde que la Policía Federal fue a la casa del ex presidente el viernes 4, la líder del Ejecutivo planeó esta estrategia para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, quien fuera el presidente más popular de Brasil podría ayudarla a negociar y a buscar aliados, y por otro, Lula se libraría de ser juzgado por Moro.
Al ex mandatario no le hacía gracia sin embargo que pareciera que quería escapar de la justicia y del juez de Curitiba: “No necesito eso, sé defenderme solo”, repitió a diversos miembros de su partido. Un ala importante del PT opinó, de todas maneras, que Lula sería fundamental en estos momentos y que hay que hacer todo para preservarlo. El propio Leonardo Boff, muy crítico con el gobierno Rousseff, le escribió una carta al ex presidente pidiéndole que aceptara el cargo de ministro “para evitar que todos los avances logrados se perdieran de un plumazo”. Dilma le aseguró que podría elegir el ministerio que más le interesara. El equipo de ministros petista también le comunicó que le cederían sus puestos con los ojos cerrados, sabiendo que la Casa Civil y la Secretaría de Gobierno son los únicos cargos que realmente podrían interesarle. Eligió la Casa Civil, según se anunció el miércoles. Ayer jueves Lula asumió el cargo, pero a las pocas horas otro juez, esta vez de Brasilia, frenó la designación con una medida cautelar. Dilma volvió a hablar de golpe, el gobierno apeló la cautelar del juez, y el baile seguirá.
A lo largo de la semana el ex metalúrgico se reunió en varias ocasiones con el presidente del Congreso, Renan Calheiros, para asegurarse de su apoyo incondicional en el caso de aceptar la oferta de la presidenta. Las respuestas de Calheiros, también investigado por la Lava Jato, fueron vagas, ya que la mayoría de su partido quiere romper definitivamente con un gobierno “quemante”. En su última asamblea, celebrada el sábado, el Pmdb decidió prohibir a sus militantes aceptar cualquier cargo de gobierno durante los próximos 30 días, fecha en la que decidiría si se aparta de una vez del equipo de Rousseff.
Cuando el tema estaba en discusión, se manejó que si Lula aceptaba formar parte del gobierno, evitaría que Moro lo investigara y su caso pasaría al Tribunal Supremo, donde se lo juzgaría en una única instancia. Algunos juristas opinaron que ello beneficiaría al ex presidente ya que la mayoría de los jueces del Supremo fueron nombrados por Dilma y por el propio Lula. Otros opinaron lo contrario: “Sería un juicio mucho más rápido y la sentencia sería definitiva, no podría apelar. Además todo el caso ya está siendo muy mediático y hay muchas opiniones formadas sobre él”, comentó el profesor de derecho constitucional de la Puc de San Pablo, Pedro Serrano, en la Bbc Brasil.
Independientemente de las ventajas o desventajas judiciales, lo simbólico aparecía en principio como más importante para el ex presidente: “He trabajado mucho por este país como para que ahora crean que huyo de la justicia”, le dijo a Dilma durante una cena en Brasilia el pasado martes. El cerco policial en torno a Lula y un posible pedido de prisión por parte de Moro también se manejan como amenazas reales. La profesora y socióloga Esther Solano bromeaba en la revista Carta Capital: “En mis clases lo hemos hablado, el juez Moro o lleva preso a Lula, o lo hace presidente en 2018”.
La antipolítica en las calles
Esta idea de la socióloga española se escuchó en las manifestaciones del pasado domingo. Pedro de Albuquerque decía irritado: “Hay que llevarlo preso, si no lo cazamos ahora, lo vuelven a elegir presidente”. La preocupación de este empresario de 57 años es la que expresó gran parte de los manifestantes que recorrieron la Avenida Paulista.
El pedido de prisión de Lula había encendido los ánimos y parecía que el sueño de gran parte de la población podía hacerse realidad. No faltaron los muñecos con la imagen de Lula entre rejas, incluso una performance sobre un camión que llevaba enjauladas a dos personas con las máscaras del ex presidente y de su sucesora. Ambos fueron definidos como los causantes de todo mal del país, como los inventores y detentores de la corrupción.
Esa idea la trasmitió una gran mayoría de clase media alta, blanca, con elevado nivel de escolarización y con edades de entre 35 y 60 años. No se puede negar que la elite paulista fue la que destacó en este evento donde se volvieron a repetir las selfies con la Policía, las copas de champán y la convivencia normalizada junto a skinheads y grupos pro dictadura. Pero también hubo jóvenes, e incluso algunas personas más humildes, como la barrendera Eunice da Silva, que aseguraban que Dilma tenía que dejar el gobierno, pero matizaban: “Si Lula se presentara de nuevo, volvería a votarlo”.
Estas protestas tan multitudinarias (3,5 millones de personas en todo el país) fueron probablemente las más complejas de analizar. Si hubo algo que predominó, además del verde-amarelo ya uniformizado en estos eventos, fue el sentimiento patriótico de “salvar al país” y la victoria de la antipolítica. “Ninguno sirve”, “todos roban” y “debe caer Dilma pero no sabemos quién viene después, no me gusta ninguno” fueron las frases más repetidas. En este contexto el juez Moro aparecía como un héroe nacional, como el salvador de la patria corrompida por los políticos, y camisetas con la cara del magistrado se sumaban al merchandising anti Dilma.
Pero el discurso de los manifestantes también coincidía en atacar las conquistas sociales por las que el PT adquirió fama internacional. Muchos de los interrogados por los medios de comunicación en las marchas aseguraban estar en contra de la Bolsa Familia, de las cuotas para negros en las universidades, y repetían: “Eso de los derechos humanos es para ladrones, para vagos, no lo queremos en nuestro país”. Con ese razonamiento no es de extrañar que el otro héroe de las manifestaciones fuera el diputado Jair Bolsonaro, un ex militar, evangélico, homófobo, quien le llegó a decir precisamente a la ex ministra de Derechos Humanos Maria do Rosário que “no la violaba porque no se lo merecía”. Efectivamente, cuando se preguntaba a la gente por posibles candidatos presidenciales para 2018, el nombre de Bolsonaro aparecía en buen lugar.
Otra de las novedades de las protestas fue el papel de los grandes empresarios en las manifestaciones. No sólo la Federación de la Industria de San Pablo, que hace meses se ha convertido en la principal promotora de los actos anti Dilma. Esta vez también se sumó una conocida cadena de comida rápida brasileña (Habib’s) y la Asociación Médica de Brasil, que días antes habían anunciado en diversos diarios su participación en el acto del 13 de marzo.
Los políticos también estuvieron más presentes que nunca, pero no consiguieron el éxito esperado. En San Pablo, tanto el gobernador del estado, Geraldo Alckmin (Psdb), como Aécio Neves, del mismo partido, fueron silbados y también acusados de corruptos..