Samuel Farber*
FPIF, Foreign Policy in Focus, 31-7-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 4-8-2026
¿Los cambios propuestos convencerán a la Administración Trump para que modifique su política actual hacia Cuba?
El 18 de junio, Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, presentó un programa de 176 puntos para reestructurar radicalmente la economía cubana. Marrero se dirigió a su audiencia en la Asamblea Nacional del Poder Popular con el argumento de que «la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular las reglas del mercado». Como ocurre habitualmente en el Estado de partido único de Cuba, lo que los líderes políticos no declaran abiertamente puede ser más importante que lo que afirman explícitamente.
Así, Marrero no hizo mención alguna a que las reformas estuvieran motivadas por los repetidos ultimátums del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio al Gobierno cubano para que llevara a cabo cambios radicales hacia el mercado y el capitalismo. De lo contrario, Cuba se enfrentaría a una intensificación aún más drástica del bloqueo impuesto por Trump, que incluía impedir que el gobierno cubano importara petróleo, lo que prolongaría los cortes de electricidad que el pueblo cubano lleva meses padeciendo. Además, Trump presionó de manera efectiva a varias compañías navieras, como Hapag-Lloyd, y a cadenas hoteleras extranjeras, como la española Meliá, para que abandonaran Cuba. En el contexto del apoyo abierto de Trump al giro hacia la derecha de países latinoamericanos como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú, las medidas contra Cuba deben considerarse parte de lo que el escritor cubano Rafael Rojas denominó acertadamente «el camino hacia una recolonización de Cuba».
Un elemento central de las 176 reformas presentadas por el primer ministro Marrero consiste en acercar lo más posible las empresas estatales cubanas a las empresas capitalistas habituales, evitando al mismo tiempo que el Estado cubano pierda por completo el control económico. Así, aunque el Gobierno mantendrá el control mayoritario de las empresas estatales, estas podrán adquirir acciones de otras empresas, así como vender sus propias acciones a cualquier inversor, incluidos extranjeros y cubanos residentes en el extranjero. Las empresas constituidas con capital extranjero ya no tendrán que seleccionar y contratar personal a través del Estado, que actuaba como una agencia de empleo monopólica, y podrán importar libremente del extranjero todo lo que necesiten para su funcionamiento.
Dado que las cooperativas también podrán importar directamente del extranjero, esta medida supone un duro golpe para el monopolio del Estado cubano sobre el comercio exterior. Teniendo en cuenta la actual crisis de la agricultura cubana —el 80 % de los alimentos son importados—, el gobierno invitará a la empresa privada a invertir en tierras de propiedad estatal que se les concederán en régimen de usufructo, es decir, que podrán cultivarse con fines lucrativos, pero no comprarse ni venderse. Otras medidas completan la clara orientación de mercado de las reformas propuestas, como la eliminación de los controles de precios y la sustitución del subsidio universal a los productos básicos mediante la «libreta» (libreta de racionamiento), cuyo valor ya venía disminuyendo al limitarse las ayudas, en función de los ingresos, a las personas más vulnerables.
Marrero también prometió reducir significativamente el número de actividades en las que no se ha permitido operar a las empresas privadas, pasando de las 125 actuales a 55. Hasta ahora, las denominadas PYMES (pequeñas y medianas empresas privadas) no podían contratar a más de 100 trabajadores. Ese límite va a desaparecer, y las empresas que superen dicho límite ya no se denominarán PYMES, sino simplemente «empresas privadas». Marrero se comprometió asimismo a poner en práctica propuestas de vital importancia que aún no se habían llevado a cabo, como el establecimiento de procedimientos de quiebra, liquidación y reestructuración para las empresas con pérdidas continuadas. La introducción de la quiebra en China en 1986 (posteriormente desarrollada en 2007) supuso un paso fundamental en la evolución de ese país hacia una forma de capitalismo de Estado.
No es de extrañar que los trabajadores cubanos, en el nuevo orden empresarial, se conviertan en «corderos de sacrificio», tal y como los denominó el veterano economista cubano Pedro Monreal. En su discurso de presentación de las reformas, Marrero dejó claro que los niveles salariales negociados por los trabajadores y sus sindicatos deben depender de la capacidad económica y financiera de cada empresa, lo que muy posiblemente hará que los niveles salariales sectoriales o nacionales dejen de tener relevancia. Teniendo en cuenta que estos sindicatos no son libres, sino que dependen totalmente del Partido Comunista, y que en Cuba no existe el derecho a la huelga, las reformas previstas no auguran nada bueno para los trabajadores cubanos.
Los cambios propuestos por Cuba reflejan la influencia de las reformas económicas introducidas por China a partir de 1978 y por Vietnam a partir de 1986. Aunque el Estado mantendrá el control sobre los sectores estratégicos de la economía, el papel del capital privado y del mercado se verá considerablemente reforzado. La perestroika soviética (reestructuración económica) vino acompañada de la glasnost (liberalización política), pero éste no fue el caso ni en Vietnam ni en China. El gobierno cubano tampoco se plantea en absoluto seguir ese rumbo político para el país. Por supuesto, existe la posibilidad, nada remota, de que estos cambios propuestos puedan degenerar pronto en un abuso generalizado de poder por parte de los gestores y en una corrupción abierta, dando lugar a un régimen al estilo de Putin en la isla.
¿Estos cambios propuestos convencerán a Trump, Rubio y compañía para que modifiquen sus políticas actuales hacia Cuba? ¿Se convertirá Cuba en una «Venezuela 2.0»?
Además de carecer de grandes riquezas petroleras, Cuba presenta otras diferencias importantes con respecto a Venezuela. En primer lugar, el régimen cubano está más firmemente arraigado en la sociedad cubana de lo que lo estaban los gobiernos venezolanos de Maduro o incluso de Chávez. Además, no existe en Cuba una oposición centrada en un líder venezolano concreto, como es el caso de María Corina Machado, quien ha logrado reunir a los venezolanos bajo su bandera opositora (de derecha). Y lo más importante de todo: Trump y Rubio tienen motivos para preocuparse por un derramamiento de sangre a gran escala en Cuba que, con toda probabilidad, provocaría una oleada masiva de refugiados que llegarían al sur de Florida. La gran mayoría de los refugiados venezolanos acabaron en Colombia y Perú (4,4 millones de personas) en lugar de en Estados Unidos (aproximadamente 600 000 personas). En la actualidad, la Administración Trump sigue ocupada en la deportación de cubanos, de los cuales más de 4.000 han sido enviados a México.
Por último, la Administración Trump tiene muchas otras cosas por las que preocuparse además de Cuba. Contrariamente a lo que afirma Washington, la situación en Irán no están totalmente resuelta, mientras que se acercan las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano podría perder la Cámara de Representantes y tal vez incluso el Senado. Además, Trump debe tener en cuenta a los cubanoamericanos, en su mayoría conservadores, que representan aproximadamente el 5 % del electorado de Florida. Estos factores pueden disuadir a Trump de embarcarse en otra aventura imperialista en el extranjero, al menos durante los próximos meses.
Pero eso no significa en absoluto que vaya a darse por satisfecho con las recientes concesiones económicas cubanas. De hecho, el Departamento de Estado calificó recientemente las reformas propuestas de «modestas» y «en última instancia, señales de humo superficiales», y anunció que «seguiría ejerciendo presión para lograr reformas mucho más sustanciales que hagan de Cuba un destino atractivo para la inversión». Por lo tanto, resulta difícil predecir si Trump va a modificar sustancialmente —o incluso abolir por completo— su bloqueo estadounidense, que fue reforzado muy duramente, incluso en respuesta a posibles nuevas reformas cubanas.
Por parte de Cuba, es posible que el gobierno ni siquiera lleve adelante los cambios propuestos. De hecho, muchos cubanos dudan de que se apliquen, teniendo en cuenta el historial de su gobierno, que siempre ha prometido mucho más de lo que estaba dispuesto a cumplir. Sin embargo, esta vez la situación es diferente, ya que el gobierno de EE. UU. amenaza muy seriamente a los dirigentes cubanos a menos que cambien sus políticas. Por supuesto, podría darse una pasividad burocrática o incluso una resistencia motivada por ambiciones burocráticas y por temores relacionados con la seguridad de sus puestos de trabajo. En cuanto a la demanda, es posible que los inversores extranjeros o los cubanos residentes en el extranjero no estén interesados en invertir en Cuba debido a la falta de confianza en los sistemas jurídico y político cubanos como garantes de los derechos de propiedad. Además, el mal estado de las infraestructuras cubanas —indispensables para un transporte eficiente y para el suministro eficaz de electricidad, saneamiento, agua y otros servicios públicos— puede actuar como un factor disuasorio para las nuevas inversiones procedentes del extranjero.
El pueblo cubano no ha tenido voz ni en la permanencia del antiguo orden burocrático antidemocrático ni en el diseño de los nuevos mecanismos del capitalismo de Estado. Las protestas a escala nacional, en su mayoría pacíficas, del 11 de julio de 2021, así como las protestas de carácter más local que les sucedieron, culminaron con el encarcelamiento de más de mil cubanos, algunos de ellos condenados a largas penas de prisión, pero no llegaron a provocar la democratización del país. Es hora de que una Asamblea Constituyente elegida democráticamente decida por sí misma la naturaleza de un sistema poscomunista y si éste estará basado en un capitalismo desde arriba o en una democracia política y económica desde abajo.
¿Un nuevo orden económico de este tipo, conllevaría un precio intolerable en términos de un mayor control por parte de Estados Unidos y una creciente desigualdad? ¿Debería además debilitar la sanidad pública y la educación al privatizarlas en beneficio de los más acomodados? A pesar de su considerable deterioro, la mayoría de los cubanos siguen valorando mucho estos servicios. Es el pueblo cubano, y no el mercado, quien debería decidir democráticamente cuestiones tan importantes.
*Samuel Farber nació y se crió en Cuba y ha escrito muchos libros y artículos sobre su país. Es catedrático emérito de Ciencias Políticas en la City University of New York (CUNY).