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Huella del Sur, 14-5-2026
Correspondencia de Prensa, 15-5-2026
Provocación: a la multitudinaria Marcha universitaria Milei responde con más ajuste
Un día antes de la Marcha Federal el Gobierno de Milei anunció un recorte millonario en Universidades, Ciencia y Técnica. También en la CONEA, quita fondos a los Parques Nacionales y busca reducir los beneficiarios del Régimen de Zonas Frías. Nuevo aumento en el transporte público.
En respuesta, en todo el país, un millón y medio de manifestantes se movilizaron en defensa de la educación pública y las Universidades exigieron que se cumpla con la Ley y denunciaron «un desprecio institucional sin precedentes».
En la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada bajo la actual gestión de gobierno, estudiantes, docentes, personal no docente y ciudadanos de a pie exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. «203 días sin aplicar la Ley», fue el documento consensuado y leído como cierre del acto.
El ajuste presupuestario fue publicado en el Boletín Oficial este lunes, un día antes de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, e incluye un recorte millonario en universidades nacionales, Conae, CNEA, Conicet, entre otros.
En un acto de provocación absoluta, Adorni, el mismo que gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa de fin de semana, puso su firma en una Decisión Administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial anunciando un ajuste presupuestario millonario que afecta a una docena de universidades nacionales y a diversas áreas de Ciencia y Técnica.
De acuerdo a los anexos publicados los recortes dispuestos por el gobierno afectan de manera directa a las Universidades nacionales y a los organismos de Ciencia y Tecnología.
El ajuste en el ámbito universitario se manifiesta principalmente en la eliminación de partidas destinadas a infraestructura y gastos de capital (obras y equipamiento). Bajo el programa de Fortalecimiento de la Infraestructura del Conocimiento, el recorte total asciende a $5.303 millones repartidos entre diversas universidades.
La más castigada será la Universidad Nacional de La Plata con un recorte de $1.043.000.000, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda con 700 millones cada una de recortes. Luego le siguen:
Universidad Nacional de Río Cuarto -$680.500.000, Universidad Nacional de Entre Ríos -$540.000.000, Universidad Nacional del Litoral -$500.000.000, Universidad Nacional del Nordeste -$330.000.000, Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As. -$300.000.000, Universidad Nacional José Clemente Paz -$300.000.000, y la Universidad Nacional de Rafaela -$190.000.000.
En el ámbito de Educación y Universidades, también habrá recortes en:
–CONEAU: La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufre un recorte de $32.140.000, afectando principalmente servicios técnicos y profesionales.
–Secretaría de Educación: El programa de «Infraestructura y Equipamiento» registra una reducción de $21.686 millones.
–CONAE / Universidades: La Comisión Nacional de Actividades Espaciales recorta $50.000.000 en transferencias para financiar gastos corrientes de la Universidad Nacional de Córdoba.
También en Ciencia y Técnica
En el Área de Ciencia y Técnica también anunciaron recortes millonarios.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros) y sus organismos descentralizados sufren reducciones que superan los $19.532 millones en el total de su sub-jurisdicción,
– CONICET: El recorte impacta fuertemente en la formación de recursos humanos, específicamente en el rubro de becas de investigación por más de $2.000 millones
– CONAE: Se ven afectados los proyectos de construcción de los satélites SAOCOM 2 A/B (-166millones) y el diseño de satélites ∗∗SARE∗∗ (−900 millones)
– Adquisiciones bibliográficas: El programa de Formulación de Políticas en Ciencia y Técnica elimina una partida de $4.200 millones destinada a la compra de libros, revistas y elementos coleccionables.
Enfrentarlo en las calles
La provocación del Gobierno es brutal. Un ajuste firmado por el propio Adorni un día antes de la marcha para que Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que ya lleva 200 días y fue confirmada al menos 6 veces tanto por vía parlamentaria como judicial.
Ya no hay más lugar para seguir negociando, como pretenden las autoridades universitarias, o esperando fallos y votaciones favorables, que ya las hubo y no fueron acatadas por el Gobierno. No solo eso, ahora anuncian un nuevo recorte brutal.
El Gobierno abre una mesa de diálogo por los fondos de los hospitales
En un sorpresivo cambio de estrategia a pocas horas de la cuarta Marcha Universitaria, la gestión libertaria anunció que convocará a los rectores para debatir el reparto millonario destinado a los hospitales universitarios. Mientras la Casa Rosada busca desactivar parte de la tensión abriendo esta vital mesa de negociación, el Ministerio de Capital Humano redobló la presión sobre las cajas de las facultades: adelantó la creación de un portal de auditorías públicas y declaró que la exigencia salarial de los gremios es legalmente inaplicable.
La decisión de sentarse a negociar marca un punto de inflexión en la postura oficial frente al inminente choque en las calles. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que armarán una comisión específica para definir el destino de las partidas de refuerzo que financian a los centros de salud académicos. El objetivo de este llamado al diálogo, explicó el funcionario, es acordar nuevos criterios estrictamente objetivos y terminar de una vez por todas con el «lobby político».
El nudo de esta disputa radica en cómo se distribuía el dinero hasta el momento. Según detalló el Gobierno, el Estado gira de forma automática los fondos de funcionamiento fijados en la planilla presupuestaria, pero históricamente existía un cierto dinero extra que se entregaba de maneras que el Ejecutivo cuestiona. Señalan que la Universidad de Buenos Aires (UBA) acaparaba casi el 70 % de esos recursos, algo que el oficialismo prometió desarmar junto al resto de los rectores del país.
Para evitar que la sorpresiva convocatoria se interprete como una rendición ante la masiva movilización opositora, la Casa Rosada aclaró los tiempos de la medida. Álvarez reveló que el grupo de trabajo iba a conformarse semanas atrás, pero el estallido del conflicto demoró los planes para que no pareciera una concesión bajo presión. «Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo», aclaró el subsecretario para marcar la cancha.
Más allá de esta ventana de negociación, la ministra Sandra Pettovello mantuvo la firmeza sobre la «transparencia institucional». La titular de Capital Humano anticipó el lanzamiento de una plataforma web para que cualquier ciudadano consulte en qué gasta cada universidad la partida que recibe. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca romper el monopolio informativo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusan de no depurar los datos y ocultar el costo real del sistema.
Álvarez sentenció que la legislación sobre el financiamiento universitario aprobada por el Congreso es «abstracta» y quedó implícitamente derogada por el Presupuesto 2026. Además, remarcó que la norma impulsaba un aumento de sueldos del 50 % sin especificar de dónde saldrían los fondos, violando la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno recorta $ 20.000 millones en la Comisión de Energía Atómica
En el Boletín Oficial del lunes 11, con la firma de Javier Milei y Manuel Adorni se detallan una serie de ajustes sobre CyT con un especial ensañamiento sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que asciende a casi $20.000 millones. La medida no solo implica un ahogo financiero, sino el desmantelamiento directo de programas que posicionaban a la Argentina a la vanguardia de la ciencia nuclear y la medicina de alta complejidad.
Semanas atrás, más de 100 jefes de sector de la CNEA elevaron una carta pública advirtiendo sobre la parálisis operativa del organismo. La respuesta del Secretario de Asuntos Nucleares, Ramos Nápoli, fue por la plataforma X, ex-twitter. Tras calificar a la institución como un «aguantadero de la política», Nápoli anticipó en sus redes sociales que «se venían cositas». Esas «cositas» resultaron ser el cierre de proyectos vitales y el abandono de infraestructura clave.
El ajuste impacta en áreas sensibles que van desde la producción de insumos contra el cáncer hasta la remediación ambiental. Entre los programas cerrados o desfinanciados destacan:
Soberanía Tecnológica: Se dio de baja el programa de Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica (LASIE), una tecnología de punta para el enriquecimiento de uranio.
Salud Pública: Se frena la adecuación de la planta de producción de radiofármacos y la construcción de la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza. Esto pone en jaque el suministro de insumos críticos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas.
Infraestructura y Ciencia: El cese del Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación y la parálisis en las instalaciones del Área Gestión Ezeiza.
Pasivos Ambientales: Quizás uno de los puntos más graves es la suspensión de la Remediación de Pasivos en el Complejo Minero Fabril San Rafael (Mendoza), dejando una deuda ambiental abierta en la provincia.
Desde las asambleas de trabajadores de Ciencia y Técnica advierten que este vaciamiento busca preparar el terreno para la privatización o la irrelevancia de la energía nuclear argentina. Mientras el Gobierno celebra el «superávit» financiero, la realidad en los laboratorios es la falta de insumos básicos y la fuga de cerebros forzada por salarios de miseria y falta de presupuesto para investigar.
Lxs trabajadorxs se organizaron para participar este martes junto a las universidades públicas exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario. Sin universidad pública no hay desarrollo nuclear. Hay que continuar las asambleas en los centros atómicos junto con el CONICET, INTI y universidades para continuar la movilización de todos los sectores afectados por el ajuste de Milei y el FMI.
Mientras, las centrales sindicales siguen de vacaciones. Tienen que romper la pasividad y llamar a un plan de lucha contra el ajuste infinito de Milei que viene dejando cientos de miles de trabajadores en la calle, millones de familias endeudadas y sin llegar a fin de mes.
Quitan fondos a Parques Nacionales
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un ajuste de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).
A partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.
Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde $77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).
En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.
En el norte argentino, los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.
La provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.
El reordenamiento presupuestario también impacta en partidas vinculadas a infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego, lo que compromete proyectos de protección ambiental y servicios para visitantes en distintas áreas naturales del país.
El gobierno busca reducir la cantidad de beneficiarios del Régimen de Zonas Frías
Mientras el oficialismo de la Cámara, que preside Martín Menem, quiere acelerar su tratamiento, aún no puso en la agenda parlamentaria el plenario de comisiones de Energía y Presupuesto que se había acordado en la última reunión con los jefes de bloques parlamentarios. Desde UP el diputado Hugo Yasky pidió que la iniciativa también tenga giro a la comisión que preside, que es la de Defensa al Consumidor.
La iniciativa del Poder Ejecutivo genera resistencia en parte de la oposición porque en uno de sus artículos busca revertir la ley 27.637 que tuvo como uno de los autores al diputado Máximo Kirchner. La propuesta del mileismo es que se mantenga la bonificación del 50% sobre el precio del gas para los usuarios residenciales de la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, es decir los incluidos originalmente.
Para el resto de las regiones, incorporadas la Ley 27.637, el beneficio dejará de ser masivo: solo podrán acceder a una bonificación “adicional” aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual agrupa a hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).
La diputada Paula Penacca opinó que el proyecto del gobierno “expresa la lógica del Modelo Milei: Ajuste para los trabajadores y los sectores económicos cada vez más beneficiados”. “Es un modelo explosivo de bajos salarios, ajustes de tarifa y bajo consumo, por lo que siempre va a ser deficitario el fondo que rige para la ley de zonas frías”, apuntó.
Asimismo, cuestionó el argumento que utiliza el gobierno sobre focalizar las tarifas en lugar de que sean por zona geográfica. En ese punto, coincidió con otros diputados de su bancada que sostienen que “es una excusa para recortar subsidios y aumentar la carga impositiva en un contexto de crisis”. “Las políticas focalizadas son propias de los 90 y la verdad queda demostrado que no funcionan”, indicó.
Penacca, que votó en 2021 a favor de la normativa vigente, aseguró que su espacio va a defender la ley. “Lo que plantea el proyecto es un retroceso porque impacta en el bolsillo de familias argentinas. Es una reducción de subsidio que deja afuera a más de 3 millones de usuarios”, señaló al mismo tiempo que destacó que el texto plantea “una condonación de una deuda brutal, con el simple objetivo de defender a los grandes sectores económicos”.
Y es que el proyecto, denominado de “medidas energéticas”, incluye un mecanismo de “perdón” de deudas a transportistas y distribuidoras eléctricas. Además, extiende los beneficios fiscales para el sector de las energías renovables.
En el mismo espacio político legisladores de Mendoza, Santa Fe y Córdoba señalaron que el proyecto ignora las bajas temperaturas reales de sus regiones y perjudica el desarrollo local.
En ese sentido, la cordobesa Gabriela Estévez expresó: “El gobierno nacional modificó el sentido de la Ley de Zonas Frías, impulsada por Máximo Kirchner, que nació como una política para equilibrar las desigualdades climáticas entre regiones. Ahora empezará a redefinirse bajo criterios exclusivamente económicos y eso puede dejar afuera a miles de familias trabajadoras”. “En Córdoba, donde alrededor de 600.000 personas acceden a tarifas diferenciales, las boletas de gas podrían aumentar hasta un 50%”, agregó.
Por su parte, Alejandrina Borgatta comentó que “en Santa Fe, más de 550.000 hogares recibían subsidio al gas natural por la Ley de Zona Fría de Máximo Kirchner. Por decisión del gobierno nacional, el beneficio pasará de ser igualitario a adicional, financiado por el consumidor final con un aumento en su tarifa de hasta 7.5%”.
Mientras que la senadora mendocina, manifestó: “Mendoza no puede ser un dibujo escondido en un Excel porteño. En Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede «ahorrar» gas cuando hay 10 grados bajo cero. Lo que el Gobierno llama «exceso», para nosotros es supervivencia”.
“Una trampa técnica: pasamos de un subsidio porcentual a la “Canasta Básica Energética”. Es decir, un bloque mínimo de consumo y el resto a precio de mercado. En síntesis: esconden un tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica de nuestras zonas áridas”, advirtió.
Viajar en transporte público es cada vez más caro
El gobierno nacional formalizó un nuevo aumento al boleto de colectivos y trenes. Bajo la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía. La Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial el lunes anuncia un nuevo golpe al bolsillo de la clase trabajadora.
Se trata de un esquema de “actualización tarifaria” que, lejos de buscar una mejora en la calidad de vida de los usuarios, se presenta como una «corrección» de costos que deposita sobre los hombros de los sectores populares el peso de un ajuste fiscal sin precedentes. En este escenario, el sistema ferroviario del AMBA se convierte en el epicentro de un encarecimiento brutal, proyectando un incremento acumulado que rozará el 90% en un período de apenas cinco meses.
Este proceso, que el Gobierno libertario denomina «adecuación progresiva», comenzará a regir de manera efectiva el próximo lunes 18 de mayo. Para los pasajeros de las líneas metropolitanas, que incluyen arterias vitales como el Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín y los ramales del Belgrano y Urquiza, el aumento será del 18%. Sin embargo, el cronograma oficial contempla subas mensuales consecutivas: un 15% en junio, un 13% en julio, un 12% en agosto y un 10% final en septiembre. Al finalizar este derrotero de incrementos, el boleto mínimo de tren habrá escalado un 88,92%, pasando de los $280 actuales a una cifra cercana a los $530 en septiembre para aquellos que posean su tarjeta SUBE registrada.
Al proyectar que para septiembre la cobertura tarifaria llegue al 10%, el Gobierno celebra un avance hacia la «eficiencia» mientras las familias trabajadoras ven cómo su poder adquisitivo se licúa. Desde la asunción de la actual gestión en diciembre de 2023, el gasto mensual que un hogar del AMBA debe destinar exclusivamente al transporte se disparó un 1.236%, alcanzando un promedio de $107.187 por mes, una cifra que asfixia a cualquier presupuesto familiar.
La narrativa oficial intenta justificar este «sablazo» argumentando la necesidad de reducir la dependencia de los subsidios estatales, alegando que en diciembre de 2023 la tarifa solo cubría el 2% del costo real del sistema. No obstante, lo que el discurso omite es que el transporte público no debería ser visto como una mercancía sujeta a la rentabilidad, sino como un derecho social básico que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
¿Cuánto aumentará el boleto de colectivos?
En el ámbito de los colectivos de jurisdicción nacional, que conectan CABA con el Conurbano, se pautaron tres actualizaciones mensuales consecutivas del 2% cada una, comenzando también el 18 de mayo. De este modo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 la próxima semana, elevándose a $728 en junio y alcanzando los $742 en julio, para quienes tengan la Tarjeta SUBE registrada. Este ajuste alcanza a más de 100 líneas esenciales para la movilidad urbana, afectando la movilidad de miles de obreros y estudiantes que cruzan diariamente la General Paz.
Pero el ajuste no lo lleva adelante solo el gobierno libertario. En mayo, el gobierno peronista de Axel Kicillof autorizó una suba del 11,6% en las líneas provinciales de Buenos Aires, argumentando mayores costos operativos y retrasos en el envío de subsidios nacionales. El costo del boleto mínimo de colectivos en la PBA es de $ 968,57.
Si bien se mantiene la vigencia de la Tarifa Social Federal y el sistema Red SUBE, estos beneficios actúan apenas como un paliativo insuficiente frente a una marea de aumentos que no da tregua.
Como parte del protocolo legal para aplicar estos aumentos, el Poder Ejecutivo convocó a una denominada «Instancia de Participación Ciudadana». Este mecanismo, que debería ser un espacio de debate democrático sobre el acceso a los servicios públicos, queda reducido a un mero trámite administrativo de tres días hábiles donde los usuarios pueden volcar sus quejas a través de un formulario web. La trampa reside en que estas presentaciones no tienen carácter vinculante, es decir, son declaraciones que el Gobierno no está obligado a considerar para modificar su plan original de incrementos.
Cabe señalar que de acuerdo con el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, el transporte registró un incremento del 1236% entre diciembre de 2023 y abril de 2026, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período fue de 223%. Dentro de la canasta de servicios públicos relevada por el Instituto (que incluye agua, energía eléctrica, gas natural y transporte), este último fue el rubro que experimentó el mayor aumento durante ese lapso.
Toda esta situación se da en el marco de los reclamos de choferes de colectivos de distintas líneas que denuncian salarios adeudados y falta de aportes a la obra social, en empresas como MOQSA y MOGSM, dejando en claro que las empresas de transporte se manejan en la más absoluta irregularidad mientras continúan recibiendo subsidios millonarios por parte del Estado y se benefician del aumento de las tarifas que pagarán los usuarios.
Lo que estamos presenciando es la consolidación de un modelo donde viajar en transporte público se está convirtiendo en un lujo difícil de sostener. La única salida real es avanzar hacia la estatización del sistema de transporte bajo control de trabajadores y usuarios, integrando los servicios entre CABA y Provincia. En ese sentido, la exigencia por la apertura de los libros contables de las empresas, la auditoría social y la gestión directa por parte de quienes todos los días garantizan y usan el servicio se vuelven fundamentales. Solo así se puede garantizar un transporte público, accesible, de calidad y con tarifas populares, que responda a las necesidades de la mayoría y no a la rentabilidad de un puñado de empresarios que se enriquecen con el visto bueno del Gobierno.